Ma. Flor Rivera García
Expediente 731/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Flor Rivera García
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Maravatío, Mich y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe. svm
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Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Visto el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la abrogada Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, como lo solicita el ocursante, hágasele la devolución de los documentos que enuncia, previa copia cotejada que del mismo se deje en autos y acta de entrega que al efecto se levante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.NMC
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Morelia, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de tres de octubre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el amparo solicitado por MA. FLOR RIVERA GARCÍA; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de prueba y discos compactos que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán, que adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada del expediente 1248/2012. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil diecinueve. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 731/2087-VII, promovido por Ma. Flor Rivera García, por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Maravatío, Michoacán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, y remitido al día siguiente a este juzgado por razón de turno, Ma. Flor Rivera García, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Maravatío, Michoacán y otras autoridades; en los términos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: a). El desarrollo del juicio ordinario civil que sobre prescripción positiva número 1248/2012 promovió Patricia Velázquez Velázquez en contra del hoy extinto Luis Olvera Quintero, proceso en el cual la suscrita no fui escuchada en juicio, violando con ello mi derecho fundamental de audiencia pues no me fue notificado dicho proceso aun y cuando tengo interés jurídico en el mismo pues como más adelante lo detallaré, tengo un contrato de compra venta de fecha cierta en el que soy compradora desde el día 25 veinticinco de abril del año 2008 dos mi ocho, respecto del lote número 3 tres de la manzana 6 seis, situado en la calle Argentina, del fraccionamiento La Américas, ubicado en la salida a San Juan Yurécuaro, correspondiente al Municipio de Maravatío de Ocampo, Michoacán, autoridad que también ordenó la inscripción del testimonio de la sentencia definitiva dictada en el juicio en cuestión ante el registro público de la propiedad." DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, RECLAMO: 1. Inscripción del correspondiente traslado de dominio que obedeció a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil sobre prescripción positiva número 1248/2012 que promovió Patricia Velázquez Velázquez en contra del extinto Luis Olvera Quintero ante el juzgado segundo de lo civil de primera instancia del distrito judicial de Maravatío de Ocampo, Michoacán. [.] 2. La inscripción hecha en el libro de propiedad correspondiente al distrito judicial de Maravatío respecto de la escritura pública que obedece a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil sobre prescripción positiva número 1248/2012 que promovió Patricia Velázquez Velázquez en contra del extinto Luis Olvera Quintero ante el juzgado segundo de lo civil de primera instancia del distrito judicial de Maravatío de Ocampo, Michoacán, bajo el número de registro 25 veinticinco, del tomo 900 novecientos". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°,14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 731/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: De la autoridad ordenadora, Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Maravatío, Michoacán: ? La Omisión de ser emplazada al juicio ordinario civil 1248/2012, que sobre prescripción positiva promovió Patricia Velázquez Velázquez, contra Luis Olvera Quintero; y, en consecuencia, todo lo actuado en ese procedimiento. De la autoridad ejecutora, director del Registro Público de la Propiedad de Michoacán de esta ciudad. ? Las inscripciones en los asientos registrales del bien inmueble objeto del juicio, y en la cuenta predial correspondiente, relativas a la transmisión de dominio del bien, a favor de la tercero interesada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad y Comercio en esta ciudad, toda vez que al rendir sus respectivos informes con justificación, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en original del juicio ordinario civil número 1248/2012, del índice del referido juzgado. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil doce, Patricia Velázquez Velázquez, por su propio derecho, promovió juicio ordinario civil, sobre prescripción positiva, contra Luis Olvera Quintero, de un predio con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 10.65 metros con fraccionamiento "Los Arcos", con barda propia que divide; al Sur 10.65 metros con calle Argentina; Al Oriente 14.93 metros con lote número 5, barda propia que divide; al Poniente 14.78 metros con lote número 3, barda propia que divide, con una superficie total de 158.19 metros cuadrados, inmueble que forma parte de una fracción y se registra a nombre del demandado con el número 00000044, tomo 402, del Libro de Propiedad, correspondiente a una fracción del predio rústico sin nombre, que formó parte de la exhacienda de Guaracha, del distrito judicial de Maravatío, Michoacán. 