Ma. Albina Sánchez Esquivel

Expediente 504/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
504/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Ma. Albina Sánchez Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. En ese tenor, debe analizarse lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MA. ALBINA SÁNCHEZ ESQUIVEL. Sin embargo, el tercero interesado Ignacio Quintana Pérez, interpuso recurso de revisión en contra de dicha determinación; motivo por el cual, de dicho recurso correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, donde en resolución aprobada en sesión de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que se recabara de oficio la grabación de la audiencia especial para escucha de menores, celebrada el cinco de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio de origen y cumplido lo anterior, se continuará y resolviera lo correspondiente en el juicio constitucional. Una vez que se recibió dicha resolución de alzada y se cumplió con la reposición de procedimiento ordenada, mediante sentencia dictada el tres de julio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa MA. ALBINA SÁNCHEZ ESQUIVEL, para efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el auto reclamado; 2. En su lugar emita otro en el que, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente sobre la petición de custodia provisional de los menores Cristopher y Regina, de apellidos Quintana Sánchez, la cual podrá ser en el mismo sentido, o bien en uno diverso, pero purgando los vicios formales de que adolece, esto es, deberá exponer los motivos y fundamentos que sustenten su decisión, indicando con claridad el alcance y valor probatorio de los medios de convicción, exponiendo las razones por las cuales unos deben privilegiarse frente a otro; y, 3. Se pronuncie sobre las cuestiones accesorias que resulten necesarias tales como la convivencia de los infantes con el padre que no tenga su custodia." Nuevamente, en contra de dicha sentencia el tercero interesado Ignacio Quintana Pérez, interpuso recurso de revisión, el cual, mediante ejecutoria aprobada en sesión de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. Trámites para cumplir con el fallo protector En auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se ordenó requerir a la responsable para que acatara el fallo protector. Previos informes que rindió la responsable y requerimientos que le fueron formulados por este órgano jurisdiccional, por oficio presentado el quince de enero de este año, la Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por ministerio de Ley del Juzgado Segundo de lo Civil de Maravatío, Michoacán, allegó copia certificada del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial oral familiar número 36/2017, a través del cual, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: I. Procedió a analizar la medida cautelar de custodia y convivencia de los menores inmersos en dicho asunto, para lo cual, partió de enunciar las pruebas documentales con los que se contaba en el expediente de origen, exponiendo el valor probatorio de cada documental y el alcance de cada prueba. II. Así, determinó las documentales y diligencias a las que les otorgó valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 1042 y 1043, del Código Familiar del Estado de Michoacán, por haber sido expedidos por instituciones de diversas dependencias, ajenas a los conflictos que en el asunto de origen se ventilan, confeccionados a petición de los oferentes, mismos que al no ser privados algunos, no fueron objetados por quien tenía derecho a hacerlo, mientras que, los anexos que en copias simples se exhibieron, solo los consideró como indicios en cuanto a su alcance y valor, virtud a que requerían de su perfeccionamiento o adminiculación con otros medios de prueba para generar convicción plena. III. Hecho lo anterior, estableció que todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptados teniendo en cuenta el interés superior de los menores, más no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos, premisa sobre la cual, luego de analizar las constancias del expediente de origen, determinó que resultaba improcedente la medida de custodia provisional que solicitó la señora Albina Sánchez Esquivel, sobre sus menores hijos, por lo que tales infantes deberán permanecer provisionalmente bajo la custodia del señor Ignacio Quintana Pérez, en el domicilio que actualmente habita, de conformidad con el artículo 872 del Código Familiar del Estado. IV. En consecuencia de lo anterior, con apoyo en los artículos 436, 437, 438 y 873 del Código Familiar del Estado, decretó la convivencia de los menores con su madre, dada la custodia provisional en favor de su padre, ya que resultó de vital importancia que se mantenga una convivencia paterna filial, entre madre e hijos, y especificó el régimen de convivencia a realizarse, así como las restricciones para las partes y parientes extensos de cada uno de ellos. Asimismo, previo requerimiento formulado a la responsable, por oficio presentado el treinta de enero de este año, la Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por ministerio de Ley del Juzgado Segundo de lo Civil de Maravatío, Michoacán, remitió copia certificada del diverso acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial oral familiar número 36/2017, donde se dejó sin efectos el auto de cinco de mayo de dos mil diecisiete, y se ordenó emitir otro donde se proveyera la petición de custodia provisional de los menores, lo que así se realizó en acuerdo dictado en esa propia fecha y que ha sido señalado con antelación. Situación con la cual, se ordenó dar vista a la parte promovente, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Declaración de ejecutoria cumplida De lo hasta aquí narrado, se desprende