Ma. Guadalupe Carrillo Ibarra

Expediente 418/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
418/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2016

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Carrillo Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    En treinta de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, ha transcurrido del dieciséis al veintinueve del presente mes y año, con exclusión de nueve días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de once de marzo del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 418/2016. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación y cuenta que anteceden de las que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de once de marzo de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por MARÍA GUADALUPE CARRILLO IBARRA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluído, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el que remite la demanda de amparo promovida por MARÍA GUADALUPE CARRILLO IBARRA por su propio derecho, contra actos de la citada autoridad, así como ocho copias de la misma, con su respectivo escrito de presentación, en el que se aprecia sello original de recibido de cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 418/2016-7, que por su orden progresivo le corresponde y acúsese el recibo de estilo correspondiente. En tales condiciones, se provee: Atendiendo al contenido del escrito de demanda de garantías, este Juzgado de Distrito considera que debe desecharse la misma, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor que establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto, se desprende que el resolutor debe proceder de la manera indicada, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por manifiesto, debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y oficio remitido por la responsable. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren. En sentido opuesto, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable, o si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio; por ende, en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda de amparo, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Delimitado lo anterior, éste órgano jurisdiccional considera que el desechamiento de la demanda de cuenta, se sustenta al actualizarse, respecto de unos actos, la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 17 del propio ordenamiento legal. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la mencionada Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente. "Artículo 61. Contra normas generadas o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Por su parte el numeral 17 del ordenamiento legal en cita establece: "Articulo 17. El plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimientos de extradición el que será de treinta días". De la demanda de amparo se desprende que la promovente señala, entre otros, actos reclamados, los siguientes: - La multa que se le impuso mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil quince, por un mil cincuenta y un pesos con cincuenta centavos, en los autos del expediente laboral 267/2013, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, ante su inasistencia a la audiencia donde comparecería en su calidad de testigo; - El propio auto de nueve de diciembre de dos mil quince, en la parte que el tribunal señalado como responsable fijó las once horas del diecinueve de febrero del año en curso, para que tuviera lugar la testimonial a cargo de la quejosa, bajo apercibimiento que de no comparecer se le impondría multa de quince días de salario mínimo. Actos que la promovente manifiesta se le notificaron de manera personal el quince de febrero del año en curso. Ahora, de la propia demanda que dio origen a este expediente se aprecia que se presentó el cuatro de marzo del año en curso, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, como se aprecia del sello fechador ahí estampado; recibida hasta el nueve siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, según se desprende del diverso sello de recepción, de donde se concluye que dicha demanda, fue interpuesta en forma extemporánea, ya que entre la fecha de notificación de la resolución reclamada, quince de febrero del presente año, y aquella en que se recibió la mencionada demanda en la Oficina de Correspondencia Común, nueve de marzo actual, transcurrieron con exceso los quince días hábiles, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; así, pues el término de quince días comenzaron a transcurrir el diecisiete de febrero y feneció el ocho del mes y año en curso; máxime que no se actualiza alguna de las hipótesis de excepciones a que se refiere el propio precepto. En esas condiciones, se estima que en la especie (respecto de los actos reclamados antes precisados) se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de amparo, SE DESECHA de plano la demanda de garantías promovida por MARÍA GUADALUPE CARRILLO IBARRA por su propio derecho. Sin que constituya obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que la quejosa presentó con oportunidad la aludida demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, como se aprecia del sello de recibido ahí impreso, ya que el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, estable que la presentación de las demandas en forma impresa podrá hacerse, fuera del horario de labores de los tribunales, ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día; lo que significa que la demanda de mérito debió presentarse ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado y no ante la autoridad responsable. Además, en el caso no se puede hablar de una equivocación en la vía de impugnación para estimar que con el hecho de que la demanda en mención se haya presentado ante la responsable se interrumpió el término para interponerla, pues la quejosa dirigió su demanda al juez Primero de Distrito en el Estado, en turno (sic), lo que conlleva conocimiento de su parte en torno a que la vía correcta es la indirecta o biinstancial y, por tanto, no se interrumpe el término para interponerla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o.C. J/289consultable en la página 1282, tomo XXVI, Agosto de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto". En lo referente al diverso acto reclamado consistente en los acuerdos tomados en la audiencia de diecinueve de febrero del año en curso, en el propio juicio laboral, a través del cual se le hizo efectivo el apercibimiento de imponerle multa por quince días de salario mínimo y el señalamiento de nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial a su cargo; la suscrita juez advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que se leen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII: En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas, tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.]" De los reproducidos preceptos se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando así se desprenda de algún mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; así como que, entre otros, los tribunales colegiados de circuito están obligados a observar la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. Ahora, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 17, sostuvo que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos, como se advierte de su texto, publicado en la página 12, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Del reproducido criterio obligatorio se desprende que para la configuración de esta causal de improcedencia, el acto consentido debe ser aquel que antecede al reclamado en el amparo, virtud a que no fue impugnado, así, para que un acto se considere como derivado de consentido es menester que entre el acto impugnado y el anterior exista una relación de causa-efecto; es decir, que lo considerado en uno sea consecuencia o simple derivación de lo sustentado en el otro y que su vinculación se tal que no pueda el derivado reclamarse por vicios propios por ser una ejecución del primero, en razón de que no se puede decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del que no se reclamó. Por ende, los supuestos para que se actualice ese motivo de impugnación consisten en; a) La existencia de un acto anterior consentido; b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél; y, c) El acto reclamado no se impugne por vicios propios. Lo anterior se corrobora con el diverso criterio del propio Pleno, visible en la página 9, del Volumen doscientos diecisiete a doscientos veintiocho, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, relativo a la Séptima Época, del rubro y testo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En ese contexto, el acto reclamado que ahora se analiza, consiste en; la imposición de una multa por quince días de salario mínimo y el señalamiento de fecha para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de la quejosa, en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, el cual deriva de otro consentido, al ser una consecuencia del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil quince, donde se señaló fecha y hora para que la quejosa compareciera en su calidad de testigo y se impuso multa ante su incomparecencia, razón por la cual se señaló nueva fecha para que lo hiciera, los cuales, como se vio, se consintieron al no haber sido presentada la demanda en el término que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. En tales condiciones, al actualizarse, en lo concerniente a los referidos actos reclamados, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 217 ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA", lo procedente es decretar de igual su improcedencia. Por otra parte, como lo solicita la promovente, se tiene como autorizados en su nombre para oír y recibir notificaciones con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente a los licenciados J. Jesús Cabral Álvarez (3416449), Pascual Román Villagrana (6588471) y Francisco Javier Itzamna Caamal Torres (4723616), cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Mina Valencia quinientos uno (501), Colonia Minera de esta ciudad."

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