Ma. de Jesús Peñaloza Valdovinos
Expediente 788/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. de Jesús Peñaloza Valdovinos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de cuatro de julio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Ma. de Jesús Peñaloza Valdovinos, por conducto de su apoderado juridico; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, visto el estado de autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Anastacio Rodríguez Romero, en cuanto apoderado jurídico de Ma. de Jesús Peñaloza Valdovinos, atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en auto de veintitrés de junio del año en curso, por lo que se procede a proveer lo en derecho corresponda. SE RECONOCE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo y en términos de la constancia que se adjunta a la demanda que se provee, consistente en copia simple del poder general para pleitos y cobranzas de siete de octubre de dos mil diecinueve; en tal virtud, se reconoce a Anastacio Rodríguez Romero, el carácter de apoderado de la aquí quejosa, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA Del análisis integral del escrito de demanda y del escrito de aclaración, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se obtiene que la parte quejosa reclama del Tribunal Unitario Agrario número 17 con residencia en esta ciudad, el auto de cuatro de mayo del año en curso, mediante el cual se declaró incompetente por razón de la materia para conocer del juicio de origen con número 652/2019, y remitió los autos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de esta ciudad, para que a su vez lo remitiera al Juzgado del fuero común correspondiente, con el fin de que conociera del mismo. Sentado lo anterior y luego de analizar la demanda de amparo, este juzgado de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, determina desecharla de plano por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, acorde a lo que se expondrá a continuación. Se considera que de manera manifiesta e indudable, la demanda es improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario , de la ley de la materia. En esa guisa, cabe precisar que como actos en juicio de imposible reparación, se consideran aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J.24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), Octava Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora, el acto que reclama la parte quejosa consiste en el auto dictado por el Tribunal Unitario Agrario número 17 con residencia en esta ciudad, de cuatro de mayo del año en curso, mediante el cual se declaró incompetente por razón de la materia para conocer del juicio de origen con número 652/2019, y remitió los autos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de esta ciudad, para que a su vez lo remitiera al Juzgado del fuero común correspondiente, con el fin de que conociera del mismo. Al respecto debe decirse que la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues con tal decisión, no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Lo anterior, ya que es una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por éstas debe entenderse aquellas cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, debe precisarse que tratándose de actos de autoridad que determinen declinar la competencia de un asunto, la determinación que puede reclamarse mediante el amparo indirecto, es aquella resolución en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, en virtud de que es cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, pues es a través de la aceptación de la competencia cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que una vez que la autoridad determinó carecer de competencia para conocer de un asunto, se realice el pronunciamiento de aceptación de la misma. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juicio de amparo indirecto, procede en dos supuestos, a saber: a) En contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no solo por una autoridad incompetente. b) En contra de aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Por lo tanto, tratándose de actos de autoridad que determinen declinar la competencia -como en el caso-, el juicio de amparo será procedente, siempre y cuando se señale como acto reclamado la resolución en que la autoridad a favor de quien se declinó la competencia, la acepte. Bajo ese tenor, la resolución reclamada no constituye un acto que afecte materialmente derechos sustantivos, pues no constituye la determinación que a través de la cual se acepta la competencia declinada. Por ende, solo en contra de la eventual determinación en la que el Juez del fuero Común, acepte la competencia declinada por el Tribunal Unitario Agrario Número 17, procederá el juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), con número de registro sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por lo anteriormente expuesto, al constituir el acto reclamado una violación de carácter intraprocesal que no es de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, se DESECHA de plano la demanda de cuenta por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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