Luis Orlando Orozco Reyes
Expediente 823/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Orlando Orozco Reyes
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades, en su carácter de responsables o de tercero interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que el informe justificado del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo; incluso, en su caso, amplíen su demanda de amparo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. Por último, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. KOD
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con las documentales que se atienden, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe que se atiende, córrase traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a los conceptos de violación; en cuyo caso deberá ajustar su escrito a los requisitos establecidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo en los términos establecidos en el escrito inicial de demanda. Notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 823/2022-V, promovido por ***********, contra actos de: 1) Juez Segundo de lo Civil Tradicional, 2) Juez Quinto de lo Civil Tradicional, 3) Oficina Central de Notificadores y Ministros Ejecutores, 4) Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central, todos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Determinación sobre la suspensión provisional. A efecto de resolver sobre la suspensión provisional, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, en su demanda de amparo, reclama todo lo actuado en el juicio ordinario civil 761/2015, señalando como actos destacados la omisión de llamarlo a juicio, la orden de desalojo del bien inmueble, que dice, es de su propiedad, ubicado en calle **********, de esta localidad, la adjudicación del citado bien inmueble, a favor del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y su respectiva ejecución. Lo anterior, ostentándose tercero extraño respecto del juicio natural. Ahora bien, el peticionario de amparo narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes que a continuación se enlistan: [.] A). - Con fecha de 22 de junio del 2011, celebramos un contrato con garantía hipotecaria respecto a un inmueble ubicado en Calle ***********, de esta Ciudad. Con INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, por sus siglas (INFONAVIT), Destinado a pagar el pasivo derivado de la adquisición del inmueble dado en garantía real. B). - La operación del contrato fue por un crédito hipotecario por la cantidad de $*********** (*********** M.N) que seguimos pagando a la fecha. C). - Es el caso que el pasado 04 de septiembre del 2022 de, tuve la desagradable sorpresa al presentarse a mi domicilio ubicado en la Calle ***********, de esta Ciudad personas que dijeron ser representantes del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, por sus siglas (INFONAVIT), diciéndome que teníamos que desalojar nuestra vivienda de manera inmediata ya que habían promovido y ganado un juicio en los Juzgados civiles de este Distrito Judicial Bravos, diciéndome reiteradas veces que tenía que salirme de mi vivienda, alegándoles el suscrito que yo la habitaba desde el 22 de junio del 2011 y que se lo había comprado a INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, por sus siglas (INFONAVIT), y que jamás me habían citado a un juzgado; por lo cual me dijeron que en días regresarían a ejecutar la sentencia, negándome información de su persona sin identificarse, así como solo diciéndome que buscara en los juzgados en el cual se ventilo dicho juicio, ya que estaba una sentencia en los juzgados segundo de lo civil tradicional y quinto de los civil tradicional bajo el número de expediente 761/15 estando el quejoso y mi familia hasta este momento en posesión de dicho bien inmueble, ya que les manifesté que nunca tuve conocimiento sino hasta que fuimos informados de lo ya antes mencionado, por lo que las autoridades señaladas como responsables me causan agravios de difícil reparación toda vez que jamás fuimos oídos ni vencidos en juicio en el cual se ordena LA DESOCUPACION YIO RESTITUCION que se reclama. y sin embargo se pretende desposeernos ilegalmente del bien inmueble que poseemos y que constituye como nuestro patrimonio: D.- Al suscrito nunca me fue NOTIFICADO NI EMPLAZADO por ningún actuario, por lo que solicito que la responsable, deberá de informar a este H. Juzgado sobre la constancia de NOTIFICACION y EMPLAZAMIENTO y la responsable CENTRAL DE ACTUARIOS Y OFICIALES NOTIFICADORES, deberá de informar el nombre completo del actuario que llevo a cabo el supuesto emplazamiento y la hora en que lo realizo, para que esta parte quejosa este en aptitud de ver de qué manera se emplazó y cuáles fueron los datos que se plasmaron en dicha notificación y emplazamiento, manifestando de ante mano que los suscritos, anexamos COPIA FIEL DE NUESTRA CREDENCIAL DE ELECTOR cuya CURP que obra en dicha credencial. (SE ANEXA), se anexa mi CURP. Esto para que en su momento en que exhiban la supuesta notificación y emplazamiento se cotejen dichos datos. [.] Quien exhibió como prueba los siguientes documentos: Certificado de existencia de