Ma. Guadalupe Sandoval Villegas

Expediente 828/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
828/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Sandoval Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    . V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número V-828/2023, promovido por Ma. Guadalupe Sandoval Villegas, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Sandoval Villegas, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por considerar que carecía de legal competencia para conocer y resolver; por lo que, por razón de turno fue remitida a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrada bajo el número V-828/2022; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad jurisdiccional en materia civil residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama: La resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca de apelación I-140/2023, mediante la cual confirma la interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en el juicio sucesorio intestamentario 1105/2021, que declaró procedente el incidente de remoción de albacea. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Contrario a lo señalado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, del informe justificado rendido por el Magistrado responsable se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió las constancias relativas al acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante el Juzgado Segundo De Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se tramita el juicio sucesorio testamentario número 1105/2021, a bienes de J. Salvador Sandoval Guerrero y/o Salvador Sandoval Guerrero y/o Salvador Sandoval (foja 7 a 37 del tomo de pruebas). Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se declaró válido y legítimo el testamento respectivo, se dio intervención al Ministerio Público y Fisco del Estado, se ordenó notificar a los presuntos herederos y, atendiendo al contenido de la disposición testamentaria, se tuvo como albacea testamentaria a la aquí quejosa Ma. Guadalupe Sandoval Villegas, quien aceptó y protestó el cargo (foja 37 del tomo de pruebas). Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se determinó que no había lugar a dar por iniciada la tercera sección en razón de que la albacea no había rendido las cuentas mensuales de administración, ni la cuarta sección, pues aún no se habían rendido y aprobado las cuentas mensuales ni la general de administración (foja 43 del tomo de pruebas). En mérito de ello, la aquí quejosa compareció a rendir la cuenta mensual de administración correspondiente al mes de enero de dos mil veintitrés, así como las diversas de los meses de febrero y marzo del presente año, con las que se dio vista a los demás herederos por el término de tres días para que se impusieran de ellas (foja 45 a 58 del tomo de pruebas). No obstante, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la coheredera Martha Patricia Sandoval Villegas promovió incidente sobre remoción de albacea, el cual se declaró procedente mediante resolución interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintitrés (foja 59 a 64 del tomo de pruebas), bajo los siguientes argumentos torales: Que de los artículos 1082 y 1085 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que una de las obligaciones del albacea de la sucesión es la rendición de cuentas de su albaceazgo, lo que debe realizarse de manera mensual; y, que en caso de no hacerlo trae como consecuencia la remoción del cargo. Que de autos se advertía que el dieciocho de enero de dos mil veintidós, la aquí quejosa aceptó y protestó el cargo de albacea testamentaria conferido; sin embargo, no rindió alguna cuenta sino hasta el cinco de enero de dos mil veintitrés, esto es, un año después; con lo que concluyó que había dejado de cumplir con su obligación, la cual había contraído al aceptar el cargo de albacea testamentaria, de tal forma que incurrió en una falta en el desempeño del albaceazgo que tiene como consecuencia la remoción del cargo. Lo anterior, señaló, ya que no estaba acreditada en autos una causa justa de su incumplimiento, causa de fuerza mayor o no imputable a la albacea que justificara el motivo por el cual no se dio inicio a la tercera sección rindiendo sus cuentas mensuales, infiriendo de ello una falta de interés para desempeñar el cargo. Que si bien la albacea había estado rindiendo las cuentas respectivas de manera posterior a la tramitación del incidente de remoción, ello obedecía a que no se encontraba suspendido el juicio en lo principal; además de que no se debía perder de vista que esas cuentas eran posteriores a cuando se promovió el incidente. Señaló que no le asiste razón a la aquí quejosa cuando aduce que el quince de diciembre de dos mil veintidós fue presentada la tercera sección, toda vez que de autos se advertía que hasta el diez de enero de dos mil veintitrés se dio inicio a la tercera sección. Que si bien la albacea adujo que entre algunos coherederos habían dialogado sobre la posibilidad de separarse de la prosecución judicial, dichas aseveraciones no estaban acreditadas con algún medio de prueba; aunado a que dicha circunstancia no la liberaba de cumplir con su obligación testamentaria en lo que los coherederos decidían si se separaban o no de la prosecución judicial. Además, que no le asistía razón a la albacea al señalar que el testador le concedió cuantas facultades fueran necesarias para el desempeño del cargo conferido y que con ello se le eximiera de la obligación de rendir cuentas mensuales, toda vez que esas facultades se refieren a que se le concede poder, derecho, aptitud o capacidad para cumplir con la encomienda, mas no para eximirla de las obligaciones que por ley le corresponden, ni de las reglas que rigen a los albaceas; aunado a que el testador indicó que en caso de imposibilidad de esta para ejercer el