Ma. de los Ángeles Rincón Aguilera

Expediente 872/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
872/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. de los Ángeles Rincón Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifiesta que se encuentra en vías de dar cumplimiento a la sentencia, toda vez que el expediente fue turnado al área correspondiente para acordar los que en derecho corresponda, pero que el atraso en la emisión del acuerdo se debe a la carga de trabajo que tiene ese tribunal. Se amplía término para cumplir con la resolución. En consecuencia, como la autoridad oficiante señala el trámite realizado para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y la imposibilidad material con que cuenta (excesiva carga de trabajo), con fundamento en los artículos 193 y 211 de la Ley de Amparo, por una sola vez, se amplía el plazo de cumplimiento concedido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído; en el entendido de que, deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo. Subsisten apercibimientos Finalmente, se hace saber a la responsable que subsisten los apercibimientos formulados en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada con fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a MA. DE LOS ÁNGELES RINCÓN AGUILERA. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo, para el efecto de que: " 1) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera inmediata provea lo conducente respecto del escrito con el que la quejosa pretendió cumplir con la vista otorgada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 312/2015, pudiendo dictar en la forma y términos que a su criterio sean conducentes. En el entendido de que la sentencia de amparo de tendrá por cumplida cuando se reciba copia autorizada de la determinación en la que se acuerde lo relativo." REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad señalada como responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable el legajo de copias certificadas que adjuntó a su informe con justificación, por ser innecesaria su retención en este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL Agréguese a los presentes autos la razón actuarial levantada el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario adscrito para entregar el oficio 16441 dirigido a la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, virtud a que al constituirse en las instalaciones que ocupan la Secretaria de Educación en Estado, con sede en ciudad se percató que las mismas se encuentran tomadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XVIII, Michoacán, desde el diecinueve de septiembre del año en curso. En tal virtud, se ordena al Actuario de la adscripción a fin de que una vez que las instalaciones de la institución de que se trata sean liberadas haga entrega del oficio de mérito, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-872/2023, promovido por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número de expediente IX-872/2023; además se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación previos diferimientos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte del tribunal responsable de hacer cumplir el acuerdo de quince de febrero del año en curso, emitido dentro del juicio laboral 312/2015 de su índice, por medio del cual se actualizaron los salarios devengados y otras prestaciones; y, por ende, se requirió a la Secretaría de Educación del Estado el pronto y efectivo pago ; toda vez que en diverso proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se le dio vista a la peticionaria de amparo para que manifestara lo que su interés conviniera respecto de la documentación que solicitó la citada Secretaría para generar las gestiones necesarias a efecto de estar en posibilidad de continuar con el trámite de lo requerido. De manera que como lo refirió la requirente constitucional cumplió en tiempo y forma con tal requerimiento; circunstancia que la Presidenta del tribunal responsable confirmó al rendir su informe justificado al aducir que el expediente natural se encuentra en el área correspondiente a fin de acordar la respuesta de la parte actora. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias del juicio laboral 312/2015 de su índice, que obran a fojas 16 a 25 del sumario en que se actúa y el tomo de pruebas que se formó por separado. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente: Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, debido a que este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa que se actualice alguna causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada, dando respuesta a los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. El promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El concepto de violación aducido es esencialmente fundado y por ende, suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. En su demanda la quejosa medularmente refiere que la omisión por parte del tribunal responsable de hacer cumplir el acuerdo de quince de febrero del año en curso, emitido dentro del juicio laboral 312/2015 de su índice, por medio del cual se actualizaron los salarios devengados y otras prestaciones; y, por ende, se requirió a la Secretaría de Educación del Estado el pronto y efectivo pago; toda vez que en diverso proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se le dio vista a la peticionaria de amparo para que manifestara lo que su interés conviniera respecto de la documentación que solicitó la