Ma Juana Pelayo Flores
Expediente 687/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma Juana Pelayo Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de mayo de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Ma. Juana Pelayo Flores; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se provee en relación a suspensión de plano e incidente de modificación. Por otra parte, visto el estado de autos se desprende que en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, entre otras cuestiones, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado; sin embargo, toda vez que en este propio acuerdo se declaró que la sentencia emitida en el presente asunto en la cual se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria; en tal virtud, se deja sin efectos la suspensión de plano concedida en el referido auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, en atención a que por auto de doce de mayo del año en curso, se admitió a trámite el incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano, promovido por la apoderada del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional Michoacán, asimismo, que se encuentran señaladas las doce horas con veinte minutos de este día para que tenga verificativo dicha audiencia, se provee lo siguiente. Dado que en párrafos precedentes se dejó sin efectos la suspensión de plano otorgada en el presente asunto, se estima innecesaria la celebración de la citada audiencia relativa al incidente de revocación o modificación de la suspensión; por tanto, se ordena glosar a los presentes autos el cuadernillo formado con motivo tal incidencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Diferimiento de la audiencia incidental. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentran señaladas las doce horas con treinta minutos de este día, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, referente al incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano, en el incidente de suspensión, sin que sea posible llevar a cabo la misma, virtud a la ausencia temporal del titular de este órgano jurisdiccional, y a que en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario encargado del despacho, únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, supuestos en los que no encuadra el presente asunto; en consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia en cita, y se fijan las doce horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1022/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy Fe.Daa
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Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Diferimiento de la audiencia incidental. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que se encuentran señaladas las doce horas con treinta minutos de este día, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, referente al incidente de revocación o modificación de la suspensión de plano, en el incidente de suspensión, sin que sea posible llevar a cabo la misma, virtud a la ausencia temporal del titular de este órgano jurisdiccional, y a que en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario encargado del despacho, únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, supuestos en los que no encuadra el presente asunto; en consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia en cita, y se fijan las doce horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1022/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy Fe.Daa
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo V-687/2020, promovido por Ma. Juana Pelayo Flores, por propio derecho, contra el Director del Hospital Rural IMSS Bienestar Número 31 de Huetamo, Michoacán; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, a través del portal electrónico de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, del cual, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Ma. Juana Pelayo Flores promovió amparo, en contra del Director del Hospital Rural IMSS Bienestar Número 31 de Huetamo, Michoacán, de quien reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: ".Señalo como acto reclamado la puesta en peligro de la privación de la salud y de la vida del quejoso, al exponerla al contagio de la enfermedad provocada por el virus SARS - COV2 (COVID-19), lo anterior, por no considerar al quejoso dentro del grupo de personas de riesgo para contraer dicha enfermedad, por padecer EPOC, con fundamento en lo establecido en el acuerdo que suspende las labores en la administración pública federal de las áreas que no resulten indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia que vive el país, por así determinarlo el Consejo de Salubridad General el 19 de marzo de 2020. Dicha emergencia sanitaria se ha extendido al día 4 de enero de 2021 mediante el acuerdo de la Secretaría de la Función Pública publicado el 30 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación." SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiséis de octubre siguiente, se registró el asunto como el expediente V-687/2020; se admitió a trámite la demanda; se requirió a la responsable su informe justificado; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación, el cual formuló pedimento; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual finalmente tuvo verificativo el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en los términos asentados en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos cuya ejecución tiene verificativo dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustran lo anterior, las siguientes tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial ALFREDO MONTOYA REVILLA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.63.7d 29/01/24 13:27:16 que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, es el siguiente: La negativa del Director del Hospital Rural IMSS Bienestar Número 31 de Huetamo, Michoacán, de permitir que la aquí peticionaria del amparo continúe desempeñando sus actividades laborales en resguardo domiciliario, durante la contingencia sanitaria generada con motivo del fenómeno de salud pública denominado COVID-19; no obstante, que dicha amparista pertenece a un grupo de alta vulnerabilidad, por padecer EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la responsable negó la existencia del acto que le fue atribuido, pues en su decir: ".desde el día 24 de marzo de dos mil veinte, se encontraba en trabajo en domicilio desde esa fecha por la condición de vulnerabilidad de diagnóstico médico Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y se determinó que la clasificación del riesgo individual ocupacional es alto, por lo que en esos momentos se le envió de resguardo domiciliario.". Sin embargo, la propia responsable admitió que: ".se le hizo retornar a sus labores una vez que cambió la situación de riesgo con el semáforo estatal colocado en color amarillo, con lo cual como es del conocimiento de todos por la clasificación semaforización publicada en el diario oficial de la federación de fecha 14 de mayo de la presenta anualidad y que por su región en este caso Huetamo se encontraba en amarillo y en la actualidad en verde en dicho municipio de manera ilustrativa anexo la clasificación del semáforo, con lo cual atiende a que la trabajadora se le hizo regresar a sus actividades dado que las condiciones eran en la fecha de su retorno laboral y son favorables para su retorno a las actividades al día de la presentación de la presente demanda de garantías." (el énfasis es añadido). De ahí, que válidamente pueda considerarse que dicha negativa quedó desvirtuada y, por ende, que es cierto el acto que se le atribuye a la responsable; habida cuenta que del informe referido se obtiene que si bien, al inicio de la pandemia, a la quejosa se le instruyó para que realizara sus labores en resguardo domiciliario; lo cierto es que, a la fecha de la presentación de la demanda que dio génesis al juicio que se resuelve, ya se había reincorporado a las actividades presenciales, por indicaciones de sus superiores jerárquicos, al estimarse que en el municipio donde se encuentra el hospital donde la quejosa laboral se encontraba en semáforo verde; por ende. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ahora, de oficio, se considera actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo1, porque la institución a la que se le atribuye el acto reclamado no colma los requisitos para ser considerada como autoridad 1 "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." para efectos del juicio de amparo, al menos no en el caso particular. Es así, porque, en esencia, de los preceptos legales arriba indicados se desprende que el juicio de control constitucional procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, que para efectos del juicio de amparo, sólo pueden tener el carácter de autoridades responsables aquellas que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas, en forma unilateral y obligatoria. Al respecto, conviene señalar que, en reiteradas ocasiones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha determinado que para considerar a las responsables de determinados actos como autoridades para efectos del juicio de amparo, debe existir un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra subordinación con el particular; que esa relación derive de la ley, es decir, que la fuente de su facultad administrativa sea pública e irrenunciable; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas, en forma unilateral y obligatoria que afecten la esfera jurídica del particular; y, finalmente, que para emitir tales actos no requiera acudir ante los órganos judiciales, ni precise el consenso de los afectados. Tales razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia por reiteración que se inserta en seguida: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once." A propósito de lo anterior, debe precisarse que en reiteradas ocasiones se ha sostenido que el Estado tiene un doble carácter, como ente de derecho público, cuando asume funciones de autoridad, y como ente de derecho privado, cuando se constituye como depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación; que en el segundo de los supuestos mencionados puede generar relaciones laborales con los particulares, las cuales lo sitúan en un plano de coordinación y no de supra subordinación respecto del gobernado, porque su actuar se encuentra supeditado a las disposiciones del derecho laboral como cualquier particular; y, que el juicio de amparo que se promueva contra un órgano, funcionario o dependencia del estado resultará improcedente, si los actos que se le reclaman derivan específicamente de su carácter de patrón, es decir, cuando la prestación reclamada sea de índole laboral. Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 8/2012. Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México. 15 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Queja 63/2013. Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja. Queja 104/2013. Aldo Rubén Macías Domínguez. 24 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. Queja 37/2015. Andrés García Alcántara. 