Ma. Concepcion Cervantes Hernandez

Expediente 169/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
169/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Ma. Concepcion Cervantes Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos los oficios registrados con números 7035 y 7037, firmados por el Subsecretario Jurídico del Estado en representación del Gobernador del Estado de Baja California, como superior jerárquico del Oficial Mayor de Gobierno del Estado, ambos con sede en Mexicali, a través del cual informa que requirió a la responsable antes citada, el cumplimiento al fallo protector y, para acreditar su dicho, anexa copia de la comunicación girada para tal efecto. Informe de cumplimiento. Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo registrado con el número 7036, remitido por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación del Oficial Mayor de Gobierno del Estado, ambos con sede en Mexicali, a través del cual informa sobre el cumplimiento al fallo protector. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo referido en el parrado que antecede, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada IX.1o.33 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las once horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 169/2021-I, promovido por Ma Concepción Cervantes Hernández, por derecho propio, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Naguib Enrique Hernández Delgado, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo la declara abierta, sin la asistencia de las partes. En este apartado, se considera necesario precisar que la celebración de esta audiencia constitucional no le depara perjuicio alguno a las partes, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; lo cierto es que a fin no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de esta manera. Aunado a que, se estima que no existe vulneración a algún derecho de las partes por su imposibilidad para asistir a la audiencia al no haberse ofrecido medios de prueba que ameriten su presencia, además de que de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución. De igual manera, no depara ninguna afectación, toda vez que pudieron alegar en forma escrita, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el Secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. Asimismo, el secretario certifica que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y éstos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que la quejosa ofreció prueba documental de su parte y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En ese sentido, toda vez que dicha documental ya fue admitida y desahogada dada su especial naturaleza, tómese en consideración al momento de resolver el presente asunto. Sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 169/2021-I; y, R e s u l t a n d o s. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, Ma Concepción Cervantes Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California. IV. ACTO U OMISIÓN RELAMADA: Se reclama la omisión de respuesta, relacionada con la solicitud de fecha 15 de octubre de dos mil veinte, formulada por escrito y recibida el mismo día por la responsable señalada en el punto anterior." Segundo. Trámite del juicio. Por razón de turno administrativo, el conocimiento del asunto correspondió a este órgano jurisdiccional, por lo que en proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se radicó y admitió la demanda bajo juicio de amparo 169/2021-I. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o s Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y las constancias allegadas al juicio, se obtiene que el quejoso solicita el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, antes Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado (en su denominación correcta), por el acto siguiente: La falta de respuesta al escrito de petición que formuló la quejosa el quince de octubre de dos mil veinte ante la responsable. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, al así haberlo manifestado al rendir su informe justificado, mismo que constituye confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 749, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Confesión que está corroborada con la copia certificada de las constancias relativas a las constancias de origen, que fueron remitidas por las autoridades señaladas como responsables; por ende, se toma en cuenta como prueba documental pública y con valor pleno". Lo que se corrobora con el acuse de la petición que presentó la parte quejosa, documental con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al contar con el sello de la autoridad receptora y sin que éste se hubiera objetado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. En razón que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Cobra aplicación, la jurisprudencia P.J. 22/91 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento". Quinto. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los motivos de disenso que se enderecen en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su transcripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, dado que se dará respuesta integral a sus inconformidades. Lo expuesto encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Sexto. Estudio y resolución del asunto. En sus conceptos de violación la quejosa esencialmente señaló, entre otros argumentos, que la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía tutelada en el artículo 8 de la Constitución Federal, al no dar contestación a su escrito. Expuesto lo anterior, conviene tener presente lo dispuesto por el artículo 8º constitucional es del tenor siguiente: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la trascripción anterior se desprende que, para considerar satisfecho el derecho de petición que consagra la norma constitucional, resulta necesario que la autoridad ante quien se presentó, proporcione respuesta a lo solicitado en un breve término y que le notifique al peticionario el acuerdo relativo. En ese orden de ideas, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir a cualquier autoridad, con el fin de formular una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8 constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia número P./J. 42/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." El acuerdo en mención constituye el parecer del órgano estatal sobre la petición formulada, sin embargo, no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la petición; circunstancia que ha sido corroborada, entre otros criterios, por la jurisprudencia número 2a./J. 1/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, enero de 2001, página 203, cuyo rubro señala: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Consecuentemente, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental al dictar un acuerdo congruente y expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido y de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En las relatadas circunstancias, se desprenden dos obligaciones por parte de la autoridad a la que se le dirigió el escrito en los términos apuntados, la primera, emitir el acuerdo correspondiente a la totalidad de los puntos contenidos en la solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada de la Séptima Época, del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. Si el acto reclamado consiste en la falta de contestación a la solicitud para que se aplique al quejoso un acuerdo del Jefe del Departamento del Distrito Federal relativo a una exención de impuesto predial para cierto tipo de casas, el derecho constitucional a obtener una respuesta de ninguna manera queda satisfecho por el hecho de que la solicitud se turne a una dependencia del departamento que a su vez dice que se debe turnar a otra, y así sucesivamente, pues de aceptarse