citada Secretaría para generar las gestiones necesarias a efecto de estar en posibilidad de continuar con el trámite de lo requerido. De manera que como lo refirió la requirente constitucional cumplió en tiempo y forma con tal requerimiento; circunstancia que la Presidenta del tribunal responsable confirmó al rendir su informe justificado al aducir que el expediente natural se encuentra en el área correspondiente a fin de acordar la respuesta de la parte actora, lo cual vulnera lo estipulado en los numerales 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como los diversos numerales 940 y 945 de la supletoria Ley Federal del Trabajo; y, el 17 constitucional, en su perjuicio el derecho a una justicia expedita previsto en el artículo 17 de la constitución. Motivo de disenso que como ya se adelantó resulta esencialmente fundado, tal como se explica enseguida. Al respecto asiste razón a la demandante de amparo al referir que se viola en su perjuicio el derecho consagrado en artículo 17 Constitucional. Ello es así, porque el justiciable goza de los derechos fundamentales que otorga a su favor la Constitución Federal, entre los que destaca la impartición de justicia pronta. Efectivamente, el tribunal responsable como órgano de administración de justicia en el ramo del derecho del trabajo, está compelido por disposición constitucional a tramitar las controversias que son de su conocimiento, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo o en las legislaciones aplicables de manera supletoria, a efecto de que pronuncie el laudo con que dirima la litis en la temporalidad que para tal efecto previene el citado ordenamiento legal. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, establece: "Artículo 17. [.] Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" De la interpretación literal de la invocada disposición primaria permite advertir una obligación dirigida a los órganos de impartición de justicia (como en el caso acontece con el tribunal responsable), que de suyo los constriñe a resolver las controversias sujetas a su potestad dentro de los lapsos de tiempo establecidos en los ordenamientos legales que regulan su función, con el objeto de que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como se anticipó, tales argumentos resultan fundados, toda vez que de las constancias aportadas por la responsable se conoce que la aquí quejosa demandó ante la responsable a la Secretaría de Educación en el Estado, radicándose el juicio laboral 312/2015, en el que por laudo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo 663/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, condenó a la demandada al otorgamiento y reconocimiento de manera definitiva de las claves presupuestales de pago 4816E0463 160601 02.0 160601 y 4816E0463 160601 06.0 160410 a favor de la quejosa por venirlas devengando. Además el nombramiento que le fue entregado lo es de manera definitiva, procedimiento que deberá realizar la secretaría demandada de conformidad a su normatividad interna; pago de salarios correspondientes a dichas claves, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, que se deberán cubrir de los años dos mil catorce, proporcional de dos mil quince y lo que se ha ido generando durante la tramitación del juicio, por lo que se ordenó la apertura del incidente de liquidación (Visible a fojas 245 a 253 del tomo de pruebas). Luego, mediante auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, el tribunal responsable tuvo al Tribunal de Alzada informando que la resolución que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 663/2018, se declaró cumplida (Visible a foja 262 del tomo de pruebas). Seguido el cace legal, mediante el tribunal responsable emitió resolución de incidente de liquidación en data dos de diciembre de dos mil veintiuno, en la que esencialmente se determinó el monto de $104,739.12 ciento cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos 12/100 moneda nacional, salvo error u omisión aritmética en que se haya incurrido por concepto de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, generados desde un año anterior a la presentación de la demanda laboral -diecisiete de julio de dos mil catorce- a la fecha de la emisión de la resolución de liquidación (Visible a fojas 314 a 318 del tomo de pruebas). Inconforme con la anterior determinación la Secretaría de Educación del Estado, por conducto de su apoderado promovió juicio de amparo, el cual tocó conocer a este Juzgado Federal registrándose bajo el número III-99/2022 de este índice. Luego, en auto de siete de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la apoderada de la parte actora solicitando la aclaración de la resolución incidental anterior por omitir cuantificar lo correspondiente a los salarios devengados pues solamente cuantificó lo relacionado con el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional; de ahí que el tribunal responsable procedió a realizar la cuantificación de los salarios devengados arrojando el monto de $606,324.31 seiscientos seis mil trescientos veinticuatro pesos 31/100 moneda nacional, cantidad que debe agregarse a la establecida en la interlocutoria de dos de diciembre de dos mil veintiuno (Visible a fojas 322 a 323 del tomo de pruebas). En proveído de nueve de enero del año en curso, el tribunal responsable tuvo al Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, remitiendo resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio de amparo indirecto III-99/2022, en el