11 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Queja 5/2016. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas. Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 56/2013. Juan Manuel Gutiérrez González. 25 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Juan Carlos Amezcua Gómez. Amparo en revisión 90/2013. Adriana Gerónima Sánchez Jiménez. 6 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: Luis Sergio Lomelí Cázares. Queja 52/2013. J. Guadalupe Rodríguez Orozco. 22 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: José Luis Andalón Gutiérrez. Queja 75/2013. Griselda Ruiz Romo. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Gabriel Arévalo Mascareño. Amparo en revisión 116/2013. 10 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretaria: Carmen Cecilia Medina Peralta. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 281/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 3 de agosto de 2017. Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de marzo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Ahora, en la especie, conviene señalar que, en el libelo inicial, la peticionaria del amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".soy trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital rural de Huetamo, Michoacán, con categoría de auxiliar de enfermera general y matrícula laboral 9624139. .en el mes de marzo del presente año me fue otorgada la licencia para permanecer en confinamiento, el día uno regresé a trabajar obligada por la autoridad responsable en el presente juicio, de manera verbal he intentado se me mande a confinamiento pues la fibrosis pulmonar crónica es de alto riesgo en mi caso si contrajera la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)." Además, que, con el propósito de acreditar sus manifestaciones, la quejosa exhibió, conjuntamente con su demanda, el recibo de nómina del que se desprende que, en efecto, es trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde hace más de veinticuatro años, que su fuente laboral se encuentra ubicada en el municipio de Huetamo y que su número de matrícula es 9624139. Finalmente, resulta indispensable reiterar que, en la especie, el acto reclamado se le atribuyó al Director del Hospital Rural IMSS Bienestar Número 31 de Huetamo, Michoacán; y, que al rendirse ambos informes, tanto el relativo a la suspensión de plano, como el justificado, la responsable reconoció que la aquí quejosa, Ma. Juana Pelayo Flores labora en el Hospital Rural IMSS Bienestar Número 31 de Huetamo, Michoacán. Luego, las circunstancias hasta aquí apuntadas patentizan que el juicio que se resuelve resulta improcedente; habida cuenta que el acto que el acto que se le atribuye al Director del Hospital Rural IMSS Bienestar Número 31 de Huetamo, Michoacán, deriva exclusivamente de su carácter de patrón. Esto obedece al hecho de que la pretensión final consiste en la obtención de una licencia para ausentarse de sus labores, al menos de aquellas que deben desplegarse de manera presencial, lo cual evidentemente no puede considerarse como un acto de autoridad, sino como una cuestión de índole estrictamente laboral, tanto por la naturaleza de la relación existente, como por las implicaciones mismas de la exigencia. No es óbice que la peticionaria del amparo aduzca que la negativa reclamada irrogue afectaciones a su salud, porque, se insiste, la relación subyacente entre la quejosa y el órgano señalado como responsable, no es de supra subordinación sino de coordinación; precisamente porque entre ambos existe un acuerdo voluntario respecto a la prestación de un servicio y la correspondiente retribución; de modo que, no se trata de un acto que el Director del Hospital Rural IMSS Bienestar Número 31 de Huetamo, Michoacán, haya emitido unilateralmente, ni mucho menos en uso de las facultades que la ley le otorga, sino de una determinación de índole laboral adoptada por el indicado funcionario específicamente en su carácter de patrón. Cimienta lo anterior, la jurisprudencia que se inserta en seguida: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022822 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: VII.2o.T. J/71 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2596 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 81/2020. 6 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado. Queja 50/2020. 19 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera. Queja 80/2020. 19 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Arturo Navarro Plata. Queja 90/2020. 27 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Renato de Jesús Martínez Lemus. Queja 135/2020. 3 de diciembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Toss Capistrán. Secretario: Víctor Hugo Millán Escalera. Esta tesis se publicó el viernes 12 de marzo de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 16 de marzo de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia indicada al inicio de este considerando, conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en contra de los actos combatidos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Así, por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ma. Juana Pelayo Flores, por propio derecho, contra el Director del Hospital Rural IMSS Bienestar Número 31 de Huetamo, Michoacán, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido del secretario que autoriza y da fe, Alfredo Montoya Revilla, hasta el día de hoy dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
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