Luis Ramon Morales Alvarez

Expediente 449/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
449/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Ramon Morales Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que el quejoso y su defensa interpusieran recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se dictó un proveído en el que se desechó la demanda promovida por la parte quejosa, sin que empiece a transcurrir el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que interponga recurso de queja en contra de la citada determinación. Asimismo, el procedimiento para que esta causara estado se encontraba pausado; ello, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de MARCO ANTONIO LARES CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.b6 30/12/22 13:16:06 Juicio de amparo 449/2020-III ??????A???????? diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Designa asesor jurídico. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Coordinadora Penal Zona Costa Defensoría Pública Estatal en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Marianna Lisbeth García y Jesús Mendoza Medina a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Antonio Ramos Martínez. Atento a lo anterior, se tienen como asesores públicos del quejoso a los licenciados Marianna Lisbeth García y Jesús Mendoza Medina; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales, y en MARCO ANTONIO LARES CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.b6 30/12/22 13:16:06 términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J. 43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa MARCO ANTONIO LARES CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.b6 30/12/22 13:16:06 Juicio de amparo 449/2020-III ??????A???????? prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a Marianna Lisbeth García y Jesús Mendoza Medina, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese; y personalmente al quejoso así como a sus asesores públicos.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Se remite recurso de revisión. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado el presente expediente; por lo cual, previa formación de cuaderno de antecedentes, se ordena remitir los autos originales de este juicio de amparo, original del escrito de agravios y copia simple de éste, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído dictado el treinta de octubre de dos mil veinte. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el TANIA AGUILAR HERRERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.45.f4 25/10/21 19:54:39 plazo de tres días que se otorgó al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tecate, Baja California, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, para que nombrara un defensor que represente al quejoso Luis Ramón Morales Álvarez; sin que lo hubiere hecho. Requerimiento. En consecuencia, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese nuevamente oficio al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tecate, Baja California, anexando copia simple de la demanda, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso Luis Ramón Morales Álvarez un defensor público, a efecto de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2019 (con número de registro electrónico 2020495) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 1301 del Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO TANIA AGUILAR HERRERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.45.f4 25/10/21 19:54:39 ??????A???????? INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el TANIA AGUILAR HERRERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.45.f4 25/10/21 19:54:39 numeral 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

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