2. Seguido el procedimiento, el dieciséis de octubre de dos mil doce, se dictó la resolución correspondiente, que declaró fundada la acción, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, para su debida inscripción, una vez que causara ejecutoria la sentencia. 3. El veintidós de noviembre de dos mil doce, se declaró ejecutoriada la sentencia y, por diverso de doce de octubre de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los autos originales del juicio de origen devueltos por el Jefe del Archivo del Poder Judicial del Estado. Con lo anterior, se evidencia que las partes en dicho juicio son Patricia Velázquez Velázquez y Luis Olvera Quintero; que asimismo, la ahora quejosa no fue llamada dicho controvertido, virtud a que la parte actora consideró que a la fecha de la presentación de la demanda -catorce de septiembre de dos mil doce-, Luis Olvera Quintero era el propietario del inmueble en controversia, por estar registrado a su favor en el Registro Público de la Propiedad de Michoacán. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I, y 6°, de dicho ordenamiento. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Los dispositivos en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de garantías es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;[.]" Por su parte, el artículo 107, fracción I, Constitucional, 5º, fracción I y 6º, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquella en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.] " "Artículo 5o. Son parte en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] " Los preceptos anteriores, en lo que interesa, engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo. Tratándose del interés jurídico, por éste se entiende el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende, que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés jurídico que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo); y, b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de derechos. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Al caso concreto resulta aplicable la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil siete". En conclusión, uno de los principios que se erige como base del juicio de amparo, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos, siendo inconcuso que, para la procedencia del juicio de amparo es indispensable que ese perjuicio o agravio ya exista de manera actual, al momento de promoverse la demanda de amparo correspondiente, pues, es esa situación presente, la que le está causando un perjuicio al interés jurídico del peticionario de derechos. Por otra parte, cabe puntualizar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, precisó diversos supuestos en los que se puede acudir al amparo como persona extraña al procedimiento de origen, siendo los siguientes: a) Cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos, subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; podrá reclamar todo lo actuado a partir del emplazamiento. b) Cuando los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado. c) Cuando ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del tercero extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196929 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 5/98 Página: 96 "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Contradicción de tesis 11/95. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 5/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y ocho". En ese sentido, la quejosa comparece ostentándose como tercera extraña al juicio 1248/2012, en el cual se declaró la prescripción positiva en favor de Patricia Velázquez Velázquez, respecto de una fracción del predio rústico sin nombre que formó parte de la exhacienda de Guaracha, municipio de Maravatío, Michoacán, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 10.65 metros con fraccionamiento "Los Arcos", con barda propia que divide; al Sur 10.65 metros con calle Argentina; Al Oriente 14.93 metros con lote número 5, barda propia que divide; al Poniente 14.78 metros con lote número 3, barda propia que divide, con una superficie total de 158.19 metros cuadrados. Señala que no fue llamada a dicho juicio y, en consecuencia, reclama todo lo actuado en dicho procedimiento porque, dice, el inmueble que fue materia de litigio corresponde al mismo que adquirió por compraventa que realizó con Filiberto Nava García. En efecto, refiere que adquirió el bien por contrato de compraventa en el que se asentó como fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, precisando que el inmueble cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Por el Norte 8.15 metros con fraccionamiento los Arcos; al Sur, 8.15 metros con calle Argentina; por el Oriente 14.78 metros con lote número 4; y al Poniente 14.78 con lote número 2, con una superficie de 120.45 metros. Para acreditar lo anterior la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo lo siguiente: 1. Contrato de compraventa celebrado entre Filiberto Nava García y Ma. Flor Rivera García, respecto de la totalidad de un lote urbano número 3, manzana 6, con las medidas y colindancias ya anotadas, del fraccionamiento Las Américas, ubicado en la salida a San Juan Yurécuaro, municipio de Maravatío, Michoacán, en el que se asentó como fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, en cuyo reverso se aprecia una certificación de ratificación ante notario público número 76 con ejercicio y residencia en Maravatío, Michoacán, el veinticinco de abril de dos mil siete. 