Ma. de los Angeles Cárdenas Torres
Expediente 562/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de los Angeles Cárdenas Torres
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de noviembre de dos mil veintidós. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de quince de junio del año dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres o María de los Ángeles Cárdenas Torres; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, visto el estado de autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del citado acuerdo. Una vez que concluya el plazo referido en el párrafo anterior contado a partir de esta fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de demanda que promueve Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres ó María de los Ángeles Cárdenas Torres. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-562/2021. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Los artículos 61, fracción XIII, 62, 107 fracción V y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos de la Ley de Amparo transcritos, se obtiene que las causas de improcedencia son de orden público e interés social; por ese motivo el órgano que conozca del asunto deberá analizar la demanda y si advierte la actualización manifiesta e indudable de alguna causa de improcedencia desechará de plano la demanda. Además, que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose como tales los que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. Así, en diversas ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha definido que son actos de imposible reparación, aquellos que de una manera inmediata, lesionan el interés de una de las partes en el juicio, y que tal afectación perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no es posible repararlos en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo: el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera. A mayor abundamiento, es pertinente exponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversas ejecutorias, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, de modo tal que esta afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho de que se trata. En contraposición a lo anterior, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulta afectado, obtiene sentencia a su favor. Así, se concluye, que los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y testo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2011338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Página: 1902 ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión 95/2015. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 6 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 75/2015. Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez. Queja 55/2015. Operbes y Bestphone, ambas S.A. de C.V. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza. Queja 100/2015. Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. Amparo en revisión 160/2015. Radiodifusora XETAK-AM, S.A. de C.V. 17 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. Esta tesis se publicó el viernes 01 de abril de 2016 a las 10:01 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 04 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". Cabe señalar que, conforme al artículo 114 fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, existían dos supuestos de procedencia del juicio de control constitucional, a saber: 1º. Considerado como regla general, disponía que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, 2º. Considerado como complementario del anterior, establecía que los actos procesales o formales tenían una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, que entró en vigor en marzo de dos mil trece, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la legislación en la materia, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, únicamente cuando produzcan una afectación material a derechos sustantivos, no así cuando la lesión generada sea de naturaleza formal o adjetiva; es decir, que para que resulte procedente el juicio de control constitucional la afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Tiene aplicación a lo anterior la tesis jurisprudencial sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla. El Tribunal en Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles diecinueve de agosto en curso, por unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 24/1992, la tesis de jurisprudencia que antecede. Ausentes: Carlos de Silva Nava y José Antonio Llanos Duarte. México, D. F., a 20 de agosto de 1992. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 244, página 164.". Precisado lo anterior, es menester señalar que, en el caso particular, la quejosa reclama la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dentro de la queja III-13/2021, que confirmó el auto de nueve de marzo del año en curso, mediante el cual el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, desechó la ampliación de demanda promovida por la actora, aquí quejosa, dentro del juicio ordinario civil 1190/2020, sobre revocación de donaciones realizadas en favor de Manuel Israel Peña Cárdenas. Los puntos resolutivos de la resolución reclamada, son del tenor siguiente. ".PRIMERO. Esta sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de queja. SEGUNDO. Los motivos de agravio esgrimidos por la parte inconforme resultaron infundados, en consecuencia: TERCERO. Se confirma la resolución impugnada. CUARTO. No se hace condena al pago de multa. QUINTO. Notifíquese personalmente." En la parte considerativa, el tribunal responsable argumentó lo siguiente: "En efecto, en primer término debe indicarse, que efectivamente como lo señaló la juez de origen en el proveído recurrido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del Código de Procedimientos Civiles, una vez verificado el emplazamiento de la demanda, ésta no podrá modificarse o alterarse, sino con consentimiento del demandado, además, de acuerdo a lo previsto en el diverso artículo 315 del mismo ordenamiento jurídico, uno de los efectos del emplazamiento es obligar al demandado a contestar la demanda ante el juez que lo emplazó, de ahí que en términos de lo establecido en dichos preceptos legales, no resulta viable que la parte actora ahora recurrente hubiere pretendido ampliar