Manuel Ávila Parra

Expediente 114/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
114/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • Manuel Ávila Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Celaya, Guanajuato, trece de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual informa que ese Tribunal aceptó la competencia planteada; en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Licenciado Luciano Valadez Pérez, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza, Hugo Fernando Salcido García. DOY FE.

  2. Principal

    Agréguese para que obre como corresponde el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que para estar en aptitud de proveer lo concerniente a la demanda de amparo promovida por **********, que se le remitió en cumplimiento a lo decretado por este órgano jurisdiccional el catorce de los actuales, requirió al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para que cumpla con el trámite previsto por el artículo 178 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 114/2018-III. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las resoluciones que culminan un juicio son aquellas que lo dan por terminado, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando esencialmente la resolución dictada el treinta de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 65/2018, de la estadística de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirma la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil C319/2017 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato. De lo anterior se colige, que la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que hace referencia el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una sentencia definitiva, dictada por un tribunal judicial. Con base en lo anterior, se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto la parte quejosa reclama esencialmente la resolución dictada el treinta de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 65/2018, de la estadística de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirma la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil C319/2017 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato y, por tanto, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y, con fundamento en el artículo 47 de la legislación en consulta, ordena: Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona al carecer de cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número 114/2018-III. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Del análisis integral de la demanda de que se trata, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato carece de competencia legal para conocer de la misma, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: (.) II. Los tribunales colegiados de circuito; (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, en el entendido que las resoluciones que culminan un juicio son aquellas que lo dan por terminado, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando esencialmente la resolución dictada el treinta de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 65/2018, de la estadística de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirma la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil C319/2017 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato. De lo anterior se colige, que la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que hace referencia el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una sentencia definitiva, dictada por un tribunal judicial. Con base en lo anterior, se afirma que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que en el caso concreto la parte quejosa reclama esencialmente la resolución dictada el treinta de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca 65/2018, de la estadística de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirma la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil C319/2017 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato y, por tanto, es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Consecuentemente, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia y, con fundamento en el artículo 47 de la legislación en consulta, ordena: Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle a la Superioridad comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona al carecer de cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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