que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la Secretaría de Educación en el Estado (Visible a foja 385 del tomo de pruebas). Después, mediante auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se actualizaron los salarios devengados y otras prestaciones; y, por ende, se requirió a la Secretaría de Educación del Estado el pronto y efectivo pago (Visible a fojas 404 a 405 del tomo de pruebas). Luego, en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se le dio vista a la peticionaria de amparo para que manifestara lo que su interés conviniera respecto de la documentación que solicitó la Secretaría demandad para generar las gestiones necesarias a efecto de estar en posibilidad de continuar con el trámite de lo requerido en el anterior acuerdo (Visible a fojas 406 del tomo de pruebas). De manera que como lo refirió la requirente constitucional cumplió en tiempo y forma con tal requerimiento; circunstancia que la Presidenta del tribunal responsable confirmó al rendir su informe justificado al aducir que el expediente natural se encuentra en el área correspondiente a fin de acordar la respuesta de la parte actora.; circunstancia que no puede verificarse dentro de las constancias remitidas por la autoridad responsable para verificar la fecha de presentación del ocurso de la actora. Luego, como ya se mencionó los actos que por esta vía reclama la quejosa consisten en la omisión de hacer cumplir el auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que la quejosa refirió cumplir con lo requerido en el diverso auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés; circunstancia que confirma la responsable al rendir su informe de ley. En ese contexto, se deduce que la parte quejosa en su demanda de amparo se duele de la dilación en que incurre el tribunal responsable al no acordar su escrito ni ordenar requerir el pago de la cantidad laudada y actualizada, puesto que ha transcurrido con exceso el término de tres días a que hace referencia el artículo 735, de la Ley Federal del Trabajo, considerando que tal proceder es atentatorio de su derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal. Tal argumento como se anunció, es fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, como se verá a continuación: El artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la parte promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 604, Tomo XXII, y 1013, Tomo XLVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 280219 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXII, página 605 Tipo: Aislada ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia". "Registro digital: 358559 Instancia: Tercera Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLVIII, página 1014 Tipo: Aislada ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Ahora bien, resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios: "Artículo 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. Artículo 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente." De los preceptos transcritos, se desprende toralmente que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, está obligado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para el cumplimiento efectivo de sus laudos, y, que una vez que se solicite la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado con la parte solicitante, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo. También conviene señalar el contenido del artículo 114 de la ley burocrática del estado que a la letra reza: "ARTICULO 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días hábiles." Del contenido del artículo trascrito, se colige que cuando no exista un término para la realización o práctica de alguna diligencia o ejercicio de un derecho, invariablemente el término será de tres días. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto cualquiera de los plazos que establece la ley que rige el controvertido laboral de origen; de ahí que el tribunal responsable pasó por alto el contenido del artículo 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, dado que ha sido omisa en acordar el escrito presentado a efecto de cumplir con la vista ordenada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral número 312/2015 y ordenar las diligencias necesarias para la ejecución total del laudo emitido en ese juicio y la actualización de lo condenado. Así, es claro que la actuación de la responsable violenta derechos humanos de la quejosa, específicamente, el derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 constitucional, el cual entre otros aspectos, como ya se dijo, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente, circunstancia que como se acaba de demostrar no aconteció en el caso a estudio. En consecuencia, con la finalidad de restituir a la quejosa ******************** en su derecho fundamental violado, lo conducente es otorgarle la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: 1) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera inmediata provea lo conducente respecto del escrito con el que la quejosa pretendió cumplir con la vista otorgada en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 312/2015, pudiendo dictar en la forma y términos que a su criterio sean conducentes. En el entendido de que la sentencia de amparo de tendrá por cumplida cuando se reciba copia autorizada de la determinación en la que se acuerde lo relativo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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