Luz María Hernández Villagómez

Expediente 163/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
163/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Luz María Hernández Villagómez
  • Jairo Yobani Ramírez Hernández
  • Luz María Hernández Villagómez y Otros.
  • Gabriel Ramírez Hernández
  • Jairo Yobani Ramírez Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo y negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo X-163/2021, promovido por Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zinapécuaro y Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y recibido en este órgano jurisdiccional el uno de marzo de dos mil veintiuno, Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zinapécuaro y del Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, respecto del acto que precisaron en el propio ocurso, que consideraron violatorio en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20, apartado b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Mediante auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, se previno a los promoventes para que en el plazo de cinco días aclararan su demanda e indicaran si a Yareli Ramírez Hernández también le surtía el carácter de quejosa; precisaran su domicilio correcto; señalaran si en realidad lo que reclamaban era el citatorio y/o la orden de desalojo de ejecutarse en el domicilio que decían era de su propiedad; también, qué acto en concreto le reclamaban al Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán; y, si era su deseo señalar como autoridad ejecutora a la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio citado. Hecho lo anterior, una vez que los quejosos adujeron que sí reclamaban la orden de desalojo de su domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, número 164, de la localidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, Michoacán, luego, por acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se ordenó requerir sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se declaró como autoridad inexistente al Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Esperanza Romero Hernández y se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. A las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede por el Licenciado Leonel López Pérez, Secretario en Funciones de Juez de Distrito. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia. "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción del licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por tanto será dicho juzgador quien dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común). DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La orden de desalojo de su domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, número 164, de la localidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, Michoacán, ordenada por el Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado. Su ejecución por la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. I. Al rendir su informe justificado, la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, negó la existencia de los actos que los quejosos le atribuyeron. Pues bien, pese a lo manifestado por la autoridad responsable de referencia, la parte quejosa, aun y cuando le correspondía la carga de la prueba para desvirtuar dicha negativa no aportó al presente juicio prueba alguna para tal efecto, ni objetó la autenticidad del informe mencionado. Sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguientes: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. También se cita, por ilustrativa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2021, que literalmente dice: Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En esa tesitura, respecto a la referida autoridad responsable, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II. Por lo que ve al contenido del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado, se advierte que si bien no acepta ni niega la existencia del acto reclamado, también lo es que remitió las constancias que integraron, hasta ese momento, la carpeta de investigación con número único de caso 1003202105425. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública; y, sin objeción de falsedad de la parte quejosa. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que el once de febrero de dos mil veintiuno, Esperanza Romero Hernández acudió ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y afirmó que también actuaba en representación de sus cinco hermanas de nombres Norma, Gabriela, Celia, Mirna y Sandra, todas de apellidos Romero Hernández, para denunciar diversos hechos por los delitos de despojo y amenazas en contra de Luz María Hernández Villagómez, y sus hijos de nombres Jairo Jovany, Gabriel y Nayeli, todos de apellidos Ramírez Hernández (sic). Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación dio inicio a la carpeta respectiva; posteriormente, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, realizó entrevistas a dos de los imputados, aquí quejosos, Jairo Yovani Ramírez Hernández y Luz María Hernández Villagómez, en las que los hizo sabedores de la existencia de una investigación en su contra por el delito de despojo, quienes en uso de la voz únicamente se limitaron a señalar que se reservaban el derecho de rendir su declaración, sin que la responsable hiciera precisión alguna en cuanto a que tuvieran que desalojar el inmueble. Ahora, también se advierte que la autoridad responsable tuvo por recibido un informe de investigación de quince de febrero de dos mil veintiuno, a cargo del Policía Investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, del que no se desprende indicación alguna en el sentido de que se hubiera dictado una orden por la que los quejosos tuvieran que desalojar el inmueble. Así, es evidente que, de las constancias reseñadas, como del resto de los documentos que integran la carpeta de investigación, se obtiene que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado, a la fecha de la presentación de la demanda, no ha emitido orden de desalojo, por tanto, se advierte la inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de datos siguientes: Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia. "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantean los peticionarios de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ESPERANZA ROMERO HERNÁNDEZ, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo X-163/2021, promovido por Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zinapécuaro y Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y recibido en este órgano jurisdiccional el uno de marzo de dos mil veintiuno, Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zinapécuaro y del Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, respecto del acto que precisaron en el propio ocurso, que consideraron violatorio en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20, apartado b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Mediante auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, se previno a los promoventes para que en el plazo de cinco días aclararan su demanda e indicaran si a Yareli Ramírez Hernández también le surtía el carácter de quejosa; precisaran su domicilio correcto; señalaran si en realidad lo que reclamaban era el citatorio y/o la orden de desalojo de ejecutarse en el domicilio que decían era de su propiedad; también, qué acto en concreto le reclamaban al Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán; y, si era su deseo señalar como autoridad ejecutora a la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio citado. Hecho lo anterior, una vez que los quejosos adujeron que sí reclamaban la orden de desalojo de su domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, número 164, de la localidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, Michoacán, luego, por acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se ordenó requerir sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se declaró como autoridad inexistente al Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Esperanza Romero Hernández y se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. A las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede por el Licenciado Leonel López Pérez, Secretario en Funciones de Juez de Distrito. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia. "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción del licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por tanto será dicho juzgador quien dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común). DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La orden de desalojo de su domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, número 164, de la localidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, Michoacán, ordenada por el Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado. Su ejecución por la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. I. Al rendir su informe justificado, la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, negó la existencia de los actos que los quejosos le atribuyeron. Pues bien, pese a lo manifestado por la autoridad responsable de referencia, la parte quejosa, aun y cuando le correspondía la carga de la prueba para desvirtuar dicha negativa no aportó al presente juicio prueba alguna para tal efecto, ni objetó la autenticidad del informe mencionado. Sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguientes: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. También se cita, por ilustrativa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2021, que literalmente dice: Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En esa tesitura, respecto a la referida autoridad responsable, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II. Por lo que ve al contenido del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado, se advierte que si bien no acepta ni niega la existencia del acto reclamado, también lo es que remitió las constancias que integraron, hasta ese momento, la carpeta de investigación con número único de caso 1003202105425. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública; y, sin objeción de falsedad de la parte quejosa. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que el once de febrero de dos mil veintiuno, Esperanza Romero Hernández acudió ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y afirmó que también actuaba en representación de sus cinco hermanas de nombres Norma, Gabriela, Celia, Mirna y Sandra, todas de apellidos Romero Hernández, para denunciar diversos hechos por los delitos de despojo y amenazas en contra de Luz María Hernández Villagómez, y sus hijos de nombres Jairo Jovany, Gabriel y Nayeli, todos de apellidos Ramírez Hernández (sic). Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación dio inicio a la carpeta respectiva; posteriormente, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, realizó entrevistas a dos de los imputados, aquí quejosos, Jairo Yovani Ramírez Hernández y Luz María Hernández Villagómez, en las que los hizo sabedores de la existencia de una investigación en su contra por el delito de despojo, quienes en uso de la voz únicamente se limitaron a señalar que se reservaban el derecho de rendir su declaración, sin que la responsable hiciera precisión alguna en cuanto a que tuvieran que desalojar el inmueble. Ahora, también se advierte que la autoridad responsable tuvo por recibido un informe de investigación de quince de febrero de dos mil veintiuno, a cargo del Policía Investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, del que no se desprende indicación alguna en el sentido de que se hubiera dictado una orden por la que los quejosos tuvieran que desalojar el inmueble. Así, es evidente que, de las constancias reseñadas, como del resto de los documentos que integran la carpeta de investigación, se obtiene que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado, a la fecha de la presentación de la demanda, no ha emitido orden de desalojo, por tanto, se advierte la inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de datos siguientes: Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia. "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantean los peticionarios de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo X-163/2021, promovido por Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zinapécuaro y Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y recibido en este