Luis Moreno Arellano
Expediente 1046/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Moreno Arellano
- LUIS MORENO ARELLANO y Otros.
- Enriqueta Hernández Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Con fundamento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese al sumario para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio que suscribe el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato capital, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa 12/2019, un tomo de pruebas, así como un legajo de copias certificadas, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa ************, cuyo punto resolutivo es el siguiente: UNICO. Es infundado el recurso de queja, por lo que se confirma el acuerdo dictado el ocho de enero de dos mil diecinueve, por el juez Octavo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo número 1046/2018 Acúsese el recibo correspondiente a la superioridad. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de las constancias que le fueron remitidas para la sustanciación del recurso de queja interpuesto en contra del auto de ocho de enero de dos mil diecinueve e informa que se admitió el mencionado medio de impugnación bajo el número de queja 12/2019.
- Principal
Visto el ocurso presentado por ******, con el carácter de autorizado de los quejosos *******, mediante el que promueve recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo (dictado el ocho de enero actual); de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese una copia al sumario para que obre como legalmente corresponde. En razón de lo anterior, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado, y remítase el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, del Decimosexto Circuito, anexándose copia certificada íntegra del expediente relativo al juicio de amparo 1046/2018; así como el tomo de pruebas formado con el diverso expediente ***, del índice de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Se agrega al sumario acta de comparecencia. Visto lo de cuenta; glósese al sumario para que surta sus efectos, el acta de comparecencia que antecede, por virtud del cual los quejosos ********, cumplen con el requerimiento inserto en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 65 y 66), pues ratificaron el ocurso registrado con el número 14016, reconociendo las firmas que lo calzan; por tanto, se tiene a los solicitantes del amparo en cita, por cumpliendo con el requerimiento formulado, no así al diverso ********* Demanda de amparo se tiene por no presentada parcialmente. De la certificación de cuenta emerge que ha transcurrido el plazo de tres días concedido al quejoso ******, sin que hubiera comparecido ante esta potestad a ratificar la firma del escrito registrado con el número 14016; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho y por ende se tiene por no presentado. Consecuentemente, también se hace efectivo el apercibimiento del proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, y por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo por lo que hace al quejoso *******, toda vez que de la certificación de cuenta emerge que transcurrió el plazo sin que cumpliera con lo prevenido en dicho auto, pues si bien se intentó desahogar esa prevención, lo cierto es que se tuvo por no presentado el lilbelo exhibido al sumario con ese fin, por lo que hace al mencionado ******* Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento de demanda. En otro orden de ideas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Luego, del análisis integral del escrito inicial de demanda, acorde con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de la materia, aplicable también a este tipo de actuaciones, se desprende que la parte impetrante reclama, en forma destacada, el auto que ordena ejecutar la sentencia firme dictada en el juicio agrario número 1086/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato capital, así como la ejecución de dicho proveído. Ahora bien, constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral segundo, que los quejosos ******* tuvieron conocimiento de la ejecución combatida desde mucho tiempo antes (más de quince días) a la promoción de la demanda constitucional génesis del asunto que ahora nos ocupa, como más adelante se demostrará, en razón de lo cual resulta inconcuso que en el particular se actualiza de manera plena la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del ordinal 61 de la Ley de Amparo. Para efecto de lo anterior, se ordena formar un tomo de pruebas, con las constancias que integran el juicio de amparo *** del índice de este juzgado federal, el cual se encuentra debidamente concluido. Es aplicable la tesis con número de registro 216654, publicada el once de abril de mil novecientos noventa y tres, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION." Con motivo de lo aquí plasmado, cabe destacar que la fracción de la Ley de Amparo dispone: El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De igual manera, el numeral 18, de la ley de la materia previene: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con la última disposición legal transcrita el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se computará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora bien, de las constancias que conforman el sumario, concretamente de aquellas con las que se formó un tomo de prueba, a saber, el juicio de amparo *** del índice de este juzgado; medio de convicción que merece valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se desprende que los solicitantes de la tutela federal tuvieron conocimiento de la orden de ejecución ahora reclamada, por lo menos desde que expresaron los actos y hechos que motivaron