2. Contrato de compraventa celebrado entre Filiberto Nava García y Luis Olvera Quintero, respecto de la totalidad de un lote urbano número 3, manzana 6, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 8.15 metros con fraccionamiento los Arcos; al Sur, 8.15 metros con calle Argentina; por el Oriente 14.78 metros con lote número 4; y al Poniente 14.78 con lote número 2, con una superficie de 120.45 metros, del fraccionamiento Las Américas, ubicado en la salida a San Juan Yurécuaro, municipio de Maravatío, Michoacán, en cuyo reverso se aprecia una certificación de ratificación ante notario público número 76 con ejercicio y residencia en Maravatío, Michoacán, el cinco de diciembre de dos mil siete. 3. Copia fotostática del oficio suscrito el doce de mayo de dos mil ocho, por el director de Urbanismo del Ayuntamiento de Maravatío, arquitecto Arturo Vázquez Mejía, dirigido a Luis Olvera Quintero y Erick César Olvera Hernández, mediante el cual se les concede permiso para la preventa de lotes del fraccionamiento "Las Américas", ubicado entre los fraccionamientos Constituyentes y los Arcos, de Maravatío, Michoacán. Documentales que cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 133, 197, 202 y 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Sin embargo, dichas probanzas no son suficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa, pues con ellas no se acredita la identidad del inmueble que señala como de su propiedad, y que fue materia del juicio ordinario civil 1248/2012. En efecto, del contrato privado de compraventa, celebrado entre Filiberto Nava García y Luis Olvera Quintero, respecto del lote urbano número 3, manzana 6, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 8.15 metros con fraccionamiento los Arcos; al Sur, 8.15 metros con calle Argentina; por el Oriente 14.78 metros con lote número 4; y al Poniente 14.78 con lote número 2, con una superficie de 120.45 metros, del fraccionamiento Las Américas, ubicado en la salida a San Juan Yurécuaro, municipio de Maravatío, Michoacán, en cuyo reverso se aprecia una certificación de ratificación ante notario público número 76 con ejercicio y residencia en Maravatío, Michoacán, el cinco de diciembre de dos mil siete, se advierte que dicho predio comparte las mismas medidas y colindancias con el lote urbano que por compraventa adquirió la quejosa por parte de Filiberto Nava García; sin embargo, dicha prueba resulta insuficiente para demostrar el interés jurídico de la peticionaria del amparo. Se afirma lo anterior, pues la promovente del amparo afirma que el predio que es materia de litigio en el juicio de origen, fue adquirido por parte de Filiberto Nava García, por compra que realizó a Luis Olvera Quintero, representado por Erick César Olvera Hernández, y que ésta a su vez adquirió dicho lote; no obstante, no ofreció la prueba pericial en topografía que es la idónea para identificar la fracción que aquí defiende y acreditar que dicha fracción, como lo argumenta, es la misma que fue motivo del juicio de origen 1248/2012, lo que era necesario, puesto que como se advierte, la fracción que defiende difiere de las medidas y colindancias precisadas en el juicio de origen, justamente porque los peritos son quienes pueden precisarlo y emitir su opinión técnica al respecto, determinando si el lote 3, de la Manzana 06 del Fraccionamiento denominado "Las Américas", ubicado en la salida a San Juan Yurécuaro, municipio de Maravatío, Michoacán, que mide y linda: Por el Norte 8.15 metros con fraccionamiento los Arcos; al Sur, 8.15 metros con calle Argentina; por el Oriente 14.78 metros con lote número 4; y al Poniente 14.78 con lote número 2, con una superficie de 120.45 metros, es el mismo o bien está comprendido o no dentro de la extensión superficial de 158.19 centímetros cuadrados, que fue motivo de litigio en el juicio de origen, ya que ello no se puede determinar con meras suposiciones, sino, como ya se dijo, con la opinión técnica de dictámenes periciales; probanza que debe anunciarse y prepararse con citación de las partes del juicio, a fin de que estén en aptitud de intervenir y hacer las observaciones que estimen pertinentes al respecto. La consideración anterior encuentra sustento en la tesis del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 209749 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Diciembre de 1994 Materia(s): Civil Tesis: II. 1o. C. T. 204 C Página: 387 "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDONEA PARA LA. La prueba idónea para acreditar el elemento identidad de un bien inmueble, en un juicio reivindicatorio, es la pericial, en materia de Ingeniería Topográfica, a fin de que se determine si el predio controvertido se encuentra dentro de la superficie manifestada por la contraparte y así poder precisar cuál es esa área. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 704/94. Alfredo Peréz Arizmendi. 28 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gloria Burgos Ortega". Así como la diversa jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 190377 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Enero de 2001 Materia(s): Civil Tesis: VI.1o.C. J/13 Página: 1606 "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 289/89. Salomón Guzmán García. 11 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 338/94. Paula Teresa Sosa Sánchez. 28 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Ezequiel Tlecuitl Rojas. Amparo en revisión 434/94. Gregorio Miguel Cuéllar Flores. 27 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 179/96. Irene Montes de Oca Cervantes. 7 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 457/2000. Unión de Crédito General, S.A. de C.V., Organización Auxiliar de Crédito, por conducto de su representante legal. 