Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo
Expediente 596/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa con fecha de treinta de junio de dos mil veintitrés, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el libro de gobierno. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento que den al fallo protector y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dichas autoridades que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a las autoridades responsables la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consiste en: Del Secretario de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que a la quejosa Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para sus padecimientos. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sustitución renal que necesita, para lo cual debe proporcionarle la atención médica, medicamentos y las hemodiálisis que, previa valoración médica, y con la regularidad y condiciones necesarias que requiera. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban médicamente, debiendo, para ello, de ser posible y con base en sus facultades tomar en cuenta que: Ordene que se haga la valoración médica correspondiente a la quejosa, tantas veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis, que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante el Hospital TORRE VICTORIA, en esta ciudad, en las fechas y horas que se le señalen, para continuar con el control y vigilancia de su padecimiento. Así como seguir las indicaciones médicas que se le señalen. Respecto la autoridad responsable Hospital General General "Dr. Miguel Silva", con residencia en esta ciudad: Aplique el tratamiento médico correspondiente a la solicitante de amparo, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita." SE RESERVA REQUERIR CUMPLIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Ahora, en el caso no pasa inadvertido para este Juzgador que al haber concedido el amparo a la parte quejosa y de conformidad con los numerales 192 y 194 de la Ley de Amparo, se está en el supuesto de requerir a las autoridades responsables para su cumplimiento por conducto de su superior jerárquico Gobernador del Estado de Michoacán; sin embargo, por el momento, este Juzgado de Distrito se reserva requerir dicho cumplimiento a través de la citada autoridad, hasta en tanto se observe que las responsables son omisas o contumaces en el cumplimento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE III-596/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE.... ... Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo, en contra de los actos reclamados a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán; y, del Director del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva" y Director del Hospital de la Mujer, con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el incidente de incumplimiento y violación a la suspensión de plano, derivado del juicio de amparo número III-596/2023, promovido por Santiago Orozco Valencia en favor de Ma. De los Ángeles Pérez Jaramillo, contra del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la ciudad de Morelia, Michoacán, Santiago Orozco Valencia en favor de Ma. De los Ángeles Pérez Jaramillo, promovió demanda de amparo contra del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con residencia esta ciudad, los cuales hizo consistir en: "ACTOS RECLAMADOS: Servicios de salud Michoacán. Es omiso en supervisar en el ámbito de su competencia que las autoridades médicas de hospital civil me brinden atención médica para mis padecimientos para que me hemodialicen, me apliquen los medicamentos que requiero y que me programen mis citas de sesiones de hemodiálisis. Director del Hospital Civil de Charo. Es omiso en supervisar en el ámbito de su competencia que las autoridades médicas de hospital civil me brinden atención médica para mis padecimientos para que me hemodialicen, me apliquen los medicamentos que requiero y que me programen mis citas de sesiones de hemodiálisis. Director del Hospital de la Mujer. Es omiso en supervisar en el ámbito de su competencia que las autoridades médicas de hospital civil me brinden atención médica para mis padecimientos para que me hemodialicen, me apliquen los medicamentos que requiero y que me programen mis citas de sesiones de hemodiálisis.," Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, proveído en el cual además se decretó la suspensión de plano para los siguientes efectos: "[.] a) Proporcionen la atención médica que estimen necesaria para atender correctamente los padecimientos o cuadros clínicos que presenta la quejosa; advirtiéndose de las documentales que adjuntó a su libelo constitucional, que ha sido valorada medicamente; b) Suministrarle el o los medicamentos que le hayan sido recetados por los médicos o especialistas que valoran a la aquí quejosa; c) Asimismo, de ser necesario, provean de manera inmediata lo conducente para la canalización o remitirla a una institución médica oficial o particular, a través de ambulancia que se envíe al domicilio de la quejosa ubicado en calle Marfil, número 126, colonia Metropolis de Tarimbaro, Michoacán, para lo cual podrán coordinarse con la quejosa en el número de celular que proporciona 44 31 84 85 43. De existir imposibilidad física o material a lo anterior, debidamente acreditada y justificada, deberá considerar proporcionar apoyo para los gastos de traslado para acudir a su tratamiento de hemodiálisis o que se le subrogue en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues aduce que no cuenta con los recursos económicos para obtener los tratamientos que