Luisa Fernanda Torres Julio

Expediente 1265/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1265/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Luisa Fernanda Torres Julio
  • LUISA FERNANDA TORRES JULIO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es conservable por un término de tres años; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. En tal sentido, resguárdese el presente expediente en el archivo de este juzgado y una vez cumplido el plazo de tres años de haberse dictado el presente proveído, procédase a su transferencia; lo anterior, de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Colegiado informa que consultó constancias de notificación en el expediente electrónico. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 8477/2023 que remite el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en esta ciudad, mediante el cual informa que las constancias requeridas mediante oficio 6662/2023 de fecha treinta de agosto del presente año, es decir, la constancia de notificación por lista al tercero interesado ********************del acuerdo de fecha uno de junio del presente año y las constancias de notificación personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al quejoso Humberto Vega Ponce, del acuerdo de fecha seis de junio del presente año, por el cual el tercero interesado interpuso recurso de queja en contra del proveído de uno de junio pasado, se encuentran disponibles en el expediente electrónico y fueron consultadas por dicho órgano colegiado. Admite queja. Por lo anterior, el tribunal de alzada informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el tercero interesado ********************en contra del auto de uno de junio de dos mil veintitrés; el cual quedó registrado bajo el recurso de queja civil ******************** Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintitrés. Ratifican demanda. Vistas las constancias actuariales de cuenta, se advierte que los quejosos ******************** y ********************, ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor, por tanto, se acuerda: Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos ******************** y ********************, para que por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, bajo protesta de decir verdad realicen lo siguiente: Informen si a la fecha tiene conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su extradición a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hicieron sabedores del mismo En caso afirmado, indiquen si lo señalan como acto reclamado, para lo cual deberán narrar los antecedentes del mismo. Lo anterior, a fin de fijar la litis, con el objeto de que esta juzgadora la analice en su momento procesal oportuno y sobre todo para que las autoridades a las que atribuya los actos de que se queja, cuenten con suficientes elementos para rendir sus informes en relación a los mismos y defender su constitucionalidad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Los requerimientos señalados deberán ser aclarados directamente por los quejosos, por ser un acto personalísimo y que sólo a ellos les corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a los quejosos ******************** y ********************,.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda y anexo de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación como juicio de amparo 1265/2023-III. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que en el proemio del escrito inicial de demanda y en la última hoja del mismo se advierte que, al parecer quien presenta la misma es la de nombre ********************, sin embargo, dicho escrito no cuenta con firma electrónica y certificado digital de evidencia criptográfica por parte de dicha persona, sino de ******************** No obstante lo anterior, esta juzgadora estima necesario prescindir de dicha situación, siendo pertinente proveer respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman revisten las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 de constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo. Pues en el caso, se considere se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone: "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda. Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al estar firmada electrónicamente por diversa persona. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por la promovente (que encuadran dentro de los supuestos del numeral 15 de la Ley de Amparo), se hacen consistir, esencialmente, en: - La posible deportación, retorno asistido, expulsión del país o traslado a diversa estación migratoria. - Incomunicación. - La privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o arresto por más de 36 horas. De los que dice son y pueden ser objeto 1) ******************** y 2) ********************, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad extranjera. I. La posible deportación, retorno asistido, expulsión del país o traslado a diversa estación migratoria. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados, o retornados a su país de origen, así como trasladados a otra parte de la República Mexicana, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. II. Incomunicación. Las autoridades responsables de manera inmediata deberán cesar todo acto de incomunicación, en contra de los agraviados 1) ******************** y 2) ********************, y, en su caso, se le permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerlo informado de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Por tanto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la integridad física y salud del quejoso queda bajo su más estricta responsabilidad. III. La privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o arresto por más de 36 horas. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención o arresto por más de 36 horas de las personas en situación de migración, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. Ahora, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, para evitar que la detención administrativa sea arbitraria debe: Ser menor al plazo de treinta y seis horas; y, Debe cumplir con los requisitos de: Razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo; Necesidad; y, Proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. Explicó, que la razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento de un fin legítimo en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación, y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores. Además, destacó que la necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir el fin legítimo y que, en las circunstancias individuales del caso, no exista otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada. Finalmente, señaló que la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión. Por lo que, consideró que el derecho a la libertad personal no es absoluta, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Así, determinó que para una detención en ese contexto, en aras de evitar su arbitrariedad, debe ser aplicada como medida excepcional, por el periodo más breve y sólo si se justifica por una finalidad legítima, siempre que ésta sea acorde con el artículo 21 constitucional, el cual mandata que ningún acto privativo de la libertad de las personas por razones administrativas puede exceder del periodo máximo de treinta y seis horas. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: a) En el caso de que la internación de 1) ******************** y 2) ********************, al país, no se considere irregular por la autoridad migratoria, o, en el caso de que se encuentren detenidos, y éstos no tengan relación con la comisión de un ilícito, las autoridades responsables deberán ponerlos en inmediata libertad. b) En el supuesto de que la detención de 1) ******************** y 2) ********************, derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. c) En el escenario de que la internación de 1) ******************** y 2) ********************, sea considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que fueron puestos a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, y antes de que fenezca el plazo de las treinta y seis horas a partir de su detención, deberá dejarlos en inmediata libertad. En el entendido de que la orden de dejarlos en libertad no impide que se les fijen las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que 1) ******************** y 2) ********************, continúen su procedimiento en libertad. Por tanto, las medidas que señale la autoridad deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de la persona en situación de migración, pero deberá tomar en cuenta aquellas que aseguren que ésta no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, mas no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad. Con la precisión que, la integridad personal de 1) ******************** y 2) ********************, es responsabilidad de la autoridad migratoria, razón por la cual durante el tiempo que se encuentren presentes ante la misma, deberá velar por la protección de sus derechos humanos, esto es, conservar y asegurar su integridad física, entre lo que destaca, proporcionar alimentos, vestimenta en caso de necesitarlo, así como brindar la atención médica básica que se requiera, con el objeto de que no se provoque un menoscabo a su salud, mientras estén a su disposición. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.), de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad." Informes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, y busquen a los directamente agraviados en dicho lugar, y en caso de no localizarlos, y observar camiones dentro de las instalaciones de dicho Instituto, deberán también buscarlos en su interior; así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudieran encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo a 1) ******************** y 2) ********************, y lo requiera para que al momento de la notificación manifieste si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor, así como el nombramiento de autorizado señalado en el escrito inicial. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Correo electrónico y número telefónico. Téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Requerimiento. Ahora, en atención a que quien presentó el escrito de demanda fue ******************** y signado por ********************, requiéraseles para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informen a este órgano jurisdiccional si promovieron diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por los mismos quejosos y actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de dar cumplimiento a lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación. Consulta y notificación electrónica. Por esta ocasión y con la finalidad de notificarle el presente auto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "********************". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a 1) ******************** y 2) ********************, y vía electrónica al promovente.

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