28 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretaria: Verónica Marroquín Arredondo. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, tesis II.1o.C.T.204 C, de rubro: "IDENTIDAD DE INMUEBLES. LA PERICIAL ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA LA.". De lo que se concluye que la precisión de los aspectos señalados era indispensable para tener por acreditado el interés jurídico de la quejosa, así como la afectación de ésta con motivo de la sentencia dictada en el juicio 1248/2012, en la que se declaró fundada la acción de prescripción positiva y, por ende, se determinó que la parte actora, de ser poseedora, se convertía en propietaria de una fracción del predio rústico sin nombre, que formó parte de la exhacienda de Guaracha, municipio de Maravatío, Michoacán, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 10.65 metros con fraccionamiento "Los Arcos", con barda propia que divide; al Sur 10.65 metros con calle Argentina; Al Oriente 14.93 metros con lote número 5, barda propia que divide; al Poniente 14.78 metros con lote número 3, barda propia que divide, con una superficie total de 158.19 metros cuadrados, al estar incluido dicho lote en la superficie que es de su propiedad, sin que así lo hubiera acreditado. Además no pasa inadvertido que del análisis a los contratos privados de compraventa exhibidos por la quejosa, se advierten discrepancias entre la fecha de la ratificación y su celebración, lo cual genera incertidumbre de la fecha cierta en que ello aconteció. Lo anterior es así puesto que a fin de acreditar su interés, la quejosa exhibió contrato de compraventa celebrado entre Filiberto Nava García y Ma. Flor Rivera García, del cual se observa que ese acto se efectuó el veinticinco de abril de dos mil ocho, en Maravatío, Michoacán, y fue ratificado ante Notario Público número setenta y seis, con ejercicio y residencia en dicha población, el veinticinco de abril de dos mil siete. De igual forma se exhibió el contrato de compraventa celebrado entre Luis Olvera Quintero y Filiberto Nava García, del cual se advierte que ese acto se efectuó el cinco de diciembre de dos mil siete y en la misma data se ratificó ante notario público (fecha posterior a la en que se ratificó el contrato que la quejosa celebró con Filiberto Nava García). Sin embargo, dichos documentos sólo evidencian las discrepancias de la fecha de celebración del acto realizado entre la ahora quejosa y Filiberto Nava García, puesto que si bien se anotó que ese acto se efectuó el veinticinco de abril de dos mil ocho, no menos lo es que la ratificación ante notario público aconteció el veinticinco de abril de dos mil siete, esto es, un año antes de que tuviera verificativo la adquisición. En ese entorno, es dable concluir que ante la discrepancia de la fecha en que tuvo verificativo el acto y la ratificación del mismo, esto es, un año antes de que aconteciera, se genera incertidumbre en la fecha cierta del documento, lo que sin duda impacta en el interés jurídico de la quejosa para defender el lote 3, de la Manzana 06 del Fraccionamiento denominado "Las Américas", ubicado en la salida a San Juan Yurécuaro, municipio de Maravatío, Michoacán, que mide y linda: Por el Norte 8.15 metros con fraccionamiento los Arcos; al Sur, 8.15 metros con calle Argentina; por el Oriente 14.78 metros con lote número 4; y al Poniente 14.78 con lote número 2, con una superficie de 120.45 metros. En esas condiciones, al no haberse demostrado por parte de la quejosa el interés jurídico para promover el juicio de amparo, ni la afectación de esos derechos con los actos reclamados, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. En consecuencia, Ma. Flor Rivera García, no acreditó de manera fehaciente el derecho que alega le asiste en este juicio; por tanto, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, pues la existencia de los actos reclamados, no lo releva de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que se ostenta como tercero extraño a juicio en estricto sentido, por lo cual se sobresee este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al juzgado responsable, pues no se controvierten por vicios propios. Es aplicable la jurisprudencia que dice: Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 329/76. Alejandro y América Vázquez Talavera. 26 de octubre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 314/76. José María Moreno y Manuel de Jesús Argüello. 3 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 481/76. Patricio Cámara Peón. 15 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 247/76. José Jesús Mijangos Rosado. 17 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 485/76. Patricio Cámara Peón. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Colmenares Martínez. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar. Nota: En el Informe de 1976, página 449, la tesis aparece bajo el rubro ´AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.´,en la página 450, ´AUTORIDADES EJECUTORAS. SOBRESEIMIENTO.´, y en la página 463, ´SOBRESEIMIENTO. ES EXTENSIVO RESPECTO A AUTORIDADES EJECUTORAS.´. En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro ´AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.´." Al decretarse el sobreseimiento no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador por no ser contrario a la actual Ley de Amparo, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Ma. Flor Rivera García, contra el acto reclamado a la autoridad que precisada quedó en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy tres de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. - Doy fe.
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