Luz del Alba Caparroso Trejo
Expediente 101/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luz del Alba Caparroso Trejo
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso D, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso D, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Devolución de anexo a la autoridad responsable Tomando en cuenta que el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, adjuntó a su informe justificado el original del expediente ********************, de su índice; en consecuencia devuélvasele el mismo. Notifíquese
- Principal
Vista la certificación que antecede, advirtiéndose que la quejosa no cumplió con la prevención formulada en proveído de veintidós de febrero del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo; por tanto, se tiene por presentada en los términos planteados el escrito inicial de demanda. .En consecuencia, vista la demanda de amparo promovida por Luz del Alba Caparroso Trejo, por propio derecho, contra actos del contra actos del 1. Juez Primero de lo Familiar de Primera Instancia, con sede en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, que hizo consistir, substancialmente, en la falta de emplazamiento al juicio 147/2017, y como consecuencia, la sentencia y el auto que la declaró ejecutoriada. DESECHAMIENTO Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder llegar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible concluir una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora, conforme a dicho precepto legal, se debe examinar el escrito de demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable debe desechar de plano. En el caso, de las constancias que integran el original del juicio de divorcio necesario incausado número 147/2017, que remitió como justificación de su informe el Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, promovido por Williams Gil Cardoza, en contra de la quejosa Luz del Alba Caparroso Trejo, se advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. (.)". En efecto, la interpretación a contrario sensu, del último de los preceptos reproducidos, permite concluir que la referida causa de improcedencia se surte cuando los actos dictados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a éste. En ese sentido, la doctrina y jurisprudencia ha distinguido que por persona extraña a juicio para efectos del amparo, se entiende como aquella persona física o moral, que no ha figurado en el juicio natural o en el procedimiento, como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de su resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando igualmente, incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente; esto es, será persona extraña a juicio por equiparación, el propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento, le impiden conocer los datos y comparecer al juicio de origen para defenderse. Sobre el tema, resulta aplicable la jurisprudencia 646, con número de registro 1002712, que estatuye: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así como la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196932, con el rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En ese orden, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien siendo parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (en la inteligencia de que ello puede ser no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal), y, por tanto, se haya hecho sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él, o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. En ese orden, si alguien fue formalmente parte demandada en el juicio de origen, pero materialmente no se le incorporó a la relación procesal, ya sea porque no fue emplazada o porque el llamamiento a juicio practicado fue realizado en forma defectuosa, lo que le impidió conocer la existencia del procedimiento instaurado en su contra, se le debe equiparar a una persona extraña al juicio, porque dicha controversia judicial, se siguió sin darle oportunidad a que contestara la demanda, y, a que opusiera excepciones y defensas, o bien, que hiciera valer los recursos y medios ordinarios de defensa que considerara en defensa de sus derechos. Ahora bien, cuando el quejoso que pretende equipararse a una persona extraña al juicio, por aducir que no ha tenido conocimiento del procedimiento del juicio natural, comparece a dicho juicio, o bien, se hace sabedor de los actos reclamados y del proceso seguido en su contra, cuando en éste no se ha dictado sentencia, esa circunstancia es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña, pues tal apersonamiento, o el conocimiento del juicio, en efecto le permite saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman, y en ese caso puede comparecer a oponer excepciones, hacer valer defensas que a su interés convenga, o bien, interponer los recursos y medios ordinarios de defensa que considere; esto es, esa circunstancia lo coloca en aptitud de hacer valer la defensa a sus intereses dentro del propio proceso. Lo antes expuesto es así, porque aun cuando un quejoso se ostente como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural, y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. Sentado lo anterior, como ya se dijo, de las constancias que integran el original del juicio de divorcio necesario incausado número 147/2017, que remitió como justificación de su informe el Secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, promovido por Williams Gil Cardoza, en contra de la quejosa Luz del Alba Caparroso Trejo, las que tienen eficacia valorativa plena en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 17 del Anexo I), se tuvo a la quejosa dentro del plazo de ley produciendo contestación a la demanda entablada en su contra en la forma y término que refirió. Oponiendo las excepciones de falta de acción y de derecho, la de obscuridad de la demanda. Acuerdo que se notificó personalmente a la quejosa el treinta y uno de mayo siguiente (foja 17 vuelta del Anexo I). De lo anterior se puede llegar a la convicción de que, la quejosa no tiene el carácter de persona extraña por equiparación al juicio de origen, en virtud de que se apersonó al juicio de origen al contestar la demanda correspondiente, esto es, con anterioridad al dictado de la sentencia respectiva, por ello, se advierte que tuvo la oportunidad de comparecer y hacer valer sus derechos y ser oída en su defensa en dicho juicio. Circunstancia que hace improcedente la vía constitucional intentada, en la medida en que ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento. En ese tenor, es claro que a la quejosa no puede considerársele como una persona ajena al juicio en el que figura como parte demandada y que con ello se hubiesen transgredido sus derechos humanos de debido proceso, ya que por el estado procesal que guarda el expediente de origen -trámite- se encuentra en aptitud legal de comparecer a defender sus derechos. Ello es así, toda vez que basta que la promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos por la ley para ejercer su garantía de audiencia. Sirve de apoyo jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), número de registro 2000293 que dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, con número de registro 2004274, de título y subtítulo: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Luz del Alba Caparroso Trejo. Al respecto, es oportuno resaltar que el hecho de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, verificable electrónicamente con el registro 2005917, que dispone: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a la cual se le destino el registro electrónico 2005717, cuyo tenor literal es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.- Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma electrónicamente Miriam Fabiola Núñez Castillo, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; ante el Secretario que autoriza y da fe Luis Anselmo Félix Rodríguez. Doy fe.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 1180/2023, firmado por la ********* Fórmese expediente y regístrese con el número 101/2023 III-B, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracción III, así como 114, fracción II de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que establece: **************** Desahogue los siguientes requerimientos: PRIMERO. Tomando en consideración que el acto reclamado, se hace consistir en la falta de emplazamiento al juicio 147/2017, del índice del Juzgado Primero Familiar, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, y como consecuencia, la sentencia y el auto que la declaró ejecutoriada, como se advierte de su único concepto de violación, manifieste si también señala como autoridad responsable ejecutora al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional; con apercibimiento que de no desahogarse la prevención dentro del plazo legal concedido o, bien, no manifestar el impedimento legal que para ello tuviere, se admitirá la misma en los términos planteados en el escrito de demanda respectivo.*************** Así como la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cincuenta, del tomo III, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200588, cuyo tenor literal es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.- Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición". SEGUNDO. De ser así, exhiba tres copias de la demanda de amparo, en virtud de que inicialmente adjuntó una copia a su escrito original, toda vez que en el caso serían necesarias cuatro, las que se distribuirán de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y una más para el tercero interesado. De igual forma, exhiba cuatro copias de su escrito aclaratorio que formará parte integrante de la demanda. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a/J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 170 del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad, y como autorizados únicamente para tales efectos a las personas que refiere, por así solicitarlo expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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