albaceazgo, nombraba como sustituto a Romualdo Sandoval Villegas, por lo que no se le había facultado para desempeñar su encomienda como mejor le pareciera, sino dentro de los términos legales. De ahí que ante la remoción, nombró a este último como albacea, siendo innecesario requerir a los coherederos que votaran. Inconforme con dicha determinación, la albacea, aquí quejosa, interpuso recurso de apelación, en el que hizo valer los siguientes agravios (foja 2 a 4 del tomo de pruebas): Que se vulneraron lo dispuesto en los artículo 844 y 872 del Código Civil del Estado, 1005 y 1021 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como los diversos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal, al trastocar su derecho a la administración e impartición de justicia. Que indebidamente el juez la removió del cargo de albacea, siendo que ese cargo fue conferido por voluntad de su extinto padre concediéndole cuantas facultades fueran necesarias para el desempeño de su cometido, virtud a lo cual estaba excusada de la reglas que rigen a los albaceas por ser voluntad del testador. Que sí ha dado cumplimiento a las obligaciones del albaceazgo, al haber presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós, escrito solicitando la apertura de la tercera y cuarta sección, las cuales no se admitieron por el juzgado de origen, pronunciamiento que fue recurrido a través de los recursos de apelación correspondientes. De dicho recurso correspondió conocer al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Mediante resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el citado magistrado confirmó la determinación recurrida bajo los siguientes argumentos (foja 109 a 112 del tomo de pruebas): Calificó de improcedente el primero de los agravios expresados en el inciso a) al señalar que sí estuvo protegido su derecho de administración e impartición de justicia, ya que se le tuvo por presentada la sucesión, fue debidamente llamada ante la interposición del incidente sobre remoción de albacea, le fue concedido exactamente el mismo término probatorio e incluso estuvo expedito su derecho para interponer el recurso de apelación. Por otro lado, calificó como inoperante el segundo de los agravios señalados en el inciso b), para lo cual transcribió parte de la resolución recurrida; luego realizó una confrontación entre las manifestaciones de inconformidad con lo argumentado y fundamentado por el juez del conocimiento; y concluyó que la apelante, aquí quejosa no combatió las razones jurídicas vertidas por el juez para sustentar la procedencia de la remoción del cargo de albacea al limitarse a reiterar los argumentos vertidos al dar contestación al incidente, pero que nada argumentó para rebatir las consideraciones torales del juez en torno a dichos termas, por lo que la interlocutoria en ese aspecto fue consentida y, por ende, seguía surtiendo sus efectos legales. En relación con el tercer agravio (inciso c)), señaló que no le asistía razón a la recurrente, toda vez que contrario a lo señalado por la apelante, aquí quejosa, de las constancias aportadas en el testimonio de apelación no se advertía lo que destacaba (negativa a aperturar tercera y cuarta sección). Siendo esta última determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional, pues así lo precisó la quejosa en su escrito inicial de demanda. Como se adelantó, los conceptos de violación expresados por la quejosa resultan infundados en una parte e inoperantes en otra, por los motivos que a continuación se reseñan. En ellos quien se agravia señala: Que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, ya que el magistrado responsable fue omiso en fundar y motivar su determinación. Que virtud a que los coherederos estuvieron dialogando sobre la posibilidad de separarse de la prosecución judicial, es que no rindió inmediatamente las cuentas mensuales. Que sí cumplió con su obligación ya que solicitó la apertura de la segunda sección, además de que el quince de diciembre de dos mil veintidós, presentó ante el juzgado de origen la tercera sección, siendo que hasta el cinco de enero de dos mil veintitrés, el juzgado de origen la tuvo por presentada y por rindiendo la cuenta mensual. Que si bien el artículo 1082, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece la obligación del albacea de rendir mensualmente la cuenta mensual de administración el artículo, no menos verídico resulta que tal cuerpo normativo es omiso en referir un plazo para tal rendición de cuentas, siendo que el artículo 903 del Código Civil del Estado, prevé que el albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación y que por ello tiene un año para cumplir con las obligaciones, por lo que el año se cumplía hasta el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, y la tercera sección fue acordada el cinco de enero de dos mil veintitrés, de tal modo que sí cumplió con su obligación en tiempo. Que fue designada como albacea por voluntad de su extinto padre, concediéndole cuantas facultades fueran necesarias para el desempeño de su cometido, por lo que estaba excusada de las reglas que rigen a los albaceas por ser la voluntad del testador. Y, finalmente, que sí ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas, presentó la tercera y cuarta sección desde el quince de diciembre de dos mil veintidós, sin que estas fueran admitidas por el juez de origen, pronunciamiento que fue recurrido en apelación y posteriormente en el juicio de amparo. El primero de los conceptos de violación resulta infundado, pues si bien el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". La garantía de legalidad consagrada en la parte del dispositivo transcrito, establece que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Bajo ese contexto, se considera que dicho concepto de violación resulta infundado dado que, contrario a lo que manifiesta la