Luisa Pabliana Ulloa Carrasco

Expediente 443/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
443/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Luisa Pabliana Ulloa Carrasco
  • Auxiliar de la Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca
  • Luisa Pabliana Ulloa Carrasco y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con firma electrónica y evidencia criptográfica, al que adjunta copia certificada de la resolución pronunciada en sesión ordinaria virtual de cinco de octubre del año en curso, en el recurso de queja 204/2021, así como un legajo de copias certificadas del presente juicio de amparo. ACUSE DE RECIBO En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad, vía electrónica, de conformidad con el artículo 6, del capítulo segundo, del envío de documentos electrónicos entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diez de mayo del año dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que la Superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta . SEGUNDO. Se CONFIRMA el acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 443 2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz." Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto que fue desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión por no haberse solicitado. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el ocurso signado por ***, ***, ***, ***y ***, a través del cual bajo protesta de decir verdad, manifiestan que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la responsable dictó laudo en el expediente laboral 113/2019, resolución que notificada el veintisiete del mes y año en curso, dando cumplimiento a la sentencia de dieciocho de febrero del año en curso y ejecutoriada el veintidós de abril del mismo año, en el diverso juicio de amparo 196/2020, solicitando se gire oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en el toca 204/2021, a fin de que deje sin materia el recurso de queja y en su oportunidad se ordene el archivo del presente juicio de amparo, adjuntando las constancias por el que acreditan su dicho. En atención a su contenido, lo anterior hágasele del conocimiento de la superioridad, a fin de que acuerde lo conducente, remitiendo para tal efecto copia del escrito de cuenta con sus anexos. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el ocurso signado por Luisa Pabliana Ulloa Carrasco, Marcelino Vásquez Caseco, Jesús Antonio Mendoza Solís, Levy Abisaí Cruz Cruz y Genaro Arturo Olivera García, a través del cual interponen recurso de queja contra el acuerdo de treinta de julio del actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítase el ocurso de cuenta y copia del mismo en el que expresa agravios, así como copia certificada de todo lo actuado, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Tribunales, para la substanciación de dicho medio de impugnación. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el nueve de junio de dos mil diecisiete, con número de registro 2014429, de rubro y texto siguientes: RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL. El precepto citado prevé que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Ahora bien, este medio de defensa es de sustanciación urgente, como lo demuestra la brevedad de los plazos en que debe interponerse (dos días hábiles) y resolverse (cuarenta y ocho horas), conforme a los artículos 98, fracción I, y 101, párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Por esta razón, aun cuando el recurso mencionado quedó exceptuado de la regla general contenida en el artículo 101, párrafo primero, de la propia ley (cuando se impugnen resoluciones que concedan o nieguen aquella medida), conforme a la cual, el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes su interposición para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, ello no altera el sentido de su párrafo segundo, en cuanto dispone que en los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional notificará a las partes e inmediatamente remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda copia de la resolución, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. En este último caso, aun cuando las acciones consistentes en notificar la interposición del recurso y remitir las constancias a la superioridad, no son sucesivas, sino simultáneas, ello no altera ni elimina la previsión concreta de notificar a las partes y enviar de inmediato las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite del recurso de queja, de ahí que si la única forma de corroborar el cumplimiento de la obligación señalada es a través de la verificación de los comprobantes de la notificación a las partes, entre ellas al recurrente, ello constituye una formalidad insoslayable. Sin que aquélla altere la naturaleza urgente de dicho recurso, pues una vez integradas las constancias relativas e inmediatamente remitidas al órgano revisor, éste cuenta con el plazo legal para resolver lo procedente. Consecuentemente, el trámite del recurso de queja aludido está supeditado a que el Juez de Distrito remita inmediatamente las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito, acompañando los comprobantes de notificación a las partes del auto en el que se tuvo por interpuesto ese recurso." También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de treinta de julio del actual, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de julio de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo promovida por ***, ****, ***, ***y ***, por propio derecho, contra actos del Auxiliar de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de la propia H. