Ma. de la Luz Ceja Ayala
Expediente 672/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de la Luz Ceja Ayala
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, con el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 150/2018 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, resolvió: "ÚNICO. El recurso de queja es infundado. ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 5918/2018, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse a la autoridad responsable, las copias certificadas que remitió en apoyo de su informe justificado; solicitándole el acuse recibo correspondiente, en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del cuaderno de desechada número VIII-672/2018 del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de siete de septiembre del año en curso, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintidós de agosto del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE RECURSO DE QUEJA Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintidós de agosto del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo que originó el presente cuadernillo. TRAMITACIÓN DEL RECURSO Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el proveído reclamado se desechó por su notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Ma. de la Luz Ceja Ayala, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo, a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente asunto, el auto recurrido consiste en el que se tiene por desechada la demanda de amparo, por lo que no existen partes en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
por medio de lista notifico al quejoso lo siguiente: Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. SE RECIBEN AUTOS. Ténganse por recibidos los autos del juicio de amparo número 681/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, formado con motivo de la demanda promovida por Ma. De la Luz Ceja Ayala, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado y hágase del conocimiento de la superioridad en mención, que con esta fecha éste órgano jurisdiccional de control constitucional, se avoca al conocimiento de la demanda de cuenta. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA FORMAR TOMO DE PRUEBA Por último, con los anexos remitidos por la autoridad responsable se ordenan formar un tomo de prueba por separado, respetando su sello, folio y rúbrica, agregándole únicamente la carátula correspondiente para su identificación. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías a estudio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".a).- Del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se le reclama como acto reclamado: la sentencia dictada con fecha 28 veintiocho de Junio del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación número I-347/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada dentro del incidente de conclusión del cargo de albacea, dictada con fecha 13 trece de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, dentro de la primera sección del Juicio Sucesorio Intestamentario 950/2002, denunciando por Ma. Guadalupe Ceja Gómez y/o Guadalupe Ceja Gómez y/o José Guadalupe Ceja Gómez ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán. b).- Del C. Juez de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, se reclama la ejecución física y materia de la resolución materia del acto reclamado citado en el inciso que antecede." Respecto del mismo, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por su parte los numerales 61, fracción XIV en relación con los artículos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se presentará dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el primero de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. A fin de evidenciar la actualización de la hipótesis de improcedencia que se invocó al inicio del presente considerando, deviene indispensable traer a colación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 266/2013, suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya ejecutoria dio origen al criterio jurisprudencia identificado con la nomenclatura 1a./J. 13/2014 (10a), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto 2014, tomo I, página 275, número de registro 2007052, de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2007052 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2014 (10a.) Página: 275 "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." Contradicción de tesis 266/2013. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de noviembre de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, respecto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Alejandra Spitalier Peña. Tesis y/o criterios contendientes: El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos en revisión 129/2011, 369/2011, 202/2012, 413/2012 y 429/2012, dieron origen a la jurisprudencia número III.5o.C. J/4 (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA COMO DIRECTO. SUPUESTO EN QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, NO DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE FUE INTERPUESTA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1124, con número de registro IUS: 2002281. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) 100/2013, sustentó la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR SU OPORTUNIDAD, DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE FUE PRESENTADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA PUEDA PRESUMIRSE QUE EL QUEJOSO SÍ SABÍA LA VÍA CORRECTA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1368, número de registro IUS: 2003967. Tesis de jurisprudencia 13/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de febrero de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de agosto de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Ahora bien, de los antecedentes narrados en el escrito inicial de demanda por la quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que previamente y derivado de un mismo juicio natural, la quejosa promovió de manera incorrecta juicio de amparo directo cuando el procedente era el indirecto, que el amparo presentado en la vía directa en segunda ocasión, se promovió en contra de la resolución dictada en cumplimiento de sentencia dictada en el amparo indirecto IX-63/2018, del índice de este juzgado. Bajo esa premisa, se colige que la segunda equivocación de la inconforme en torno a la presentación de la demanda ante la autoridad responsable, ya no permite presumir que se trata de un simple error, pues ello implica la obstaculización injustificada de la buena marcha del procedimiento natural, lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Por tal motivo, este órgano jurisdiccional estima que la fecha que debe tomarse en cuenta para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, es aquella en la que se recibió la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, esto es, hasta el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Se sostiene lo previo, atendiendo a que, en términos de la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial citado, en el caso particular obran elementos suficientes que impiden presumir la buena fe en la presentación de la demanda en la vía incorrecta, tomando en consideración lo siguiente: El quince de enero de dos mil dieciocho, la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo contra la resolución de siete de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-347/2017, que modifico la sentencia interlocutoria