quejosa, de la simple lectura de la resolución reclamada se advierte con claridad que la misma se encuentra fundada y motivada, pues bajo ese contexto la autoridad responsable en la página 3 a 7 de la citada resolución, precisó los motivos por los cuales resultaban "improcedentes" (sic) e inoperantes los agravios expuestos por la quejosa, los cuales se reseñaron en líneas que anteceden, además de invocar como sustento para su determinación el criterio jurisprudencial que estimó aplicable al caso concreto. Además, realizó una confrontación de lo resuelto por el juez de origen con lo rebatido por la quejosa a fin de evidenciar por qué sus agravios no combatían la los argumentos torales expuestos por el a quo; aunado a ello, también tomó en consideración las constancias que obraban agregadas en el testimonio de apelación a fin de corroborar la certeza de lo argumentado por la quejosa. De tal forma que se tomaron en consideración las circunstancias particulares del caso, siendo que el actuar de la autoridad se limitó a los principios de invariabilidad de la Litis, congruencia y exhaustividad. De tal forma que este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable sí fundó y motivó su actuar con las razones precisadas, cumpliendo con ello los requisitos que de acuerdo al artículo 16 Constitucional debe contener todo acto de autoridad, pues al efecto la juez responsable expresó las razones y los motivos de hecho que tuvo en consideración para resolver en la forma en que lo hizo, de ahí que resulta infundado el concepto de violación formulado por la promovente del amparo. Por otro lado, los conceptos de violación precisados en los numerales 3, 5 y 6 resultan inoperantes. Ello en razón de que la quejosa reitera los argumentos que expuso en apelación ante el magistrado responsable que fueron calificados como inoperantes por el magistrado responsable. En las relacionadas condiciones, si el quejoso -en sus conceptos de violación precisados como 3, 5 y 6 - omite combatir los razonamientos en que se apoyó la autoridad responsable para resolver en los términos en que lo hizo, en el entendido que aquel sólo expresa sus motivos de disentimiento en forma genérica y abstracta, es decir, se concreta a reiterar en una parte sus agravios, al señalar que fue designada como albacea por su padre y que por tanto está excusada de las reglas que rigen a los albaceas por voluntad del testador, además de reiterar que ha dado cumplimiento a las obligaciones al solicitar la apertura de la tercera y cuarta sección desde el quince de diciembre de dos mil veintidós, sin que el juez de origen proveyera de conformidad, y que virtud a ello se ha inconformado mediante los medios legales procedentes. Además de incorporar como aspecto novedoso el hecho de que acorde al artículo 903 del Código Civil del Estado tiene un año para cumplir con su obligación, lo cual hizo en tiempo. También señala que no había rendido las cuentas mensuales con antelación virtud a que los coherederos estaban dialogando sobre la posibilidad de separarse de la prosecución judicial, cuestión que fue expresada ante el juez de origen pero no ante el magistrado responsable, de ahí que no estuvo en aptitud de analizar dicha circunstancia y pronunciarse en torno a ella. Pero, omitiendo demostrar a través de argumentos lógicos y concretos por qué fue ilegal la manera en que resolvió el magistrado responsable, es decir, al declarar improcedente (sic) su primer agravio, inoperante el segundo por considerar que no combatía los razonamientos jurídicos expresados por el juez y señalar que no le asistía razón virtud a que del testimonio no se advertían sus aseveraciones; por ende, es inconcuso que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar, de oficio, la constitucionalidad de las argumentaciones esgrimidas por el magistrado responsable, para considerar lo adverso, ya que no se surte alguno de los supuestos de suplencia de la queja deficiente previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Dicho en otros términos, no bastan las manifestaciones contenidas en los conceptos de violación, pues para que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de emitir pronunciamiento al respecto, era menester que rebatiera con propiedad, mediante el empleo de razonamientos lógicos y jurídicos concretos, las argumentaciones expuestas por la responsable, de modo que si no ocurre así, aquellas deben quedar intocadas y seguir rigiendo el sentido del fallo recurrido, al no actualizarse ninguna de las hipótesis contenidas en el invocado artículo 79 de la Ley de Amparo, que autorice suplir la deficiencia de los puntualizados conceptos de violación. Es aplicable al punto que antecede, además, la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.". Asimismo, por analogía, la diversa tesis de jurisprudencia 109/2009, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.". Asimismo, los conceptos de violación precisados con los números 2 y 4, también son inoperantes, ello es así, ya que el quejoso introduce aspectos novedosos que no fueron expuestos en su momento vía agravio ante el magistrado responsable. Lo que queda evidenciado de la relación de antecedentes formulada en líneas que anteceden, de cuya síntesis se advierte que nunca señaló ante el magistrado que los coherederos habían estado dialogando sobre la posibilidad de separarse de la prosecución judicial y que virtud a ello es que no rindió oportunamente las cuentas mensuales; así como tampoco expuso que acorde a lo señalado por los artículos 1082 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el diverso 903 del Código Civil del Estado, tenía un año para cumplir con las obligaciones propias de su encargo. De tal modo que, al no haber expresado dichas alegaciones vía agravio ante el magistrado, este no estaba en posibilidad de pronunciarse en torno a ellos y, por tanto, deben