Luis Octavio Hinojos Rubio

Expediente 97/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
97/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Luis Octavio Hinojos Rubio

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa o agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, hayan recurrido la sentencia en la que se determinó sobreseer en este juicio de amparo, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se dictó sentencia en la que sobreseyó en este juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua., a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-IV, promovido por **********, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, así como del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó esencialmente lo siguiente, en su respectivo ámbito de competencia: El Decreto 850/95, mediante el cual se expidió el Código Municipal del Estado de Chihuahua, específicamente sus artículos 148 y 149. Decreto 818/95, mediante el cual se expidió la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, específicamente sus artículos 1 a 32, ordenamiento legal posteriormente reformado mediante Decretos 112/2004 y 786/2006, así como el Decreto 406/2008 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado número 102, el veinte de diciembre de dos mil ocho, mediante el cual se reformaron los artículos 3, fracciones V, XVI, XXIII y XIV y 21, de la propia Ley. LXVI/APLIM/0549/2019 I P.O., publicado en el periódico oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se aprobó la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal dos mil veinte, para el Municipio de Juárez, Chihuahua, específicamente los artículos primero y once, inciso b), así como sus artículos transitorios primero, tercero y quinto. Decreto LXVI/APLIM/0549/2019 I P.O. (sic), mediante el cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. La aplicación de dichos ordenamientos legales en su esfera jurídica, en virtud de la recepción del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Segundo. Derechos que el quejoso estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte (foja 19), se registró la demanda con el número **********/2020-IV y se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio: Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: El Decreto 850/95, mediante el cual se expidió el Código Municipal del Estado de Chihuahua, específicamente sus artículos 148 y 149. Decreto 818/95, mediante el cual se expidió la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, específicamente sus artículos 1 a 32, ordenamiento legal posteriormente reformado mediante Decretos 112/2004 y 786/2006, así como el Decreto 406/2008 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado número 102, el veinte de diciembre de dos mil ocho, mediante el cual se reformaron los artículos 3, fracciones V, XVI, XXIII y XIV y 21, de la propia Ley. Decreto LXVI/APLIM/0549/2019 I P.O., publicado en el periódico oficial del Estado el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se aprobó la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal dos mil veinte, para el Municipio de Juárez, Chihuahua, específicamente los artículos primero y once, inciso b), así como sus artículos transitorios primero, tercero y quinto. Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 I P.O., mediante el cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Del Gobernador y del Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación de los siguientes ordenamientos legales reclamados. Del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de las normas impugnadas a través de la recepción del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. En su informe justificado (foja 90), el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, manifestó que es cierto el acto que se le reclama consistente en la publicación de los ordenamientos legales reclamados, no así los diversos consistentes en la promulgación de tales ordenamientos y la aplicación de los mismos. Al respecto, se precisa que la aplicación de las normas impugnadas no se le atribuye a dicha autoridad. Mientras que, conforme al artículo 69, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la promulgación es facultad exclusiva del Gobernador del Estado, por lo tanto, el acto reclamado al Secretario General de Gobierno, consistente en la promulgación de los ordenamientos legales reclamados, es inexistente. Continuando, el Presidente Municipal y del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, en su informe justificado (foja 27), así como el Tesorero, Director de Catastro y Jefa del Departamento de Valuación adscrita a la Dirección de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, en el informe justificado que rindieron de forma conjunta (foja 28), manifestaron que no es cierto el acto de aplicación que se les atribuye. En relación con el acto de aplicación, las tres últimas autoridades responsables mencionadas, argumentaron que del recibo expedido por la institución de crédito HSBC, no se desprende que el pago que ahí se contiene, corresponda al impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, a cargo del quejoso. Al respecto, se precisa que del recibo de pago que exhibió el quejoso, se advierten los siguientes datos relevantes (foja 18): Corresponde al pago de ********** (**********), Realizado en la institución de crédito **********, El día veintiocho de enero de dos mil veinte, Relativo al servicio **********, y A la referencia **********. Datos anteriores, que coinciden con el estado de cuenta relativo a la clave catastral ********** (foja 18 bis), a nombre del quejoso **********, correspondiente a la dirección ubicada en calle **********, en esta ciudad, del que se desprende como referencia bancaria ********** y número de convenio en la institución de crédito **********. Documentos a los que se otorga valor probatorio suficiente para demostrar su contenido, en uso de la facultad que a quien suscribe le otorgan los artículos 197 y 210-A, primer y segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues del estado de cuenta descrito se desprenden datos y sellos oficiales de la autoridad responsable Tesorero Municipal, mientras que el recibo de pago contiene, como ya se indicó, los datos a que se refiere aquél. De manera que, se determina que el recibo expedido por el mencionado banco, sí corresponde al estado de cuenta a nombre del quejoso, por la clave catastral indicada y se refiere al pago del impuesto predial relativo al bien inmueble descrito. No obstante, la aplicación de los preceptos reclamados, a través de la recepción del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, no les es imputable a las autoridades responsables Tesorero, Director de Catastro, ni Jefa del Departamento de Valuación adscrita a la Dirección de Catastro, pertenecientes al Municipio de Juárez, Chihuahua, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en esta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, ya que no existió, por parte de las autoridades responsables municipales mencionadas, requerimiento de pago alguno, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, no se les puede atribuir, pues de su contenido no se aprecia que el pago se haya efectuado en acatamiento a un requerimiento de dichas autoridades en ese sentido, sino que el quejoso realizó los pagos descritos de manera espontánea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, con registro digital 171860, del rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En consecuencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables a que se refiere este considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso del Estado de Chihuahua aceptó la existencia de los actos que le fueron reclamados, consistentes en la aprobación y expedición de los ordenamientos legales reclamados (foja ---); el Gobernador del Estado de Chihuahua aceptó la existencia de la promulgación y publicación de los mismos (foja 87); mientras que, el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, de igual forma, aceptó este último acto (foja 90). Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que el quejoso estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la publicación de las normas impugnadas Respecto del acto reclamado al Gobernador Constitucional y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, consistente en la publicación de los Decretos tildados de inconstitucionales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, el quejoso reclama de las citadas autoridades, la publicación de los Decretos reclamados, descritos en el considerando segundo, que prevén y determinan el mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil veinte, en el Municipio de Juárez, Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esas autoridades en el proceso legislativo que culminó con la publicación de tales ordenamientos legales. De ahí que, en relación con la publicación de los Decretos reclamados, atribuida al Gobernador Constitucional y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. II. Improcedencia respecto del acto de aplicación. El quejoso promovió este juicio de amparo con motivo del que estimó, fue el primer acto de aplicación de los ordenamientos legales que reclama y que prevén el mecanismo del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el cual, según manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, específicamente en el capítulo que denominó "VII. Oportunidad procesal", se verificó el veintiocho de enero de dos mil veinte: VII. Oportunidad procesal. Bajo protesta de decir verdad, señalo que la presente demanda de derecho fundamentales se presenta en tiempo y forma, tomando en consideración el primer acto de aplicación de la normatividad fiscal tributaria que aquí s reclama, el cual se actualiza con el pago del impuesto predial que se realicé en mi calidad de propietario el día 3 DE ABRIL DEL 19, (sic) como lo acredito con el certificado de Ingresos IP **********, el pago por la cantidad de **********(**********), correspondientes al año fiscal 2020. Lo anterior se acredita mediante la prueba documental consistente privada consistente en el recibo de pago hecho en fecha 28 de Enero del 2020 en la Institución Bancaria **********, el cual se ofrece como prueba, misma que hace prueba plena de que soy sujeto del pago de la contribución, por lo que en términos de los dispuesto por las disposiciones impugnadas se promueve el presente amparo dentro de los 15 días siguientes de que se realizó el pago de tal contribución. (.). Para demostrar lo anterior, exhibió los siguientes documentos: a) El mencionado recibo de pago realizado ante la institución bancaria denominada **********, por la cantidad de siete mil setecientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional (**********.), así como b) La impresión simple del estado de cuenta del impuesto predial, a su nombre, respecto del bien inmueble con clave catastral **********, cuyo monto a pagar coincide con el depositado, ya referido. Sin embargo, el Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación, todos del Municipio de Juárez, en su informe justificado, afirmaron que el anterior, no constituye el primer acto de aplicación de las normas reclamadas por el quejoso, sino que el primer pago que realizó por concepto de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, tuvo verificativo el veintiuno de enero de dos mil veinte. Al respecto, exhibieron copia certificada del certificado de ingresos M5-4011-2020, expedido en la fecha indicada, a nombre del quejoso, respecto del bien inmueble con clave catastral **********, del que se aprecia que pagó la cantidad de **********(**********), por concepto de impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte. Tal documental, cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, pues se trata de un documento público, ya que fue certificado respecto de su original, por un servidor público dotado de fe pública, como lo es ---, además, tanto en el documento certificado, como en la leyenda correspondiente, se aprecian los