que la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, virtud a que dejó insubsistente el acuerdo de cinco de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el juicio especial oral familiar número 36/2017, y con fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, procedió a emitir uno nuevo, en el cual, una vez que exponer los motivos y fundamentos, indicando con claridad el alcance y valor probatorio de los medios de convicción, con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, resolvió lo conducente sobre la petición de custodia provisional solicitada por Ma. Albina Sánchez Esquivel, determinando que resultaba improcedente, por lo que tales infantes deberán permanecer provisionalmente bajo la custodia del señor Ignacio Quintana Pérez, en el domicilio que actualmente habita, pero ponderando el interés superior de los menores decretó el régimen de convivencia de los menores con su madre. Con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa No pasan inadvertidas las manifestaciones que vierte Olivia Benitez Reyes, en cuanto representante especial de los menores, a través de su escrito presentado el catorce de febrero de este año, en el sentido de que la responsable no cumple con el fallo protector, ya que en su concepto no privilegió el interés superior de los menores involucrados, ya que valoró pruebas que datan de hace aproximadamente dos años, y estima que debió señalar nueva fecha para escuchar el sentir actual de los niños y conocer de manera directa y objetiva el estado en que actualmente se encuentran, ya que también pasó por alto que aún y cuando la custodia la ejerce el padre de los niños, la mayor parte del tiempo el cuidado de los niños recae en terceros. Sin embargo, sobre las mismas es preciso señalar que el hecho de que la responsable, una vez que cumplió con una de las obligaciones que le fueron impuestas en la sentencia de amparo, esto es, purgando los vicios formales que le fueron marcados, haciendo uso de la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, procedió a resolver lo conducente sobre la petición de custodia provisional de los menores que le fuera solicitada por la progenitora y aquí quejosa, por tanto, en ningún momento se le dio lineamiento en torno a cómo debería responder a dicha solicitud, por lo que, de ningún modo se le impidió actuar en el ámbito de su competencia legal y emitir una nueva determinación. Al respecto, es necesario señalar que la concesión de un amparo para efectos puede reservar libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse, bajo su libre arbitrio judicial, en torno a los tópicos especificados en la sentencia de amparo. Por tanto, lo que resuelva dicha autoridad, en aras de la libertad de jurisdicción que le ha sido reservada, constituye un acto totalmente diferente al primero que fue señalado como reclamado. En contrario, el juzgador de amparo puede constreñir los efectos de la sentencia de amparo de tal modo que la segunda resolución que dicte la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria tenga -vinculación total- con la sentencia de amparo. Esto sucede cuando la ejecutoria de amparo señala los fundamentos que deba observar la autoridad responsable para emitir su determinación, de tal manera que no pueda brindar una fundamentación y motivación distinta a la ya impresa por el órgano de control constitucional. De este modo, si la responsable no acata con toda puntualidad lo instruido por el juzgador de amparo, entonces se estará en presencia de un desacato a la sentencia de amparo, siendo procedentes en su contra los medios de defensa conducentes en la materia. De lo antes expuesto, se colige que en la sentencia de amparo, si bien se le impuso la obligación a la responsable para resolver la solicitud de custodia provisional, no se le dieron las directrices para fallar en determinado sentido, o aplicar una fundamentación y motivación, quedando por tanto reservada su libertad de jurisdicción. Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la Tesis: 2a./J. 115/2008, localizable en la Página 222, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." En consecuencia, y de estimarlo necesario, quedan expeditos los derechos de las partes para promover los recursos que estimen pertinentes para combatir la nueva resolución. Se ordena archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Parte quejosa desahoga vista Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por Olivia Benitez Reyes, en cuanto representante especial de los menores, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos, en los términos precisados en su escrito de cuenta, manifestaciones que se ordena tomar en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cabal cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos, encargada del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado del Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad, por tanto, téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y al efecto remite copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de mérito y con las diversas recibidas por este juzgado en auto de diecisiete de enero de la presente anualidad, por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA IGNACIO QUINTANA LOPEZ... EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos, encargada del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado del Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad, por tanto, téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y al efecto remite copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de mérito y con las diversas recibidas por este juzgado en auto de diecisiete de enero de la presente anualidad, por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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