Ma. Guadalupe Chávez Alcaráz
Expediente 200/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Chávez Alcaráz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de catorce de febrero de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEIDO el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, a catorce de febrero de dos mil veintidós V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-200/2020, promovido por Ma. Guadalupe Chávez Alcaraz, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Ma. Guadalupe Chávez Alcaraz solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, y otra autoridad. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Substanciación del juicio. Mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, por un lado, se desechó la demanda de garantías únicamente en lo que respecta a la autoridad responsable Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; y, en ese mismo acto se admitió en lo que respecta a los actos reclamados al Juez del citado órgano jurisdiccional, registrándose la misma bajo el número VIII- 200/2020; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue levantada en términos del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los 35 y 37, de la Ley de Amparo; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/20001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: a) La desposeimiento determinado en los autos del juicio ordinario civil sobre reivindicación número 1853/2019, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, promovido por David Martínez Aguilar, en contra de J. Jesús Chávez Rubio y Ma. De Jesús Alcaraz del Toro, respecto del inmueble ubicado en Calle Rinconada 9, número 1, del Infonavit Progreso Nacional, de la ciudad de Zamora, Michoacán, del que refiere ser propietaria virtud a la cesión de derecho verbal celebrada con la extinta María Guadalupe Chávez Rubio el quince de junio de dos mil siete. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil 1853/2019, sobre reivindicación de inmueble. 1 Publicada en el Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, bajo el rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Causales de improcedencia. Es innecesario examinar, en cuanto al fondo, los conceptos de violación formulados por la agraviada y las consideraciones que sustentan el acto reclamado, en función a que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante su pedimento presentado el cuatro de septiembre de 2 Visible en la página 305, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, correspondiente a la Materia Común, Quinta Época. dos mil veinte, la cual impide realizar ese análisis de fondo en el presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. De la lectura íntegra de las constancias que conforman el juicio de amparo en que se actúa, se advierte la actualización de la causa de inejercicio de la acción constitucional invocada por la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional y prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se estima que no se acredita la afectación a algún derecho de la quejosa, que la faculte a acudir ante el órgano de control constitucional. Causa de improcedencia que por ser de orden público y estudio preferente, hace innecesario reproducir los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, ni tampoco hacer alusión a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. El numeral señalado textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" En efecto, por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, público o privado que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías en su perjuicio, derecho que debe estar protegido por alguna norma legal y cuando se afecte por el acto de autoridad, entre otros, los que emiten actos materialmente jurisdiccionales, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. En la especie, la quejosa Ma. Guadalupe Chávez Alcaraz comparece ante esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del desposeimiento del inmueble ubicado en la calle Rinconada 9, número 1, del Infonavit Progreso Nacional, de la ciudad de Zamora, Michoacán, del que refiere ser propietaria virtud a la cesión de derechos verbal celebrada con la extinta María Guadalupe Chávez Rubio, desde el quince de junio de dos mil siete. Ello con motivo de lo resuelto en el juicio ordinario civil 1853/2019, sobre reivindicación de inmueble, seguido ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en el que no es parte materialmente formal, es decir, se ostenta como una persona extraña típica a dicho procedimiento. Por tanto, su propia calidad de tercera extraña trae como consecuencia que no todos los actos llevados a cabo dentro del procedimiento judicial le deparen un perjuicio directo y actual, en tanto estén dirigidos a las partes materiales, de tal manera que no todo el juicio le ocasiona un perjuicio en el derecho de posesión que defiende, pues solamente le producen agravio personal, directo y actual necesario para promover eficazmente el juicio de amparo, los actos de autoridad que inciden en el menoscabo y privación de los derechos aludidos, por ejemplo, la orden de ejecutar la sentencia a través de la entrega real y material del inmueble de referencia que la inconforme, señala, es de su propiedad. En tales condiciones, es que el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por las razones que se expondrán a continuación. La quejosa refiere en su escrito inicial de demanda que posee y es propietaria del bien raíz controvertido con motivo de una cesión de derechos, por lo que a fin de acreditar su interés jurídico ofreció como medios de convicción los siguientes: Historial de consumo del servicio de luz registrado en el referido inmueble y expedido por Comisión Federal de Electricidad a nombre de la aquí quejosa. Acuse de la demanda presentada el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, por los demandados en el juicio de origen y la aquí quejosa, en contra de David Martínez Aguilar, en ejercicio de la acción real sobre prescripción positiva respecto del inmueble controvertido. No obstante ello, lo cierto es que tales medios de prueba resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico con que se ostenta la parte solicitante de garantías. Luego, como en el presente caso la parte quejosa en su escrito inicial de demanda refiere ser persona extraña típica al juicio, cuyas consecuencias son que la determinación del juez natural afecta los derechos posesorios de que goza derivados de la cesión verbal de derechos; para ello es necesario señalar lo que la ley de la materia y la doctrina jurídica definen por poseedor, siendo aquél que detenta una cosa, ejerciendo sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Por tanto, para que la posesión que refiere la parte quejosa, quien además se ostenta como persona extraña al juicio natural, sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto que ocupa la atención, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien inmueble de que se trata, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión, a efecto de legitimarlo para que sea llamado a juicio a dirimir los derechos posesorios que le corresponden. