Ma. del Carmen Narez Fernández

Expediente 1315/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1315/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen Narez Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Zamora, Michoacán, y otra autoridad, consistentes en: " .Del juez el acto reclamado lo hacemos consistir en todo el procedimiento del juicio ordinario civil número 1021/2020 llevado a cabo por la responsable, dentro del juicio de donde emana el acto reclamado, YA QUE SOMOS LEGATARIAS DE UN BIEN DETERMINADO CADA UNA DE LAS OCURSANTES, Y EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN NO HA DEFENDIDO A LA SUCESION, Y EN EL JUICIO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO HA SIDO OMISA EN DEFENDER LOS BIENES QUE NOS LEGO NUESTRO PADRE, QUE SON BIENES DISTINTOS PARA CADA UNA Y QUE SON LOS QUE ENSEGUIDA DESCRIBIRE, MISMOS QUE TRATA DE PRESCRIBIR LA ACTORA EN SU FAVOR, MEDIANTE EL JUICIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA de donde emana el acto reclamado. También reclamamos que el juez responsable es omiso en revisar el emplazamiento, cuando tiene obligación de hacerlo ya que la actuaria secretaria no hizo el emplazamiento conforme a la ley, pues no se presentó a emplazar a DONACIANO NAREZ ESPINOSA y/o DONACIANO NAREZ ESPINOZA, y tan es así que no obra constancia de haberle entregado toda la documentación del supuesto emplazamiento, en su caso debió haber descrito UNO A UNO los documentos con que se emplazó al demandado. De la actuaria secretaria reclamamos el ilegal emplazamiento que pretendió llevar a cabo en la persona de DONACIANO NAREZ ESPINOSA y/o DONACIANO NAREZ ESPINOZA, porque no se presentó a su domicilio y además en el supuesto caso no admitido que hubiere llegado al domicilio de Donaciano y haya pretendido emplazarlo, su quehacer es ilegal PORQUE SENCILLAMENTE EN SU ACTUACION NO OBRA CONSTANCIA DE QUE LE HAYA ENTREGADO DOCUMENTO ALGUNO RELACIONADO CON EL JUICIO AL DEMANDADO, NO DESCRIBE QUE DOCUMENTOS ENTREGO..." Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1315/2022-V. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5 y 6, de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los artículos previamente transcritos, en específico, el artículo 6 transcrito, se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el arábigo 1 de la propia ley y, con lo anterior, se le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, virtud a que el derecho de promover la acción Constitucional es personalísimo y debe existir un perjuicio o violación a los derechos de una persona Constitucionalmente protegidos, afectación que, se itera, debe ser personal y directa en alguna de sus prerrogativas sustantivas fundamentales que la Constitución Federal tutela como derechos humanos. En ese orden de ideas, es menester precisar que existen dos tipos de legitimación, en la causa, y en el proceso; en efecto, la legitimación procesal deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia; a dicha legitimación se le conoce como legitimación en el proceso, y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercido por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que, en el proceso, pueden asumir la figura de actores del derecho controvertido. Por su parte, la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es vulnerado o desconocido; es decir, es la afirmación que hacen los actores, los quejosos, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Tomando en cuenta lo anterior, es dable concluir que la legitimación en el proceso constituye un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En el caso concreto, las quejosas en la demanda de amparo manifiestan bajo protesta de decir verdad, que son legatarias de parte de la masa hereditaria de la sucesión a bienes de Donaciano Narez Espinosa y/o Donaciano Narez Espinoza, sin embargo, también se advierte que las mismas no tienen la calidad de albaceas de la citada sucesión, por el contrario refieren que dicho carácter recae en Ma. Ymelda Narez Fernández, lo anterior dentro del juicio sucesorio testamentario 345/2022. Establecido lo anterior, en el presente asunto, las quejosas acuden a esta sede Constitucional ostentándose terceras extrañas, virtud a que, sin ser parte en el juicio ordinario civil 1021/2020, manifiestan que la actora pretende prescribir en su favor, mediante dicho juicio de prescripción adquisitiva de donde emana el acto reclamado los bienes inmuebles a los que manifiestan tener derecho. Lo cual, desde su perspectiva, conculca sus derechos hereditarios, atento a que los mismos bienes forman parte del caudal hereditario a bienes de Donaciano Narez Espinosa y/o Donaciano Narez Espinoza. Por lo cual, consideran que el trámite del referido juicio ordinario civil les causa perjuicio, pues, sin ser parte en el mismo, se les afecta con relación a los derechos hereditarios que, según su dicho, les corresponden con relación a los bienes inmuebles que describen en la demanda de amparo, por ser hijas del autor de la citada sucesión, por lo que, acuden a defender sus derechos ante la omisión de hacerlo por parte de la albacea Ma. Ymelda Narez Fernández. Establecido lo anterior, de los antecedentes reseñados con relación al juicio ordinario civil del cual