Luvia Cruz Matus
Expediente 249/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luvia Cruz Matus
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal, contra el acuerdo de treinta de septiembre de la presente anualidad, en el que se declaró la imposibilidad jurídica para cumplir en todos sus términos con la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Ahora bien, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que por acuerdo de veinte de septiembre del actual, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables Director del Hospital General de Petróleos y Encargado del Despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz, Oaxaca, sin que hubiera hecho manifestación alguna; por tanto, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por sentencia de seis de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió a la quejosa Luvia Cruz Matus, la protección federal que solicitó. Inconforme con ello, la apoderada legal de Petróleos Mexicanos, delegada de las autoridades responsables Director del Hospital General de Salina Cruz y Encargado del Despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General Salina Cruz, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, quien lo radicó bajo el amparo en revisión 70/2021, confirmando la resolución recurrida. Ante tal circunstancia, este órgano jurisdiccional mediante oficios 19238/2021 y 19239/2021, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Por tal razón, el apoderado de Petróleos Mexicanos y delegado de las autoridades responsables Director del Hospital General de Petróleos y Encargado del Despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz, Oaxaca, mediante misiva terminación 508-2021, informó que la quejosa Luvia Cruz Matus continuaba en resguardo domiciliario, toda vez que a partir del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, le fue otorgado el beneficio de la jubilación, en términos de la cláusula 134 Regla I, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por lo que ya no labora para su representada desde la fecha mencionada, y para corroborar su dicho adjuntó la orden de pago de pensión jubilatoria número 13337854. Ante ello, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir en todos sus términos con la sentencia de amparo, pues en el caso, las autoridades responsables concluyeron contrato laboral con la aquí quejosa desde el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, circunstancia que impide dar cumplimiento al fallo protector, ya que la concesión de amparo se efectuó cuando era trabajadora de Petróleos Mexicanos, lo cual a la fecha ya no acontece. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos los oficios con evidencia criptográfica y firma electrónica del apoderado de Petróleos Mexicanos y delegado de las autoridades responsables Director del Hospital General de Petróleos y Encargado del Despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz, Oaxaca, a través de los cuales, en cumplimiento a los requerimientos realizados con los oficios 19238/2021 y 19239/2021 de este índice, informa que la quejosa ****, continua en resguardo domiciliario, toda vez que a partir del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, le fue otorgado el beneficio de la jubilación, en términos de la cláusula 134 Regla I, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por lo que ya no labora para su representada desde la fecha mencionada, y para corroborar su dicho adjunta orden de pago de pensión jubilatoria número 13337854. Ahora, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. *********** DELEGADOS Asimismo, con fundamento en el numeral 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las citadas autoridades responsables a las personas que indican y como domicilio el que aluden. CORREO INSTITUCIONAL Téngase a las prenombradas responsables, señalando como correo institucional el que indican en la misiva de cuenta. CONSULTA ELECTRÓNICA Finalmente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39, como lo piden las autoridades responsables se autoriza únicamente la consulta del expediente electrónico al usuario "alejandroiribeledon". Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de seis de julio del año en curso, dictada en el recurso de revisión 70/2021, y los autos originales del juicio de amparo al rubro citado; por tanto, acúsese recibo vía interconexión. Glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del expediente principal, previa depuración y conservación únicamente de las constancias que obran en original, y hacer del conocimiento de las partes, que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se Confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La justicia dela unión ampara y protege a ***, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en la sentencia recurrida." ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Requerimiento de cumplimiento. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables 1. Director del Hospital General de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz y 2. Encargado del Despacho del Centro de Servicios al Personal del Hospital General de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz (en su denominación correcta), ambos de esta entidad federativa, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado numeral, dé cumplimiento con la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que demuestren lo anterior: Que la quejosa permanecerá en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en hipertensión arterial y diabetes mellitus, que por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. Que se prescinda de exigírsele a la impetrante que reanude sus labores en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es la impetrante. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante la responsable, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. Deberán informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral de la quejosa y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Apercibidas que de no dar cumplimiento sin causa justificada, dentro del plazo concedido, con apoyo en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará merecedora de una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, resérvese la investigación de los datos de las personas físicas que actualmente ostentan el cargo de las prenombradas autoridades, esto a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante una posible contumacia de éstas. Notifíquese personalmente y a las autoridades responsables vía oficio.
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