requiere para sus padecimientos; se instruye a las autoridades responsables, para que al momento de fijar el o los tratamientos a la quejosa, consideren el lugar que le sea más benéfico en relación a su domicilio que refiere se ubica en esta ciudad de Morelia, Michoacán, por lo que, de ser posible médica y materialmente se le señale la clínica o institución de salud más cercana a su domicilio o bien, valoren la posibilidad de cubrir los gastos o de facilitarle el traslado por cualquier medio que este a su alcance." De igual forma, se solicitaron los informes del cumplimiento a la suspensión, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEGUNDO. Por escrito ingresado el dos de junio de dos mil veintitrés ante el oficial de partes de este juzgado, Santiago Orozco Valencia, autorizado de la quejosa Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo, promovió incidente por incumplimiento de la suspensión de plano, solicitando que las responsables cumplan de manera cabal con la medida cautelar decretada respecto de la hemodiálisis y entrega de medicamento requeridos. TERCERO. Por auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el incidente planteado y se ordenó requerir a las responsables para que rindieran el informe justificado sobre la materia del incidente, haciéndoles saber que la falta o deficiencia del informe requerido establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama, apercibidas que en caso de no rendir el informe, serían denunciadas ante el Ministerio Público de la Federación, por el delito previsto en el artículo 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés en la oficialía de partes de este juzgado, el apoderado de las responsables rindió su informe justificado en el cual hizo las manifestaciones pertinentes. Asimismo, el dieciséis de junio del año en curso, se llevó a cabo la audiencia incidental; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada en autos, por serlo para conocer del juicio de amparo del cual se origina la presente incidencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I; 37, 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de la denuncia por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida por este órgano de control constitucional, respecto de los actos reclamados dentro del juicio de amparo III-596/2023, del índice de este juzgado. SEGUNDO. En la especie se concedió la suspensión de plano en favor de la quejosa Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo, para los siguientes efectos: "[.] a) Proporcionen la atención médica que estimen necesaria para atender correctamente los padecimientos o cuadros clínicos que presenta la quejosa; advirtiéndose de las documentales que adjuntó a su libelo constitucional, que ha sido valorada medicamente; b) Suministrarle el o los medicamentos que le hayan sido recetados por los médicos o especialistas que valoran a la aquí quejosa; c) Asimismo, de ser necesario, provean de manera inmediata lo conducente para la canalización o remitirla a una institución médica oficial o particular, a través de ambulancia que se envíe al domicilio de la quejosa ubicado en calle Marfil, número 126, colonia Metropolis de Tarímbaro, Michoacán, para lo cual podrán coordinarse con la quejosa en el número de celular que proporciona 44 31 84 85 43. De existir imposibilidad física o material a lo anterior, debidamente acreditada y justificada, deberá considerar proporcionar apoyo para los gastos de traslado para acudir a su tratamiento de hemodiálisis o que se le subrogue en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues aduce que no cuenta con los recursos económicos para obtener los tratamientos que requiere para sus padecimientos; se instruye a las autoridades responsables, para que al momento de fijar el o los tratamientos a la quejosa, consideren el lugar que le sea más benéfico en relación a su domicilio que refiere se ubica en esta ciudad de Morelia, Michoacán, por lo que, de ser posible médica y materialmente se le señale la clínica o institución de salud más cercana a su domicilio o bien, valoren la posibilidad de cubrir los gastos o de facilitarle el traslado por cualquier medio que este a su alcance." TERCERO. La quejosa aduce en su incidente de violación que las autoridades señaladas como responsables han desacatado la suspensión de plano que le fue otorgada, bajo los siguientes argumentos: a) El personal médico, administrativo y jurídico del hospital Civil, le han manifestado en reiteradas ocasiones a la quejosa que no tienen lugar para hemodializarla y que no tienen recursos económicos para subrogarla. b). Que hay desabasto de medicamentos y que tampoco tienen recursos económicos para comprar los medicamentos. c). Por ende, no se le han dado las hemodiálisis ni los medicamentos que requiere. CUARTO. Las manifestaciones antes vertidas son infundadas. El incidente de incumplimiento, exceso o defecto a la suspensión de plano otorgada se encuentra previsto en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo. De los numerales en cita se desprende que el incidente procede en contra de las autoridades responsables y puede promoverlo cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, por exceso o defecto en su ejecución, o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria e insuficiente. Es importante precisar que desde el momento en que se concede la suspensión existe la obligación para la autoridad responsable de darle observancia, ineludiblemente, siendo la notificación el momento a partir del cual podría considerarse que la autoridad, conociendo la orden de suspensión, incurre en desacato si