Ma. Gabriela Navarro Vidales

Expediente 499/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
499/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • Ma. Gabriela Navarro Vidales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En siete de agosto de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión transcurrió del dieciocho al treinta y uno de julio del año en curso, sin que lo haya hecho, dentro del juicio de amparo 499/2018. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión, por tanto, no se exhibió billete de depósito por el cual se deba proveer. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a siete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de julio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el juicio en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Enrique.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con treinta minutos del quince de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 499/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inicia su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario da cuenta con el pedimento registrado bajo el número 10172 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el juez acuerda, téngase por recibido el pedimento de referencia, dese cuenta con el mismo en la etapa respectiva y por cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa dicha copia, una vez que obre en autos. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por el Congreso del Estado de Zacatecas (por conducto del director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos) (fojas 60-99), Gobernador del Estado de Zacatecas (a través del coordinador General Jurídico) (fojas 29-58) y, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (fojas 106-159). A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con la documental ofrecida por la quejosa con su escrito de demanda (foja 195); asimismo, con el cd que remitió la legislatura responsable (foja 99), así como con las diversas documentales exhibidas por el secretario responsable (fojas 159 y 291), ambas autoridades en apoyo a su informe justificado. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los ofrecidos por el autorizado de la quejosa visible a foja 26 y por la Agente del Ministerio Público de la adscripción en su pedimento de cuenta. El juez acuerda: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por reproducidos y perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 499/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ma. Gabriela Navarro Vidales demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: "IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- COMO AUTORIDAD ORDENADORA.- LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS; COMO AUTORIDAD EJECUTORA: EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR MEDIO DE LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE ZACATECAS; COMO AUTORIDAD EJECUTORA: LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS. V.- ACTOS RECLAMADOS.- A) La discusión, aprobación y expedición y la promulgación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, específicamente en cuanto a los artículos 78 a 88 y 99 en el ámbito de sus respectivas competencias legales. B) La recaudación del pago efectuado con fundamento en los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama." Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (foja 166) y, en quince de agosto de la citada anualidad se dictó la sentencia correspondiente (fojas 167-180). TERCERO. La anterior resolución fue recurrida por el Gobernador del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, así como la quejosa interpuso recurso de revisión adhesiva, por lo que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en sesión de treinta de mayo de dos mil diecinueve en el amparo en revisión administrativo 827/2018, resolvió revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que se dejara insubsistente la audiencia constitucional de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se repusiera el procedimiento, y se requiriera al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que informara si obraba en sus archivos, recibo en el que constara de manera fehaciente, el pago realizado por la quejosa del impuesto adicional para infraestructura en fechas anteriores a enero de dos mil dieciocho, y en su caso remitiera copia certificada de las constancias que lo acreditaran, hecho lo anterior, previa celebración de la audiencia constitucional, se emitiera la sentencia correspondiente y; decretó infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la quejosa. CUARTO. En cumplimiento a esa resolución, el seis de junio del presente año, este órgano jurisdiccional ordenó reponer el procedimiento, y requirió al secretario de Finanzas en los términos señalados por el referido Tribunal Colegiado (foja 279). En atención a lo anterior, por oficio PF/1688/19 dicha autoridad comunicó que la prueba fehaciente y necesaria para acreditar la causal de improcedencia invocada por dicha responsable obraba como anexo con su informe justificado, no obstante remitió el comprobante fiscal X-472268. Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verifica en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: I. Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, en el ámbito de sus atribuciones, la expedición y promulgación de: a) El artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, "publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis", que prevé el derecho de control vehicular. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa controvierte expresamente el contenido del derogado precepto legal y no el vigente, pues se controvierten las diversas tarifas que se establecían en función de la antigüedad y tipo de vehículo, y no en relación a la cuota única por concepto de derecho de control vehicular prevista en el citado precepto legal en su texto actual. b) Los numerales 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que establecen el impuesto adicional para la Infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. II. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: a) La recaudación del pago derivado de los citados preceptos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. En el ámbito de sus atribuciones, son ciertos los actos reclamados a la LXII Legislatura (fojas 60 y 61), Gobernador (fojas 29 a 31), ambos del Estado de Zacatecas, consistentes en los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". En el mismo sentido, es cierto el acto consistente en la recaudación y cobro del derecho de control vehicular, del impuesto adicional para la infraestructura y el adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues así lo reconoció el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe de ley (fojas 106 a 108); afirmación que se encuentra robustecida con el comprobante de pago con número de folio V 185906 (66 A), de dichas documentales se advierte que la Secretaría de Finanzas responsable recaudó los impuestos y el derecho que se le atribuye (foja 195). En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la solicitante del amparo erogó en favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas la cantidad de $1,352.00 (mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) entre otros, por los conceptos de derecho de control vehicular, impuesto adicional para la infraestructura e impuesto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tal y como se advierte del recibo que se acompañó a la demanda de amparo. Las contribuciones anteriores constituyen la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Causal de improcedencia. [Hipótesis no actualizada]. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo [desestimada]. Por otro lado, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 295), manifestó que la parte quejosa impugna diversos decretos que si bien están relacionados, deben ser analizados en forma separada y no en su conjunto. El planteamiento sintetizado debe desestimarse, ya que si bien es cierto que el estudio de las causales de improcedencia es de orden público; sin embargo, ello no significa que el juzgador de amparo esté obligado a realizar el estudio de todas las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia y desvirtuarlas por el método de exclusión, pues el estudio relativo sólo se debe realizar cuando se advierta la actualización de alguna, ya que en caso contrario, no existe obligación de hacer una mención específica. En este orden de ideas, no basta con que las partes aduzcan de manera genérica que se debe sobreseer en el juicio, sino que deben especificar cuál es la causal de improcedencia que se actualiza y formular los razonamientos respectivos tendentes a acreditarla, pues de otra forma, el Juez de amparo no tendrá la obligación de analizar ese planteamiento genérico, como acontece en la especie. SEXTO. Causal de Improcedencia [Hipótesis actualizada]. Fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. El Gobernador del Estado de Zacatecas (fojas 50 a 57) y la Legislatura del Estado (fojas 62 a 65), al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues, aducen sustancialmente que los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto adicional para la infraestructura, iniciaron su vigencia el uno de enero de dos mil diecisiete, sin que fueran modificados con motivo de la expedición del artículo 99 del citado ordenamiento legal; aducen las responsables que del comprobante de pago exhibido por la parte quejosa, se advierte que esta última únicamente pagó el impuesto adicional relativo al ejercicio dos mil dieciocho, por lo que puede colegirse válidamente que dicha parte quejosa pagó el impuesto adicional en el ejercicio dos mil diecisiete, es decir, que no impugna el primer acto de aplicación de los citados artículos, toda vez que la demanda se presentó fuera del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, de ahí que, dicen las responsables, debe entenderse que consintió tácitamente los actos que hoy reclama extemporáneamente. La Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, mediante pedimento registrado con el número 10172 (foja 295), manifestó que en el caso se actualizaba la causal de referencia, en razón de que la hoy quejosa pretende impugnar el pago de una contribución del año dos mil diecisiete, la cual en su momento se conformó y ahora no sería factible ni jurídicamente posible, pues dicho periodo ya concluyó. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su informe justificado señala que se actualiza la causal de improcedencia en estudio (fojas 108 a 118), específicamente sobre el impuesto adicional para la infraestructura porque la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de las contribuciones reclamadas en ejercicios fiscales anteriores al dos mil dieciocho, lo que se desprende del ticket con folio X 8257903 correspondiente al pago de contribuciones del ejercicio fiscal dos mil diecisiete que efectuó en aquél momento la solicitante del amparo; por tanto, considera que previo al pago de las contribuciones para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la parte quejosa erogó los impuestos reclamados el tres de enero de dos mil diecisiete, cumpliendo la individualización de la norma, cuya inconstitucionalidad reclama, por ende, en ese instante comenzó a transcurrir el plazo de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga a los gobernados para solicitar el amparo, feneciendo el veinticuatro de enero de ese año. A fin de acreditar su dicho, el Secretario responsable exhibió una copia certificada del comprobante de pago número X 8257903 de tres de enero de dos mil diecisiete (foja 159), así como del comprobante fiscal X 472268 de los que se desprenden diversos conceptos de pago, entre ellos, el impuesto adicional para la infraestructura, por la cantidad de $405.00 (cuatrocientos cinco pesos con 00/100 M. N.). Para ello, señala que el ticket correspondiente al año dos mil diecisiete fue obtenido del Sistema Integral de Información Financiera, el cual funciona como respaldo de todos aquellos recibos que son emitidos por la propia Secretaria una vez que son pagados por los contribuyentes; por tanto, aduce que el mismo debe tener eficacia probatoria plena a efecto de tener por comprobada la causal de improcedencia denunciada. Aunado a lo anterior, afirma que el Comprobante Fiscal Digital cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual es generado como comprobante de que el Estado obtuvo dicho ingreso durante un ejercicio fiscal determinado; del cual concluye, que al ser un documento eficaz y pleno se deba tener que la parte quejosa erogó en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la contribución correspondiente al impuesto adicional para la infraestructura, constituyéndose así el primer acto de aplicación de dichas normas. Lo anterior resulta fundado por las siguientes consideraciones: Con el ánimo de exponer la conclusión alcanzada, es menester tener presente que los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Asimismo, cabe puntualizar que, de conformidad con la técnica del juicio de amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo, como la que ahora nos ocupa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de su aplicación, ya que, en principio el juzgador está compelido a examinar si el juicio constitucional resulta procedente contra el acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio de la parte quejosa, y si en relación con él no se justifica una diversa causa de improcedencia; de no ser así procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; empero, de resultar procedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad de la disposición impugnada y resolverse lo conducente y, sólo en el caso de que se determine negar la protección de la Justicia de la Unión, procede abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto de aplicación; por ende, por regla general, no es factible analizar cuestiones de legalidad antes de la constitucionalidad de la norma reclamada. Al caso, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de registro 191311, cuyo contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En relación al denominado Comprobante Fiscal Digital adjuntado como prueba por la autoridad responsable mencionada, debe otorgársele valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual debe atenderse preponderadamente a la fiabilidad del método en que haya sido generado y si el contenido de la información es atribuible a las personas obligadas. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de 2ª./J. 24/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Así, de dicho comprobante digital se advierten diversas características que tornan el mismo en un medio de eficaz convicción, tales como la cadena de caracteres denominados sello digital y cadena original de certificación digital, ambos validados por el Sistema de Administración Tributaria, así como el registro federal de contribuyentes de la parte quejosa, la fecha y hora de pago, la forma de pago, el periodo, el impuesto y la cantidad que se pagó, llegando a la conclusión de que el mismo es idóneo para determinar que la parte quejosa en el ejercicio dos mil diecisiete erogó diversas cantidades a efecto de pagar el impuesto adicional para la infraestructura. Lo cual se adminicula estrechamente con el ticket obtenido del Sistema Integral de Información Financiera de la Secretaria de Finanzas del Estado, pues el mismo refiere idénticos datos relativos a la fecha, número de recibo y cantidades erogadas por el contribuyente, ahora parte quejosa, respecto del impuesto adicional a la infraestructura en el mencionado ejercicio fiscal; generando así, identidad y relación entre ambos documentos. Al respecto, de los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación que se desprenden, tanto del Comprobante Fiscal Digital X 472268 como del ticket X 8257903, se tiene que el tres de enero de dos mil diecisiete la parte quejosa erogó lo relativo al impuesto adicional de infraestructura, así como lo relativo a la Universidad Autónoma de Zacatecas, por tanto, si desde el citado momento se aplicó a su esfera jurídica lo atinente a los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es indudable que este juicio constitucional no se promovió con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior. Esto es así, pues los numerales 78 a 88 de la ley hacendaria referida no sufrieron modificación alguna a través de Decreto 273, por virtud del cual únicamente fue reformado el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, quedando dichos numerales intocados desde su expedición a través del diverso Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.183 A emitida por el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 1351, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno." Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en relación al comprobante fiscal digital con número de folio X-472268, se haya establecido como fecha de emisión la de diez de junio de dos mil diecinueve, pues esto no conlleva a colegir que esta haya sido la data en la que se enteraron las contribuciones a que se hace referencia en los documentos en estudio, pues del contenido del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha de expedición de las facturas, se advierte que si bien los contribuyentes están obligados a emitir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, mediante documentos digitales, esto se encuentra supeditado a que las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones soliciten el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. De ahí que hasta en tanto se solicite el respectivo comprobante fiscal, el contribuyente obligado deberá expedir la factura; lo cual conlleva a aseverar que el incumplimiento de la obligación de solicitar el comprobante fiscal digital por internet al momento de haberse realizado el pago del tributo de que se habla, no hace ineficaz la factura electrónica expedida con posterioridad al pago del impuesto que se realizó, al tratarse de aspectos no atribuibles a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, sino a la aquí parte quejosa, amén que tampoco se encuentra prevista como consecuencia legal la ineficacia de las facturas electrónicas, ante la omisión de un tercero de solicitarla al momento de recibir el servicio o de adquirir un bien. Aunado a lo anterior, es de destacarse que la parte quejosa en ningún momento ha tildado de falso el pago del impuesto para la infraestructura en el ejercicio fiscal de 2017, que la responsable Secretaria de Finanzas en esta entidad, argumenta que aconteció, y que