que con ello se satisface el derecho de petición, ello equivaldría a derogar el precepto constitucional. Pues si el quejoso tiene derecho a obtener una respuesta clara, congruente y categórica, para determinar si se le concede lo solicitado o si se le niega en forma clara, fundada y motivada, y para que en éste último caso pueda estar en posición de defender su derecho de fondo ante los tribunales pertinentes, es claro que ese derecho de petición le resulta burlado mientras su solicitud vaya de Herodes a Pilatos sin que se le dé una respuesta clara y categórica que le concede lo pedido, o que se lo niegue en forma que le permita litigar contra la negativa, pero con todos los elementos de fundamentación y necesarios para que no tenga que litigar a ciegas. Otra manera de entender las cosas viola el derecho de petición y priva a los ciudadanos del ejercicio de sus derechos, ya que la autoridad administrativa podría privarlos de ellos sin darles una oportunidad cabal para deducir sus pretensiones ante los tribunales, que es precisamente lo que la garantía trata de evitar. Así pues, en el caso apuntado, a la solicitud del quejoso se le debe dar todo el trámite correspondiente, y turnarla oficiosamente a todas las autoridades necesarias, para que en un breve término se le de una respuesta final clara, sin ambigüedades, debidamente fundada y motivada, en la que se le conceda o se le niegue lo solicitado, en tal manera que sin quedar en estado de indefensión, ni siquiera parcial, esté en posibilidades de llevar el asunto a los tribunales con pleno conocimiento de causa." (Lo destacado es propio). Y la segunda, notificar en breve término esa respuesta, en el domicilio señalado para tal efecto por la parte peticionaria del amparo. Sirve de apoyo a esta consideración, la diversa tesis número XX.94 K, visible en la página 426, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna." Ahora bien, del escrito de petición que presentó la quejosa el quince de octubre de dos mil veinte, dirigido a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, (fojas 10 a 16), al cual ya se le otorgó valor probatorio, se advierte que la quejosa acató lo dispuesto por el artículo 8º constitucional, que establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, toda vez que se insiste, del escrito de petición se advierte que se formuló ante un funcionario público, por escrito de manera pacífica y respetuosa. En ese contexto, a la fecha en que se dicta la presente sentencia, la autoridad responsable no ha acreditado en autos haber dado respuesta a la petición planteada por la parte quejosa, no obstante que ha transcurrido el breve término en que se debió responder la petición, sin que, se reitera, la autoridad responsable notificara a la aquí quejosa sobre la respuesta dada a su solicitud. Se puede concluir que ha transcurrido el breve término al que se refiere el artículo octavo constitucional, ya que desde la presentación del escrito de petición (quince de octubre de dos mil veinte) a la fecha han transcurrido más de seis meses, lapso que se estime suficiente para que la autoridad emita la respuesta respectiva; máxime que en esta instancia no se demostró por parte de la responsable alguna situación específica o concreta que justifique el plazo en el que no se ha dado respuesta. Así las cosas, es dable determinar que es fundado el argumento en análisis vertido en el concepto de violación, toda vez que la autoridad responsable no acreditó haber respetado el derecho consagrado en el artículo 8º constitucional. En las relatadas condiciones, al resultar sustancialmente fundado el motivo de disenso planteado, se concede el amparo y la protección de la justicia federal solicitado. Séptimo. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la justicia de la unión, es el siguiente: Para lo cual, la autoridad responsable, deberá, en el ámbito de su competencia: Dar respuesta al escrito de petición formulado por la promovente del amparo, en el entendido que dicha respuesta debe ser congruente con lo solicitado, con la precisión, que la concesión del amparo no vincula a la responsable a resolver en determinado sentido. 2. Notificarle la contestación respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Por lo expuesto, fundado y se, R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión ampara y protege a Ma Concepcion Cervantes Hernández, por el acto reclamado y motivos precisados en el considerando sexto y para los efectos señalados en el diverso considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintiuno. Se rinde informe justificado. Se ordena glosar a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido por la autoridad responsable Procuradora Fiscal del Estado de Baja California, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California (anterior Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado), y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Delegados y domicilio. Asimismo, con fundamento en los artículos 9° y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, designando como delegados y domicilio los que indica en el informe que se atiende. Datos de contacto. Por otra parte, se tiene a la promovente señalando como medios de contacto los correos electrónicos que refiere en su oficio; por lo que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del mismo y a través de éstos única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Diferimiento de audiencia. Ahora bien, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado que se tiene por recibido en esta fecha, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se señalan las once horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 169/2021-I. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que promueve Ma Concepción Cervantes Hernández, contra la autoridad y acto señalado en la misma. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veinte minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no es cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; sin que sea el caso requerir las constancias que acredite dicho acto reclamado, toda vez que consiste en omisiones. Ahora, para el caso de que expresamente no haya incurrido en el acto omisivo que se le atribuye, deberá remitir las constancias completas, legibles y ordenadas en forma cronológica que así lo acrediten, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; tomando en consideración que los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, presentan un esquema de trabajo que exhorta al uso de las herramientas tecnológicas al alcance de las instituciones públicas, así como de los justiciables para eficientar la labor jurisdiccional, permitiendo entre otros, la utilización de servicios interconectados, además de oficios generados electrónicamente o digitalizados con firma electrónica y remitidos por correo electrónico institucional, sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá a quien incumpla una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se le reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Tercero Interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Ricardo Avalos Romero, dado que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y para oír y recibir notificaciones a Erick Ricardo Avalos Reynaga, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Prueba. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, las pruebas documentales que anexó la quejosa al escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Publicación de datos personales. En atención a la solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, salvo su nombre en la lista de acuerdos, en razón de que es un requisito que al efecto previene el artículo 29, fracción II de la Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese.

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