ejecuta actos de los cuales tiene conocimiento que no pueden ser acatados o deja de realizar los ordenados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada número 1a. CLV/2014 (10a.), de rubro y texto: "Registro digital: 2006182 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. CLV/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 824 Tipo: Aislada SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON AQUÉLLA DESDE EL MOMENTO MISMO DE SU OTORGAMIENTO Y NO A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. SÓLO SE CONSIDERARÁ DESACATO SI UNA VEZ NOTIFICADA EJECUTA ACTOS CONTRARIOS A LA SUSPENSIÓN O NO REVOCA LOS ACTOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD A LA NOTIFICACIÓN, SIEMPRE QUE SU NATURALEZA LO PERMITA. Desde el momento de la concesión de la suspensión existe la obligación para la autoridad responsable de mantener las cosas en el estado en que se encontraban, y no hasta su notificación. Lo que sucede con la notificación es que sólo a partir de entonces podría considerarse que la autoridad, conociendo la orden de suspensión, pueda estar en desacato por ejecutar actos de los que tiene conocimiento que no pueden ser ejecutados; es decir, si bien la obligación de la autoridad de cumplir con la suspensión surge en cuanto ésta se concede, sólo puede considerarse que está en desacato hasta que se notifica. Ello no significa que si ejecutó algún acto del que posteriormente se le notifique la concesión de la medida cautelar, no esté obligada a revocarlo, si lo permite la naturaleza del acto, so pena, en dicho supuesto, de desacato." Al margen de lo anterior, de los preceptos citados previamente se desprende que la consecuencia directa del incidente por incumplimiento, exceso o defecto en el acatamiento de la suspensión no es propiamente fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida, sino que el órgano jurisdiccional requiera a las autoridades responsables para que en veinticuatro horas cumplan con la suspensión, rectifiquen los errores en que incurrieron o subsanen las deficiencias relativas a las garantías. Máxime que la suspensión decretada en el juicio de amparo se vincula a la protección del derecho fundamental a la salud de la quejosa, aspecto que resulta de mayor trascendencia. Conforme a ello, si como resultado del incidente se demuestra que las responsables han incumplido con la suspensión, que lo han hecho de manera defectuosa o excesiva, el órgano jurisdiccional deberá requerirlas para que en el término de veinticuatro horas cumplan con dicha medida cautelar, rectifiquen los errores en que incurrieron al hacerlo o subsanen las deficiencias relativas, según sea el caso, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según sea el caso, establece el artículo 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis aislada número XXIII.3 K (10a.), de rubro y texto que sigue: "Registro digital: 2010702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXIII.3 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, página 1245 Tipo: Aislada INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Por su parte, el artículo 158 de la Ley de Amparo faculta a los juzgados de amparo para que cuando la autoridad responsable no acate la suspensión, ordene su cumplimiento y dicte las medidas necesarias que estime convenientes para la ejecución y cumplimiento de la providencia decretada. Ahora, en el caso concreto, el autorizado de la quejosa señala que las responsables no cumplen con la suspensión concedida por las razones siguientes: a) El personal médico, administrativo y jurídico del hospital Civil, le han manifestado en reiteradas ocasiones a la quejosa que no tienen lugar para hemodializarla y que no tienen recursos económicos para subrogarla. b). Que hay desabasto de medicamentos y que tampoco tienen recursos económicos para comprar los medicamentos; y, c). Por ende, no se le han dado las hemodiálisis y medicamentos que necesita (eritropoyetina). Sin embargo, la omisión que refiere el incidentista se encuentran desvirtuadas con las constancias que al efecto remitió la responsable, consistentes en: Resumen clínico emitido por el médico Francisco Alberto Ceballos Rodríguez, en el que se anotó que Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo, cursa con diversos padecimientos, entre ellos enfermedad renal crónica (hemodiálisis), secundaria a nefrología diabética, con presencia de peritonitis refractaria, se le retiró catéter y se inició hemodiálisis con cateter yugular izquierdo, con dos sesiones a la semana. Nota de evolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, signado por el médico tratante Salvador Querea Hernández, en la que se determinó el diagnóstico de enfermedad renal crónica (hemodiálisis), sec. a nefrología diabética, a quien se le indicó tratamiento médico, sesiones de hemodiálisis de forma programada y cita abierta a urgencias. Diversos estudios de resultados de laboratorio realizados a la quejosa el doce de abril, diez y quince de mayo de dos mil veintitrés. Hoja frontal para diagnósticos y operaciones quirúrgicas de uno de junio de dos mil veintitrés, de las que se desprende que en esa fecha se realizaron sesiones de hemodiálisis a la quejosa. Nota de valoración egreso de nefrología de uno de junio de dos mil dieciséis, realizada por el médico tratante Salvador Querea Hernández, de la que se desprende que se le indicó tratamiento médico, sesiones de hemodiálisis de forma programada y alta a su domicilio con cita abierta. Informe presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por las responsables, donde informan que se dio de alta y la