sellos oficiales del Gobierno Municipal de Juárez, Chihuahua, así como la firma original del mencionado fedatario. De manera que, en efecto, el primer acto de aplicación de las normas que prevén el mecanismo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, previsto en los Decretos reclamados, tuvo verificativo desde el veintiuno de enero de dos mil veinte, pues en esa fecha el quejoso pagó el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal que transcurre, respecto de un bien inmueble cuya clave catastral aparece a su nombre, esto es, desde esa fecha tuvo conocimiento de los ordenamientos legales que ahora pretende impugnar a través del supuesto primer acto de aplicación de los mismos. En esas condiciones, se entiende que el quejoso consintió la aplicación de tales normas y se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Ahora bien, en relación con dicha norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Es decir, que el plazo genérico para demandar la acción constitucional y convencional, es de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar: 1) al día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, 2) al día siguiente al en que tuvo conocimiento la parte quejosa o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, con excepción del supuesto en que se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Ahora bien, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. Tratándose de un juicio amparo contra leyes, como en el caso, promovido con motivo del primer acto de aplicación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Aparo, se computará a partir de que se haya verificado el primer acto de aplicación. Lo anterior se encuentra plasmado en la tesis consultable en la página 173, del Volumen 163-168, Primera Parte, materias Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro digital 232445, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada). Precisado lo anterior, si el primer acto de aplicación de las normas impugnadas tuvo lugar el veintiuno de enero de dos mil veinte, pues fue en esa fecha precisa cuando el quejoso realizó el pago del impuesto predial reclamado y por lo tanto, se hizo sabedor de ese primer acto de aplicación, el término de quince días para promover este juicio de amparo, comenzó a computarse el veintidós de enero de dos mil veinte y feneció el trece de febrero de dos mil veinte, sin contar los días veinticinco y veintiséis de enero, uno, dos, tres, cinco, ocho ni nueve de febrero de dos mil veinte, por ser inhábiles, ya que fueron sábados y domingos, así como días festivos, esto conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el catorce de febrero de dos mil veinte, su promoción resulta extemporánea y por lo tanto, se entiende que el quejoso consintió tanto el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte, como los ordenamientos legales reclamados que prevén dicha contribución, descritos en el considerando segundo; lo anterior, conforme a la técnica que opera en el juicio de amparo contra leyes, descrita en el considerando quinto. Por lo tanto, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas en este considerando, lo procedente conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo, es sobreseer en este asunto. Séptimo. Forma de notificación. En la Circular SECNO/24/2020 ampliada en su vigencia por la diversa SECNO/25/2020, ambas emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó a este Juzgado que en sesión de doce de noviembre de dos mil veinte, la Comisión Especial, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas de este Decimoséptimo Circuito. Por lo que, los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del catorce al veintisiete de noviembre de dos mil veinte, inclusive. Asimismo, en cuanto a la resolución de casos tramitados físicamente, en estado de dictar sentencia, conforme a las citadas Circulares, debe atenderse al Capítulo II del citado Acuerdo General 13/2020, en cuyo artículo 11, fracción, I, primer párrafo, se determina que conforme al numeral 1, fracción IV, del mismo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que las notificaciones de las resoluciones que se dicten durante la vigencia de este esquema de trabajo, serán practicadas conforme a la normatividad correspondiente, de manera escalonada, una vez que se normalicen las actividades. Lo anterior, salvo los casos que se califiquen como urgentes (conforme a dichas Circulares, los previstos en el artículo 4 del mencionado Acuerdo General), especialmente los que involucren la libertad personal, que se notificarán de inmediato. Por lo tanto, ya que este juicio de amparo no se considera urgente, pues se trata de un asunto en materia administrativa, específicamente de un amparo contra leyes, que no está previsto en el citado artículo 4, con tal calidad de urgencia, ni implica la libertad personal de persona alguna, esta sentencia deberá notificarse conforme a la Ley de Amparo, pero de manera escalonada, una vez que se normalicen las actividades. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por **********, contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Esta sentencia deberá notificarse conforme a lo establecido en su considerando séptimo. Notifíquese de forma escalonada, conforme al considerando séptimo de esta sentencia. Lo resolvió y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se tiene que el uno de septiembre del presente año, se celebró la audiencia constitucional, sin que a la fecha se haya pronunciado sentencia. En este sentido, es necesario acotar que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/654/2020 fechado el veintiuno de octubre del presente año, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la readscripción de la Juez **********, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó y firma la licenciada **********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de la licenciada ********** Secretaria de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.

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