Luis Rafael Jáquez Ponce

Expediente 398/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
398/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • Luis Rafael Jáquez Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada del acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia de **********, en su carácter de mandatario de Esther Jaquez Ponce, téngasele manifestando que desiste de la demanda de amparo presentada. En este tenor, de autos se advierte que la demanda fue promovida el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve por **********, en su carácter de mandatario de Esther Jaquez Ponce; por lo que resulta procedente tenerlo por desistido de la demanda de amparo que originó este juicio constitucional. En las relacionadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, promovido por el justiciable contra actos del Juez Primero Civil para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y otra autoridad. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 147, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, consultable en la página 240, del Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve. Por último, glósese a los autos para que obre como antecedente el oficio enviado por el Juez del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, anexo al cual envía la resolución pronunciada el nueve de febrero de dos mil siete, en la causa penal 505/2006; sin que se haga necesario peticionar las diversas constancias peticionadas en acuerdo de cuatro de julio pasado, en virtud de lo asentado con antelación. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Glósense a los autos el escrito presentado por el tercero interesado Bernardino Escobedo Villa, así como los diversos presentados por el licenciado ***********. Así, se tiene al tercero interesado compareciendo al presente juicio, para lo cual autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado **********, quien se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con el número de cédula profesional 7718906. Además, formula alegatos y ofrece como prueba de su parte la documental que anexa a su ocurso; sin que haya lugar a acordar de conformidad la devolución de la documental en comento, pues esta resulta necesaria para resolver el presente asunto. De este modo, y atento a lo señalado por el tercero interesado de marras, se ordena girar oficio al Juez Segundo de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a fin de que dentro del término de tres días, computados legalmente, remita copia certificada de la resolución pronunciada el nueve de febrero de dos mil siete, así como constancias de notificación a las partes, dentro del proceso penal 505/2006 del sumario del Juzgado Segundo de lo Penal de este Distrito; apercibido que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme lo establecen los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Materia. Finalmente, se tiene al autorizado del tercero interesado, ofreciendo como prueba de la parte que representa la que refiere en su escrito; la presuncional legal y humana, así como formulando alegatos Lo anterior, se tomará en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido por los artículos 119 y 124 de la ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, así como de la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia, se tiene a la autoridad oficiante designado como delegados a los profesionistas que refiere y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Ahora bien, y toda vez que el informe justificado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, no fue rendido con la anticipación que establece el numeral 117 de la Ley de Amparo; a fin de no violar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 398/2019-V, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, **********, por conducto de su apoderado legal **********, solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Primero Civil del Distrito Judicial Bravos y al Titular del Registro Público de la Propiedad, a quienes reclamó: La privación de una fracción del bien inmueble conocido como fracción del lote 45, con una superficie de cincuenta mil metros cuadrados, ubicado en la colonia *********, en esta ciudad así como la falta de llamamiento o notificación al juicio ordinario civil 981/2003 y el registro de la resolución de dieciocho de enero de dos mil cinco ante el Registro Público de la Propiedad. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Previa aclaración por proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo respecto a la autoridad que había rendido su informe previo; y por lo que hace al Registro Público de la Propiedad, fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Titular del Registro Público de la Propiedad en esta ciudad, al rendir informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la inscripción de la resolución dictada en el juicio ordinario civil 981/2003, promovido por ********* en contra de *********, en el que el dieciocho de enero de dos mil cinco se emitió sentencia, declarando que ********** adquirió por prescripción positiva el inmueble identificado como ********** de la colonia *********** de esta Ciudad, con una superficie de ********** metros cuadrados, inscrito bajo el número *********** de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad para este Distrito a nombre de ************, causando ejecutoria por auto de veintidós de febrero de dos mil cinco; y el once de noviembre del mismo año, se ordenó el cumplimiento de la sentencia. CUARTO. Determinación que adopta este juzgado. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado a fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. De este modo, se hace necesario acotar que el promovente, señaló que su poderdante, es propietaria de un inmueble conocido como fracción del lote 45, con una superficie de cincuenta mil metros, ubicado en la colonia *********, en esta ciudad, con los siguientes rumbos medidas y colindancias: del punto ********* al **********, rumbo *********, se miden ******** metros, linda con ******** y **********; del punto ********* al **********, rumbo **********, se miden ********* metros, linda con lote *********; del punto 3 al 4, rumbo **********, linda con derecho de vía del ferrocarril Chihuahua al Pacífico y; del punto 4 al 1, rumbo *********, se miden ******** metros, linda con lote 45. Asimismo, para justificar el derecho que ejerce sobre dicho bien, la parte quejosa exhibió copia certificada el nueve de mayo de dos mil diecinueve, por el Notario Público Número Nueve y del Patrimonio Inmueble Federal, respecto de la copia certificada de la escritura de compraventa celebrada el diez de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, entre ***********, respecto del inmueble descrito con antelación. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Sin dejar de atender, que el promovente refiere que el ocho de mayo de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento que ante el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, se siguió juicio ordinario civil, con motivo del expediente **********/2003, promovido por ************, en ejercicio de la acción de usucapión, obsequiándole el Juez de origen la declaración de dominio mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil cinco, sobre una porción del inmueble descrito con antelación, la cual corresponde a 5,903.08 metros cuadrados y se describe de la siguiente manera: del punto 1 de partida al 2, rumbo **********", se miden ********* metros, linda con calle ********; del punto 2 al 3, rumbo *********", se miden ********** metros, linda con **********; del punto 3 al 4, rumbo SE *********", se miden **********metros, linda con Cleofás Hernández Viuda de Valadez; y del punto 4 al 1 de partida, rumbo *********", se miden ********* metros, linda con **********; y el cinco de enero de dos mil seis, se realizó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, bajo la inscripción **********, Folio *********, Libro *********, de la Sección Primera. Atento a lo anterior, a efecto de preservar viva la materia del juicio de amparo del que deriva este incidente y toda vez que se considera que están satisfechos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, aunado a que la quejosa acreditó ser titular de un derecho posesorio sustentado en el título descrito con antelación, con fundamento en el artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que no se prive de la posesión a la quejosa del inmueble conocido como fracción del lote 45, con una superficie de cincuenta mil metros, ubicado en la colonia *************, en esta ciudad, con los siguientes rumbos medidas y colindancias: del punto 1 al 2, rumbo *********, se miden ********* metros, linda con **********; del punto 2 al 3, rumbo **********, se miden ********* metros, linda con lote *********; del punto 3 al 4, rumbo ************, linda con derecho de vía del ferrocarril Chihuahua al Pacífico y; del punto 4 al 1, rumbo *********, se miden ********** metros, linda con lote 45; hasta en tanto cause ejecutoria el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 4/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página: 515, cuyo tenor literal es el siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. Ahora, como la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se constriñe a asegurar la efectividad de una sentencia que eventualmente otorgue la protección constitucional solicitada, para que surta efectos esa medida cautelar la parte quejosa deberá garantizar los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado si no se otorga la protección constitucional. En ese contexto, los efectos de la suspensión no inciden en la validez y existencia del acto reclamado; por lo que la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero interesado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Por tanto, para que surta efectos la medida suspensional es necesario que su solicitante exhiba caución para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado si no se le otorga la protección constitucional, sin que ellos pueda jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. La presente medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del término cinco días, en cualquiera de las formas que establece la ley, como garantía la cantidad de veinte mil pesos 00/100 moneda nacional ($20,000.00), que este Juzgador fija de manera discrecional y en virtud de no contar con mayores elementos que permitan cuantificar los posibles daños y perjuicios que pudieran sufrir el tercero interesado, por no incorporar a su patrimonio, desde que se concede la suspensión del acto reclamado, hasta que se resuelva en definitiva, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley de Amparo. La presente suspensión surte efectos, siempre y cuando a la fecha no se hubieran realizado los actos reclamados, es decir, no se hubiere privado del dominio y la posesión del inmueble referido, de lo contrario se le estaría dando efectos restitutorios los que sólo son propios de la sentencia que se pronuncia en el juicio de amparo de donde derivan los presentes autos incidentales. Resulta aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis 2ª. LIII/2000, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo XI, Mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE PRIMERO. Se concede a ***********, la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando cuarto; requiérase al tercero interesado a fin de que dé observancia a lo estipulado en su última parte del citado considerando. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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