Ma. Gloria Prado Sandoval

Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1003/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Ma. Gloria Prado Sandoval
  • Director del Hospital o Clínica Médica con clave R00019 en Zamora, Michoacán del ISSSTE

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintitrés.********************ADMITE RECURSO DE REVISIÓN.********************Agréguese únicamente a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo VII-1003/2022, e informa que ese Tribunal Superior, en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra de la sentencia de seis de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo en cita; formándose el amparo en revisión administrativa número ********************, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ********************Cúmplase.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.****************************************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. SE ORDENA REMITIR AL TRIBUNAL COLEGIADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la autorizada de la quejosa Ma. Gloria Prado Sandoval, contra de la sentencia con engrose de seis de diciembre de dos mil veintidós, así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata; en consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el presente expediente, escrito original de agravios y copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. POR INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN. Agréguense a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual la parte quejosa interpone recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso. Por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, escrito original de agravios y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente y mediante oficio como corresponda. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por********************, contra actos que reclama del Director del Hospital y/o clínica Médica de Zamora, Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional en la misma fecha, ********************, por conducto de Olivia Benítez Reyes, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Director del Hospital y/o clínica Médica de Zamora, Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. "IV.- ACTOS RECLAMADOS. La omisión de proporcionarle a la quejosa acceso al derecho a la salud que le asiste en su calidad de persona con discapacidad.para garantizarle el suministro permanente y oportuno del material de curación y todos los insumos y medicinas que requiere de manera constante e ininterrumpida para la realización del aseo quirúrgico necesario con motivo de las úlceras que presenta en la región sacra." En su escrito de demanda, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós se realizó pronunciamiento respecto de la suspensión de plano, y el veintiuno de septiembre de ese año, previa ratificación se admitió a trámite; se formó el expediente respectivo; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de proporcionar atención médica, material de curación, insumos y medicina para la curación de las úlceras que presenta. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Contra lo referido por el Ministerio Público Federal en su pedimento 497/2022, es cierto el acto reclamado al Director de la clínica hospital de Zamora, Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Sociedad y Encargada de Farmacia de la clínica hospital de esa institución, pues aun cuando en el informe justificado se haya aceptado parcialmente, lo cierto es que allegó diversas constancias con las cuales acreditó que se programó y efectuó la atención y valoración médica correspondiente a la quejosa; de ahí que deba tenerse por cierto el acto reclamado. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. QUINTO. Improcedencia del juicio. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, esta potestad federal considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De la norma transcrita se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías y, en consecuencia, sus efectos, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto tiene sustento en la jurisprudencia 9/98 definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la demanda de garantías, derivadas del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio sobrevino la causa de improcedencia antes referida. Ahora bien, la quejosa, en su libelo constitucional, reclama la omisión de proporcionar atención médica para la curación de las úlceras que presenta en la región sacra. Sin embargo, de las pruebas acompañadas al informe justificado se observa que desde el ocho de abril y dos de mayo de dos mil veintidós se detectaron úlceras en diversas zonas del cuerpo, se realizó aseo quirúrgico para la resolución de las úlceras advertidas, las cuales presentaban esfacelo necrótico y olor fétido, con notable mejoría, por lo que se determinó su alta médica por medio de ambulancia; asimismo el veintiocho de mayo y quince de junio de dos mil veintidós, se realizó tratamiento por medicina interna y cirugía por úlcera sacra con estancia hospitalaria, con cita abierta a urgencias en caso de cualquier eventualidad, cita a curación de herida sacra o realizar curaciones en casa y cita en un mes a cirugía en ambulancia, ordenando alta a domicilio en ambulancia (fojas 74 y 75). De igual forma, se advierte que el veinte y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, acudió un familiar y se proporcionó medicamento, reiterando cita programada. El once de octubre de dos mil veintidós, se realizó valoración por cirugía general en urgencias, apreciando úlcera en zona sacra y muslo/glúteo, ambas heridas sin datos de infección, granulando en forma lenta pero progresiva, indicando dos curaciones por día en casa o hospital, con revisión cada mes en urgencias, con recomendación de atención hospitalaria para mayor recuperación y atención integral. Luego, del expediente clínico allegado a los autos se observa que la paciente recibió la atención médica correspondiente para tratar las úlceras presentadas, y que estas al once de octubre de dos mil veintidós se encontraban sin datos de infección, ordenando su revisión cada mes en urgencias. De modo que, para efectos de este juicio de amparo, debe concluirse que han cesado los efectos de la omisión de atención médica reclamada. Ello es así puesto que se le proporcionó la atención médica, tratamiento y curación prescrita, evidenciándose de este modo, que los efectos de la falta de atención médica reclamada han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Lo anterior sin que pase inadvertido lo manifestado por la quejosa en su libelo inicial, con relación a que no se le ha suministrado el material de curación necesario, pues lo cierto es que la responsable precisó en su informe que no se cuenta con dato de que se haya acudido a solicitar el material necesario para su curación; aunado a que de las constancias allegadas al sumario se obtiene que ha sido valorada y atendida por los médicos especialistas para tratar las úlceras advertidas, y realizadas las curaciones necesarias; de ahí que se estima que se procedió a brindar la atención médica especializada correspondiente conforme a las condiciones de la paciente. Más aun que al realizar la valoración de cirugía general en urgencias el once de octubre de dos mil veintidós, el doctor Hernández Durán prescribió que debían realizarse dos curaciones al día en el hospital, con revisiones cada mes en urgencias, y recomendó la atención permanente de la quejosa en el hospital para lograr su pronta recuperación de las úlceras y evitar otras. Todo lo cual evidencia que la quejosa será atendida con posterioridad con motivo del padecimiento que aquí se reclama. Máxime si se toma en cuenta que este juzgado federal no puede sustituirse a la institución médica y los especialistas en relación con la valoración diagnóstica y determinación sobre el mejor tratamiento aplicable al caso específico de la quejosa, respecto de las úlceras advertidas, ya que ello corresponde, bajo su responsabilidad al cuerpo médico respectivo. Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio conforme a la fracción V del artículo 63 del mencionado ordenamiento. Ante tal conclusión, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". No resta más que indicar que no se hará especial referencia a los alegatos formulados por el asesor jurídico del quejoso, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por******************** contra el acto y autoridades que quedaron precisadas, por los motivos y razones indicadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy seis de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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