calificarse de inoperantes en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro 169923, que dice: Registro digital: 169923 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 12/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 39 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios. Desde luego, no pasa inadvertida la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, proveniente del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR", pues si bien en ella ya se definió que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con que se exprese la causa de pedir; empero, también es verídico que ello sólo fue para precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Así llegó a precisarlo la Primera Sala del más Alto Tribunal de la República en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J.81/2002, de la voz: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO", a cuyo contexto se remite quien resuelve en obvio de reiteraciones ociosas; hipótesis que en la especie no se actualiza ya que, como se indicó, la quejosa omitió controvertir cada una de las razones expuestas por la sala responsable en la resolución reclamada. Luego, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Ma. Guadalupe Sandoval Villegas. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formularon las partes, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan en la jurisprudencia P./J.27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ma. Guadalupe Sandoval Villegas, en contra del acto que reclamó del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 828/2023 promovido por Ma. Guadalupe Sandoval Villegas contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo existe tercero interesado, teniendo tal carácter Martha Patricia Sandoval Villegas, quien se encuentra debidamente emplazada, como se advierte de las constancias que obran en autos. Ahora bien, no obstante que de autos se advierte el emplazamiento a la tercera interesada, también se observa que ésta no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificar por lista a la tercera interesada Martha Patricia Sandoval Villegas, las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en el original del toca de apelación con número I-140/2023, el cual obra en un tomo de pruebas por separado, mismo que se encuentra en la secretaría de este órgano jurisdiccional, documentales anteriores que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, a través del pedimento 557/2023, presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el doce de julio del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; y al no existir más alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. SE DA CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de trece de los actuales, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Martha Patricia Sandoval Villegas, sin que de las constancias que obran en autos se advierta que a la fecha haya sido emplazada. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy FeCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO Y EMPLAZO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARTHA PATRICIA SANDOVAL VILLEGAS, POR SÍ O POR QUIEN ACREDITE SER SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de siete de julio del año en curso, en que se admitió a trámite la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, se reconoció el carácter de terceros interesados a Martha Patricia, Adrián, Romualdo, Sara, Ma. Elvira, Ma. Natividad y Salvador, todos de apellidos Sandoval Villegas, quien son parte dentro del juicio sucesorio testamentario 1105/2021, tramitado a bienes de J. Salvador Sandoval Guerrero, ordenando su emplazamiento. Sin embargo, del análisis de las constancias relativas al toca de apelación I-140/2023, del índice de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable en esta instancia constitucional, se desprende que tanto de la sentencia interlocutoria de quince de marzo del año en curso, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, como del auto de dieciséis de mayo del año en curso, dictado por el Magistrado responsable, solo se reconoció como contraparte de la quejosa a Martha Patricia Sandoval Villegas, por haber sido esta quien promovió el incidente de remoción de albacea reclamado en esta instancia. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales en contravención al artículo 17 Constitucional, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y para el solo efecto de regularizar el procedimiento, se reconoce únicamente el carácter de tercero interesada a Martha Patricia Sandoval Villegas, al ser la parte apelada y ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, no así a los restantes señalados, a quienes se le deja de reconocer el referido carácter, lo anterior para los efectos legales correspondientes. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Ahora, del contenido de las constancias relativas al toca de apelación I-140/2023 del índice de la responsable, se advierte que en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, acordó lo relativo al señalamiento del domicilio de la aquí tercera interesada Martha Patricia Sandoval Villegas, ubicado en Avenida del Campestre número 890, interior 3, colonia Campestre, de esta ciudad. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso b), y 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya debidamente en el referido domicilio y proceda a emplazarla a juicio, por sí o por conducto de quien acredite ser su representante legal, o sus autorizados, en términos del contenido inserto en auto de siete de julio del año en curso. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada ******************** Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy FeCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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