Ma. del Carmen Ledezma Ortíz
Expediente 814/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Ledezma Ortíz
Actuaciones
- Principal
La licenciada Norma García Cabrera, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de tres días que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho corresponda, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, transcurrió del diez al doce de julio de dos mil diecinueve; lo que certifico para los efectos legales procedentes. Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. MORELIA, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos los presentes autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestaciones en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 559 a 574), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al menor quejoso EDUARDO OCHOA SAUCEDO, para los siguientes efectos: ". 1) Dejar sin efecto la resolución reclamada de once de octubre de dos mil dieciocho, que modificó la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 272/2015 (antes 2/2010), únicamente en la parte en que declaró improcedente el pago de la cantidad de $12,750.00 (doce mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia no cubierta durante el lapso del quince de diciembre de dos mil trece, enero, febrero y la mitad de marzo de dos mil catorce. 2) En su lugar emitir otra resolución que la sustituya, en la que resuelva el recurso de apelación que interpuso el aquí tercero interesado Eduardo Ochoa Ramírez, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria, esto es, declare procedente el pago de la cantidad de $12,750.00 (doce mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia no cubierta en el periodo indicado .". 2) Por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve se declaró ejecutoriada la referida sentencia y, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió a la autoridad responsable para que procedieran a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3) Por oficio 995, presentado el cuatro de julio pasado, en la Oficialía de Partes de este juzgado la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución que emitió en esa misma fecha, en el cual consta, que por una parte, dejó insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil dieciocho y por la otra, dictó una nueva resolución en la cual, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria, declaró procedente el pago de la cantidad de $12,750.00 (doce mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia no cubierta durante el lapso del quince de diciembre de dos mil trece, enero, febrero y la mitad de marzo de dos mil catorce, lo que así se advierte de la siguiente consideración: ". Precisado lo anterior, fue legal, el actuar de la juez de origen al declarar procedente el pago de la cantidad de $12,750.00 doce mil setecientos cincuenta pesos, reclamados por Nayeli Fabiola Saucedo Torres, por concepto de pensión alimenticia no cubierta a favor de su menor descendiente, durante el lapso del 15 quince de diciembre del 2013 dos mil trece, enero, febrero y la mitad de marzo del 2014 dos mil catorce. Lo anterior, porque el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la plena independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, lo que significa que no queda al libre arbitrio del gobernado darle o no cumplimiento a una resolución condenatoria en su contra o la forma en que estime debe darlo, pues ello generaría impunidad e inseguridad jurídica en contravención a dicho precepto constitucional; es decir, debe garantizarse que no se obstaculice la plena ejecución de las sentencias, pues ahí radica la razón de orden público consistente en que se cumplan en sus términos, hasta, en tanto no hayan quedado insubsistentes por diversa resolución. Dentro de ese orden de ideas, cabe señalar, dentro de las actuaciones judiciales relativas a la medida provisional sobre restitución del citado menor, registradas bajo el número 29/2014, a cuyas constancias ya se le confirió pleno valor demostrativo dentro de la interlocutoria aquí impugnada, quedó demostrado que Ochoa Ramírez retuvo ilegalmente bajo su cuidado a su menor acreedor, esto es, sin el consentimiento de Nayeli Fabiola Saucedo Torres, quien tenía la custodia legal de su referido descendiente; de suerte tal, como la comisión de un hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores, constituye un hecho ilícito que no le puede generar al obligado Eduardo Ochoa Ramírez el derecho para decidir cómo liberarse de una obligación, pues tal forma de proceder, además de arbitraria, es ilícita, al privar al menor de percibir la cantidad convenida como pago de pensión alimenticia, en la forma determinada en la resolución respectiva. Dicho en otras palabras, la legislación mexicana no prevé en favor del infractor el nacimiento de derechos a partir de los actos ilícitos cometidos; por lo que en el caso, impera el principio general del Derecho, consistente en que a nadie se le permitirá aprovecharse de su propio fraude o sacar partido de su propia injusticia, o fundar demanda alguna sobre su propia inequidad o adquirir propiedad por su propio crimen. [.] CUARTO. Se confirma el sentido de la sentencia apelada." (foja 624 a 642) . Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución que emitió el cuatro de julio pasado, en la cual dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó una nueva en la cual siguió los lineamientos trazados en la ejecutoria, pues confirmó la resolución recurrida, esto es, declaró procedente el pago de la cantidad de $12,750.00 (doce mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia no cubierta durante el lapso del quince de diciembre de dos mil trece, enero, febrero y la mitad de marzo de dos mil catorce. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada NORMA GARCÍA CABRERA, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de garantías promovida por Luis Arturo Pahua Rojas, ostentándose defensor particular de Ma. del Carmen Ledezma Ortíz, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en: ".Del MAGISTRADO DE LA SEXTA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, la resolución de fecha 24 veinticuatro de junio de 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro del toca de apelación número I-26/2019 que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del AUTO DE FORMAL PRISIÓN de fecha veintitrés de abril de 2019 dos mil diecinueve, dictado dentro del proceso penal número 28/2019-I, en cuatro probable responsable de la comisión del delito de Usura..." Por tanto, se estima competente para conocer de la referida demanda al Juez de Distrito en el Estado Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues los actos reclamados llevan inmersa una ejecución material que tiene materialización en el lugar en que ejerce su jurisdicción territorial. Es así, si se toma en consideración que la resolución reclamada emitida por el del Magistrado responsable dentro del toca penal I-26/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de término constitucional de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, emitido dentro de la causa penal 28/2019-I, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por su naturaleza requiere de ejecución material, toda vez que entre el efecto del mismo se encuentra que la procesada permanezca privada de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de origen, es decir, es ante la potestad del Juez de la causa a la que la procesada está sometida, en el que aun cuando ésta se encuentre recluida en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal, queda vinculada a determinadas obligaciones, por lo que la competencia para conocer del amparo promovido contra ese auto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de Primera Instancia que conoce del proceso penal, por ser ahí, donde se materializan sus efectos. Es decir, dichos fallos repercuten directamente en la libertad personal de la inculpada, quien continuará privada o restringida de ella, de ahí que al permanecer la procesada a disposición del Juez de Primera Instancia responsable, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de ésta, que consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto en contra de la resolución del Magistrado que confirme el auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez que conoce del proceso penal. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Así como, en lo que en ella interesa, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 147/2005, visible en la página número 174, Tomo XXIII, Enero de 2006 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal.". Por tanto, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tiene materialización en Uruapan, Michoacán, lugar en donde tiene su residencia el Juez que conoce del proceso penal a estudio. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares.". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con las copias simples de la misma, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos que establece el citado numeral. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Michoacán, número 34, colonia Infonavit la colina, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Luis Arturo Pahua Rojas, Esteban Ulices Avalos García y Juan Pablo Álvarez García, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 1832276, 7984826 y 5917888, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a Martha Lilia Avalos Gómez, en tanto acredite estar legalmente facultada para ejercer la citada licenciatura, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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