propiedad, relativo al bien inmueble materia de la Litis, expedido el dos de los corrientes por el Registro Público de la Propiedad, del que se advierte que se registró el veintidós de junio de dos mil once a nombre del aquí quejoso, ***********. Copia simple de credencial para votar a nombre de Alejandro López González, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Constancia de clave única de registro de población (CURP) a nombre del peticionario de amparo. Sentado lo anterior, a continuación se realiza el pronunciamiento respectivo: 1) Con relación a la falta de emplazamiento, no es posible otorgar a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita, pues dada la naturaleza negativa del acto, conceder dicha medida cautelar equivaldría a asignarle efectos restitutorios, mismos que son exclusivos de la sentencia que se dicte, en su caso, en el juicio principal; por tanto, se niega a suspensión provisional solicitada. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.3º.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1468, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2002, Novena Época, que establece: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. 2) Por lo que hace a todo lo actuado en el juicio hipotecario civil de origen, resulta improcedente conceder la medida cautelar, porque a las actuaciones que refiere les reviste el carácter de consumadas, toda vez que ya fue realizada durante el curso del procedimiento del que derivan los actos reclamados; de ahí que resulte improcedente conceder la suspensión contra actos ya realizados. En esta tesitura, no es posible otorgar la medida suspensiva, pues se trata de un acto consumado que, de otorgarse, tendría efectos restitutorios, los cuales son exclusivos de la sentencia que se ocupe del fondo del asunto y que, eventualmente, se llegue a dictar en el momento procesal oportuno, en el juicio principal; por lo tanto, se impone negar la suspensión provisional peticionada respecto de las referidas anotaciones. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 12 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 13, del Apéndice 2000, Tomo VI, materia común, Jurisprudencia SCJN, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, correspondiente al mes de Diciembre de 1992, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. 3) Respecto del desalojo y protocolización de la adjudicación que reprocha el quejoso, se tiene que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, establece como requisitos que el quejoso la solicite (lo que implica ostentar un interés indiciario para ello) y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (supuestos de contravención a estos dos aspectos que se prevén de manera enunciativa, más no limitativa, en el diverso numeral 129 de la propia Ley). Además, conforme al artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado, a fin de resolver sobre dicha medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Mientras que, para resolver sobre la suspensión provisional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.5/93, determinó que cuando el quejoso se duela de que existe peligro inminente de ejecución de los actos reclamados, el juzgador debe partir de las manifestaciones que haga, bajo protesta de decir verdad, ya que en este momento, son los únicos elementos de que se dispone para resolver sobre dicha medida cautelar, sin perjuicio, claro está, de analizar el cumplimiento de los requisitos para su concesión, previstos en el citado artículo 128 de la Ley de Amparo, así como la procedencia de tal medida, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 68, Agosto de 1993, materia Común, Octava Época, con registro digital 206395, del rubro: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. APARTADO A Indicado todo lo anterior, se considera que en el caso, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social, con el otorgamiento de la suspensión provisional, ya que se trata de una controversia que afecta el patrimonio de un particular y para garantizar los posibles daños y perjuicios que con ello se pudieran ocasionar a su contraparte en el juicio natural, se tomarán las medidas correspondientes. Asimismo, se considera que la parte quejosa demostró su interés indiciario, pues exhibió certificado de existencia de propiedad, relativo al bien inmueble materia de la Litis, del que se advierte que se encuentra registrado a nombre del aquí quejoso, ***********; de manera que, puede estimarse, presuntivamente, que ese certificado lo ampara como propietario de aquél. Constancia a las que se otorga valor probatorio indiciario, de conformidad con el artículo197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se estima que en caso de que se ejecute la desposesión, a la parte quejosa, del bien inmueble adjudicado, para ser entregado al adjudicatario, se ocasionarían a aquél, perjuicios de difícil reparación, pues ello implicaría que una vez desposeído de dicho bien inmueble, con todo lo que ello implica, es decir, retirar todas y cada una de sus pertenencias que ahí se encuentren y obtener un nuevo domicilio para habitar, y en el caso de que eventualmente se le