Ma. Guadalupe Castruita Sánchez
Expediente 485/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Castruita Sánchez
Actuaciones
- Principal
...Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, uno de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Castruita Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 485/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que el acto reclamado a la Primera Sala Civil y de lo Familiar, del Tribunal Superior de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, se hace consistir en: La sentencia interlocutoria emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del Toca de apelación civil número 87/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa contra la diversa interlocutoria dictada en los autos del Juicio Sucesorio Intestamentario número 193/2017, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma Resolución que le fue notificada a la parte quejosa el seis de mayo de dos mil veintiuno, por medio de cédula fijada en su domicilio. Ahora, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende que: 1. Ante el Juez Primero del Ramo Civil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, se tramita el Juicio Sucesorio Intestamentario número 193/2017. 2. La parte quejosa promovió incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma. 3. En resolución emitida en el Juicio de origen, se determinó que no se acreditó la acción incidental de nulidad de actuaciones judiciales y como consecuencia de ello, se ordenó proseguir la secuela legal de incidente de oposición al inventario y avalúo hecho valer por la demandada incidental. DESECHAMIENTO. En atención al acto reclamado y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La interpretación del precepto transcrito revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que el quejoso reclama el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en el que no se admitió la acumulación solicitada, dentro del juicio sumario número 368/2014. Por su parte, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, los antecedentes puntualizados permiten tener la certeza de cuál es el estadio real del trámite sucesorio en el que se emitió la sentencia interlocutoria emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del Toca de apelación civil número 87/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa contra la diversa interlocutoria dictada en los autos del Juicio Sucesorio Intestamentario número 193/2017, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma, es decir, se encuentra en la etapa de inventarios. En efecto, el artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, dispone lo siguiente: "Artículo 770.- En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones pueden tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: I.- Sección Primera, denominada "De sucesión". Contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II.- Sección Segunda, que se designará "De inventarios". Contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal; III.- Sección Tercera, llamada "De administración". Contendrá todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; IV.- Sección Cuarta, llamada "De participación". Contendrá: El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo de albacea. De lo anterior se sigue que en materia de procedimiento, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, regula cuatro etapas independientes y que son: "De sucesión". Que regula la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos. "De inventarios". Que contendrá los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal. "De administración". Que se refiere a todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; y, "De participación". Que contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Así como se ve, el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la última sección, esto es, en la de partición, la cual guarda relación con las tres primeras; la adjudicación se realiza a favor del heredero declarado y se trasmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados. Sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos, por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo en donde se pueden hacer valer las violaciones cometidas dado que las determinaciones que resuelven cada sección guardan autonomía e independencia. En tales condiciones, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que el juez de origen, emitió la resolución en la que determinó la parte incidentista no acreditó la acción incidental de nulidad de actuaciones judiciales y como consecuencia de ello, se ordenó proseguir la secuela legal de incidente de oposición al inventario y avalúo hecho valer por la demandada incidental, emitida en el procedimiento sucesorio 193/2017, esto es, sólo tiene efectos intraprocesales, pero de ningún modo, afectan derechos sustantivos, pues no limita los derechos fundamentales del individuo, considerados como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios para salvaguardar las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Ante ello, resulta evidente que tales violaciones procesales, podría quedar reparada al obtener sentencia favorable al concluir la última sección, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica, y de no ser así, las afectaciones procesales cometidas en su perjuicio, podrían ser impugnadas a través del medio ordinario de defensa legal que se haga valer en contra del referido fallo de primer grado, sí procediere y de serle adversa la resolución respectiva, las violaciones procesales en comento, serían reparables mediante el juicio de amparo indirecto que en su contra se promueva. Por tanto, los actos reclamados en el caso no son de ejecución irreparable, puesto que no tienen la naturaleza de afectar derechos sustantivos, sino que sólo constituyen violaciones intraprocesales susceptibles de repararse en amparo indirecto al promoverse la demanda contra la resolución definitiva dictada en la última sección, por lo que debe estimarse que en la especie, se está en presencia de actos que no son de ejecución irreparable, por lo que, en este momento procesal, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Es de invocarse como apoyo de lo afirmado, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Dicho en otros términos, en el caso se reclama una resolución que no constituye la decisión final de la última sección "Etapa de participación". Que contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes, sino una resolución intermedia, que no tienen la calidad de afectar algún derecho sustantivo de la quejosa, en función a que dentro de la sección denominada "de partición", aún no se ha dictado resolución en que se apruebe el proyecto de partición, de ahí que no sea de imposible reparación. Y aún más, en caso de que fuera adversa esa determinación también puede combatirla a través del juicio de amparo indirecto donde puede alegar todas las violaciones en el propio procedimiento, incluidos los actos de aplicación de los artículos que se tildan de inconstitucionales. En las condiciones apuntadas, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos reclamados no son de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos, de la Ley de Amparo (a contrariu sensu); de ahí que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por , por propio derecho. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Octavio Quintanar Sánchez (2604084), Javier García Rivera (1896143) y Felipe Contreras Soria (3015564), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por no acreditar lo anterior, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Ma. Guadalupe Triana Alvarez, Octavio Quintanar Sánchez, Ashley Quintanar Sánchez y Jesús Oswaldo Quintanar Sánchez y como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...
