Luis Octavio Gamboa Betancourt y Otros.
Expediente 148/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Octavio Gamboa Betancourt y Otros.
- Luis Octavio Gamboa Betancourt
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. En cuanto al incidente de suspensión, según lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General Conjunto en cita, el incidente de suspensión es susceptible de conservable. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 148/2023-VII, promovido por ********** y/o ********** y/o **********, contra actos de la Gobernadora Constitucional del Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua y otras autoridades. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se recibió en el buzón judicial la demanda promovida por Luis Octavio Gamboa Betancourt y/o María Raquel Esperanza Camarena Murillo y/o Luis Manuel Gamboa Camarena, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Derechos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1o., 4o., párrafo VI, 14, 16, 17, 22, 27 párrafos VI y V, y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., 8o., 25 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tercero. Tramitación de la demanda. El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, previa aclaración, se radicó con el consecutivo 148/2023-VII, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida por última ocasión en auto de catorce de junio de dos mil veintitrés y se desahogó acorde al acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama a las autoridades responsables lo siguiente: Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, la promulgación de los artículos 6, 9, 10, 12, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Agua del Estado de Chihuahua. Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, la ratificación de la firma de promulgación de los artículos 6, 9, 10, 12, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Agua del Estado de Chihuahua. Congreso del Estado de Chihuahua, aprobación de los artículos 6, 9, 10, 12, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Agua del Estado de Chihuahua. Director General del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, la publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua de los artículos 6, 9, 10, 12, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Agua del Estado de Chihuahua. Director de la Dirección Ejecutiva de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez y del Director Comercial de la citada junta, con motivo de su primer acto de aplicación de los artículos en referencia, materializado en el cobro contenido en el recibo de pago de cuatro de enero de dos mil veintitrés. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Se procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos reclamados a la Gobernadora, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Chihuahua, dado que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Asimismo, la autoridad responsable, Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, fue omisa en rendir el informe justificado; por ende, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Aunado a que, la existencia de las normas generales se corrobora con el propio ordenamiento legal, ya que una norma jurídica no es objeto de prueba, lo que se acredita plenamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2o., de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de título: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". A su vez, es cierto el acto reclamado al Director Comercial y Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, pues si bien negaron la existencia del acto; sin embargo, en su informe justificado realizaron manifestaciones que evidencian su certeza, lo que se corrobora con el recibo de pago de agua de cuatro de enero de dos mil veintitrés. Se apoya lo anterior en la tesis que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Cuarto. Método de estudio. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra un ordenamiento legal (indicado en el considerando segundo), con motivo del que la parte quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Quinto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. 5.1. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la publicación de los artículos reclamados En el presente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, ambos de la Ley de Amparo, dado que los solicitantes del amparo omitieron combatir la publicación de los artículos por vicios propios. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .". De la porción normativa en referencia se obtiene que, en la demanda de amparo indirecto, cuando se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación y sólo tratándose de las autoridades que hubiesen intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, podrá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, cuando impugne tales actos por vicios propios. Luego, tomando en consideración que al Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, se le reclamó la publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua de esos artículos, sin que se impugne por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente por lo que respecta a ese acto. Es aplicable la tesis PC.I.A. J/49 A (10a.), Plenos de Circuito, de contenido: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia referida, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por lo que respecta al acto que se reclama al Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación del decreto impugnado. 5.2. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto de aplicación Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en el que se prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; .". En principio, es necesario precisar que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento para efectos de la improcedencia del juicio de amparo debe entenderse como la manifestación de la voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues solo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegitima, ya que con ella se pretendería sustraer de su propia conducta. En ese contexto, debe entenderse como la manifestación de voluntad de los particulares de someterse a los efectos de la ley o actos reclamados, y la improcedencia del juicio de amparo, por seguridad jurídica, pretende evitar que los gobernados lo promuevan para desconocer los efectos de la conducta que ellos mismos desplegaron de manera libre y espontánea. Los efectos de la improcedencia del juicio de amparo se integra con los siguientes elementos: La existencia del acto reclamado. Que el acto reclamado cause agravio al gobernado. Una conducta espontánea del quejoso con apoyo a dicho acto. Entonces, existe consentimiento expreso, o por manifestaciones de la voluntad de los actos reclamados, cuando los particulares se acogen a los beneficios establecidos a su favor, y su nacimiento está condicionado por la obligación o perjuicio que le ocasiona el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 148/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado". En ese sentido, en el caso concreto los quejosos señalaron como acto de aplicación de los artículos 6, 9, 10, 12, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Agua del Estado de Chihuahua, materializado en el cobro contenido en el recibo de pago de cuatro de enero de dos mil veintitrés. Sin embargo, ese acto se considera consentido expresamente; ya que, el tres de marzo de dos mil veintitrés, el representante común de los quejosos, ********** celebró convenio en el que se obligó a pagar la cantidad de $********** (********** moneda nacional), incluso realizó como pago inicial la cantidad de $********** (********** moneda nacional) para cubrir en el plazo de ocho meses la totalidad del adeudo, para lo cual remitió copia certificada de la constancia correspondiente. Por lo anterior, el acto reclamado esto es, la situación que vulneraba los derechos de los quejosos, se subsanó por parte de la autoridad responsable, y este se aceptó al momento en que se efectuó el convenio en referencia. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto de aplicación de los artículos reclamados, por lo que, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal y la técnica del juicio de amparo expuesta en el considerando cuarto, se sobresee en este asunto, en relación con dicho acto de aplicación, así como con los artículos reclamados. Por lo que, resulta innecesaria atender al estudio de las restantes causas de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, ya que el sentido de la presente resolución es acorde a sus pretensiones. No pasa desapercibido que, se dio vista a los quejosos Luis Octavio Gamboa Betancourt, María Raquel Esperanza Camarena Murillo y Luis Manuel Gamboa Camarena, a fin de que comparecieran a este juzgado a ratificar el contenido y firma del escrito mediante el cual formularon su desistimiento de la demanda de amparo; sin que ello aconteciera, por esa circunstancia se continuo con el presente juicio, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ********** y **********, en contra de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la quejosa, así como al Agente del Ministerio Público de la Federacion adscrito; y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta remitido, en vía de complemento al informe justificado, rendido por el Delegado de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez; mediante el cual exhibe el convenio ********************, con número de cuenta********************, celebrado a favor del quejoso ******************** del tres de los actuales; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.lavh
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin embargo no se está en aptitud de llevarse a cabo, debido a que mediante escrito signado por los quejosos ********************, ******************** y ********************, manifestaron que llegaron a un acuerdo con la autoridad responsable Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, con sede en esta ciudad, en ese sentido y a lo expuesto por los quejosos, podría actualizarse una causal de improcedencia, la cual es de orden público y de oficio para la suscrita requerir por las constancias necesarias para resolver; por ello, con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, 75, párrafo tercero y 117, todos de la Ley de Amparo, a fin de integrar debidamente la Litis, requiérase a las autoridades responsables, Director Ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Chihuahua, y Director Comercial de dicho organismo operador, para que, dentro del plazo de tres días, remitan a este juzgado copia certificada de todas las constancias que derivaron el acuerdo pactado con la parte quejosa y que deriva del acto reclamado relacionado con la cuenta de usuario ********************, por ser relativa al acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 176291, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Se les apercibe que de no dar cumplimiento en el plazo señalado, al que incumpla, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00). Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para celebrarse el día de hoy y al efecto se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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