Ma. Eugenia Jiménez González

Expediente 179/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
179/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Ma. Eugenia Jiménez González

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual SE DESECHA la demanda de garantías promovida por MA. EUGENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de demanda de amparo promovida por Ma. Eugenia Jiménez González. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Análisis sobre la procedencia o no del juicio de amparo. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías a estudio, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la audiencia de treinta de diciembre de dos mil veinte, en la que determinó que no había lugar a imponer sanciones sin los infractores, aquí terceros interesados, circunstancia que señala permite a los infractores seguir generando faltas administrativas sin que se les imponga una sanción. Ahora bien, los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio; también se obtiene que, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo los diversos casos de excepción previstos por la ley de la materia; y, que los términos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, de la demanda de garantías se obtiene que Ma. Eugenia Jiménez González manifestó, bajo protesta de decir verdad, que la determinación reclamada le fue notificada el veintinueve de enero del año en curso. Luego, los supuestos previstos por la Ley de Amparo para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda son los siguientes: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Todo lo expuesto hasta aquí, patentiza que, con fundamento en lo previsto por el artículo 17 del multicitado cuerpo normativo, el término para la presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa comenzó a correr para la quejosa el tres de febrero pasado, día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, y feneció el veinticuatro de febrero del año en curso, descontándose de ese término los días inhábiles correspondientes. De modo que, si el escrito inicial fue presentado hasta el tres de marzo del año en curso, resulta factible afirmar que fue presentada en forma extemporánea, esto es, fuera del término de quince días previsto por la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Máxime, que del análisis del análisis de la demanda no se desprende que se actualice alguna hipótesis de excepción. En suma, al haberse actualizado las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, respecto del primer acto, así como la contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, en torno al segundo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ma. Eugenia Jiménez González, por su propio derecho contra actos del Juez Cívico Municipal, con residencia en esta ciudad. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene a la parte quejosa autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Marysol Villicaña Fernández, Miriam del Rocío Gaytán Olmos, Karla Berenice Pérez López y Johana Edith Santillán Hernandez toda vez que de la búsqueda realizada se constató que no existe registro de la cedula profesional de que las acredite como licenciadas en derecho Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. Horario para notificaciones en el local de este juzgado. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Autorización de copias y uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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