los hechos de su demanda bajo el argumento de que existen hechos novedosos o supervenientes, pues en todo caso para que hubiere podido actualizar dicho supuesto se requería del consentimiento de la parte demandada, lo que como refirió la juez de origen en la resolución recurrida no se actualizó en el caso particular, además, de que deviene inconcuso que si al demandado se le emplazó en base a los hechos que se plantearon en la demanda, no resulta viable que la misma se pueda ampliar, ya que en todo caso existiría una variación de la litis que indudablemente dejaría en un estado de indefensión a la parte demandada, pues en todo caso lo concerniente a la contestación a la demanda sería indudablemente en base a los hechos que se plantearon de manera inicial, que fueron precisamente en relación a los cuales se le emplazó y se le entregaron las copias de traslado, y no así respecto de los hechos de la ampliación de la demanda, que pretende la parte actora aquí recurrente, por lo que se insiste, que en el caso particular no resulta viable que se tuviera a la parte actora por ampliando los hechos de la demanda." Tales circunstancias permiten considerar que la resolución que constituye el acto reclamado no tiene sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, dado que no afecta ningún derecho sustantivo de ésta, sino únicamente tiene una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, toda vez que la cuestión jurídica resuelta se refiere al desechamiento de la ampliación de demanda civil con motivo de hechos novedosos o supervenientes, lo cual evidentemente sólo genera efectos intraprocesales, porque únicamente implica que tales aspectos no podrán formar parte de la litis actual, empero, no significa que los nuevos hechos no puedan servir como cimiento de una nueva demanda. Así, se insiste, no existe ejecución irreparable ya que las consecuencias de la posible violación pueden llegar a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, simplemente porque no se realizó un pronunciamiento de manera terminal, esto es, que lo único determinado por las responsables fue que en ese juicio no podían atenderse los nuevos aspectos hechos valer por el quejoso, por considerar que de incorporarse a la litis ya conformada se afectaría la materia del juicio, lo cual a su vez implicaría incertidumbre para las partes, en específico para el demandado; por tanto, su demanda resulta improcedente, por ello, debe desecharse. Lo anterior, pues resulta evidente que tal acto no transgrede en perjuicio de la parte promovente algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, debe precisarse que la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de garantías conforme al numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales; lo que, en el caso, no acontece, pues únicamente se afectan derechos adjetivos cuya afectación pueden ser reparada una vez que se dicte la resolución respectiva. Lo anterior queda de manifiesto en las siguientes jurisprudencias: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023041 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XVI.A. J/33 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1561 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, CONFORME A LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2002]. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Partiendo de ello, razonó que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO. Contradicción de tesis 5/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 24 de noviembre de 2020. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Alberto Emilio Carmona, Ariel Alberto Rojas Caballero, Jorge Humberto Benítez Pimienta, Arturo Hernández Torres, José Gerardo Mendoza Gutiérrez y Arturo González Padrón. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 332/2019, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver la queja 71/2019. Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) y 2a./J. 55/2002 citadas, aparecen publicadas con el título y subtítulo, y rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, con número de registro digital: 2006589 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 446, con número de registro digital: 167732, respectivamente. La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 377/2013 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 6, con número de registro digital: 25143. Esta tesis se publicó el viernes 30 de abril de 2021 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 03 de mayo de 2021, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019." "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 167732 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 55/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 446 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, cuando de modo inmediato afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, pero que no son de imposible reparación y son impugnables en amparo directo cuando sólo afectan derechos adjetivos o formales. No obstante, aunque el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso se considera una violación adjetiva o procesal, es reclamable en amparo indirecto, como excepción a la regla general, porque afecta al actor en grado predominante o superior, pues la admisión parcial de la demanda implica, en lo no admitido, que las acciones, elementos o sujetos materia de la inadmisión no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, lo que le causa una afectación de extrema gravedad, además de que dicho desechamiento parcial no constituye un acto reparable con el hecho de obtener una sentencia condenatoria favorable al propósito del demandante, ya que no resolverá sobre la acción no admitida, por no haber sido parte de la litis. Contradicción de tesis 21/99-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 17 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Tesis de jurisprudencia 55/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de marzo de dos mil nueve. Nota: En términos de la resolución de veinticinco de febrero de dos mil nueve, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente de solicitud de aclaración de la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 210, se publica nuevamente la jurisprudencia citada, con la aclaración