pronunciada en el incidente sobre conclusión de cargo de albacea definitivo, planteado en el juicio sucesorio testamentario 950/2002 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán, para declarar procedente dicha incidencia, remover cargo de albacea, y requerir a los legatarios para emitir voto para la nueva designación de albacea definitivo, así como su ejecución. Mediante auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el tribunal colegiado determinó que carecía de legal competencia para conocer de dicha demanda, ya que el acto reclamado no era alguno de aquellos contra los que procediera el juicio de amparo directo, por lo que ordenó la remisión de la demanda al Juzgado de Distrito correspondiente. Por razón de turno correspondió a este juzgado conocer de la misma, la cual fue registrada bajo el número IX-63/2018, juicio de garantías en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la aquí quejosa, para el efecto de que el magistrado responsable diera contestación a los agravios expuestos vía apelación. En cumplimiento a dicha determinación, la magistrada responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó una diversa el veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Inconforme con dicha determinación, es que la aquí quejosa nuevamente promovió demanda de garantías en la vía directa, siendo que nuevamente el tribunal colegiado determinó que no era legalmente competente para conocer de la misma y nuevamente la remitió para su turno al Juez de Distrito correspondiente, siendo dicha demanda la que originó el presente juicio de amparo VIII-672/2018. Demanda en la que, se reitera, el acto reclamado consiste en la resolución de veintiocho de junio del año en curso, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca I-347/2017, que modifico la sentencia interlocutoria pronunciada en el incidente sobre conclusión de cargo de albacea definitivo, planteado en el juicio sucesorio testamentario 950/2002 del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Jiquilpan, Michoacán, para declarar procedente dicha incidencia, remover cargo de albacea, y requerir a los legatarios para emitir voto para la nueva designación de albacea definitivo, así como su ejecución, -procedimiento del que emanó el diverso acto que también se impugnó en la vía directa, y que virtud a la incompetencia decretada por el tribunal que a saber, fue la resolución de siente de diciembre de dos mil diecisiete dictada por el mismo Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el mismo toca número I-347/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación interlocutoria que declaró fundado el incidente de conclusión del cargo de albacea, dentro de la primera sección del mismo juicio sucesorio testamentario 950/2002. Cabe señalar que, resulta jurídicamente válido tener en consideración para el dictado del presente auto, lo actuado en el diverso juicio de amparo IX-63/2018, del índice de este juzgado, por constituir un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, máxime si se atiende a la circunstancia que se pondera, para tener por actualizada la causal de improcedencia en cuestión que es de orden público. Ahora bien, atendiendo a lo reseñado, la quejosa promovió un primer juicio de amparo en la vía directa, respecto del cual el tribunal colegiado determinó que carecía de competencia y virtud a ello correspondió conocer del mismo a este juzgado de distrito quedando registrado bajo el número IX-63/2018, en el que al concederse el amparo solicitado, la autoridad responsable dictó una diversa determinación en cumplimiento al dicho fallo protector, mismo que constituye materia de reclamo en este diverso juicio que por segunda ocasión fue presentado por la vía incorrecta, ello pese a que la quejosa ya tenía conocimiento de cuál era la vía procedente, de tal modo que ese error no puede considerarse de buena fe para interrumpir el término de su presentación, ya que la quejosa no ignoraba que una determinación de tal naturaleza debía combatirse a través del juicio de amparo indirecto; y, no obstante, asumió una conducta de aparente desconocimiento en el tema, y de nueva cuenta promovió amparo directo, lo que pone de relieve que su proceder dejó de ser de buena fe, como lo exige la propia naturaleza del juicio constitucional, ya que al haberse dictado el acto aquí reclamado en cumplimiento al amparo indirecto previamente promovido como directo no cabía lugar a duda de que la resolución emitida por la responsable debía presentarse en la vía indirecta, lo que evidencia que no se trata de un entendimiento incorrecto de lo señalado en la Ley de Amparo, ni de una simple equivocación respecto al órgano competente o del lugar en que debía presentarse la demanda, por lo que su proceder dejó de ser de buena fe. De lo hasta aquí razonado, se colige que el plazo para presentar la demanda de amparo contra la resolución de veintiocho de junio del año en curso, comenzó a transcurrir a partir del dos de julio del año en curso-día hábil siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación personal que se le realizó a la inconforme del acto reclamado por conducto de su autorizado-, y concluyó el veinte de julio de la presente anualidad, ya que la quejosa tenía acceso a la nueva determinación virtud al juicio de amparo IX-63/2018, al haber sido dictada en cumplimiento a esa ejecutoria. Y, si bien del dieciocho de julio al uno de agosto, ambos de dos mil dieciocho, la autoridad responsable estuvo gozando de su periodo vacacional, periodo que podría descontarse del citado cómputo, aun así la presentación de la demanda resulta extemporánea. Ya que si la demanda de protección de derechos fundamentales se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, hasta el veintiuno de agosto del año en curso, según se aprecia de la boleta de turno de la misma (foja 1 del sumario), es claro que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que, su presentación fue extemporánea y debe tenerse como tácitamente consentido el acto que ahora pretende reclamar. Como se evidenció en líneas previas, tanto de la demanda de garantías, como del cuaderno de pruebas y del diverso juicio de aparo IX-63/2018, existen diversos elementos que permiten arribar a la conclusión de que la inconforme indebidamente presentó la demanda de amparo ante la autoridad responsable, no obstante que tenía conocimiento fehaciente de que, contra dicha determinación procede el amparo en la vía indirecta, tales como: 1) que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiocho de junio del año en curso, misma que fue dictada en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo IX-63/2018, el cual previamente se había presentado por la vía directa; y 2) que el Tribunal Colegiado al declarar su incompetencia legal explicó los supuestos de procedencia del amparo directo. Bajo esa tesitura, se estima que en autos sí obran elementos suficientes para determinar que en el caso particular no se actualiza la excepción que permite presumir que hubo por parte de la quejosa un error derivado de una verdadera duda o desconocimiento en torno al ejercicio de la vía procedente para reclamar la resolución de veintiocho de junio del año en curso. En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Atento a la certificación secretarial de cuenta, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en su libelo constitucional. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría de la adscripción. Conste
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