Ma. Judith o María Judith Andrade Zavala

Expediente 501/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
501/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • Ma. Judith o María Judith Andrade Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de enero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se concedió la protección constitucional a MA. JUDITH o MARÍA JUDITH ANDRADE ZAVALA, para el efecto de que el Subdelegado en Michoacán de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la determinación contenida en el oficio SDMICH/10001/2018 de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; 2. En su lugar dicte otra en la que, prescinda de considerar que para la procedencia de la pretensión de la aquí quejosa se requiere del estado de cuenta en ceros para analizar su reclamación; y, 3. Realice pronunciamiento en relación a los estados de cuenta relativos a los meses de enero y mayo de dos mil dieciocho, exhibidos por la quejosa, y hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho estime procedente." Análisis de constancias Mediante oficio presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Subdelegado Estatal en Michoacán, adscrito a la Delegación Regional Occidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con sede en esta ciudad, allegó copias certificadas de los acuerdos de dieciséis de ese mismo mes y año, dictados en el expediente número 2018/160/17054, de los cuales, se advierte que si bien se dejó insubsistente el oficio SDMICH/10001/2018 de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, y se admitió a trámite la reclamación presentada por la aquí quejosa Ma. Judith Andrade Zavala, el nueve de mayo de ese mismo año, sin prejuzgar sobre la procedencia de lo reclamado, también se desprende que la citada autoridad, señaló que no obraban los estados de cuenta de los meses de enero y mayo de dos mil dieciocho, ya que refirió que no fueron exhibidos por la quejosa, y por lo cual, se encontraba material y jurídicamente imposibilitada para emitir pronunciamiento sobre los mismos. Sin embargo, de la documental exhibida por la parte quejosa con su escrito de demanda, consistente en copia autógrafa del oficio número SDMICH/10001/2018, de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, despachado el veintidós de ese mes y año, dirigido a la aquí quejosa y suscrito por el Subdelegado Estatal en Michoacán, adscrito a la Delegación Regional Occidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con sede en esta ciudad, en su punto uno, se advierte que la propia autoridad responsable mencionó lo siguiente: "1. No acredita irregularidad alguna en que haya incurrido la institución financiera, ya que de las documentales exhibidas no acredita la liquidación del crédito en su totalidad, toda vez que no exhibe los estados de cuenta en ceros emitido por la reclamada, no acreditando su dicho sino por el contrario presenta estados de cuenta de enero y mayo de 2018 con saldos pendientes, cuando el pago que usted indica haber realizado data el 01 de noviembre de 2017." De lo anterior, se advierte que contrario a lo que aduce la responsable, en su acuerdo por el cual intenta cumplir con la ejecutoria de amparo, la parte quejosa sí le exhibió los estados de cuenta de enero y mayo de dos mil dieciocho, como así lo indicó la propia autoridad responsable en el citado oficio número SDMICH/10001/2018. Además, en la sentencia emitida en el presente asunto, se indicó el contenido de tales estados de cuenta, al señalar lo siguiente: "Ahora, si bien la responsable refirió que la quejosa no había exhibido estado de cuenta del que se desprendieran los saldos insolutos del crédito de forma total o parcial es el caso que contrario a lo sostenido en esa determinación, la quejosa sí acompañó copia de estados de cuenta correspondientes a enero y mayo de dos mil dieciocho, en los que se aprecian los montos del crédito número 84000436980801, el primero con un monto a liquidar por la suma de $53,874.94 y el segundo por la cantidad de $62,078.45." Se requiere a la autoridad responsable En consecuencia, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, atendiendo a los lineamientos marcados en la ejecutoria de amparo y con las observaciones que le han sido precisadas, realice lo siguiente: 1) Deje sin efectos los acuerdos de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. 2) Emita otro en el cual observe a cabalidad cada uno de los lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia, en particular, el señalado en el punto tres donde se le ordena que haga pronunciamiento en relación a los estados de cuenta relativos a los meses de enero y mayo de dos mil dieciocho, los que ya quedó evidenciado si le fueron exhibidos por la quejosa, y una vez realizado lo anterior, resuelva lo que en derecho estime procedente; y, 3) Remita las constancias con las que acredite el debido cumplimiento. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006541 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 60/2014 (10a.) Página: 741 "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Subsisten apercibimientos Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, les será impuesta una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así son omisas se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193, de la ley en aplicación. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. SE RESERVA PROVEER CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Subdelegado Estatal en Michoacán de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la resolución de treinta y uno de octubre del año en curso, dictada en autos, remite copia certificada del auto de dieciséis de noviembre de dos mil, dentro del expediente 218/160/17054; en tal virtud, se reserva de proveer en cuanto al fondo, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución dictada en el presente juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 501/2018-VII, promovido por Ma. Judith o María Judith Andrade Zavala, por propio derecho, contra actos que reclama de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Subdelegación Michoacán; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Ma. Judith o María Judith Andrade Zavala, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Subdelegación Michoacán, contra los actos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO. El proveído de fecha 21 de mayo del año que corre, emitido por la Subdelegación, Michoacán, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, dentro de la reclamación con número de expediente 2018/160/7690, que presenté frente a GM Financial de México, Sociedad Anónima de capital variable SOFOM, E.N.R, toda vez que mediante esa resolución se rechaza mi reclamación planteada por ser a dicho de esa comisión notoriamente improcedente". SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, previa aclaración, se admitió la demanda y se proveyó sobre la suspensión de plano, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y los diversos numerales 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: Oficio número SDMICH/10001/2018 emitido el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho por el Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Subdelegación Michoacán, en el que se determinó rechazar por improcedente la reclamación presentada por la ahora quejosa contra la institución financiera GM Financial de México, sociedad anónima de capital variable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en Morelia, Michoacán, consistente en el oficio número SDMICH/10001/2018 emitido el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho por el Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Subdelegación Michoacán, en el que se determinó rechazar por improcedente la reclamación presentada por la ahora quejosa contra la institución financiera GM Financial de México, sociedad anónima de capital variable. Además, la certeza se corrobora con las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, de las cuales se obtiene la existencia del acto reclamado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con las constancias que se acompañaron al informe justificado (foja 28 del cuaderno de pruebas); por tanto, el término para la interposición del juicio de amparo inició el veinticuatro de ese mes y año y concluyó el trece de junio del dos mil dieciocho, sin incluir en dicho término los días inhábiles. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el doce de junio de dos mil dieciocho; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció en el último día del término con que contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto las partes no invocaron causal de improcedencia alguna, y no se advierte alguna que deba estudiarse de oficio. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Es fundado el concepto de violación que plantea la quejosa. Del escrito de demanda, se advierte que la quejosa plantea en la primera porción de su único concepto de violación, el relativo a que la responsable viola en su perjuicio el principio de congruencia. Que ello es así, porque al rechazar la responsable su reclamación argumentando que no acreditó la irregularidad que le atribuye a la institución financiera, olvida que precisamente se queja de que ésta no le reconoció el pago que le realizó vía transferencia con el propósito de liquidar el crédito que contrató con la referida institución. Dicha porción del único concepto de violación resulta fundado como ya se anticipó, por las razones siguientes: En el oficio de requerimiento de diez de mayo de dos mil dieciocho, la responsable requirió a la ahora quejosa para efecto de que: Exhibiera copia simple del estado de cuenta emitido por la institución financiera reclamada o del documento donde indicara la cantidad total para liquidar el crédito materia del reclamo. Exhibiera copia simple de estado de cuenta completo donde aparezca la transferencia electrónica realizada por la cantidad de $51,167.00 Ahora, a efecto dar cumplimiento a lo anterior, la ahora quejosa presentó escrito ante la responsable el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual expuso que el monto para liquidar se lo habían dado en forma verbal. Que en el año en curso le habían mandado dos estados de cuenta donde le señalaron los montos de enero y mayo que se requerían para finiquitar el vehículo. Para acreditar esos extremos se acompañó copia fotostática de una información general