Ma. Irma Flores Méndez

Expediente 71/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
71/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Ma. Irma Flores Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Ma. Irma Flores Méndez hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Siguiendo con la vista del estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. DOCUMENTAL DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta 2138/2021, a través del cual el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remite en apoyo de su informe justificado la constancia que anexa, la cual se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. SE SOBRESEE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo promovida por Ma. Irma Flores Méndez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos que en esta vía reclama: "Contra las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, precisamente la falta u omisión de emplazamiento." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por conducto su Presidente, remitidas en cumplimiento al requerimiento que se le realizó por este órgano jurisdiccional, consistentes diversas copias certificadas del juicio laboral 552/2018, de su índice, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°; y, de las que se desprende lo siguiente: Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, la actora Ma. Irma Flores Méndez, demandó en la vía ordinaria laboral al Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, de quien le reclamó diversas prestaciones laborales, con motivo de la relación de trabajo que existía entre ambas partes. Dicha demanda laboral, fue admitida a trámite por auto de diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, asignándole el número 552/2018 y, ordenó emplazar a la demandada Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, mediante exhorto girado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Zamora, a fin de que la emplazara a juicio. Posteriormente, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, comparecieron los licenciados Gonzalo Moreno Solís, José Guillermo Díaz Núñez y María del Consuelo Martínez Hincapié, en cuanto apoderados jurídicos del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, a dar contestación a la demanda instaurada en contra de su poderdante, oponiendo las excepciones y defensas que consideraron tener a favor de su representada. Enseguida, por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibido el exhorto enviado a fin de emplazar a la parte demandada Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, a quien tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, por lo que ordenó correr traslado a la parte actora con copia autorizada del escrito de contestación de demanda; así como citó a las partes a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, a las diez horas con treinta minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil veinte. De ahí que, si la parte quejosa hizo valer como acto reclamado dentro del presente juicio constitucional, la omisión y retardo en el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, no menos cierto es que el Ayuntamiento de Zamora, Michoacán (demandado en el juicio laboral), ya se encuentra debidamente emplazado a juicio y compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, como así lo tuvo la autoridad laboral responsable en auto de cuatro de marzo de dos mil veinte. Por lo anterior se advierte que en la especie opera la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito, en virtud de que las violaciones de que se duele la parte quejosa, quedaron consumadas al haberse emplazado a juicio a la parte demandada y haber comparecido está a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, como se acredita con la copia certificada que exhibe la autoridad responsable, la cual se dio valor probatorio en párrafos que anteceden. En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (diez horas con cincuenta minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andres Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintiuno. DOCUMENTAL DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta 2138/2021, a través del cual el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remite en apoyo de su informe justificado la constancia que anexa, la cual se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. SE SOBRESEE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de lo que se advierte que mediante proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo promovida por Ma. Irma Flores Méndez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos que en esta vía reclama: "Contra las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, precisamente la falta u omisión de emplazamiento." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, el precepto citado es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda constitucional, se produzca un cambio de situación jurídica, es decir, cuando las circunstancias procesales en que se encuentre el quejoso cambien de un estado a otro de manera tal que no pueda decidirse sobre la situación procesal anterior sin afectar el nuevo estado de cosas imperante. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, debe concurrir que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo en forma de juicio; que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; que no pueda decidirse sobre la Constitucionalidad del acto combatido sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio Constitucional y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, tiene apoyo en la tesis número 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por conducto su Presidente, remitidas en cumplimiento al requerimiento que se le realizó por este órgano jurisdiccional, consistentes diversas copias certificadas del juicio laboral 552/2018, de su índice, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°; y, de las que se desprende lo siguiente: Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, la actora Ma. Irma Flores Méndez, demandó en la vía ordinaria laboral al Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, de quien le reclamó diversas prestaciones laborales, con motivo de la relación de trabajo que existía entre ambas partes. Dicha demanda laboral, fue admitida a trámite por auto de diecisiete de febrero de dos mil diecinueve, asignándole el número 552/2018 y, ordenó emplazar a la demandada Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, mediante exhorto girado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en Zamora, a fin de que la emplazara a juicio. Posteriormente, mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, comparecieron los licenciados Gonzalo Moreno Solís, José Guillermo Díaz Núñez y María del Consuelo Martínez Hincapié, en cuanto apoderados jurídicos del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, a dar contestación a la demanda instaurada en contra de su poderdante, oponiendo las excepciones y defensas que consideraron tener a favor de su representada. Enseguida, por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibido el exhorto enviado a fin de emplazar a la parte demandada Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, a quien tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, por lo que ordenó correr traslado a la parte actora con copia autorizada del escrito de contestación de demanda; así como citó a las partes a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, a las diez horas con treinta minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil veinte. De ahí que, si la parte quejosa hizo valer como acto reclamado dentro del presente juicio constitucional, la omisión y retardo en el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, no menos cierto es que el Ayuntamiento de Zamora, Michoacán (demandado en el juicio laboral), ya se encuentra debidamente emplazado a juicio y compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, como así lo tuvo la autoridad laboral responsable en auto de cuatro de marzo de dos mil veinte. Por lo anterior se advierte que en la especie opera la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito, en virtud de que las violaciones de que se duele la parte quejosa, quedaron consumadas al haberse emplazado a juicio a la parte demandada y haber comparecido está a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, como se acredita con la copia certificada que exhibe la autoridad responsable, la cual se dio valor probatorio en párrafos que anteceden. En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (diez horas con cincuenta minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andres Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. SE PROGRAMA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal de autos, de los que se obtiene que en el presente asunto no ha sido posible la celebración de la audiencia constitucional debido a las suspensiones de labores que se han realizado con motivo de la enfermedad COVID-19; en tal virtud, con fundamento con el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se programa fecha para la celebración de tal audiencia, la cual tendrá verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del uno de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

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