Ma. Lourdes Avalos Mendoza
Expediente 1161/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Lourdes Avalos Mendoza
- Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintidós.********************CAUSA ESTADO AUTO********************Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ******************** en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************SOLICITA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ********************Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ******************** atento a esa petición, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, hágase la devolución de los documentos que exhibió a su escrito inicial de demanda, y se tienen como autorizadas para recibirlos a las personas que refiere en el escrito que de provee, previa acta que al efecto se levante y certificación de desglose de los mismos.********************En el entendido de que deben tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, en atención a los lineamientos, establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, considerando además la situación que se apuntó con antelación, en el sentido de que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando tanto vía remota como presencial, pero en esta última modalidad con un número de personal y horarios reducidos. ********************NOTIFÍQUESE. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:O Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Lourdes Ávalos Mendoza, contra actos de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VIII-1161/2021. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".El acuerdo de fecha 03 de noviembre del 2021, emitido por el Director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, mediante el cual la autoridad responsable ordeno la ejecución de la resolución administrativa de fecha 05 de junio del 2019, dictada dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades DRSP-PAR-40/2015 en la cual se determinó imponer la sanción de inhabilitación por el término de 5 años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público y sanción económica por el monto de $2,365.00 pesos...". Ahora bien, se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por Ma. Lourdes Ávalos Mendoza, contra actos de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)"; en esa virtud, procede analizar el libelo constitucional generador del presentes juicio. Así, los artículos 62 y 113, de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso se considera actualizada la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional que prevé el artículo 61, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, al respecto señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" De los preceptos transcritos se advierte que las causas de improcedencia pueden derivar también de los criterios que se establezcan a través de la jurisprudencia, del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aquéllos son de observancia obligatoria para todos los tribunales del país. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de actos consentidos, tal y como aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen I, página 116, que textualmente dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos" De lo anterior obtenemos que tratándose de actos que derivan de otros consentidos, deviene improcedente el juicio de garantías, en atención a que si bien es cierto que ninguna de las fracciones del arábigo 61 de la Ley de Amparo contempla dicha causal de improcedencia, la fracción XXIII de dicho precepto en relación con el artículo 217 del citado ordenamiento, sí la regula, tal como lo confirma la tesis cuyo título y texto establecen: "Época: Octava Época Registro: 230859 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 52 "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Amparo en revisión 230/88. Isabel y David Loaiza Muñoz. 15 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: María Guadalupe Herrera Calderón". Como complemento de lo anterior, también es necesario precisar que, la funcionalidad de la causa de improcedencia que se viene comentado lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal hipótesis es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a). La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b). La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el acto primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el que el acto anterior o primario; esto es, que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c). Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. Lo anterior, al tenor de la tesis sustentada por el pleno de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 232011 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 9 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Amparo en revisión 3616/86. Aceros y Laminado del Norte, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1987. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa". En armonía con lo anterior debe decirse que la característica esencial para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido, en la inteligencia de que se tiene por entendido el que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado, de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, es decir, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" ,en el paralelismo mencionado, para el supuesto de la causa de improcedencia que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de garantías que exige forzosamente la existencia de un perjuicio existente cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó, o cuando menos que se consideró lastimado, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el medio de control constitucional denominado juicio de amparo, porque la naturaleza misma de la acción de amparo es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludiblemente la existencia de un perjuicio que deba ser reparado. Lo anterior tal como lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen lo que sigue: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Presupuesto el que se viene comentando que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular ,sea de forma tácita o expresa, pero aún más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque no sería posible considerar que se consintió algo que no existía, no siendo la nada materia de consentimiento. Con lo anterior se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia que se viene comentado el factor "perjuicio", al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo, se torna imprescindible que su origen deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). Ahora bien, en la especie se analiza la casual que se ha desarrollado por lo siguiente. A la quejosa se le instruyó el procedimiento administrativo de responsabilidades registrado con el número DRSP-PAR-40-2015, mismo que fue resuelto mediante sentencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, en la que se le impuso una sanción económica por la cantidad de $2,365.00 (dos mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y una inhabilitación por el término de cinco años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que fue registrado con el número DNR-REVISION-05/2019, mismo que fue resuelto el veinte de abril del año en curso, confirmando la sanción económica y de inhabilitación señalada en el párrafo que antecede. Siendo así que mediante auto de tres de noviembre del año en curso, la autoridad señalada como responsable ordenó la ejecución de la sentencia dictada el cinco de junio de dos mil diecinueve, destacando en lo que aquí interesa que la resolución que confirmó las sanciones impuestas a la quejosa no fue impugnada, y que en mérito de ello se ordena su ejecución (Siendo este auto el que constituye el acto reclamado en la presente instancia) Conforme a las actuaciones descritas, se aprecia que el acuerdo de tres de noviembre del año en curso, deriva de otro acto que fue previamente consentido de manera tácita por la quejosa, al no haber promovido en su contra el medio ordinario de defensa. Lo anterior resulta evidente ya que la propia quejosa transcribe en su demanda el acuerdo reclamado, de cuyo contenido es factible advertir que la autoridad previamente se cercioró de que no se hubiera hecho valer algún medio ordinario de defensa contra la sentencia que confirmó las sanciones impuestas, máxime que la promovente del amparo señala bajo protesta de decir verdad que tuvo una emergencia médica que se prolongó, que al ser vulnerable al COVID-19, tuvo que guardar aislamiento y que por ello no le dio seguimiento ni continuidad al procedimiento que se siguió en su contra, manifestaciones que evidencian que no interpuso el medio ordinario de defensa en contra de la sentencia relativa al recurso de revisión que confirmó las sanciones que le fueron impuestas, esto es, que consintió aquella que constituiría el acto anterior que es el origen o fuente del perjuicio. En ese contexto, este juzgador advierte que la presunta afectación o perjuicio que aduce el quejosa se le pretende ocasionar, al haberse emitido el proveído de tres de noviembre pasado por la autoridad responsable, es consecuencia directa e ineludible de la sentencia dictada dentro del recurso de revisión interpuesto por la aquí quejosa en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de origen. Ante ese panorama, y dado que la quejosa consintió dicha sentencia dictada el veinte de abril de la presente anualidad, por no haber impugnado dicha sentencia, debe considerarse que el auto reclamado de tres de noviembre de dos mil veintiuno, es un acto consecuencia directa y necesaria de aquel que, precisamente al no haber sido impugnado debidamente debe considerarse como tácitamente consentido. Además, de los conceptos de violación puede apreciarse que este último acto, no se combate por vicios propios, pues en éstos la quejosa plantea aquellos que debió formular frente al auto primario descrito con antelación. Apoya la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: Registro digital: 193675 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.C.43 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999, página 839 Tipo: Aislada "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS).Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 428/98. José Saavedra Blancas. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín Archundia Ortiz. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 12, tesis 17, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." y Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXXI, Tercera Parte, página 11, tesis de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el diverso 217 de la Ley de Amparo, y con tesis de jurisprudencia obligatoria, el acto reclamado no es impugnable en la instancia constitucional. El suscrito estima que es factible arribar a la citada conclusión en razón de que los elementos aportados por la quejosa son suficientes para determinarlo así, máxime que transcribió el acto reclamado y señaló que efectivamente o estuvo al pendiente del seguimiento de su expediente, lo cual derivó en el consentimiento de la sentencia relativa al recurso de revisión que confirmó las sanciones impuestas. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por MA. LOURDES ÁVALOS MENDOZA, contra actos de la Dirección de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Controlaría del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, virtud a que de una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho se advierte que no cuentan con su cédula profesional registrada. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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