Luis Rey Zamoran Rodriguez

Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
498/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
05/11/2019

Partes del expediente

  • Luis Rey Zamoran Rodriguez
  • Juez de Control Especialiado En Ejecucion del Partido Judicial del Partido Judicial de Tecate, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Imposibilidad de notificación. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a los autorizados del quejoso de nombre Juan Valle Padilla, Eduardo Ramírez Mendoza y Arón Hernández Lara, el proveído de veintitrés de octubre del presente año, en el que se les dio vista con el contenido del oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo no se advierte diverso domicilio donde dichos autorizados puedan ser notificados; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de este juzgado, notificar a los autorizados en comento por lista que se fije en los estrados de este juzgado el referido proveído, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Diferimiento de audiencia. En esas circunstancias, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, procede diferir anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encuentra fijada para las doce horas con veinte minutos del ocho de noviembre del presente año; y en su lugar se fijan las doce horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.5o.C.1 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo II, página 1322, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES." Asimismo, sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.5o.C.2K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Robustece la anterior determinación, la Tesis Aislada XXVII.3o.7 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Tomo II, abril de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el telegrama que remite la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con sede en Mexicali, Baja California, toda vez que mediante proveído de veintitrés de octubre pasado, se acordó lo conducente al contenido del telegrama de cuenta.

  2. Principal

    hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de noviembre de este año, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve a los autorizados del quejoso de nombre Juan Valle Padilla, Eduardo Ramírez Mendoza y Arón Hernández Lara, en el juicio de amparo 498/2019-VIII, por medio de lista de estrados, mismo que en síntesis dice: Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con sede en Mexicali, Baja California, a través del cual da cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve y remite la partida jurídica del quejoso. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que adjunta a su oficio, misma que se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ésta al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por tanto, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga; lo anterior, en virtud que dichas constancias fueron recabas a petición del quejoso en su escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.5o.C.2K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Asimismo por analogía, se cita la Tesis Aislada, I.9o.A. 19K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1298, Tomo XXXIII, abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE EL QUEJOSO NO CONOCÍA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DARLE VISTA PERSONALMENTE PARA QUE MANIFIESTE SI AMPLÍA AQUÉLLA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2003). De la interpretación armónica de los artículos 116, fracción IV y 146 a 148 de la Ley de Amparo, se advierte el principio general que regula el trámite de la demanda de garantías, conforme al cual el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que la aclare, corrija o subsane las deficiencias que presente, a fin de lograr la eficaz integración del juicio. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", determinó que cuando al rendirse el informe justificado el juzgador advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho documento y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición. En estas condiciones, de la aplicación analógica de dicho criterio se concluye que cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe la existencia de documentos o información que el quejoso no conocía al momento de solicitar la protección constitucional, el Juez de Distrito debe darle vista mediante notificación personal para que manifieste si amplía su demanda pues, de lo contrario, quedaría inaudito y la administración de justicia no sería eficaz ni completa." Robustece la anterior determinación, la Tesis Aislada XXVII.3o.7 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Tomo II, abril de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el presente juicio no obran las constancias de notificación de los defensores públicos asignados al quejoso, del proveído de fecha quince de octubre pasado, en el cual se les revoca dicha designación. En atención a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona de nueva cuenta al actuario que por razón de turno le corresponda el presente juicio de amparo, para que de inmediato y con las formalidades ordenadas, notifique a los defensores públicos asignados al quejoso el acuerdo emitido el quince de octubre del año en curso, en el cual se les revoca dicha designación por petición del quejoso. Diferimiento. En virtud de lo anterior, se procede a diferir la celebración de la audiencia constitucional fijada para esta data y en su lugar se fijan las doce horas con veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

  3. Principal

    Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con sede en Mexicali, Baja California, a través del cual da cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve y remite la partida jurídica del quejoso. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que adjunta a su oficio, misma que se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ésta al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por tanto, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga; lo anterior, en virtud que dichas constancias fueron recabas a petición del quejoso en su escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis I.5o.C.2K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 594, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Asimismo por analogía, se cita la Tesis Aislada, I.9o.A. 19K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1298, Tomo XXXIII, abril de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE EL QUEJOSO NO CONOCÍA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DARLE VISTA PERSONALMENTE PARA QUE MANIFIESTE SI AMPLÍA AQUÉLLA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2003). De la interpretación armónica de los artículos 116, fracción IV y 146 a 148 de la Ley de Amparo, se advierte el principio general que regula el trámite de la demanda de garantías, conforme al cual el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que la aclare, corrija o subsane las deficiencias que presente, a fin de lograr la eficaz integración del juicio. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", determinó que cuando al rendirse el informe justificado el juzgador advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho documento y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición. En estas condiciones, de la aplicación analógica de dicho criterio se concluye que cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe la existencia de documentos o información que el quejoso no conocía al momento de solicitar la protección constitucional, el Juez de Distrito debe darle vista mediante notificación personal para que manifieste si amplía su demanda pues, de lo contrario, quedaría inaudito y la administración de justicia no sería eficaz ni completa." Robustece la anterior determinación, la Tesis Aislada XXVII.3o.7 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Tomo II, abril de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el presente juicio no obran las constancias de notificación de los defensores públicos asignados al quejoso, del proveído de fecha quince de octubre pasado, en el cual se les revoca dicha designación. En atención a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona de nueva cuenta al actuario que por razón de turno le corresponda el presente juicio de amparo, para que de inmediato y con las formalidades ordenadas, notifique a los defensores públicos asignados al quejoso el acuerdo emitido el quince de octubre del año en curso, en el cual se les revoca dicha designación por petición del quejoso. Diferimiento. En virtud de lo anterior, se procede a diferir la celebración de la audiencia constitucional fijada para esta data y en su lugar se fijan las doce horas con veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

  4. Principal

    Quejoso ratifica escrito. Vista la constancia de notificación realizada al quejoso ********************el once de octubre pasado, en la que se advierte que ratifica el escrito recibido en este juzgado el tres de octubre del año en curso. Revoca defensores y designa nuevos abogados. En tal virtud, se tiene al citado quejoso revocando como sus defensores públicos a los designados en proveído de siete de mayo del presente año; hágase lo anterior del conocimiento a dichos defensores. Por tanto, como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a los profesionistas que señala en el escrito que ratifica y que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, mismas que se glosan a este cuaderno; únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que señala, por así haberlo solicitado. Reitera domicilio. Se tiene al quejoso reiterando el domicilio para oír y recibir notificaciones. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con sede en Mexicali, Baja California, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciocho de septiembre del año en curso; no obstante de haber informado a este órgano jurisdiccional que por vía ordinaria remitió la partida jurídica del quejoso. Requerimiento de constancias. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en Mexicali, Baja California, para que de inmediato, remita a este órgano jurisdiccional las constancias relativas a la partida jurídica del quejoso ********************ya que las mismas resultan necesarias para resolver el presente controvertido constitucional. Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no informar el impedimento legal que tenga para ello, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio.

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