Ma. Guadalupe Ávalos Ponce

Expediente 578/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
578/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Ávalos Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El Secretario CERTIFICA: Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo a la parte quejosa para interponer recurso de revisión, transcurrió del trece al veintiséis de julio de dos mil diecisiete, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno; asimismo: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión y no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que no existen tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a uno de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho con la certificación que antecede. Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, a uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de cinco de julio del año en curso que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además se determina que tanto el presente expediente como el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en cuanto al primero se decretó el sobreseimiento y por lo que respecta al segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en consecuencia, el mencionado incidente glósese al presente expediente. OTRAS CONSIDERACIONES. Se advierte que ninguna de las partes allegó documento alguno que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se apertura incidente de suspensión y tampoco se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles/EANL

  2. Principal

    El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 10072. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado por Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (por conducto del Gerente de lo Contencioso, de la Comisión Nacional del Agua, Órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), del que se advierte rinde informe justificado; lo anterior, en atención a que por resolución de cinco del mes y año en curso se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. DOY FE. Ángeles

  3. Principal

    En cinco de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el oficio y anexos registrado bajo el folio 9220. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, residente en Guadalupe (por conducto de la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, en suplencia por ausencia); asimismo, de conformidad con el numeral 9 de la Ley de la materia en consulta, ténganse como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona en su comunicado. De igual forma, se le tiene por exhibiendo testimonio autorizado de la resolución título número BOO.44.1.12244/3749 de tres de julio de dos mil catorce, del que se advierte se otorgó a la impetrante del amaro Ma. Guadalupe Ávalos Ponce la transmisión parcial y definitiva de derecho de agua CNA-01-013 autorización para la transmisión de títulos y su registro, modalidad a) general, a nombre de la unidad de riego La Cascarona (Panteón), para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de cien mil metros cúbicos anuales en los términos de dicho título; así como copia certificada del acta de notificación del aludido documento hecha a la parte quejosa de treinta de junio del presente año. Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele la justiciable, consistente en la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, esto es, la falta de expedición en favor de la quejosa del título de concesión y su registro que le permita usar, explotar y/o aprovechar aguas nacionales con un volumen de cien mil metros cúbicos anuales para uso agrícola; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, de las constancias de cuenta, consistentes en copia certificada de la resolución título número BOO.44.1.12244/3749 de tres de julio de dos mil catorce, en la que se otorgó a Ma. Guadalupe Ávalos Ponce la transmisión parcial y definitiva de derecho de agua CNA-01-013 autorización para la transmisión de títulos y su registro, modalidad a) general, a nombre de la unidad de riego La Cascarona (Panteón), para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de cien mil metros cúbicos anuales en los términos de dicho título; así como copia certificada del acta de notificación del aludido documento hecha a la parte quejosa de treinta de junio del presente año; a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que la omisión de expedir a favor de la quejosa en cita, título de concesión y su registro para la explotación y/o aprovechamiento de aguas nacionales para uso agrícola, ha sido colmada por la autoridad responsable, al haber emitido las constancias antes aludidas. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable se pronunció sobre la solicitud de expedición de título, registrado con el número ZAC-L-1698-18-11-11 hecha por la parte quejosa; esto es, expidió en su favor título para la explotación y/o aprovechamiento de aguas nacionales por un volumen de cien mil metros cúbicos anuales, el cual fue notificado a la impetrante del amparo el treinta de junio del presente año; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con veinte minutos del siete de julio de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, residente en Guadalupe (por conducto de la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, en suplencia por ausencia); asimismo, de conformidad con el numeral 9 de la Ley de la materia en consulta, ténganse como delegados de la citada autoridad a los profesionistas que menciona en su comunicado. De igual forma, se le tiene por exhibiendo testimonio autorizado de la resolución título número BOO.44.1.12244/3749 de tres de julio de dos mil catorce, del que se advierte se otorgó a la impetrante del amaro Ma. Guadalupe Ávalos Ponce la transmisión parcial y definitiva de derecho de agua CNA-01-013 autorización para la transmisión de títulos y su registro, modalidad a) general, a nombre de la unidad de riego La Cascarona (Panteón), para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de cien mil metros cúbicos anuales en los términos de dicho título; así como copia certificada del acta de notificación del aludido documento hecha a la parte quejosa de treinta de junio del presente año. Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto al acto del que se duele la justiciable, consistente en la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable, esto es, la falta de expedición en favor de la quejosa del título de concesión y su registro que le permita usar, explotar y/o aprovechar aguas nacionales con un volumen de cien mil metros cúbicos anuales para uso agrícola; ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. En el caso que nos ocupa, de las constancias de cuenta, consistentes en copia certificada de la resolución título número BOO.44.1.12244/3749 de tres de julio de dos mil catorce, en la que se otorgó a Ma. Guadalupe Ávalos Ponce la transmisión parcial y definitiva de derecho de agua CNA-01-013 autorización para la transmisión de títulos y su registro, modalidad a) general, a nombre de la unidad de riego La Cascarona (Panteón), para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de cien mil metros cúbicos anuales en los términos de dicho título; así como copia certificada del acta de notificación del aludido documento hecha a la parte quejosa de treinta de junio del presente año; a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que la omisión de expedir a favor de la quejosa en cita, título de concesión y su registro para la explotación y/o aprovechamiento de aguas nacionales para uso agrícola, ha sido colmada por la autoridad responsable, al haber emitido las constancias antes aludidas. En relación a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable se pronunció sobre la solicitud de expedición de título, registrado con el número ZAC-L-1698-18-11-11 hecha por la parte quejosa; esto es, expidió en su favor título para la explotación y/o aprovechamiento de aguas nacionales por un volumen de cien mil metros cúbicos anuales, el cual fue notificado a la impetrante del amparo el treinta de junio del presente año; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las nueve horas con veinte minutos del siete de julio de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. "

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