Luz Yadira Chagoya Calvillo
Expediente 104/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luz Yadira Chagoya Calvillo
- Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
- Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintidós. SE DA CUENTA CON ACUSE. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 20644, mediante el cual se le devolvieron cuatro tomos de pruebas, consistentes en dos cuadernos de amparo con números V-86/2020 y 118/2020, así como los autos originales de segunda instancia del toca I-331/2019, virtud al haber causado ejecutoria la sentencia emitida en el juicio en que se actúa. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de septiembre del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, se ordena la devolución de los cuatro tomos de pruebas que se formaron con motivo de las documentales que anexó la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, a su informe justificado, rogando acuse de recibo de las mismas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO, POR SÍ O POR CONDUCTO DE SU APODERADA ANA BARBARA CABRERA ACEVES LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN O: V I S T O S, para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número I-104/2021, promovido por LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, por su propio derecho, contra actos que reclama del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el siete de septiembre del dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, turnado en esa misma data al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil con residencia en esta ciudad, LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO Y VIOLACION DE PROCEDIMIENTOS: De la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en Morelia, Michoacán de Ocampo se reclama el auto de fecha 03 tres de agosto de 2020, en el que declara que la resolución emitida en fecha 11 DE MARZO DE 2020, dos mil veinte, dictada en el Toca número I-331/2019, en cumplimiento a la ejecutoria promovida por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, relativa al juicio ordinario civil promovido por la suscrita LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO en contra de KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO ante el Juzgado Octavo Civil en Morelia, Michoacán, exp. 341/2019, ha causado estado en virtud de que transcurrió el término que concede la ley a las partes para interponer el recurso de amparo. Del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán reclamo la ejecutorización del acto que se recama". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO. En sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer en la vía de amparo directo de la referida demanda, por lo cual, ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en esta ciudad. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, recibió la demanda de amparo y sus anexos, el diez de febrero del dos mil veintiuno, quien la turno en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, quien previas aclaraciones, mediante auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número I-104/2021; se consideró innecesario solicitarle su informe justificado al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por ya obrar en autos, por lo cual únicamente se le pidió la remisión de los autos del toca de apelación I-331/2019; solicitó el informe con justificación a la diversa autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; asimismo, por ya obrar el emplazamiento de la tercero interesada KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO, únicamente ordenó se le notificara la radicación del presente asunto, lo cual ocurrió, como se advierte de la constancia que obra a foja 135 de este expediente; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorios, se advierte que los actos reclamados consisten en: Del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el auto de tres de agosto del dos mil veinte, dictado dentro del toca de apelación I-331/2019, mediante el cual se declaró implícitamente ejecutoriada la resolución emitida el once de marzo del dos mil veinte, por dicho Magistrado, en cumplimento a la sentencia del juicio de amparo directo 874/2019, pronunciada el veinte de febrero del dos mil veinte, todo ello dentro del juicio ordinario civil número 341/2018, que sobre rescisión o cumplimiento de contrato de compraventa, promovió LUZ YADIRA CHAGOLLA CALVILLO frente a KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO, ante el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, la ejecución del auto reclamado al Magistrado antes indicado. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que el juez de origen exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las principales constancias del juicio ordinario civil registrado bajo el número 341/2018. Así como con los autos originales del toca de apelación I-331/2019, que el Magistrado responsable, remitió como justificación de su informe. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. Al respecto, se estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, es preciso en principio conocer el contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo, dentro de los plazos previstos [.]". Dicho precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contras los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, es necesario transcribir los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". El primero de los preceptos transcritos prevé el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo, el cual es aplicable en la especie pues no se está en presencia de alguna de las hipótesis consagradas en las facciones I a IV de dicha disposición legal. Lo anterior, porque no se está en presencia de un amparo contra leyes o contra el procedimiento de extradición (que debe promoverse en treinta días); tampoco se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (que puede reclamarse en el lapso de ocho años), ni se promueve por un núcleo de población comunal o ejidal respecto de actos que puedan tener como efecto privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios (respecto de los que el plazo es de siete años) y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (en que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo). Por su parte, el segundo de los artículos citados establece que el término de quince días para la promoción del juicio de garantías correrá a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. De una recta interpretación del precepto citado se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base el supuesto previsto en el inciso 1), se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos conforme a la ley la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Dicho lo anterior, si los actos reclamados no se encuentran en algunas de las excepciones descritas en párrafos anteriores su reclamo debe sujetarse al término genérico de quince días. En ese contexto, es evidente que en el caso concreto la quejosa debió reclamar, el auto de tres de agosto de dos mil veinte, notificado por lista publicada en esa misma data a partir del día siguiente en que surtió efectos dicha notificación practicada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; es decir, estuvo en aptitud legal para reclamarlo, tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone, en su primer hipótesis, que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la propia ley se computarán a partir del día siguiente, al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A consideración del suscrito se actualiza el motivo de improcedencia planteado. Para así estimarlo es necesario destacar que de las constancias remitidas por la responsable, valoradas en párrafos precedentes se advierte lo siguiente: El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, admitió el juicio ordinario civil que sobre rescisión de contrato de compraventa promovió LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, en contra de KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. El diecinueve de julio del dos mil diecinueve, el juez de origen, emitió sentencia, en el sentido de declarar improcedente la acción que sobre rescisión de contrato de compraventa y otras prestaciones promovió LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, y por tanto absolvió a la parte demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas. En contra de la sentencia referida en el punto anterior, la parte actora, ahora quejosa, interpuso recurso de apelación, mismo que en proveído del veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, el juzgador de primer grado de origen, tuvo por interpuesto en ambos efectos. Del referido recurso de apelación correspondió conocer a Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien dentro del toca número I-331/2019, dictó sentencia el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar la sentencia definitiva recurrida. En contra de la referida sentencia dictada en apelación, la hoy quejosa promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien lo registró con el número 874/2019, y resolvió en sesión celebrada el veinte de febrero del dos mil veinte, en el sentido de conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dictada otra, en la que reiterara los aspectos que no fueron materia de impugnación ni de protección de la justicia federal y analizara el agravio del recurso de apelación, al que dicha superioridad le hizo referencia en el considerando de fondo; y resolviera con plenitud de jurisdicción lo que procediera. El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo precisada en el punto anterior, el once de marzo del dos mil veinte, dictó sentencia declarando infundados los agravios planteados por la recurrente, hoy amparista; y por tanto, confirmó la sentencia apelada. La sentencia antes referida fue notificada a la recurrente, hoy quejosa, mediante instructivo, el doce de marzo del dos mil veinte. En auto de tres de agosto de dos mil veinte, el Magistrado señalado como responsable dictó un auto en los siguientes términos: "Visto el estado que guarda el toca en que se actúa y toda vez que ha transcurrido el término de interposición del amparo en contra de la resolución de fecha 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, dictada por esta Sala Civil; por tanto, se ordena remitir copia certificada de la misma, junto con los autos originales al juez de origen para los efectos legales conducentes"." El cinco de agosto del dos mil veinte, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, tuvo por recibido el testimonio autorizado de la resolución dictada el once de marzo de ese mismo año, lo cual ordenó notificar personalmente a las partes. Dicho proveído fue notificado mediante instructivo, de seis de agosto del dos mil veinte, por el juzgador de origen a LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO. No obstante lo antes precisado, también se observa que en proveído de dieciocho de agosto del dos mil veinte, el referido Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo a LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, presentando demanda de amparo directo en contra de la resolución del once de marzo del dos mil veinte, pronunciada dentro del toca de apelación I-331/2019. Del referido juicio de amparo tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo registró con el número 359/2020 y en sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mi veintiuno, dictó sentencia en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida quejosa De las documentales referidas y ya valoradas en párrafos precedentes, se advierte que si bien la peticionaria del amparo adujo bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda de amparo, como aclaratorios presentados el cinco de marzo y siete de abril ambos del dos mil veintiuno, haber tenido conocimiento del acto reclamado hasta el seis de agosto del dos mil veinte, en el que el Juez de origen le notificó el proveído del cinco de agosto del año en citado en último término, a través del cual tuvo por recibidos los autos relativos al testimonio de la sentencia de apelación emitida el once de marzo del dos mil veinte, por el Magistrado responsable dentro del toca I-331/2019, lo cierto es que, esta última autoridad a petición de este juzgado de Distrito, remitió copia certificada de la lista de acuerdos publicada por la Sala a su cargo, el tres de agosto del dos mil veinte, y de ella se advierte claramente que en esa data se notificó por lista a las partes el auto aquí reclamado, lo cual evidentemente incluye a la ahora quejosa. Documental que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Con lo antes narrado, se pone de manifiesto que lo aducido bajo protesta de decir verdad por la peticionaria del amparo en su escrito de demanda y aclaratorios ya referidos, se contradice con el contenido de la referida constancia de notificación por lista, la cual debe subsistir por no haberse combatido por vicios propios en momento alguno. Así, en términos de los artículos 87 y 101 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, la notificación del auto aquí reclamado del tres de agosto de dos mil veinte, surtió efectos el mismo día de su publicación. En consecuencia, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para promover el aludido juicio, transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto del dos mil veinte, descontándose los días ocho nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mismo mes y año, por ser sábados y domingos. Por tanto, al haberse presentado dicho libelo constitucional, hasta el veintisiete de agosto del dos mil veinte, según lo certificó la secretaria de acuerdos de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, es evidente que para esta última data, ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de la Materia, para promover el juicio constitucional. Es de invocarse la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.". En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, no obstante que inicialmente se hubiere admitido y tramitado el presente juicio de amparo, pues la causal de improcedencia, no se estuvo en aptitud de advertirla al momento de la exhibición del libelo constitucional, máxime que la quejosa refirió haber tenido conocimiento de los actos reclamados el seis de agosto del dos mil veinte. Sirve de sustento la tesis que dice: "Época: Novena Época Registro: 202792 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.20 K Página: 477 SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3524/95. Tequila Eucario González, S.A. de C.V. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 329/76. Alejandro y América Vázquez Talavera. 26 de octubre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 314/76. José María Moreno y Manuel de Jesús Argüello. 3 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 481/76. Patricio Cámara Peón. 15 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 247/76. José Jesús Mijangos Rosado. 17 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 485/76. Patricio Cámara Peón. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Colmenares Martínez. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar. Nota: En el Informe de 1976, página 449, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.",en la página 450, "AUTORIDADES EJECUTORAS. SOBRESEIMIENTO.", y en la página 463, "SOBRESEIMIENTO. ES EXTENSIVO RESPECTO A AUTORIDADES EJECUTORAS.". En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.". Cabe señalar el sobreseimiento antes decretado, en forma alguna le ocasiona perjuicio a la parte quejosa, toda vez que como también se relacionó en los antecedentes narrados en el considerando cuarto de esta sentencia, la aquí amparista, sí promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en el toca de apelación I-331/2019, por el Magistrado responsable el once de marzo del dos mil veinte, cuya firmeza de manera implícita se había declarado en el auto materia de reclamo en esta instancia constitucional. De ahí que incluso, respecto de dicho proveído del tres de agosto del dos mil veinte, se actualiza también la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, pues aun subsistiendo dicho auto, el mismo ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir desde el momento en que se tuvo por interpuesto el juicio de amparo directo número 359/2020, contra la sentencia dictada el once de marzo del dos mil veinte dentro del toca de apelación aludido, e incluso resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en sesión celebrada el veintiuno de enero del dos mi veintiuno. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, por su propio derecho, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el cuarto de los mismos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, POR SÍ O POR CONDUCTO DE SU APODERADA ANA BARBARA CABRERA ACEVES LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN O: V I S T O S, para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número I-104/2021, promovido por LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, por su propio derecho, contra actos que reclama del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el siete de septiembre del dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, turnado en esa misma data al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil con residencia en esta ciudad, LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO Y VIOLACION DE PROCEDIMIENTOS: De la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en Morelia, Michoacán de Ocampo se reclama el auto de fecha 03 tres de agosto de 2020, en el que declara que la resolución emitida en fecha 11 DE MARZO DE 2020, dos mil veinte, dictada en el Toca número I-331/2019, en cumplimiento a la ejecutoria promovida por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, relativa al juicio ordinario civil promovido por la suscrita LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO en contra de KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO ante el Juzgado Octavo Civil en Morelia, Michoacán, exp. 341/2019, ha causado estado en virtud de que transcurrió el término que concede la ley a las partes para interponer el recurso de amparo. Del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán reclamo la ejecutorización del acto que se recama". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL COLEGIADO. En sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer en la vía de amparo directo de la referida demanda, por lo cual, ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en esta ciudad. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, recibió la demanda de amparo y sus anexos, el diez de febrero del dos mil veintiuno, quien la turno en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, quien previas aclaraciones, mediante auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número I-104/2021; se consideró innecesario solicitarle su informe justificado al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por ya obrar en autos, por lo cual únicamente se le pidió la remisión de los autos del toca de apelación I-331/2019; solicitó el informe con justificación a la diversa autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; asimismo, por ya obrar el emplazamiento de la tercero interesada KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO, únicamente ordenó se le notificara la radicación del presente asunto, lo cual ocurrió, como se advierte de la constancia que obra a foja 135 de este expediente; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorios, se advierte que los actos reclamados consisten en: Del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el auto de tres de agosto del dos mil veinte, dictado dentro del toca de apelación I-331/2019, mediante el cual se declaró implícitamente ejecutoriada la resolución emitida el once de marzo del dos mil veinte, por dicho Magistrado, en cumplimento a la sentencia del juicio de amparo directo 874/2019, pronunciada el veinte de febrero del dos mil veinte, todo ello dentro del juicio ordinario civil número 341/2018, que sobre rescisión o cumplimiento de contrato de compraventa, promovió LUZ YADIRA CHAGOLLA CALVILLO frente a KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO, ante el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, la ejecución del auto reclamado al Magistrado antes indicado. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que el juez de origen exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las principales constancias del juicio ordinario civil registrado bajo el número 341/2018. Así como con los autos originales del toca de apelación I-331/2019, que el Magistrado responsable, remitió como justificación de su informe. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. Al respecto, se estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, es preciso en principio conocer el contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo, dentro de los plazos previstos [.]". Dicho precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contras los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, es necesario transcribir los artículos 17 y 18 de la Ley de la Materia, que prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general auto aplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". El primero de los preceptos transcritos prevé el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo, el cual es aplicable en la especie pues no se está en presencia de alguna de las hipótesis consagradas en las facciones I a IV de dicha disposición legal. Lo anterior, porque no se está en presencia de un amparo contra leyes o contra el procedimiento de extradición (que debe promoverse en treinta días); tampoco se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (que puede reclamarse en el lapso de ocho años), ni se promueve por un núcleo de población comunal o ejidal respecto de actos que puedan tener como efecto privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios (respecto de los que el plazo es de