Ma. Lilia Ramos García
Expediente 1272/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1272/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Lilia Ramos García
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. SE TIENE POR INTERPUESTA QUEJA Agréguese a los presentes autos copia del escrito mediante el cual la parte quejosa, interpone recurso de queja en contra del proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en los artículo 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el recurso y por tanto, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el proveído de referencia, se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. SE ORDENA RENDIR INFORME Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios y la copia respectiva, remítase copia certificada del presente cuadernillo, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el desechamiento de la demanda, por lo que no existen partes en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de demanda de cuenta, promovida por Ma. Lilia Ramos García, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. ... Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, con el propósito de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Sentado lo anterior, resulta indispensable precisar que, de la lectura íntegra de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa se obtiene que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La reducción de la pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la aquí quejosa, con motivo de la aplicación retroactiva de la Unidad y Medida de Actualización, como factor determinante para su cálculo y determinación. Con base en lo expuesto hasta el momento, quien esto provee considera que el presente juicio resulta improcedente, debido a que, en la especie, el peticionario del amparo omitió agotar el principio de definitividad imbíbito en la porción normativa transcrita en primer término (artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo). Para evidenciar lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que el artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es del tenor literal siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.]" Del precepto legal reproducido supralíneas se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será competente para conocer de los juicio en los que se impugnen las determinaciones que se dicten en materia de pensiones civiles, siempre que se trate de aquellas se encuentren a cargo del erario o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Luego, si ya quedó precisado que, en el caso, la queja estriba en la determinación de adoptar retroactivamente la Unidad y Medida de Actualización, como factor determinante para el cálculo de la pensión otorgada a la quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; válidamente puede afirmarse que, antes de promover la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, era necesario que la pensionada, aquí quejosa, promoviera el juicio de contencioso administrativo federal respecto de la determinación que aquí pretende combatir. A propósito de lo expuesto, resulta aplicable la tesis que se inserta infralíneas: ... Ahora, no pasa inadvertido para este juzgador federal, que la parte quejosa señaló que el juicio es procedente, sin que sea necesario observar el principio de definitividad toda vez que reclama la aplicación retroactiva de Unidad y Medida de Actualización a la pensión otorgada al trabajador, ahora amparista, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, que dicha circunstancia podría considerarse como un aspecto de inconstitucionalidad, lo cual a su vez, actualizaría una excepción al principio de definitividad; sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, la Segunda Sala del Alto Tribunal del Estado, determinó toralmente que todo lo concerniente a la aplicación retroactiva de una norma entendida como: ".la aplicación concreta que realiza una autoridad de la hipótesis normativa, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional .", constituye un tema de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que al no actualizarse la excepción mencionada a la definitividad, debe estimarse que tal planteamiento debe examinarse en el juicio contencioso administrativo federal. Tales razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: ... Cabe señalar que la presente determinación es notoria porque no se requiere un mayor estudio del fondo del asunto ni constancias que pudiera aportar la autoridad responsable, debido a que las jurisprudencias invocadas patentizan la improcedencia del juicio de amparo. Además, se considera pertinente desechar de plano la demanda, porque incluso de admitirse no podría arribarse a una conclusión distinta; aunado al hecho de que podría ocasionarse un mayor perjuicio a la quejosa tramitarse un juicio que resultara improcedente; habida cuenta que el tiempo que tome la integración del asunto transcurriría en su perjuicio respecto del plazo que tiene para la promoción del juicio contencioso administrativo. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene a la quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Sabas Román González, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras que a las personas restantes que refiere, únicamente para que se impongan de los autos, sin las amplias facultades, por no habérselas conferido expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de practicar las notificaciones personales que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de demanda de cuenta, promovida por Ma. Lilia Ramos García, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. ... Ello responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, con el propósito de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Sentado lo anterior, resulta indispensable precisar que, de la lectura íntegra de la demanda que dio génesis al expediente en que se actúa se obtiene que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La reducción de la pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la aquí quejosa, con motivo de la aplicación retroactiva de la Unidad y Medida de Actualización, como factor determinante para su cálculo y determinación. Con base en lo expuesto hasta el momento, quien esto provee considera que el presente juicio resulta improcedente, debido a que, en la especie, el peticionario del amparo omitió agotar el principio de definitividad imbíbito en la porción normativa transcrita en primer término (artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo). Para evidenciar lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que el artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es del tenor literal siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.]" Del precepto legal reproducido supralíneas se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, será competente para conocer de los juicio en los que se impugnen las determinaciones que se dicten en materia de pensiones civiles, siempre que se trate de aquellas se encuentren a cargo del erario o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Luego, si ya quedó precisado que, en el caso, la queja estriba en la determinación de adoptar retroactivamente la Unidad y Medida de Actualización, como factor determinante para el cálculo de la pensión otorgada a la quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; válidamente puede afirmarse que, antes de promover la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, era necesario que la pensionada, aquí quejosa, promoviera el juicio de contencioso administrativo federal respecto de la determinación que aquí pretende combatir. A propósito de lo expuesto, resulta aplicable la tesis que se inserta infralíneas: ... Ahora, no pasa inadvertido para este juzgador federal, que la parte quejosa señaló que el juicio es procedente, sin que sea necesario observar el principio de definitividad toda vez que reclama la aplicación retroactiva de Unidad y Medida de Actualización a la pensión otorgada al trabajador, ahora amparista, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, que dicha circunstancia podría considerarse como un aspecto de inconstitucionalidad, lo cual a su vez, actualizaría una excepción al principio de definitividad; sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, la Segunda Sala del Alto Tribunal del Estado, determinó toralmente que todo lo concerniente a la aplicación retroactiva de una norma entendida como: ".la aplicación concreta que realiza una autoridad de la hipótesis normativa, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional .", constituye un tema de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que al no actualizarse la excepción mencionada a la definitividad, debe estimarse que tal planteamiento debe examinarse en el juicio contencioso administrativo federal. Tales razonamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: ... Cabe señalar que la presente determinación es notoria porque no se requiere un mayor estudio del fondo del asunto ni constancias que pudiera aportar la autoridad responsable, debido a que las jurisprudencias invocadas patentizan la improcedencia del juicio de amparo. Además, se considera pertinente desechar de plano la demanda, porque incluso de admitirse no podría arribarse a una conclusión distinta; aunado al hecho de que podría ocasionarse un mayor perjuicio a la quejosa tramitarse un juicio que resultara improcedente; habida cuenta que el tiempo que tome la integración del asunto transcurriría en su perjuicio respecto del plazo que tiene para la promoción del juicio contencioso administrativo. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene a la quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Sabas Román González, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, mientras que a las personas restantes que refiere, únicamente para que se impongan de los autos, sin las amplias facultades, por no habérselas conferido expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de practicar las notificaciones personales que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.
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