M. Raquel Aguilar Vázquez

Expediente 74/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
74/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • M. Raquel Aguilar Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. SE REQUIERE A AUTORIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO Visto el estado procesal de autos, de los que se obtiene que el diecisiete de mayo del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo y que por auto de quince de junio de la presenta anualidad se declaró ejecutoriada y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en Zamora; sin embargo, tomando en consideración que en autos del expediente en que se actúa, no obra constancia de que se haya notificado el citado acuerdo a la autoridad responsable, se ordena girarle oficio que contengan el presente acuerdo, al deberá anexarse el diverso comunicado 10359 que contiene el auto de quince de junio del año en curso, para que esté en condiciones de acatar su contenido en los términos ahí precisados. APERCIBIMIENTO En el entendido que está vigente el apercibimiento que se le hizo en caso de que no dé cumplimiento a la sentencia de amparo en el término que para tal efecto se le concedió, esto es, se le impondrá multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE LOS AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a la quejosa ********************, en proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, a efecto de que compareciera ante este Juzgado Federal con el fin de que ratificara el contenido del escrito presentado el uno de junio del año en curso ante la oficialía de parte de órgano jurisdiccional transcurrió del siete al nueve del mes y año en curso (Foja 95) excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes; sin que lo haya hecho. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Atento a lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita, se tiene por no presentado el recurso de revisión presentado el uno de junio del año en curso ante la oficialía de parte de órgano jurisdiccional. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Asimismo, vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con fecha de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la que por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta una multa, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omiso se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: " ° Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya acordado lo procedente con las solicitudes formuladas por la aquí quejosa, destacadas en los puntos 1.3 y 2 del considerando tercero de este fallo, deberá emitir de inmediato un auto en el que provea lo conducente, esto es, determine si es procedente o no girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para los efectos precisados en el laudo; asimismo, si es factible expedir copia certificada de todo lo actuado en el juicio de origen, así como devolverle a la quejosa los documentos fundatorios de su acción." APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintitrés. REFIERE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN. Visto el escrito aparentemente signado por la quejosa M. RAQUEL AGUILAR VÁZQUEZ, mediante el cual pretende interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el diecisiete de mayo del año en curso dictada en el presente juicio; sin embargo, de dicho escrito se obtiene que la firma que lo calza difiere a simple vista con la que obra estampada en el libelo inicial de demanda. En tal virtud, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede notificado de este proveído, comparezca ante el personal de este juzgado en hora y día hábil, con identificación oficial para que manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de cuenta y si reconoce como suya la firma que lo calza; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso con el que se da cuenta. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  4. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número I-74/2023, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán. La promovente del amparo estimó violados en perjuicio de sus representados los derechos humanos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de garantías registrada con el número I-74/2023; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado, particularmente en esta ciudad de Zamora, Michoacán, además de que los actos reclamados son de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se traduce en: La omisión o dilación por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, para: Lograr el cumplimiento del laudo dictado el once de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral J-IV-178/2015, en específico al omitir proveer lo relativo respecto de los escritos presentados por la quejosa el cuatro de enero de dos mil veintitrés, respecto a: Requerir el cumplimiento total del laudo; Determinar las diferencias de pago de prestaciones y actualizar el importe de los intereses devengados; y, Girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se le otorgue seguridad social. Se le expida copia certificada completa de todo lo en el juicio laboral de origen y se le devuelva la documentación fundatoria de la acción. En la inteligencia de que si bien en el escrito de demanda de amparo se reclama la omisión de proveer otros ocursos como los presentados el dos de marzo y cinco de agosto, ambos de dos mil veintidós. Empero, las peticiones contenidas en estos son similares a las que se realizaron en los libelos de cuatro de enero de dos mil veintitrés. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la junta responsable se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. A cuyo efecto remitió copia certificada de las principales constancias del juicio laboral respectivo, documentales que tienen plena eficacia probatoria con arreglo a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copia certificada de documentos públicos. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en relación con el acto omisivo reclamado a la junta responsable, quien suscribe advierte que en relación con las omisiones precisadas con los numerales 1.1 y 1.2, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, entre otras, en la omisión o dilación por parte de la junta responsable para lograr el cumplimiento del laudo dictado el once de marzo de dos mil veintiuno, al ser omiso en procurar los actos para dicha ejecución, en específico al omitir proveer lo relativo respecto del escrito presentado por la quejosa el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en lo tocante a requerir el acatamiento total del laudo y actualizar los intereses devengados. Ahora bien, de la documental que se allegó al sumario se advierte que mediante auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, en atención a uno de los escritos presentados por la quejosa el cuatro de enero pasado, el Presidente de la junta responsable actualizó el monto de los intereses generados desde la fecha del laudo hasta el seis de marzo de dos mil veintitrés; asimismo, en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, regularizó el procedimiento a fin de comisionar al actuario de su adscripción para el efecto de que realizara el requerimiento de pago y/o embargo respectivo. Así pues, al ser el acto reclamado en el presente juicio de