Luiser Cortés Torres
Expediente 129/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luiser Cortés Torres
- Zayda Hernández Revol
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, que contiene el acuerdo dictado el tres de marzo del año curso, en el juicio de amparo 59/2022, de su índice, del que se advierte acusa recibo de la misiva con la que se remitió la demanda de amparo promovida por Adán Hernández Villatoro, en representación de Luiser Cortés Torres, Yudiesky Hernández Torres, Vladimir González Martinez y Zayda Hernández Revol, toda vez que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada, por lo que informa que se avocó al conocimiento de la misma. Anotaciones Háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuadernillo como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, dado que es un asunto en el que se declaró la incompetencia para conocer del mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), este expediente es destruible. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 1294/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en atención a su contenido, infórmesele atentamente que mediante diverso 2593/2022, de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, fue devuelto el juicio de amparo 59/2022, de su índice, toda vez que este órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintidós DATOS DE LA DEMANDA Visto el oficio 1675/2022, firmado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por el cual remite el juicio de amparo 59/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Adán Hernández Villatoro, en representación de Luiser Cortés Torres, Yudiesky Hernández Torres, Vladimir González Martinez y Zayda Hernández Revol, contra actos de la Subdiretora de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas y otra, en cumplimiento al auto de veintisiete de enero de este año, dictado en el referido juicio, en el que se determinó que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, y declinó competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en turno ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 129/2022 IV-A. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA Analizadas las razones que sustenta el juez oficiante para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. La autoridad declinante considera que se surte la competencia por razón de territorio en favor de los Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, toda vez que destaca que conforme a la razón actuarial de quince de enero del año en curso, levantada por el actuario adscrito, los quejosos directos Luiser Cortés Torres, Yudiesky Hernández Torres, Vladimir González Martinez y Zayda Hernández Revol se encuentran privados de su libertad en las instalaciones migratorias en la población de Tapanatepec, Oaxaca, por lo que los actos reclamados tienen o tendrán ejecución en ese lugar, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo. Ahora, es de destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, en efecto señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). De lo transcrito, es inconcuso que para fijar la competencia debe estarse a las reglas a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, para los supuestos en que la determinación reclamada tenga ejecución material, que en la especie se refiere al caso en que el acto reclamado trate de ejecutarse, se ejecute o sea ejecutado, supuesto en el que será competente el juez de Distrito del lugar en que se actualicen tales hipótesis. En el caso, el peticionario de amparo en su escrito de demanda señalo que los actos reclamados consistentes en la incomunicación y deportación se están ejecutando en la Estación de Migratoria siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. No obstante ello, el actuario judicial adscrito al juzgado declinante asentó en la razón actuarial de quince de enero del año en curso, lo que a continuación se digitaliza: De lo anterior, resulta inconcuso que el fedatario judicial únicamente logró cerciorarse que los aludidos directos quejosos no se encontraban en la Estación de Migratoria siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, no así que efectivamente se encontraran en las instalaciones de Tapanatepec, Oaxaca; en virtud de que si bien asentó tal circunstancia, ello deviene del dicho de una persona. En consecuencia, no se encuentra acreditado fehacientemente que los directos quejosos hayan sido detenidos o se encuentren detenidos en dicho lugar, y por consiguiente, no se surte la regla competencial, establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este órgano jurisdiccional deba conocer de la demanda de amparo de mérito. Máxime, que de los informe de la suspensión rendidos por las responsables no se desprende que tales impetrantes de amparo se encuentre en diversa Estación Migratoria, en específico en la ubicada en Tapanatepec, Oaxaca, aunado a que el exhorto girado por la autoridad oficiante a efecto de localizar a éstos, al momento de declinar competencia, no ha sido devuelto por el Juez Sexto de Distrito con residencia en esta ciudad, por lo cual no puede verificarse que efectivamente tales impetrantes se encuentre en la citada estación. Sobre todo, resulta evidente que la demanda de amparo, aún no ha sido ratificada por los directos quejosos, consecuentemente, jurídicamente no existe la misma, ignorándose hasta este momento si subsistirá o no, de ahí que no puede entablarse o suscitarse competencia para conocer de ella. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIII, visible a página 2489, Quinta Época, con número de registro 349202, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la competencia 1/45, suscitada entre los Jueces de Distrito, Tercero en el Estado de Veracruz y en el Estado de San Luis Potosí, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA NO RATIFICADA, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA. Si no se ha ratificado una demanda telegráfica de amparo, como entre tanto no se haga tal ratificación, no existe la demanda, ignorándose si subsistirá o no, jurídicamente, no puede entablarse o suscitarse competencia para conocer de ella." Asimismo resulta aplicable la tesis aislada publicada en el informe 1945, visible a página 26, Quinta Época, con número de registro 815694, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA SUSCITADA ILEGALMENTE. Cuando se promueve telegráficamente amparo ante un Juez de Distrito, éste declara su incompetencia y envía los autos al Juez que estima competente, antes de que el quejoso ratifique su demanda de amparo, procede ilegalmente; en virtud de que, por falta de ratificación de la demanda, se ignora si existe o no el juicio constitucional, es decir si debe o no tramitarse. Con mayor razón, si el Juez de Distrito declara su incompetencia fundándose en que se encuentra legalmente impedido para conocer del amparo o por alguna causa legítima, puesto que en esas condiciones no habría materia para suscitar competencia sino para que presentara su excusa." Cabe señalar que los criterios invocados resultan aplicables al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo anterior, puesto que su contenido no se opone a la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase a la autoridad jurisdiccional declinante el juicio de amparo 59/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por por Adán Hernández Villatoro, en representación de Luiser Cortés Torres, Yudiesky Hernández Torres, Vladimir González Martinez y Zayda Hernández Revol, contra actos de la Subdiretora de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas y otra, lo anterior, previa copia certificada que de la demanda de amparo y boleta de turno, se deje en este expediente. Cúmplase
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