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XV, febrero de 2002, página 5, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En otro orden de ideas, como ya se dijo, a fin de acreditar su interés jurídico, la peticionaria del amparo exhibió, entre otros documentos, el historial de consumo de energía eléctrica expedido a su nombre, así como el acuse de la demanda promovida, entre otros, por la aquí quejosa, en contra de David Martínez Aguilar, en ejercicio de la acción real sobre prescripción positiva. Sin embargo, dichos medios de prueba no son suficientes, aptos e idóneos para acreditar el interés jurídico de la quejosa, en atención a que en nada prueba la causa generadora de la posesión que respecto del inmueble en cuestión dice tener la promovente del amparo. Antes bien, la primer documental únicamente evidencia el hecho de que el servicio de energía eléctrica está registrado a nombre de la aquí quejosa. Por su parte, la segunda corrobora el hecho de que el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la peticionaria de garantías y los demandados en el juicio de origen, presentaron diversa demanda en la vía ordinaria civil en contra de David Martínez Aguilar, en ejercicio de la acción real sobre prescripción positiva respecto del inmueble controvertido, sin que conste en autos que a raíz de tal demanda se haya emitido un fallo forme que hubiera constituido un derecho a favor de la quejosa respecto del inmueble en comento, de ahí que tales documentos sean ineficaces para el fin pretendido. Finalmente, la copia simple del acta de defunción de María Guadalupe Chávez Rubio, por sí sola, únicamente es un indicio sobre su fallecimiento acaecido el siete de junio de dos mil trece. De tal modo que hasta este momento no está acreditado en autos derecho alguno derivado de un título sustentado en alguna figura jurídica que genere su derecho, incluso que sea de fecha cierta, a fin de que sea protegido mediante el juicio de amparo. Por el contrario, de las constancias relativas al juicio de origen se advierte que el inmueble de referencia está inscrito a nombre de David Martínez Aguilar, quien figura como legítimo propietario, motivo por el cual se requirió la entrega del inmueble en cuestión a su favor, por lo que la aquí quejosa no está reconocida como propietaria del inmueble o que ostente algún título o documento de fecha cierta respecto del mismo. Todo lo anterior lleva a considerar al que suscribe que los medios de prueba ofrecidos por la quejosa no son aptos ni idóneos para acreditar la posesión y, menos aún, que la quejosa tiene un derecho derivado de un título sustentado en una figura jurídica y, por tanto, susceptible de ser tutelado mediante el juicio de amparo. De ahí que ello es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico para efectos del juicio de garantías, en razón de que, como ya se dijo, no se acreditó el derecho que le asiste; esto es, la parte quejosa no ofreció medio de convicción idóneo y suficiente alguno a efecto de demostrar su derecho derivado de un título sustentado en alguna figura jurídica y que sea generador de su derecho. Consecuentemente, las documentales exhibidas, por sí mismas, no son eficaces para demostrar plenamente el interés jurídico para acudir en reclamo de la protección de la justicia federal. De ahí que el juicio constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que la quejosa carece de interés jurídico, por lo que procede decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal, respecto del acto reclamado en esta instancia constitucional. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Ma. Guadalupe Chávez Alcaraz, respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy catorce de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el diverso oficio suscrito por el Juez Segundo en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, atento a su contenido, se acuerda: Intégrese a los autos para que obre únicamente como constancia el oficio de cuenta, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, se tuvo al mencionado juez devolviendo el despacho girado por este juzgado a fin de que emplazara a juicio a a los tercero interesados J. Jesús Chávez Rubio y Ma. de Jesús Alcaraz del Toro. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. A fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado en sus términos el despacho que le fue remitido por este Tribunal Federal, para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado emplazara a juicio a los tercero interesados J. Jesús Chávez Rubio y Ma. de Jesús Alcaraz del Toro, lo que así hizo y acredita, con las constancias que adjunta. SE ORDENA NOTIFICACIONES POR LISTA Se tiene por emplazado a juicio a dichos tercero interesados y toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad requisitada, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue concedido a J. Jesús Chávez Rubio y Ma. de Jesús Alcaraz del Toro a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y como no realizaron manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de agosto de la presente anualidad y se ordena realizar las notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio correcto y actual en esta capital; lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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