Luis Martínez Rojas

Expediente 219/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
219/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
09/11/2016

Partes del expediente

  • Luis Martínez Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en atención a su contenido, remítasele la constancia de notificación realizada por lista al tercero interesado ******** de fecha dieciocho de agosto del año en curso.

  2. Principal

    Agréguese el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del presente asunto; asimismo que admitió la demanda de amparo promovida por **************. Ahora, como lo solicita, remítasele el original y duplicado de los cuadernos incidentales. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado. Por este conducto se notifica al tercero interesado HILARIO FERIA AVILA, el auto de deiz de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 630/2016, del índice del Juzgado Decimo de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato, Guanajuato, el que señala en sintesis: Vistas las constancias que remite el juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, este juzgado de avoca a su conocimiento, se admite la demanda y se fijan las diez horas con treinta minutos del dos de septiembre del año en curso, para el verificativo de la audiencia constituional. Asimismo, se le requiere para que dentro del termino de tres dias, señale domicilio en Irapuato, Guanajuato, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo se haran aun las de caracter personal, por lista que se fije en los estrados del juzgado solicitante.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el veintisiete de julio pasado, lo que hace informando que la resolución de veintiocho de marzo del presente año, mediante la cual aceptó la competencia del juicio de origen, fue declarada firme; esto es, el fallo dictado dentro del proceso criminal ***, mediante el cual aceptó la competencia propuesta por su homólogo de Cortázar, Guanajuato, respecto de la causa penal ***(de que deriva el acto reclamado), para continuar con su cauce legal, quedó firme para todos los efectos legales. En razón de lo anterior y visto el estado de autos, esta potestad considera que no es competente legalmente para continuar con la substanciación del presente controversial, y por ende, resolverlo por cuestión de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y por ende, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, en base a las siguientes consideraciones: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo del año en curso, el quejoso *******(quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social de Valle de Santiago, Guanajuato) demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal por los actos que denominó como el auto de formal prisión dictado en su contra el trece de febrero pasado, por el Juez Primero Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, dentro del exhorto 115/2016, en auxilio de las labores de su homologo de Cortázar, Guanajuato, dentro del proceso penal ***, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, contra las siguientes autoridades responsables: a) Juez Único Penal de Partido Judicial en Cortazar, Guanajuato; y b) Director del Centro de Reinserción Social (CERESO MIL) en Valle de Santiago, Guanajuato. 2. Por proveído de siete del mismo mes y año, se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Primero Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato [F. 13]. 3. Mediante ocurso de diecinueve siguiente, el impetrante dio cumplimiento a la prevención formulada, señalando como autoridad responsable al Juez Primero Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato [F. 15]. 4. En auto de diez de marzo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las responsables su informe justificado correspondiente, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional [F. 16-17]. 5. Por oficio registrado con el número 3953 [F. 20-21], la Juez Único Penal de Partido en Cortazar, Guanajuato, al rendir su informe justificado refirió que el cinco de febrero de la presente anualidad, declinó la competencia de la causa subyacente al Juez Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, en turno. 6. Por su parte el Juez Segundo Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, a través del oficio registrado con el número 4371 [F. 77], informó que con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, aceptó la competencia planteada. 7. Finalmente, la citada responsable informó que dicha resolución causó firmeza, esto mediante oficio acordado en esta data. En razón de lo anterior, resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. Es aplicable a lo anterior, el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 679, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 456, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Además de lo expuesto, para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma, incluso los escritos que la aclaren, para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe abocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IX, Mayo de 1992; Página: 94; Octava Época; Materias(s): Común; Registro No. 206167). Así, para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo se debe determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué sitio tuvo, tiene o tendrá lugar dicha ejecución; lo que en el caso se concluye que al ser el acto reclamado el auto de formal prisión dictado contra el quejoso, necesariamente requiere ejecución en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. Luego, se tiene que la autoridad que emitió el acto reclamado (Juez Primero Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato), consistente en el auto de formal prisión dictado contra el aquí quejoso Luis Martínez Rojas (quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social de Valle de Santiago, Guanajuato) el trece de febrero de dos mil once, dentro del exhorto 115/2016, en auxilio de las labores de su homologo de Cortázar, Guanajuato, dentro del proceso penal 213/2011, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I, inciso a), agravado por el artículo 10 fracción I, inciso b), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal; tiene su residencia fuera de la jurisdicción en donde este tribunal ejerce su competencia, a saber en Valle de Santiago, Guanajuato, Guanajuato, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito con residencia en Irapuato, Guanajuato. Aunado a lo anterior, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social de Valle de Santiago, Guanajuato, y actualmente quien conoce de la causa penal original (213/2011, del índice del Juzgado Penal de Partido de Cortázar, Guanajuato), lo es el Juez Segundo Penal de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, dentro de su progresivo 5/2016. Cobra aplicación por los motivos que la conforman, el criterio II.3o.P.8 P, sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, identificado con el registro 163867, visible en la página 1199, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL CENTRO DE RECLUSIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA RESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE LA DICTÓ SEA DIFERENTE AL DEL LUGAR DE DICHO CENTRO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la resolución que en la apelación confirma un auto de formal prisión constituye un acto con efectos materiales, porque repercute en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, tanto por el auto de formal prisión dictado en primera instancia, como a consecuencia positiva de su confirmación en la apelación; lo cual conduce a establecer que la resolución que, en segunda instancia, convalida los principales efectos del auto de formal prisión, entre otros, la prisión preventiva, también tiene efectos materiales, al repercutir en la libertad personal del procesado, porque continuará privado de su libertad no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primer grado, sino también por la resolución emitida en segunda instancia. Por su parte, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, instituyen las reglas para fijar, por identidad procesal sustancial, la competencia de los Tribunales Unitarios para conocer de un juicio de amparo, entre otras, por "el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Así, cuando el procesado se halle en reclusión preventiva con motivo del auto de formal prisión dictado en su contra en primera instancia y sea convalidado por un tribunal de apelación de un lugar distinto al de la prisión, conforme a la regla citada, la competencia para conocer del juicio de amparo relativo se surte a favor del Tribunal Unitario en cuya jurisdicción resida el centro de reclusión, pues, obviamente, ahí tendrá verificativo la ejecución de la resolución reclamada. Lo anterior no se contrapone con las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 25/98 y 1a./J. 147/2005, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos VII y XXIII, abril de 1998 y enero de 2006, páginas 17 y 174, de rubros: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO." y "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.", respectivamente, porque la primera alude a la inexistencia de algún obstáculo para que los Tribunales Unitarios de un mismo circuito conocieran unos respecto de otros de los juicios de amparo indirecto y, en la segunda, se establece que al impugnarse el fallo que confirma el auto de formal prisión, la competencia para conocer de un juicio de amparo le corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el que conoce del proceso penal, siempre y cuando el lugar de residencia del Juez del proceso fuese coincidente con el del centro donde estuviese en prisión preventiva el inculpado; esto último, en la especie, no se surte, dado que el lugar de residencia del Tribunal Unitario de apelación es diferente a aquel donde el quejoso se encuentra privado de la libertad." Así como el diverso por contradicción de tesis 1a./J. 147/2005, sustentado por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, identificado con el registro 176365, visible a foja 174, del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En tal virtud, de conformidad con el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo y toda vez que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva, se ordena remitir el presente expediente, así como los cuadernillos formados con motivo de la tramitación del incidente de suspensión, al Juez de Distrito en turno en Irapuato, Guanajuato, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. Finalmente, en razón de la incompetencia planteada, se considera que no será posible el verificativo de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de agosto próximo, y por ende se deja sin efectos la misma; en la inteligencia que una vez resuelto el presupuesto procesal planteado, se fijara de nueva cuenta fecha y hora para su celebración.