órgano jurisdiccional el uno de marzo de dos mil veintiuno, Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández; solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zinapécuaro y del Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, respecto del acto que precisaron en el propio ocurso, que consideraron violatorio en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20, apartado b) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Mediante auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, se previno a los promoventes para que en el plazo de cinco días aclararan su demanda e indicaran si a Yareli Ramírez Hernández también le surtía el carácter de quejosa; precisaran su domicilio correcto; señalaran si en realidad lo que reclamaban era el citatorio y/o la orden de desalojo de ejecutarse en el domicilio que decían era de su propiedad; también, qué acto en concreto le reclamaban al Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán; y, si era su deseo señalar como autoridad ejecutora a la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio citado. Hecho lo anterior, una vez que los quejosos adujeron que sí reclamaban la orden de desalojo de su domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, número 164, de la localidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, Michoacán, luego, por acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se ordenó requerir sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se declaró como autoridad inexistente al Encargado del Orden de la Comunidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Esperanza Romero Hernández y se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. A las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede por el Licenciado Leonel López Pérez, Secretario en Funciones de Juez de Distrito. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia. "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción del licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por tanto será dicho juzgador quien dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común). DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La orden de desalojo de su domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, número 164, de la localidad de Estación Querendaro, Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, Michoacán, ordenada por el Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado. Su ejecución por la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. I. Al rendir su informe justificado, la Policía Ministerial de la Fiscalía General adscrita al Municipio de Zinapécuaro, Michoacán, negó la existencia de los actos que los quejosos le atribuyeron. Pues bien, pese a lo manifestado por la autoridad responsable de referencia, la parte quejosa, aun y cuando le correspondía la carga de la prueba para desvirtuar dicha negativa no aportó al presente juicio prueba alguna para tal efecto, ni objetó la autenticidad del informe mencionado. Sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguientes: Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. También se cita, por ilustrativa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2021, que literalmente dice: Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En esa tesitura, respecto a la referida autoridad responsable, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II. Por lo que ve al contenido del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado, se advierte que si bien no acepta ni niega la existencia del acto reclamado, también lo es que remitió las constancias que integraron, hasta ese momento, la carpeta de investigación con número único de caso 1003202105425. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública; y, sin objeción de falsedad de la parte quejosa. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que el once de febrero de dos mil veintiuno, Esperanza Romero Hernández acudió ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y afirmó que también actuaba en representación de sus cinco hermanas de nombres Norma, Gabriela, Celia, Mirna y Sandra, todas de apellidos Romero Hernández, para denunciar diversos hechos por los delitos de despojo y amenazas en contra de Luz María Hernández Villagómez, y sus hijos de nombres Jairo Jovany, Gabriel y Nayeli, todos de apellidos Ramírez Hernández (sic). Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación dio inicio a la carpeta respectiva; posteriormente, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, realizó entrevistas a dos de los imputados, aquí quejosos, Jairo Yovani Ramírez Hernández y Luz María Hernández Villagómez, en las que los hizo sabedores de la existencia de una investigación en su contra por el delito de despojo, quienes en uso de la voz únicamente se limitaron a señalar que se reservaban el derecho de rendir su declaración, sin que la responsable hiciera precisión alguna en cuanto a que tuvieran que desalojar el inmueble. Ahora, también se advierte que la autoridad responsable tuvo por recibido un informe de investigación de quince de febrero de dos mil veintiuno, a cargo del Policía Investigador adscrito a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, del que no se desprende indicación alguna en el sentido de que se hubiera dictado una orden por la que los quejosos tuvieran que desalojar el inmueble. Así, es evidente que, de las constancias reseñadas, como del resto de los documentos que integran la carpeta de investigación, se obtiene que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, de la Fiscalía General del Estado, a la fecha de la presentación de la demanda, no ha emitido orden de desalojo, por tanto, se advierte la inexistencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de datos siguientes: Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia. "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantean los peticionarios de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Hernández Villagómez, así como Jairo Yobani, Gabriel y Yareli todos de apellidos Ramírez Hernández, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Genaro Hernández Arteaga, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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