garantías la omisión o dilación por parte de la junta responsable para lograr el cumplimiento del laudo dictado el once de marzo de dos mil veintiuno, al ser omisa en proveer lo relativo a su solicitud formulada el cuatro de enero de dos mil veintitrés; y, al haberse acordado lo relativo en autos de seis y siete, ambos de marzo de dos mil veintitrés, los puntos 1.1 y 1.2, precisados en el considerando tercero de este fallo; por tanto, es de concluirse que exclusivamente por cuanto hace a estas han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía; actualizándose así la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. Consecuentemente, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo promovido por ********************, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, al haber sobrevenido una causa de improcedencia solo respecto de las omisiones indicadas como 1.1 y 1.2 del considerando tercero. Lo anterior sin que sea factible que en esta instancia constitucional se analice la constitucionalidad de los acuerdos emitidos por el Presidente de la junta responsable, toda vez que, en principio, no fueron precisados como actos reclamados en este juicio. SEXTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa respecto de las omisiones precisadas en los puntos 1.3 y 2, aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En los conceptos de violación, en esencia, se reclama de la junta responsable el violentar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones para obtener administración de justicia pronta, particularmente, la dilación en el cumplimiento del laudo, dado que la autoridad ha sido omisa en proveer lo relativo a la solicitud de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se le otorgue seguridad social, además de que se le expida copia certificada completa de todo lo actuado en el juicio laboral de origen y se le devuelva la documentación fundatoria de la acción. Actos omisivos que -estimó la parte quejosa- vulneran en su perjuicio su derecho fundamental a una administración de justicia dentro de los plazos legales. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa efectivamente resultan fundados. A efecto de expresar claramente las razones que llevan al que suscribe a sostener que asiste razón a la parte quejosa, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. En conclusión, el artículo 17 constitucional tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. En el mismo sentido se prevé el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a la plena ejecución de los fallos firmes, lo que también se adminicula a la seguridad jurídica que sustentan los fallos que tienen la categoría de cosa juzgada. En mérito de ello, la junta responsable está obligada a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para el cumplimiento efectivo de sus laudos. Ahora bien, en el particular, desde el once de marzo de dos mil veintiuno, se dictó laudo en el que se condenó a Servicios de Salud de Michoacán a reinstalar en el empleo a la trabajadora, aquí quejosa, así como al pago de $572,572.53 (quinientos setenta y dos mil quinientos setenta y dos pesos 53/100 M.N.) sin perjuicio de los intereses mensuales que se siguieran generando. Además, en el considerando de estudio, se ordenó enviar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de hacer de su conocimiento la existencia de la relación laboral entre las partes contendientes a partir de mayo de dos mil trece, ello a fin de que realizara el procedimiento administrativo para determinar el monto de cuotas y multas a que tenga lugar la omisión de la patronal de inscribir a la trabajadora en ante dicho instituto. Por tanto, si en el caso, como se advierte de autos, a la fecha en que la responsable rindió su informe justificado -doce de abril de dos mil veintitrés - e, incluso, hasta la data en que se emite la presente determinación, la junta responsable había omitido pronunciarse respecto de las peticiones formuladas por la aquí quejosa a fin de cumplir con el laudo, ello en lo que respecta a girar oficio a dicha institución de seguridad social para los efectos ya precisados, ello ha provocado un retraso en el procedimiento ejecutivo del laudo dictado por la responsable, lo cual efectivamente vulnera los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues evidentemente el laudo fue dictado desde hace más de dos años, sin que la autoridad responsable haya actuado en consecuencia. Además de que a la fecha tampoco se ha pronunciado respecto de la solicitud de expedición de copia certificada del expediente de origen y de la devolución de los documentos fundatorios. Por ello se estima que tales omisiones dejan ver que la responsable incumple con su obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución plena del laudo, máxime si se tiene en consideración que el laudo que data del año dos mil veintiuno, está sin cumplimentarse a cabalidad. Así, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales del quejoso, específicamente, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 Constitucional, y acceder a la plena ejecución de los fallos firmes; los cuales entre otros aspectos, conllevan la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente, incluso para obtener la plena ejecución de sus determinaciones, circunstancia que como se acaba de demostrar no aconteció en el caso a estudio. De ahí que si se tiene en cuenta que la parte quejosa compareció a reclamar en la presente instancia constitucional, substancialmente, la dilación por parte de la junta responsable en el cumplimiento del laudo, dado que no se ha girado oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para los efectos precisados, ante tal omisión, quien suscribe estima que no se han realizado los actos necesarios para el cumplimiento del laudo. Además de que al proveer lo relativo al escrito presentado por la quejosa el cuatro de enero de dos mil veintitrés, nada se dijo con relación a la petición de copia certificada del expediente y la devolución de los documentos fundatorios. Por lo que, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, realice siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya acordado lo procedente con las solicitudes formuladas por la aquí quejosa, destacadas en los puntos 1.3 y 2 del considerando tercero de este fallo, deberá emitir de inmediato un auto en el que provea lo conducente, esto es, determine si es procedente o no girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para los efectos precisados en el laudo; asimismo, si es factible expedir copia certificada de todo lo actuado en el juicio de origen, así como devolverle a la quejosa los documentos fundatorios de su acción. En la inteligencia de que el presente fallo se considerará cumplido con la emisión del acuerdo respectivo, en el entendido que está expedito el derecho de la parte quejosa para instar la vía constitucional en caso de que la junta responsable nuevamente incurra en la dilación de la ejecución del laudo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, precisados en los puntos 1.1 y 1.2 del considerando tercero, en términos del quinto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, precisados en los puntos 1.3 y 2 del considerando tercero, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

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