la demanda con la que formó el juicio de amparo ***7, también del índice de este juzgado federal, esto es, desde el veinte de octubre de dos mil diecisiete, pues ahí esencialmente reclamaron de las mismas autoridades el mismo acto que ahora pretenden combatir, esto es, el proveído que ordena ejecutar la sentencia firme dictada en el juicio agrario número *** , del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato capital; lo que así se consideró en el juicio constitucional *** , en la determinación de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, donde se desechó el libelo constitucional a los hoy quejosos, lo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja **** . Luego, si la demanda génesis de este asunto fue instada hasta el trece de diciembre de dos mil dieciocho, entonces resulta inconcuso que esa promoción es extemporánea, porque transcurrió en exceso el plazo legal de quince días hábiles que tuvo para promoverla, al haber mediado más de doce meses entre las fechas en que conoció de los actos reclamados y la fecha en que interpuso la demanda de amparo de cuenta. En lo conducente, por identidad de razón jurídica es aplicable la tesis jurisprudencial P./J.115/2010, legible en la página 5 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." También tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." Asimismo, la tesis que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 200, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado consistente en la ejecución del proveído que manda cumplir coactivamente la sentencia firme dictada en el juicio agrario número 1086/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato capital, se estima actualizada la causal de improcedencia contemplada en los artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la ley en cita y la Jurisprudencia número 17, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo VI, Apéndice 1917 - 1995, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De los reproducidos preceptos, así como de la jurisprudencia invocada, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando tal circunstancia resulta de alguna disposición de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que del artículo 217 de ésta última se desprende que la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para las Salas de la misma, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del Orden Común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Atento a lo expuesto, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos derivados de otros consentidos y que los supuestos para que opere la causal de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. En la inteligencia que para establecer la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, no importa que haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia de aquel, puesto que la misma supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se planteé en un juicio de amparo, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos; de lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia. Es de exacta aplicación a los razonamientos de previa exposición, el criterio aislado emitido por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tercera Parte Tomo CXXXI, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que sobre el particular establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con él; 2) Hay consentimiento expreso, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. En tanto que las condiciones necesarias para reputar un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Norman los razonamientos de previa exposición, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo 139 - 144 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En el caso, para corroborar la actualización de la causal de improcedencia invocada, resulta pertinente destacar que en el juicio agrario número 1086/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato capital, se ordenó ejecutar la sentencia respectiva; acto respecto del cual, como se precisó en líneas que preceden, los solicitantes del amparo tuvieron conocimiento desde el veinte de octubre de dos mil diecisiete; por tanto, ese acto reclamado destacado fue consentido por los aquí quejosos. Luego, si dicho acto no fue impugnado desde que se tuvo conocimiento dentro del plazo que establece la Ley de Amparo, se estima que el diverso acto reclamado consistente en la ejecución de esa orden es un acto derivado de otro consentido tácitamente. Ante este panorama, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la ley de la materia y la tesis de jurisprudencia número 17, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo VI, Apéndice 1917 - 1995, cuyo rubro reza: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada las causales de improcedencia indicadas, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se agrega ocurso al sumario. Finalmente, con sustento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese al sumario el ocurso que suscriben los quejosos ******, por virtud del cual solicitan que el diverso solicitante del amparo *****, sea notificado del proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho; al respecto dígaseles que deberán estar a lo acordado en el presente proveído.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Luis Martínez Paloalto942/2019
- Luis Martínez Rojas219/2016
- Luis Mendoza Ortega585/2017
- Luis Meza Saldaña1000/2022
- Luis Montoya Hernández225/2021
- Luis Moreno Arellano1047/2017
- Luis Moreno Guzmán271/2020
- Luis Narvaez García629/2019
- Luis Octavio Sanchez Almaguer387/2022
- Luis Omar Hernández López80/2022
- Luis Ortega Villagomez494/2015
- Luis Pedro Domínguez Patiño195/2021