en el texto ordenada por la propia Sala." "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 170132 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.15o.A.89 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 1729 Tipo: Aislada AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. De la interpretación sistemática de los artículos 209 Bis y 210 del Código Fiscal de la Federación (actualmente artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), se evidencia que para que sea procedente la ampliación de la demanda en el juicio de nulidad, es necesario que el actor se ubique en alguno de los siguientes supuestos: a) que impugne una resolución negativa ficta, esto es, que reclame la omisión en que incurrieron las autoridades fiscales por no notificarle dentro del término de tres meses la resolución que al efecto hubiere recaído a su promoción; b) que manifieste desconocer el origen del acto de autoridad, así como su notificación, y éstos se los dé a conocer la demandada en su escrito de contestación; c) que alegue que el acto administrativo no le fue notificado al actor o que la notificación fue ilegal, con base en los argumentos y constancias que, en su caso, aporte la demandada al dar contestación a la demanda; y d) que en la contestación se introduzcan elementos que no sean conocidos por el actor al presentar su escrito inicial de demanda. En esta línea, debe advertirse que la ampliación de la demanda es análoga a una reconvención, dado que la doctrina distingue las reconvenciones o contrademandas eadem causa, que son las que se apoyan en la misma causa o título que sirve de base a la demanda principal, de las causae dispari, que se fundan en causa diversa de la que sirve de sustento a la principal. Corrobora esa aseveración, que ambas figuras permiten que en un mismo procedimiento se resuelvan prestaciones conexas con identidad de partes, con un criterio unificado de un mismo juzgador, pues si bien en la reconvención se cambian las denominaciones de las partes, también lo es que en la ampliación se incrementan las prestaciones reclamadas a la misma demandada, con motivo de las excepciones y defensas que esgrimió en su escrito de contestación. Sobre tales premisas, debe significarse que es criterio de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el desechamiento de la acción reconvencional afecta a la parte contrademandante en grado predominante o extraordinario, a tal punto que autoriza la procedencia inmediata del juicio de amparo indirecto, en el que, además, el quejoso tiene la oportunidad de obtener la suspensión para el efecto de que el juzgador responsable se abstenga de dictar la sentencia hasta en tanto se resuelva el amparo, lo cual no podría obtener en amparo directo. En esos términos es posible concluir que a pesar de que el desechamiento de la ampliación de la demanda de nulidad es un acto intraprocesal, lo cierto es que no sólo tiene efectos meramente formales en el juicio contencioso, habida cuenta que la sentencia que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses de la parte actora, no la restituye en el derecho que la propia Constitución Federal le otorga, toda vez que no resolverá sobre los actos impugnados, motivos de anulación y las consideraciones que sirvieron para controvertir las pruebas de la autoridad demandada, que se hicieron valer a través de la referida ampliación de la demanda, que no formó parte de la litis. Por consiguiente, la resolución que confirma el desechamiento de la ampliación de la demanda de nulidad también es susceptible de afectar en grado predominante un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna, como es el acceso efectivo a la jurisdicción establecido en su artículo 17, lo que permite identificarla como un acto de imposible reparación que puede reclamarse en el juicio de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 297/2007. Subdelegada "3" Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez. Nota: Por ejecutoria del 30 de octubre de 2014, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 199/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se apartó del criterio en contradicción, al plasmar uno diverso en posterior ejecutoria." Por último, la improcedencia analizada resulta notoria, porque en el caso concreto este órgano de control constitucional no realizó mayor análisis o demostración para arribar a la conclusión anotada, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos Tribunales Colegiados de Circuito, ya han realizado la interpretación respecto a la hipótesis en estudio. Además, se estima que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres ó María de los Ángeles Cárdenas Torres, contra actos de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Lo anterior, sin que resulte excesivo, que la determinación que ahora se adopta no contraviene el principio pro persona a favor de la parte quejosa, pues ello no implica que las cuestiones planteadas ante una determinada autoridad deban ser resueltas indefectiblemente de manera favorable, ni aun cuando se trate de establecer una interpretación más amplia y extensiva a determinadas normas jurídicas. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "Época: Décima Época Registro: 2004748 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.) Página: 906 PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Amparo directo en revisión 2504/2012. Adrián Manjarrez Díaz. 7 de noviembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 3250/2012. Banorte Generali, S.A. de C.V. Actualmente Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 9 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 277/2013. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo en revisión 112/2013. Akai Internacional, S.A. de C.V. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Hugo Alberto Macías Beraud. Amparo directo en revisión 1320/2013. Motores Diesel de Zacatecas, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Tesis de jurisprudencia 104/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de septiembre de dos mil trece." De igual forma, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis citadas en el presente acuerdo, se invocan no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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