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera ANOTACIONES Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese con el número 443/2021, que le correspondió. Ahora bien, tomando en cuenta que la parte quejosa reclama del Auxiliar de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de la propia H. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, literalmente lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: La omisión de las Autoridades responsables, a elaborar el Proyecto de Resolución en forma de Laudo y dictar el Laudo en el expediente laboral Núm. 113/2019, en donde somos actores." (SIC) DESECHAMIENTO Previo acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/290 de la Octava Época, con registro 210751, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página sesenta y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (agosto de 1994), que establece: Tomo VII, Mayo de 1998 "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se invoca como hecho notorio la substanciación del juicio de amparo 196/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Marcelino Vásquez Canseco, Jesús Antonio Mendoza Solís, Levy Abisaí Cruz Cruz, Luisa Pabliana Ulloa Carrasco y Genaro Arturo Olivera García, por propio derecho, contra actos del Auxiliar de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y la propia H. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, en el que derivado del informe justificado rendido por la autoridad responsable Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, mismo que hizo suyo el Auxiliar de la referida Junta, se tuvo por cierto el acto reclamado, consistente en que no se ha dictado el laudo correspondiente, con motivo de que existe pendiente de desahogarse una diligencia, juicio respecto del cual se dictó sentencia el dieciocho de febrero del año en curso, misma que causó ejecutoria por auto de veintidós de abril del mismo año. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, mediante auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable ordenó turnar el expediente para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; circunstancia que es materia del cumplimiento dado por la responsable y que se verificará por parte de este órgano jurisdiccional en el aludido juicio de amparo 196/2020. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo II Apéndice 1917-Septiembre 2011, página 3323, Novena Época, registro 1004622, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado consistente en la negativa de la autoridad responsable, a elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral número 113/2019, ya fue motivo de estudio en el citado juicio de amparo 196/2020. Dicho numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." Conforme al análisis sistemático de la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Dicha causal tiene su origen en el principio de cosa juzgada, por virtud del cual, al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un diverso juicio cuya sentencia ha causado ejecutoria, produce su inatacabilidad con la promoción de un nuevo amparo en que se reclame el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al extremo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien, tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de amparo que primigeniamente se promovió y cuya resolución causó ejecutoria. También puede suceder, que en dos juicios de amparo promovidos por el mismo gobernado formalmente se señalen actos reclamados y autoridades responsables distintos, ya sea porque en uno de los expedientes, se designan más, o menos actos reclamados, o autoridades; empero, se puede dilucidar con suficiente claridad que en esencia se trata del mismo acto, de tal modo que si se estudiaran los reclamados en el segundo amparo, se estaría analizando de nueva cuenta sobre el que ya fue materia de estudio en el sumario cuya sentencia ha causado ejecutoria y, ante tales circunstancias, se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que prevé la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto, es precisamente que no se vulnere la verdad legal a que se allegó en el juicio más antiguo, con la interposición de amparos subsecuentes, en los que medularmente se reclame lo mismo. Así, debe estimarse que conforme al principio de cosa juzgada que establece la causal de improcedencia de mérito, un gobernado que figuró como parte quejosa en un juicio de amparo promovido contra determinado acto de autoridad, ya no puede promover otro contra ese acto, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; toda vez que en un diverso juicio no se debe pretender que se declare la inconstitucionalidad de uno que constituyó cosa juzgada al respecto. La porción normativa transcrita recoge una de las causas de improcedencia diseñadas por el legislador para efectos del juicio de amparo, vinculada con la figura de la cosa juzgada. Así, el dispositivo en mención, en relación con la fracción XI del propio precepto, establece que dicha instancia será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un acto que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Alrededor de la cosa juzgada, cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado, desde un panorama central, que ésta debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Igualmente, la Segunda Sala ha dejado establecido que "la autoridad de la cosa juzgada", se integra y extiende en el plano material con diversas intensidades. Por un lado, en sentido estricto, se desdobla con un efecto directo respecto a juicios