siete años) y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (en que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo). Por su parte, el segundo de los artículos citados establece que el término de quince días para la promoción del juicio de garantías correrá a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. De una recta interpretación del precepto citado se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base el supuesto previsto en el inciso 1), se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos conforme a la ley la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. Dicho lo anterior, si los actos reclamados no se encuentran en algunas de las excepciones descritas en párrafos anteriores su reclamo debe sujetarse al término genérico de quince días. En ese contexto, es evidente que en el caso concreto la quejosa debió reclamar, el auto de tres de agosto de dos mil veinte, notificado por lista publicada en esa misma data a partir del día siguiente en que surtió efectos dicha notificación practicada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; es decir, estuvo en aptitud legal para reclamarlo, tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone, en su primer hipótesis, que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la propia ley se computarán a partir del día siguiente, al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A consideración del suscrito se actualiza el motivo de improcedencia planteado. Para así estimarlo es necesario destacar que de las constancias remitidas por la responsable, valoradas en párrafos precedentes se advierte lo siguiente: El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, admitió el juicio ordinario civil que sobre rescisión de contrato de compraventa promovió LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, en contra de KARLA IVONNE CHAGOYA CALVILLO, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. El diecinueve de julio del dos mil diecinueve, el juez de origen, emitió sentencia, en el sentido de declarar improcedente la acción que sobre rescisión de contrato de compraventa y otras prestaciones promovió LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, y por tanto absolvió a la parte demandada de las prestaciones que le fueron reclamadas. En contra de la sentencia referida en el punto anterior, la parte actora, ahora quejosa, interpuso recurso de apelación, mismo que en proveído del veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, el juzgador de primer grado de origen, tuvo por interpuesto en ambos efectos. Del referido recurso de apelación correspondió conocer a Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien dentro del toca número I-331/2019, dictó sentencia el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar la sentencia definitiva recurrida. En contra de la referida sentencia dictada en apelación, la hoy quejosa promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien lo registró con el número 874/2019, y resolvió en sesión celebrada el veinte de febrero del dos mil veinte, en el sentido de conceder el amparo solicitado para el efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dictada otra, en la que reiterara los aspectos que no fueron materia de impugnación ni de protección de la justicia federal y analizara el agravio del recurso de apelación, al que dicha superioridad le hizo referencia en el considerando de fondo; y resolviera con plenitud de jurisdicción lo que procediera. El Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo precisada en el punto anterior, el once de marzo del dos mil veinte, dictó sentencia declarando infundados los agravios planteados por la recurrente, hoy amparista; y por tanto, confirmó la sentencia apelada. La sentencia antes referida fue notificada a la recurrente, hoy quejosa, mediante instructivo, el doce de marzo del dos mil veinte. En auto de tres de agosto de dos mil veinte, el Magistrado señalado como responsable dictó un auto en los siguientes términos: "Visto el estado que guarda el toca en que se actúa y toda vez que ha transcurrido el término de interposición del amparo en contra de la resolución de fecha 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, dictada por esta Sala Civil; por tanto, se ordena remitir copia certificada de la misma, junto con los autos originales al juez de origen para los efectos legales conducentes"." El cinco de agosto del dos mil veinte, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, tuvo por recibido el testimonio autorizado de la resolución dictada el once de marzo de ese mismo año, lo cual ordenó notificar personalmente a las partes. Dicho proveído fue notificado mediante instructivo, de seis de agosto del dos mil veinte, por el juzgador de origen a LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO. No obstante lo antes precisado, también se observa que en proveído de dieciocho de agosto del dos mil veinte, el referido Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo a LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, presentando demanda de amparo directo en contra de la resolución del once de marzo del dos mil veinte, pronunciada dentro del toca de apelación I-331/2019. Del referido juicio de amparo tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo registró con el número 359/2020 y en sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mi veintiuno, dictó sentencia en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida quejosa De las documentales referidas y ya valoradas en párrafos precedentes, se