Ma. del Carmen Ledezma Ortíz
Expediente 221/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Ledezma Ortíz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 6743, signado electrónicamente por el Juez y Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del diverso 4657/2021, remitido por éste órgano jurisdiccional, asimismo, informa que aceptó la competencia que se le declinó y se avocó al conocimiento del juicio de amparo número 221/2021-I, promovido por ..., ostentándose defensor particular de ..., contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente Concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que el presente cuaderno de antecedentes se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ************, ostentándose defensor particular de ***********, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en: ".Señalo corno acto reclamado del MAGISTRADO DE LA SEXTA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, LA RESOLUCIÓN DE FECHA 8 OCHO DE ENERO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO emitida en cumplimiento de la ejecutoria de amparo que resolvió CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL interpuesto en contra de la resolución de alzada emitida en el toca de apelación I-26/2019, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del AUTO DEFORMÁL PRISIÓN de fecha 23 veintitrés de abril de 2019 dos mil diecinueve, dictado dentro del proceso penal número 28/2019-I, en contra de la quejosa MA. DEL CARMEN LEDESMA ORTIZ en cuanto probable responsable de la comisión del delito de Usura." Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues los actos reclamados llevan inmersa una ejecución material que tiene materialización en el lugar en que ejerce su jurisdicción territorial. Es así, si se toma en consideración que la resolución reclamada de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Magistrado responsable dentro del toca penal I-26/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra del auto de formal prisión de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (en cumplimiento a una ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, según lo manifestado por el propio promovente), dictado dentro de la causa penal número 28/2019-I, el índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por su naturaleza requiere de ejecución material. Es así, toda vez que entre los efectos del mismos se encuentra el que la procesada permanezca a disposición del Juez de origen, es decir, es ante la potestad del Juez de la causa a la que la procesada está sometida, dado que queda vinculada a determinadas obligaciones, por lo que, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra ese auto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de Primera Instancia que conoce del proceso penal, por ser ahí, donde se materializan sus efectos. Es decir, dichos fallos repercuten directamente en la libertad personal de la inculpada, de ahí que al permanecer la procesada a disposición del Juez de Primera Instancia responsable, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste, que consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra el auto de vinculación, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez instructor que conoce del proceso penal. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Así como, en lo que en ella interesa, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 147/2005, visible en la página número 174, Tomo XXIII, Enero de 2006 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal.". Por tanto, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tiene materialización en Uruapan, Michoacán, lugar en donde tiene su residencia el Juez que conoce del proceso penal a estudio. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares.". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con las copias simples de la misma por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que los actos que reclaman no se ubican en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127 de la Ley de Amparo, pues no se está en alguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama un acto de extradición, previsto en la fracción I del citado numeral y, por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II de dicho precepto, la suspensión de oficio procede cuando se trate de algún acto que, de llegar a consumarse, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, hipótesis que en la especie no prevalece, por lo que los actos que se impugnan son factibles de atenderse, de admitirse la demanda, al proveer sobre la suspensión provisional y definitiva. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este órgano jurisdiccional proceda en los términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Se invocan sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio". Asimismo, por contener el principio jurídico, la tesis VII.1º.A.T.7K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 978, del Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AMPARO. CUÁNDO PROCEDE. De una correcta interpretación del artículo 123, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone que procede la suspensión de oficio "Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. ...", en relación con lo que en lo conducente estatuye el diverso 80 ibídem, en el sentido de que "La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación ...", se colige que los actos a que alude esa fracción, son aquellos que de ejecutarse se consumarían materialmente, haciendo físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada, dejando sin materia el juicio de garantías, como sucedería, verbigracia, tratándose de la orden de demolición de un inmueble arqueológico o la orden de destruir una pintura artística, pero no cuando se reclamen actos que, aunque se realicen materialmente, sí es posible al través de la concesión del amparo, conforme al citado artículo 80, devolverle al peticionario de la acción constitucional el disfrute de la garantía violada, como ocurre en la especie, en que se reclama una orden de visita y presentación de documentos para su revisión con efectos fiscales, actos que desde luego no pueden considerarse de imposible reparación o que dejen sin materia el juicio de garantías, que son las razones de ser de la procedencia de la precitada medida cautelar oficiosa, porque es evidente que de otorgarse la protección constitucional se retrotraerían las cosas al estado que tenían antes de su emisión y ejecución.". Las tesis o criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la Ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ******************, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a **************, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 5917888, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal y únicamente para recibir notificaciones a **************, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada profesión, toda vez que al efectuar una revisión en el sistema antes señalado, no se encontró dato inherente a la cédula profesional de este último. Sin que en el caso haya lugar a tener a Luis Arturo Pahua Rojas, toda vez que se ostenta defensor de la impetrante del amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "***********", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese el oficio CCT-DAJ-355/2021, signado por el Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Publico de Michoacán, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a lo requerido por este Juzgador, remite las constancias con las que acredita la entrega del vehículo al quejoso; y con lo que cumple cabalmente con la ejecutoria de amparo; con su contenido dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictara la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Ma. de Lourdes Cruz Valenzuela156/2017
- Ma. de Lourdes Sánchez Martínez610/2020
- Ma. de Lourdes Sisihangari López Urquiza1140/2018
- Ma. del Carmen Blanco Mejía910/2018
- Ma. del Carmen Escobedo Valladares668/2020
- Ma. del Carmen Hernández Garduño140/2020
- Ma. del Carmen Ledezma Ortíz814/2019
- Ma del Carmen Mora Padilla163/2018
- Ma. del Carmen Narez Fernández1315/2022
- Ma. del Carmen Ortíz Girón885/2020
- Ma.del Carmen Sierra Pontifes819/2014
- Ma. del Carmen Sosa Santivañez1369/2022