deriva el acto reclamado, la parte quejosa, en efecto, no es parte formal, pues fue promovido por Alberto Rodríguez Sánchez, en contra de la sucesión a bienes de Donaciano Narez Espinosa y/o Donaciano Narez Espinoza, representada por su albacea Ma. Ymelda Narez Fernández. En ese contexto, aun cuando se les considere como terceras extrañas al juicio de origen, atento a la razón que exponen -vulneración a sus supuestos derechos hereditarios-, lo cierto es que no se ven afectadas con ningún acto o mandamiento del Juez responsable, pues las determinaciones emitidas de que se duelen en el juicio de origen, corresponde su impugnación a Ma. Ymelda Narez Fernández que es quien representa a la sucesión a bienes de Donaciano Narez Espinosa y/o Donaciano Narez Espinoza, por ser la única legitimada en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes del de cujus para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario, o en su defecto, los herederos reconocidos dentro del juicio sucesorio, cuando el albacea de la sucesión no esté en funciones. Por tanto, si la parte quejosa alega que se afectan sus derechos con motivo de la tramitación del juicio de origen, es inconcuso que carecen de legitimación, pues, no existe acto tendente a afectar algún derecho sustantivo en favor de las quejosas, sino únicamente respecto de la referida sucesión. De tal forma, por inexistir decisión alguna pronunciada sobre bienes o derechos de las solicitantes de la protección de derechos humanos que las legitime para actuar en este asunto, pues, aun cuando aducen que se les afecta en sus supuestos derechos hereditarios con relación a los bienes inmuebles señalados, es a quien representa a la sucesión a quien competente legalmente intervenir en el juico de origen. Por tanto, se estima que carecen de legitimación para promover el presente juicio de amparo, por no resentir vulneración alguna en sus bienes o derechos. Lo anterior, atento a que la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio -daño o perjuicio-, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. Y, en esa medida, los actos reclamados -tramitación del juicio de origen- no producen en la esfera jurídica de las quejosas una lesión o perjuicio directo y, por tanto, no están legitimadas para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal para combatirlos, toda vez que no les causa agravio alguno y, por tanto, carecen de legitimación procesal activa para tales fines; pues, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, sólo puede promover el juicio a quien le ocasione un agravio personal y directo el acto de autoridad, o en su caso, por conducto de sus representantes legítimos. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Volumen 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 232899, del rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 563, Tomo II, materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, registro 1002580, que establece: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." Asimismo, se invoca al respecto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 412, Tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 202692, del tenor siguiente: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho". Así como la jurisprudencia 1a./J. 37/2005, Materias(s): Civil, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Mayo de 2005, página 203, Registro digital: 178450, que establece: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO ESTÁ EN FUNCIONES EL INTERVENTOR O EL ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: 1) que no esté en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, o 2) que éstos sean requeridos judicial o notarialmente para que deduzcan esos actos, y rehúsen o descuiden deducirlos. Por ende, en caso de que un acto de autoridad llegare a afectar los bienes hereditarios, y el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos judicial o notarialmente para que como representantes de la sucesión deduzcan las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, y rehúsen o descuiden deducirlos, es evidente que cualquiera de los herederos está legitimado para promover el juicio de amparo contra aquel acto de autoridad al estar facultados legalmente para ello, y en virtud de que los bienes que forman parte de la masa hereditaria les pertenecen en común, mientras no se haga la división." Y la jurisprudencia 1a./J. 73/2018 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materias(s): Común, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 221, Registro digital: 2018666, que indica: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Por tanto, en el presente asunto se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del precepto 63 del propio ordenamiento legal. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal el ubicado en la calle Zaragoza, número 176, interior 11, colonia centro, en esta ciudad, y autorizando para tal efecto a Jesús Vega Ramírez, Angélica María Mercado Méndez y Jonathan Mendoza Sosa, quienes podrán imponerse de los autos pero no gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. De igual manera, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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