quejosa recibirá las hemodiálisis, aplicando hierro y eritropoyetina en el Hospital Torre Victoria, dos veces por semana, los días miércoles y viernes a las 12:00 horas. De lo anterior, puede afirmarse que, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, las responsables han estado brindando la atención médica requerida por la quejosa Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo, pues válidamente puede concluirse que, hasta el momento, las autoridades responsables, en específico, el Hospital General "Doctor Miguel Silva" de esta ciudad, han llevado a cabo acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a la medida suspensional otorgada por este órgano de control constitucional. En efecto, de las constancias remitidas por la responsable en cita, obran las relativas a que la promovente del amparo ha estado recibiendo atención periódica desde el doce de abril de dos mil veintitrés, lapso dentro del cual se le han realizado estudios de laboratorio y se le ha proporcionado la atención médica requerida, entre ellas sesiones de hemodiálisis, siendo la última de ellas el uno de junio de dos mil veintitrés, en virtud de habérsele diagnosticado enfermedad renal crónica (hemodiálisis), secundaria a nefrología diabética. Incluso, con posterioridad a la audiencia incidental, se le dio de alta en el Hospital Torre Victoria, para que recibiera hemodiálisis y eritropoyetina para su tratamiento. En consecuencia, no procede declarar fundado el presente incidente, puesto que para ello era necesario generar convicción sobre las afirmaciones de diversas omisiones implícitas, las que al margen de poder ser comprobadas por cualquier medio que resulte idóneo para tal efecto, lo cierto es que por el contrario, de las constancias de autos se advierte que, de forma regular se han llevado a cabo acciones para brindar los insumos, atención médica y medicamentos que requirió la quejosa para los padecimientos que le aquejan, en especial, diagnóstico de enfermedad renal crónica (hemodiálisis), secundaria a nefrología diabética. Al margen de que el día de hoy se dictó sentencia en el presente juicio de amparo donde se concede la protección constitucional para que se le siga brindando tal atención médica y medicamentos que requiere. Sirve de apoyo el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 193164 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común Tesis: VII.2o.A.T.6 K Página: 1362 VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, INCIDENTE DE. INFORME NEGATIVO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CARGA DE LA PRUEBA. Si la parte quejosa afirmó que la autoridad responsable realizó actos que violaron la suspensión definitiva otorgada en su favor, y la referida autoridad, en su informe respectivo, negó haber efectuado acto alguno tendente a desobedecer la medida cautelar de que se trata, era a dicha quejosa a la que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho". De lo hasta aquí expuesto, válidamente puede concluirse que hasta el momento las autoridades responsables han llevado a cabo las acciones necesarias para dar cabal cumplimiento a la medida suspensional otorgada por este órgano de control constitucional en favor de la quejosa Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo. Por lo antes expuesto y, con fundamento en los artículos 206 y 207 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara infundado el incidente de incumplimiento a la suspensión de plano decretada en favor de la quejosa directa Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA Agréguese el oficio signado por el apoderado de la (1) Secretaría de Salud de Michoacán y (2) Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico del (3) Director del Hospital General de Morelia "Dr. Miguel Silva", a través del cual informa que se determinó el tratamiento de hemodiálisis de manera subrogada, esto con la finalidad de garantizar el tratamiento dialítico a la quejosa Ma. de los Ángeles Pérez Jaramillo; para ello la Secretaría de Salud de Michoacán y Servicios de Salud Michoacán celebraron contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, con la empresa IGS Medical, S.A. de C.V., actualmente con Arquina S.A. de C:V., siendo el responsable del proceso de adjudicación. Asimismo, manifiesta que la quejosa recibirá el tratamiento por parte de la empresa en comento de manera subrogada en una clínica cercana a su domicilio, esto es, en la clínica privada Hospital Torre Victoria, dos veces a la semana, los días miércoles y viernes a las doce horas, en la que se aplicará como parte del tratamiento dialítico hierro y eritroproyectina. Por otra parte, refiere que en caso de que la quejosa requiera algún medicamento diverso, deberá comparecer al nosocomio demandado, para que un médico valore si lo requiere o no, una vez generada la receta podrá pasar al área de farmacia a recoger el medicamento prescrito y, en caso de no contar con él, deberá acudir al área de dirección para dejar una copia de la receta y se realicen las gestiones administrativas pertinentes a fin de adquirir de manera directa el medicamento que requiera. Además, también indica que podrá acudir a la cita que tiene programada para el trece de julio del año en curso, en el nosocomio responsable a efecto de que se le brinde la atención médica complementaria que requiera. Lo anterior se ordena hacer del conocimiento inmediato de la parte quejosa, a través de su autorizado, para efecto de que comparezca a la clínica a recibir su tratamiento de hemodiálisis. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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