correspondiente a los meses de enero y mayo de dos mil dieciocho, en los que se aprecian montos diversos por concepto de cálculo por finiquito. Sin embargo, la autoridad responsable en oficio de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, determinó rechazar su escrito de reclamación, por considerar: Que no acreditaba que la institución financiera hubiera incurrido en irregularidad alguna, toda vez que con las documentales exhibidas no acreditaba la liquidación del crédito en su totalidad, porque no exhibía los estados de cuenta en ceros emitidos por la reclamada y por el contrario exhibía estados de cuenta de enero y mayo de dos mil dieciocho con saldos pendientes. En relación al monto de $51,167.00 cincuenta y un mil ciento sesenta y siete pesos, que no le había sido aplicado aparentemente por un dato omitido, porque aun y cuando exhibía comprobante de transferencia electrónica, no exhibía el estado de cuenta emitido por la institución financiera donde se verificaran los saldos insolutos del crédito, total o parcialmente. De lo anterior se aprecia que como primer punto para rechazar la reclamación, la responsable parte de que la quejosa no acreditó que hubiere liquidado el crédito, puesto que no exhibió estados de cuenta en cero, y por el contrario exhibía estados de cuenta con adeudo a los meses de enero y mayo de dos mil dieciocho. Sin embargo, ello se estima incorrecto, puesto que lo anterior se traduce en un vicio lógico de petición de principio, porque precisamente la quejosa se queja de que la institución financiera no le reconoció el pago que realizó por medio de transferencia, y al ser ello así, no le era exigible que exhibiera liquidación del crédito o estado de cuenta en ceros. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el estado de cuenta en ceros no fue motivo de prevención, dado que únicamente le fue solicitado el estado de cuenta o documento en donde se indicara la cantidad total para liquidar el crédito materia del reclamo, y siendo ello así, no resulta correcto que la responsable haya rechazado su reclamo bajo ese argumento. Por otra parte, respecto al segundo punto del acto reclamado en la que la responsable apoyó el rechazo de la reclamación, al sostener que la ahora quejosa no exhibió el estado de cuenta emitido por la institución financiera que permitiera verificar los saldos insolutos del crédito de forma parcial o total, se estima que dicha porción de la determinación de rechazo carece de la debida congruencia, fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad. Lo anterior es así, porque la responsable en el oficio de diez de mayo de dos mil dieciocho, en el segundo punto se limitó a prevenir a la ahora quejosa, para que exhibiera copia simple del estado de cuenta completo donde apareciera la transferencia electrónica realizada por la suma de $51,167.00 cincuenta y un mil ciento sesenta y siete pesos, y en razón de ello la quejosa acompañó comprobante de transferencia electrónica, mismo que la responsable reconoció como válido, puesto que lo tuvo por exhibido. Ahora, si bien la responsable refirió que la quejosa no había exhibido estado de cuenta del que se desprendieran los saldos insolutos del crédito de forma total o parcial, es el caso que contrario a lo sostenido en esa determinación, la quejosa sí acompañó copia de estados de cuenta correspondientes a enero y mayo de dos mil dieciocho, en los que se aprecian los montos del crédito número 84000436980801, el primero con un monto a liquidar por la suma de $53,874.94 y el segundo por la cantidad de $62,078.45. No obstante lo anterior, la autoridad responsable fue omisa en hacer pronunciamiento respecto a esas documentales, esto es, no expuso razón alguna por la que esas documentales no eran aptas para partir de que los saldos reflejados en esos estados de cuenta correspondían o no a los saldos insolutos del crédito total o parcial, y siendo ello así, esa determinación carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe colmar. De ahí que si eventualmente se podría llegar a estimar que la ahora quejosa cumplió con exhibir la documentación que le fue requerida, correspondía a la responsable realizar pronunciamiento en el sentido de si esos estados de cuenta debían tomarse en cuenta o no para partir del adeudo del crédito; máxime si se toma en consideración que no hizo saber a la ahora quejosa las fechas a las que deberían corresponder esos estados de cuenta. En esos términos, ante lo fundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación contenida en el oficio SDMICH/10001/2018 de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; 2. En su lugar dicte otra en la que, prescinda de considerar que para la procedencia de la pretensión de la aquí quejosa se requiere del estado de cuenta en ceros para analizar su reclamación; y, 3. Realice pronunciamiento en relación a los estados de cuenta relativos a los meses de enero y mayo de dos mil dieciocho, exhibidos por la quejosa, y hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho estime procedente. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Judith o María Judith Andrade Zavala, en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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