acredita con base en el comprobante fiscal digital con número de folio X-472268, que a su vez se correlaciona con el ticket con número de folio X 8257903 (fojas 291 y 159) que anexó a su oficio PF/0666/19 y con su informe justificado, pues del informe justificado, así como del oficio y anexos en comento se le dio vista a las partes por acuerdos de veinte de abril de dos mil dieciocho y trece de junio de dos mil diecinueve, y además los mismos se relacionaron de nueva cuenta en la audiencia constitucional, sin que las partes hubieran manifestado algo al respecto. En ese contexto, en relación a los actos de aplicación relativos, únicamente, al pago del impuesto referido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio respecto de los actos de aplicación del pago del impuesto en estudio, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, en relación de los dispositivos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pues no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que éste acto es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no por sí sola la ley considerada en abstracto. Por último, éste órgano jurisdiccional debe precisar que para que opere la suplencia de la queja deficiente a favor de la pare quejosa, tratándose de que cuando un ulterior acto de aplicación se sustente en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es menester que la norma legal aplicada en perjuicio del gobernado sea precisamente la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea, a través de jurisprudencia específica o temática. En ese sentido, de la contradicción de tesis 25/2006-PL resuelta por el Pleno del más alto tribunal de nuestro país, estipuló que la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contraria a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revele un nivel de abstracción de tal índole, que evidencie el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Ahora bien, si bien es cierto que éste órgano de amparo tiene conocimiento de la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 126/2013 (10a) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", la misma no puede considerarse como un criterio genérico aplicable a cualquier texto legal del sistema jurídico mexicano, esto es, una tesis de jurisprudencia denominada "temática", pues la misma no establece que todo aquel impuesto que grave en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica viole el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal; sino más bien, se trata de una jurisprudencia especifica que versa sobre un texto legal determinado que precisa su sentido en relación con la propia Constitución Federal, con el objeto de puntualizar la conducta jurídica prohibida. Además, en la contradicción de tesis aludida, se establece la necesidad de que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare que el vicio legislativo alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, pues es a la propia Corte a quien le corresponde definir criterios de tal naturaleza, los cuales implican un análisis genérico de los supuestos normativos que por ningún motivo o razón podrían encontrar cobijo en un sistema constitucional que a todas luces los repele. Por tanto, no es procedente suplir la queja deficiente tratándose del ulterior acto de aplicación, en términos de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Improcedencia del juicio, artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en su texto anterior a la reforma de veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Debe sobreseerse en el juicio en relación con el precepto destacado, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se encuentra acreditado el acto de aplicación base del perjuicio materia de la demanda de amparo. En términos de la fracción citada, en el juicio de amparo contra leyes, el interés jurídico presupone que aquéllas hayan irrumpido en la individualidad del gobernado que acude a la vía constitucional, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea por la sola vigencia o porque se le haya aplicado, alterando su ámbito de acción; es decir, la ley general, abstracta e impersonal, debe producir efectos en forma particular, concreta y particular en su destinatario, que por ello puede acudir al juicio de amparo. Así, la norma efectivamente aplicada es la que lesiona la esfera jurídica del particular y por ello es la que legítimamente puede ser impugnada y analizada en la vía constitucional. El artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio (autoaplicativas); II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada (heteroaplicativas). Así pues, en tratándose de amparo contra normas generales heteroaplicativas, es necesario que exista un acto concreto de aplicación que cause perjuicio al quejoso, pues la sola vigencia de éstas no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Es decir, las leyes heteroaplicativas requieren que se cumpla la condición contenida en ellas para poderse individualizar en los gobernados, ya que las obligaciones previstas no surgen por su sola entrada en vigor. De ahí que cuando se reclame una norma, pero ésta requiera de un acto concreto de aplicación para causar perjuicio, si no existe éste, el juicio de amparo resulta improcedente. Es sustento de lo considerado, en lo conducente, resulta de soporte la tesis P. LXXXV/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio". Por tanto, la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una norma con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, dado que dicho acto constituye el presupuesto para que se pueda constatar la existencia del perjuicio en la esfera jurídica del gobernado. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama el artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, en su texto anterior a la reforma publicada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que dispone: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: Vehículos de servicio público y particular: CONCEPTO IMPORTE Del año en curso. $2,350.00 Con un año de antigüedad. $2,150.00 Con dos años de antigüedad. $1,950.00 Con tres años de antigüedad. $1,750.00 Con cuatro años de antigüedad. $1,550.00 Con cinco y más años de antigüedad. $1,350.00 Remolques:............. $700.00 Motocicletas:............ $400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado". Del precepto trascrito se infiere que el derecho por control vehicular en el Estado de Zacatecas debe erogarse en función de la antigüedad y el tipo de vehículo de que se trate, pues se establece una cuota dependiendo de dichos parámetros. No obstante, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete se reformó el dispositivo anterior, para quedar como sigue: "ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda...............$ 2,350.00.". Del artículo transcrito se deduce que mediante la reforma legislativa destacada se estableció una cuota única por concepto del derecho por control vehicular. El contenido anterior resulta vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho, en términos del artículo 1° transitorio del decreto de reformas respectivo. De lo destacado se deduce la existencia de dos disposiciones legislativas relativas al derecho por control vehicular, respecto de la vigente ley de hacienda estatal. La primera relativa al contenido vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete; la segunda referente al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho y hasta que, en su caso, sea reformada de nueva cuenta. En el caso, la parte quejosa combate la disposición vigente para el dos mil diecisiete, pues transcribe expresamente dicho contenido normativo y los motivos de inconformidad se dirigen a combatir las distintas cuotas ahí reguladas en función del tipo y antigüedad del vehículo. Sin embargo, como acto de aplicación, allegó el recibo fiscal con folio V 185906 (66 A). Del análisis integral de dicho documento, se advierte que la amparista pagó diversas cantidades por concepto del derecho de control vehicular; no obstante, se precisó que se trataba de una contribución por el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Lo anterior implica que la norma efectivamente aplicada se integra por el artículo 99 reformado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, ya que, como se destacó, dicho contenido legal resulta aplicable para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Por tanto, resulta indudable que el artículo reclamado, numeral 99 anterior a la reforma destacada, no fue aplicado en las contribuciones base de la demanda de amparo, pues únicamente resulta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. Sin que lo anterior pueda considerarse como un error intrascendente en la demanda de amparo, debido a que, como se expuso, el contenido combatido se integra por el dispositivo vigente en el año anterior al actual, por lo que no es posible determinar que la inconformidad puede concretarse en el contenido vigente, al ser diferente éste. En consecuencia, al no existir un acto concreto de aplicación, no existe el perjuicio base de la legitimación con que se promueve la demanda de amparo, por lo que el quejoso carece de interés jurídico en relación con el numeral materia del presente considerando, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en el juicio en conformidad con el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Ma. Gabriela Navarro Vidales contra los actos reclamados del Congreso, del Gobernador y del Secretario de Finanzas del Gobierno de Zacatecas, consistentes en el artículo 99 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; así como respecto de los artículos 78 a 88 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, con motivo de su aplicación en el recibo fiscal con folio V 185906 (66 A); por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe. Jessy*

  3. Principal

    El trece de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con folio 8265 Conste. Zacatecas, Zacatecas, a trece de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por Secretario de Finanzas del Gobierno del estado, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a lo solicitado mediante auto de seis de junio de la presente anualidad, por este órgano jurisdiccional, remite el comprobante fiscal digital con el que se acredita el pago realizado por la parte quejosa de los impuestos reclamados, asimismo, hace manifestaciones respecto de la que ya obra en autos en foja 159; con dicha circunstancia, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la constancia que adjunta, misma que dada su propia y especial naturaleza se tiene por admitida y desahogada sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. Por otra parte, en cuanto a las manifestaciones que vierte en el sentido de que se requiera a la parte quejosa con apego al artículo 64 de la ley de la materia, estese a lo ordenado en proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Enrique.

  4. Principal

    El seis de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 7754. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos la promoción signada por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución pronunciada por dicho Tribunal; acúsese recibo. Agréguese al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia dictada por este Juzgado, y en su lugar ordenó reponer el procedimiento para los efectos indicados en dicha ejecutoria, asimismo, declaró infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Ma. Gabriela Navarro Vidales, parte quejosa; por tanto a fin de dar cabal cumplimiento a lo anterior, se acuerda: Requiérase al secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, informe si obra en sus archivos, recibo en el que conste de manera fehaciente, el pago realizado por la parte quejosa del impuesto adicional para la infraestructura en fechas anteriores a enero de dos mil dieciocho, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la mencionada autoridad que de hacer caso omiso al presente requerimiento, este órgano jurisdiccional resolverá el presente juicio únicamente con las constancias que obran en el expediente. Por último se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional celebrada, así como la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y en su lugar, se señalan las nueve horas con treinta minutos del quince de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Enrique.

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