advierte que si bien la peticionaria del amparo adujo bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda de amparo, como aclaratorios presentados el cinco de marzo y siete de abril ambos del dos mil veintiuno, haber tenido conocimiento del acto reclamado hasta el seis de agosto del dos mil veinte, en el que el Juez de origen le notificó el proveído del cinco de agosto del año en citado en último término, a través del cual tuvo por recibidos los autos relativos al testimonio de la sentencia de apelación emitida el once de marzo del dos mil veinte, por el Magistrado responsable dentro del toca I-331/2019, lo cierto es que, esta última autoridad a petición de este juzgado de Distrito, remitió copia certificada de la lista de acuerdos publicada por la Sala a su cargo, el tres de agosto del dos mil veinte, y de ella se advierte claramente que en esa data se notificó por lista a las partes el auto aquí reclamado, lo cual evidentemente incluye a la ahora quejosa. Documental que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Con lo antes narrado, se pone de manifiesto que lo aducido bajo protesta de decir verdad por la peticionaria del amparo en su escrito de demanda y aclaratorios ya referidos, se contradice con el contenido de la referida constancia de notificación por lista, la cual debe subsistir por no haberse combatido por vicios propios en momento alguno. Así, en términos de los artículos 87 y 101 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, la notificación del auto aquí reclamado del tres de agosto de dos mil veinte, surtió efectos el mismo día de su publicación. En consecuencia, en términos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para promover el aludido juicio, transcurrió del cuatro al veinticuatro de agosto del dos mil veinte, descontándose los días ocho nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mismo mes y año, por ser sábados y domingos. Por tanto, al haberse presentado dicho libelo constitucional, hasta el veintisiete de agosto del dos mil veinte, según lo certificó la secretaria de acuerdos de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, es evidente que para esta última data, ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de la Materia, para promover el juicio constitucional. Es de invocarse la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.". En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, no obstante que inicialmente se hubiere admitido y tramitado el presente juicio de amparo, pues la causal de improcedencia, no se estuvo en aptitud de advertirla al momento de la exhibición del libelo constitucional, máxime que la quejosa refirió haber tenido conocimiento de los actos reclamados el seis de agosto del dos mil veinte. Sirve de sustento la tesis que dice: "Época: Novena Época Registro: 202792 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.20 K Página: 477 SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3524/95. Tequila Eucario González, S.A. de C.V. 31 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. Séptima Epoca, Sexta Parte: Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 329/76. Alejandro y América Vázquez Talavera. 26 de octubre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 314/76. José María Moreno y Manuel de Jesús Argüello. 3 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 481/76. Patricio Cámara Peón. 15 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 247/76. José Jesús Mijangos Rosado. 17 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Carrillo Ocampo. Secretario: Guadalupe Méndez Hernández. Volúmenes, 91-96, página 42. Amparo en revisión 485/76. Patricio Cámara Peón. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Colmenares Martínez. Secretario: Leonardo Rodríguez Bastar. Nota: En el Informe de 1976, página 449, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.",en la página 450, "AUTORIDADES EJECUTORAS. SOBRESEIMIENTO.", y en la página 463, "SOBRESEIMIENTO. ES EXTENSIVO RESPECTO A AUTORIDADES EJECUTORAS.". En el Informe de 1977, la tesis aparece bajo el rubro "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO.". Cabe señalar el sobreseimiento antes decretado, en forma alguna le ocasiona perjuicio a la parte quejosa, toda vez que como también se relacionó en los antecedentes narrados en el considerando cuarto de esta sentencia, la aquí amparista, sí promovió juicio de amparo directo contra la sentencia dictada en el toca de apelación I-331/2019, por el Magistrado responsable el once de marzo del dos mil veinte, cuya firmeza de manera implícita se había declarado en el auto materia de reclamo en esta instancia constitucional. De ahí que incluso, respecto de dicho proveído del tres de agosto del dos mil veinte, se actualiza también la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, pues aun subsistiendo dicho auto, el mismo ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir desde el momento en que se tuvo por interpuesto el juicio de amparo directo número 359/2020, contra la sentencia dictada el once de marzo del dos mil veinte dentro del toca de apelación aludido, e incluso resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en sesión celebrada el veintiuno de enero del dos mi veintiuno. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por LUZ YADIRA CHAGOYA CALVILLO, por su propio derecho, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el cuarto de los mismos. SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.
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