futuros, al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse a posteriori en diverso proceso y, en este caso, su actualización se sujeta a la condición de que concurran los siguientes presupuestos: a) Identidad de las partes con la misma calidad en ambos procesos. b) Identidad en la causa aducida en el juicio. c) Identidad en el objeto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro: 242962, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 72, Quinta Parte, materia común, página 49, suyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." En este sentido, se tienen como elementos condicionantes de la cosa juzgada, los siguientes: La existencia de una sentencia ejecutoriada. La existencia de un diverso proceso en trámite. La existencia de una relación sustancial de interdependencia, respecto al objeto sobre el que versa el juicio previo -de donde deriva la sentencia ejecutoriada- y el que se tramita. La sujeción de las partes a la obligatoriedad de la sentencia firme del primer proceso. Que en la sentencia firme se sustente un criterio de fondo preciso, claro e indudable sobre uno de los presupuestos lógicos sobre los que versa el nuevo juicio, y que, a su vez, será elemento necesario para sustentar la resolución de este último, a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias. Luego, en términos del diseño establecido en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cosa juzgada que provoca la improcedencia del juicio de amparo exige, de manera estricta, la concurrencia de los supuestos consistentes en: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o ley que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro. 2) Que dichos juicios hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, de acuerdo a ese esquema normativo, la improcedencia del juicio de amparo, por efecto de la prevalencia de un estado de cosa juzgada, precisa de manera indefectible del elemento de identidad en cuanto a personas, cosas y causas en los juicios en que se intente, siendo justamente tales elementos los que trascienden a la integración y eficacia directa de la cosa juzgada. En ese sentido, debe decirse, además, que la indispensable satisfacción de tales supuestos para efectos de la improcedencia del juicio por efecto de cosa juzgada, no resulta caprichosa, sino que se justifica y adquiere relevancia en función de la consecuencia instantánea que su observancia provoca, en concordancia con el objetivo inmediato que dicha institución persigue (certeza y seguridad jurídica). Esto, si se toma en cuenta que para el caso de la cosa juzgada directa, respecto de determinado procedimiento, la configuración del marco de identidad ya señalada (coincidencia de personas, cosas y causas) provoca de manera instantánea una imposibilidad material para juzgar el fondo del asunto (sin alterar la cosa juzgada) y, con ello, la improcedencia automática de la instancia. Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la negativa de la autoridad responsable, a elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo y dictar el laudo en el expediente laboral número 113/2019. Ahora bien, en el diverso juicio de amparo 196/2020, promovido por el quejoso Marcelino Vásquez Canseco, Jesús Antonio Mendoza Solís, Levy Abisaí Cruz Cruz, Luisa Pabliana Ulloa Carrasco y Genaro Arturo Olivera García, contra actos del Auxiliar de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y la propia H. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, la autoridad responsable Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, se tuvo por cierto el acto reclamado, consistente en que no se ha dictado el laudo correspondiente, con motivo de que existe pendiente de desahogarse una diligencia, mismo que concluyó con el dictado de la sentencia por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En razón de lo anterior, se advierte que la sentencia dictada, no fue recurrida en tiempo y forma, por lo que causó ejecutoria por auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, respecto de la cual, los quejosos no han manifestado su inconformidad con el cumplimiento dado por las responsables. De lo anterior se colige que el acto reclamado en el presente juicio, es decir, la negativa de la autoridad responsable, a elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo y dictar el laudo en el expediente laboral número 113/2019, ha sido materia de estudio en diverso juicio de amparo, promovido por el propio quejoso y contra la misma autoridad responsable, en el que a la fecha ha quedado firme y se encuentra en cumplimiento. De ahí que se estime improcedente la acción constitucional intentada por aquel, máxime que el acto reclamado ha sido objeto de examen en juicio de amparo promovido con anterioridad, en el que se ha resuelto sobre la constitucionalidad del proceder de las responsables. En tales condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. Es conveniente mencionar que algunos de los criterios jurisprudenciales que se han invocado en este acuerdo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en callejón Calvario, número ochocientos diez, colonia Morelos, en esta ciudad, y como autorizados únicamente para tales efectos a Jorge Villalobos Ordoñez, Ever Cruz García, Ana Grissel García Cruz, Luis Alejandro Jerónimo Munguía y Fanny Aurora Ortega Oseguera, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción y del Juzgado exhortado puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la Secretaria a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente

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