Ma. del Refugio Galván Valencia
Expediente 597/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. del Refugio Galván Valencia
- Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito de Ario de Rosales, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 24339/2022, signado por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, se comisiona al analista jurídico de este órgano federal, para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes SISE, a efecto de que se vincule el presente amparo, con el diverso 847/2022, del índice del Juzgado oficiante; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del cinco al nueve de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, respecto de las copias certificadas del juicio ordinario oral familiar 491/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, se ordena devolver a su lugar de origen, por ser innecesario que sigan obrando en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 2830, suscrito por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 11257/2021, con el que se remitió el original del juicio de amparo número 1200/2017, promovido por ---------, contra actos del Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, así como el escrito original de agravios y ampliación de agravios y copias simples de éstos, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer por Marco ------------, autorizado de la parte quejosa, en contra de la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil veinte; asimismo, comunica que se registró con el número 106/2021; lo anterior para los efectos legales procedentes. Finalmente, se comisiona al analista jurídico de este órgano jurisdiccional, para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que quede disponible el juicio de amparo 1200/2017, del índice de este Juzgado federal, para efecto de que dicho Tribunal pueda vincularlo a su expediente de revisión 106/2021; lo anterior, hágase del conocimiento de aquélla, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número 2332/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo ----, en razón a que dicho órgano jurisdiccional determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por -----, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán; acúsese recibo de estilo. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio. Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 597/2021-II. Ahora bien, vista la demanda de amparo de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario y con la fracción III del normativo 172, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". En la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ".----.". En el caso concreto, el acto aquí reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afecta de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). -". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-". De lo anteriormente expuesto, se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, de no admitir la prueba documental ofertada por la quejosa dentro del juicio ordinario oral ---, consistente girar atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado, a efecto de que informara si la quejosa no cuenta con bienes inmuebles de su propiedad, lo anterior, en atención a que el mismo no fue ofertado en la etapa procesal correspondiente y como consecuencia se siga con el trámite del citado juicio de origen, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, en relación al 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, porque no se afectan los derechos sustantivos de la agraviada, sino sólo sus defensas, ni decide el fondo de la Litis planteada y que en todo caso tiene transcendencia hasta el resultado de la sentencia, en la que el material probatorio es valorado, la que incluso puede ser favorable a su intereses y en caso contrario por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas podrá hacerla valer como violación procesal cuando recurra en su caso la sentencia a través del juicio de amparo directo, ya que el acto reclamado se encuentra comprendido dentro de las violaciones al procedimiento a que se refiere el numeral 172, fracción III, de la Ley de la materia, que refiere que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas de la parte agraviada, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia consultable en la página 394, aplicada por identidad de razón, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA VIOLACION PROCESAL TRATANDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. -". Así las cosas, la resolución refutada de inconstitucional no es impugnable en esta vía biinstancial, puesto que el amparo contra actos de autoridad derivados dentro de un procedimiento judicial, únicamente procede cuando sean de imposible reparación y la determinación impugnada no reúne esa calidad pues, por una parte, no se trata de un acto que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos, y por otra, en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general es improcedente el juicio de amparo indirecto. Ello es así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado consistente en el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, en el juicio ordinario oral familiar ----, que le negó al mandatario jurídico de la aquí quejosa, tener por ofrecida la prueba documental pública superveniente, consistente en la información que pretendía requerir al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz- del Estado, a fin de que informara que------ no cuenta con bienes inmuebles de su propiedad, no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte; toda vez que la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la sentencia que resuelva en definitiva el juicio ordinario oral familiar de mérito al ser este un juicio autónomo, y podrá hacer valer alegaciones en contra de dicho acto reclamado; incluso de resultarle adversa la citada impugnación, podrá reclamar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente. En efecto, en atención a el acuerdo del Juez que se tilda de responsable por el que le negó al mandatario jurídico de la aquí quejosa, tener por ofrecida la prueba documental pública superviniente, en el juicio ordinario oral familiar ----, consistente en la información que pretendía requerir al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado, a fin de que informara que -----no cuenta con bienes inmuebles de su propiedad; no trasgrede en forma sustancial algún derecho fundamental de la parte promovente de amparo, dado que incluso aún sin ser admitida, puede que la sentencia definitiva que resuelva el fondo del controvertido de origen, no salga en sentido adverso a las pretensiones de la aquí quejosa; y en caso contrario dicha resolución podría ser recurrida señalando la transgresión procesal aquí apuntada en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, por contradicción número 891, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 995, Apéndice de 2011, Tomo II del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 1002957, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. -." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Registro 184249, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. -." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el Juez responsable, remite como complemento a su informe de ley copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario oral familiar ---; debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ------. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). -". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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