pusiera nuevamente en posesión del mismo, con la consecuente mudanza que ello implicaría; esto, acorde con el artículo 139 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, esta juzgadora, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de la materia, debe resolver sobre esta medida cautelar, de manera tal, que se preserve la materia del juicio de amparo. a) Así pues, tomando en cuenta que de las manifestaciones que el propio quejoso realizó, se desprende que en el juicio natural, el procedimiento de ejecución de sentencia se encuentra en etapa de protocolización, atendiendo a lo que dispone el artículo 151 de la Ley de Amparo, así como a todo lo hasta aquí expuesto, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que: a) No se escriture el bien inmueble materia de la Litis a nombre del adjudicatario. b) No se realice la entrega material del bien inmueble al adjudicatario. La suspensión provisional surte efectos hasta en tanto las autoridades responsables, reciban noticia de lo resuelto sobre la suspensión definitiva; asimismo, surte efectos desde el momento en que se dicta este acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, esto conforme al artículo 136, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en los numerales 132 y 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión provisional que se otorga surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si en un término de cinco días, computados legalmente, el quejoso no exhibe como garantía la cantidad de $*********** (*********** moneda nacional), a fin de garantizar los perjuicios que con dicha medida cautelar pudieran causarse al tercero interesado, si el quejoso no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Monto que se fija a discreción de esta Juzgadora en virtud de que no se tiene dato alguno específico de las circunstancias del caso. En el entendido de que si la garantía se exhibe mediante póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; además, deberá contener designación de agente autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; asimismo, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. O bien, si se exhibe billete de depósito, éste contendrá los siguientes requisitos: nombre del depositante; en el rubro relativo al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa (nombre de la parte accionante por la que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 823/2022-V; y en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". Se precisa que, como ya se indicó, la suspensión definitiva surte efectos desde luego, pero si los actos cuya ejecución se suspende, ya se llevaron a cabo en el momento en que las autoridades responsables reciban noticia de este auto, la medida cautelar no podrá tener efectos restitutorios, debiendo quedar las cosas en el estado en que, en ese caso, se encuentren. Fijación de la audiencia incidental y solicitud de informes Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las nueve horas con quince minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. De la audiencia incidental se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez y la secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberá remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe la autoridad se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrá indicar las razones que estime sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar, en términos del numeral 142 de la Ley de Amparo; se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se le endilga, además se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, ello de conformidad con la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese términos este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios Con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***********, por encontrarse inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, en términos de lo dispuesto por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ***********, en esta ciudad, así como el correo electrónico ***********@hotmail.com y el número telefónico (***********) ***********; lo cual, también encuentra sustento en lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Notificación personal a tercero interesado Se ordena notificar esta medida cautelar al tercero interesado Juan Manuel Reynoso Soto, en el domicilio que señala para tal efecto la parte quejosa. Lo anterior, como lo ordena la jurisprudencia por contradicción de tesis 143/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 23, materia Común, Novena Época, con registro digital 190667, del rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable: Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en sus instalaciones. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J.176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. En tal sentido, se tiene al quejoso, solicitando las copias que refiere en su demanda y faculta para recibirlas a las personas que menciona; por tanto, indíquesele que deberá estarse a lo dispuesto en el párrafo anterior. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
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