  4. Principal

    Glósese a sus autos el escrito que presenta el autorizado del quejoso ******** a través del cual pretende dar cumplimiento al auto de diecinueve de los actuales; sin embargo, no ha lugar a tener a la parte quejosa por cumpliendo, dado que en citado proveído se le requirió para que proporcionara un domicilio en donde el tercero interesado Miguel Ángel González Peralta, pudiera ser emplazado, y en el ocurso que se atiende únicamente refiere que se notifique al citado tercero en términos de la fracción III del artículo 28 de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 28. III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia de la notificación, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo o del incidente de suspensión o de cualquier otro previsto por esta Ley, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme a las fracciones I y II de este artículo." Se reitera, el promovente resulta omiso en proporcionar domicilio alguno de la parte ofendida en el juicio de que deriva el acto reclamado, pues la forma en que solicita es exclusiva para autoridades; por tanto, requiérase de nueva cuenta al quejoso Luis Martínez Rojas, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, proporcione domicilio en donde pueda ser emplazado el citado tercero interesado, en el entendido que de ser omiso este juzgado federal proveerá lo que en derecho corresponda, y que a la postre podría traer como consecuencia su llamamiento a juicio por medio de edictos a costa del impetrante. No obstante lo anterior, requiérase al Juez Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, informe el domicilio que decretó para recibir notificaciones al ofendido ******** como consecuencia de la imposibilidad que tuvo su homólogo de Almoloya de Juárez, Estado de México, esto, conforme a los artículos 99 y 100 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. Asimismo, requiérasele para que dentro del mismo plazo informe si la resolución de veintiocho de marzo inmediato anterior, en que aceptó a competencia planteada por el Juez Penal de Partido de Cortázar, Guanajuato, dentro de la causa penal ***, para quedar bajo su progresivo 5/2016, ha causado estado. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cincuenta días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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