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EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: Zacatecas, Zacatecas, uno de junio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Castruita Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 485/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se desprende en esencia que el acto reclamado a la Primera Sala Civil y de lo Familiar, del Tribunal Superior de Justicia del estado, con residencia en esta ciudad, se hace consistir en: La sentencia interlocutoria emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del Toca de apelación civil número 87/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa contra la diversa interlocutoria dictada en los autos del Juicio Sucesorio Intestamentario número 193/2017, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma Resolución que le fue notificada a la parte quejosa el seis de mayo de dos mil veintiuno, por medio de cédula fijada en su domicilio. Ahora, del capítulo de antecedentes del acto reclamado, se desprende que: 1. Ante el Juez Primero del Ramo Civil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, se tramita el Juicio Sucesorio Intestamentario número 193/2017. 2. La parte quejosa promovió incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma. 3. En resolución emitida en el Juicio de origen, se determinó que no se acreditó la acción incidental de nulidad de actuaciones judiciales y como consecuencia de ello, se ordenó proseguir la secuela legal de incidente de oposición al inventario y avalúo hecho valer por la demandada incidental. DESECHAMIENTO. En atención al acto reclamado y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La interpretación del precepto transcrito revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Previo a explicar la anterior determinación, resulta importante destacar que el quejoso reclama el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se negó dar trámite al recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de veintidós de febrero del año en curso, en el que no se admitió la acumulación solicitada, dentro del juicio sumario número 368/2014. Por su parte, debe decirse que la Ley de Amparo vigente, específicamente en su artículo 107, fracción V, establece lo que debe entenderse por un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se observa a continuación: ".El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral antes invocado se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de lo que se sigue que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquéllos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo protegido (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, los antecedentes puntualizados permiten tener la certeza de cuál es el estadio real del trámite sucesorio en el que se emitió la sentencia interlocutoria emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dentro del Toca de apelación civil número 87/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa contra la diversa interlocutoria dictada en los autos del Juicio Sucesorio Intestamentario número 193/2017, con motivo del incidente de nulidad de actuaciones por falsedad de firma, es decir, se encuentra en la etapa de inventarios. En efecto, el artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, dispone lo siguiente: "Artículo 770.- En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones pueden tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: I.- Sección Primera, denominada "De sucesión". Contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II.- Sección Segunda, que se designará "De inventarios". Contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal; III.- Sección Tercera, llamada "De administración". Contendrá todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; IV.- Sección Cuarta, llamada "De participación". Contendrá: El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo de albacea. De lo anterior se sigue que en materia de procedimiento, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, regula cuatro etapas independientes y que son: "De sucesión". Que regula la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos. "De inventarios". Que contendrá los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal. "De administración". Que se refiere a todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; y, "De participación". Que contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Así como se ve, el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la última sección, esto es, en la de partición, la cual guarda relación con las tres primeras; la adjudicación se realiza a favor del heredero declarado y se trasmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados. Sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos, por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo en donde se pueden hacer valer las violaciones cometidas dado que las determinaciones que resuelven cada sección guardan autonomía e independencia. En tales condiciones, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que el juez de origen, emitió la resolución en la que determinó la parte incidentista no acreditó la acción incidental de nulidad de actuaciones judiciales y como consecuencia de ello, se ordenó proseguir la secuela legal de incidente de oposición al inventario y avalúo hecho valer por la demandada incidental, emitida en el procedimiento sucesorio 193/2017, esto es, sólo tiene efectos intraprocesales, pero de ningún modo, afectan derechos sustantivos, pues no limita los derechos fundamentales del individuo, considerados como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios para salvaguardar las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Ante ello, resulta evidente que tales violaciones procesales, podría quedar reparada al obtener sentencia favorable al concluir la última sección, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica, y de no ser así, las afectaciones procesales cometidas en su perjuicio, podrían ser impugnadas a través del medio ordinario de defensa legal que se haga valer en contra del referido fallo de primer grado, sí procediere y de serle adversa la resolución respectiva, las violaciones procesales en comento, serían reparables mediante el juicio de amparo indirecto que en su contra se promueva. Por tanto, los actos reclamados en el caso no son de ejecución irreparable, puesto que no tienen la naturaleza de afectar derechos sustantivos, sino que sólo constituyen violaciones intraprocesales susceptibles de repararse en amparo indirecto al promoverse la demanda contra la resolución definitiva dictada en la última sección, por lo que debe estimarse que en la especie, se está en presencia de actos que no son de ejecución irreparable, por lo que, en este momento procesal, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Es de invocarse como apoyo de lo afirmado, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Dicho en otros términos, en el caso se reclama una resolución que no constituye la decisión final de la última sección "Etapa de participación". Que contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes, sino una resolución intermedia, que no tienen la calidad de afectar algún derecho sustantivo de la quejosa, en función a que dentro de la sección denominada "de partición", aún no se ha dictado resolución en que se apruebe el proyecto de partición, de ahí que no sea de imposible reparación. Y aún más, en caso de que fuera adversa esa determinación también puede combatirla a través del juicio de amparo indirecto donde puede alegar todas las violaciones en el propio procedimiento, incluidos los actos de aplicación de los artículos que se tildan de inconstitucionales. En las condiciones apuntadas, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos reclamados no son de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos, de la Ley de Amparo (a contrariu sensu); de ahí que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por , por propio derecho. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Octavio Quintanar Sánchez (2604084), Javier García Rivera (1896143) y Felipe Contreras Soria (3015564), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por no acreditar lo anterior, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Ma. Guadalupe Triana Alvarez, Octavio Quintanar Sánchez, Ashley Quintanar Sánchez y Jesús Oswaldo Quintanar Sánchez y como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...
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