Ma. Guadalupe León González
Expediente 1189/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe León González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Morelia, Michoacán, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE FORMA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número VI-1189/2023, promovido por Ma. Guadalupe León González, por propio derecho. SOLICITUD DE INFORMES PREVIOS Pídase informe previo a las autoridades responsables, las que deberán: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberán hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando a su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395. Además, deberán precisar bajo protesta de decir verdad que dicho informe coincide con su original. Asimismo, sólo en el caso de que estimen indispensable remitir constancias junto con su informe, deberán formular la protesta antes referida, también respecto de las constancias anexadas. Apercibidas que, de no hacerlo, se le impondrá, en lo individual, una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Debe aclararse que si bien en términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia incidental debe programarse dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores a la emisión del presente proveído, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, así como a la naturaleza misma del asunto que nos ocupa, es que dicha audiencia se fijó para la fecha y hora apuntada. Máxime que es un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que en los asuntos donde se ha fijado la fecha de la audiencia dentro del plazo legal referido, constantemente se difiere por falta de informes previos, recargando innecesariamente la agenda y las labores diarias de este juzgado de Distrito. Sin que dicha determinación constituya una afectación a las partes, en la medida que lo que se busca es evitar una serie de diferimientos y carga de trabajo innecesarios; y en su lugar programar la audiencia para una fecha más remota, aunque asegurando en mayor medida su celebración. Ello en aras de privilegiar los principios de economía procesal y gestionar de una manera los recursos humanos y materiales con los que cuenta este juzgado; lo cual en conjunto beneficia el derecho de acceso a una justicia pronta en beneficio de las partes. Apoya lo anterior la siguiente tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TERMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA". PRUEBAS Se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que la parte quejosa acompañó al escrito inicial de demanda, en términos del artículo 119 de la ley en aplicación; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Con fundamento en los artículos 128, 138, 146, fracción I, y 147, este juzgado advierte de la demanda de amparo que como ACTOS RECLAMADOS la parte quejosa impugna sustancialmente: Las determinaciones contenidas en los oficios 385/2023 y 386/2023, mediante los cuales se consideró que la compactación del sueldo base y la compensación mensual no se puede considerar para calcular el monto de las cantidades que corresponden para la obtención de jubilación, así como la ejecución de tales oficios, por parte del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, a través de la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, así como la emisión de los diversos acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado y su cumplimiento. Debe precisarse que la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos de que se mantengan las cosas en el etado en el que se encuentran, respecto de lo cual este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente. Así las cosas, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA2" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 20133". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados se presumen ciertos atendiendo a las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que en relación a los oficios reclamados y su ejecución, las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Por su naturaleza, los oficios reclamados en sus efectos, son susceptibles a la medida cautelar solicitada, ya que de ejecutarse se podrían afectar a la parte quejosa de los derechos de jubilación al no considerarse los conceptos que alude en su demanda, lo que implicaría un perjuicio económico para su subsistencia como jubilado de la dependencia del gobierno estatal para la cual labora. (iv) Interés jurídico o legítimo. En este apartado se analiza si el acto del que se duele la parte quejosa incide en su esfera jurídica; es decir, se debe demostrar, por lo menos indiciariamente, que la posible afectación al inmueble que defiende afecta a su esfera jurídica. En el caso, se advierte que la promovente de este juicio, acude en defensa de un interés jurídico al pretender defender los derechos humanos que pudieran afectarse derivado de la negativa de autorizar la compactación de su salario nominal y su compensación; de ahí que el acto reclamado puede causar una afectación directa a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". En el caso, la parte quejosa acredita indiciariamente su interés suspensional con las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda. (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el presente caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público; y en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este juzgador debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si no se ejecutaren los oficios reclamados, hasta este momento, no parece, a partir de un análisis preliminar, que pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada y continuarse con su trámite jubilatorio sin compactarse su salario nominal y su compensación, se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, al calcularse el monto que recibirá por tal concepto, tomando en consideración menores cantidades que las esperadas, lo cual implicaría un perjuicio económico para su subsistencia como jubilada de la institución judicial para la que laboraba, con lo que es posible que se le ocasione una afectación de sus derechos sustantivos. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que en relación con los efectos del acto reclamado, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Además, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Ma. Guadalupe León González, la medida cautelar que solicita, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, si a la fecha no se han ejecutado las determinaciones de once de agosto de dos mil veintitrés, emitidas por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con motivo de los oficios 385/2023 y 386/2023, y ya se había otorgado la pensión jubilatoria con base en la compactación del sueldo nominal y su compensación, no se realicen actos que tiendan a ello. Lo anterior hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre suspensión definitiva que se dicte en el presente cuaderno incidental. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2011840 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 956 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." NO SE FIJA GARANTÍA Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, sin que se haga necesario fijar garantía a la parte quejosa, en atención a que, de momento no se advierte que exista tercero interesado a quien pueda afectar la presente medida SALVEDADES La suspensión que se concede no surte efecto alguno si a la fecha aún no se determina a favor de la quejosa su pensión jubilatoria y el monto que la integra, pues la medida cautelar en este punto, no puede constituir derechos que no tenía el quejoso antes de promover el amparo; tampoco opera la suspensión respecto pagos de jubilación o devoluciones de cantidades ya realizadas hasta este momento; ni si los reclamados son de fecha posterior a la presentación de la demanda o provengan de autoridades distintas a las señaladas como responsables. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de que no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. AUTORIZACIÓN DE COPIAS E INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretario que autoriza. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA Y SE ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria correspondiente a la sesión ordinaria de diez de noviembre del año en curso, emitida dentro del conflicto competencial ******************** de su índice, derivado del juicio de amparo indirecto VI-1189/2023, promovido por ********************, por propio derecho, del control de este juzgado; acúsese recibo. SENTIDO DE LA EJECUTORIA En ese sentido, se toma conocimiento que el tribunal de alzada mediante la aludida ejecutoria, resolvió: "ÚNICO. Se declara competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en términos de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, dado el sentido de la anterior determinación, se provee lo siguiente: ADMISIÓN DE LA DEMANDA Admítase la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Director de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con apoyo en el segundo párrafo, del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que deberán: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberán hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrán de precisar que dicho informe y las constancias que anexan a aquél, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya se haga necesario que las presenten directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíen tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá, en lo individual, una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables para que informen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de las autoridades responsables. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Además, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al fiscal adscrito la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario correspondiente; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con copia de la demanda fórmese incidente de suspensión en un solo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. REQUERIMIENTO A LAS PARTES Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término tres días que se concedió a la parte quejosa mediante acuerdo de tres de octubre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ANTECEDENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO En sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a la quejosa Catalina Santibáñez Núñez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio presentado ante este juzgado el dos de octubre del año en curso, la presidenta del tribunal responsable remitió copia certificada del laudo emitido el dieciocho de septiembre de la presente anualidad. Constancia con la cual se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. En consecuencia, lo procedente es otorgar a la quejosa Catalina Santibáñez Núñez, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, realizó lo siguiente: El Dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictó laudo en el juicio laboral 338/2016. SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Del análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la ley en la materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes relativas al presente proveído y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar este acuerdo. JUICIO SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. NO EXISTEN CUADERNOS DE SUSPENSIÓN Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, a seis de octubre de dos mil veintitrés. JUEZ DE DISTRITO NO ACEPTA COMPETENCIA Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual informa que determinó no aceptar la competencia propuesta por este juzgado, al considerar que la misma se surte en favor de este juzgado, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito judicial, como lo establece el numeral 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, este juzgado federal de manera respetuosa no comparte los razonamientos sostenidos por el similar Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, e insiste en declinar la competencia planteada para conocer del presente juicio de amparo, por las consideraciones expuestas en el auto de trece de septiembre del año en curso. Al respecto, conviene precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado el consistente en: La negativa y/o rechazo de reconocer la compactación del sueldo base y compensación mensual, así como la emisión de los diversos acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado y su cumplimiento. Actos reclamados que, el que suscribe estima, en principio, que como la quejosa se desempeñaba como Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán; aunado a que, de las documentales que la amparista acompañó a su escrito de demanda, actualmente tiene su domicilio en ese municipio; y, los actos aquí reclamados tienen efectos en su patrimonio. Aquél lugar donde tiene competencia dicho Juez Federal, ello es así, toda vez que si bien la juez declinante estima que la generación y ejecución de los oficios materia del reclamo, son lo que dieron lugar a la afectación resentida por la parte quejosa; lo cierto es que los efectos de los actos reclamado se verán reflejados en su patrimonio, mismo que, como se anotó, el domicilio de la amparista se encuentra en Apatzingán, Michoacán. De ahí que, de conformidad con la regla estatuida en el primer párrafo del referido precepto 37, será competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, por tanto, el conocimiento del asunto en que se actúa le corresponde al mencionado Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, precisamente porque dicho órgano es quien tiene jurisdicción donde tendrán efectos los actos reclamados. Lo anterior con independencia de la procedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado por ser o no definitivo, ya que para la competencia por territorio debe atenderse en el caso a la ejecución del acto reclamado, misma que, como ya se precisó se estima, tiene lugar en Apatzingán, Michoacán. Por tanto, se considera que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de aquéllos que conlleva inmersa una ejecución material. Bajo ese orden de ideas, y toda vez que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, no aceptó la competencia planteada y este órgano jurisdiccional, insiste en declinar la incompetencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación al acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en Turno de este Circuito en esta ciudad, a fin de que resuelva el presente conflicto competencial; asimismo, dese aviso al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, para que exponga lo que estime conducente respecto a la incompetencia planteada, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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