Luis Montoya Hernández

Expediente 225/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
225/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Luis Montoya Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de treinta de abril del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ****, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión

  2. Principal

    Recepción de escrito. Agréguese el escrito signado por el quejoso ***, por medio del cual cumple con la prevención realizada en auto de veinte de abril del presente año, pues al efecto señala, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Improcedencia de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de cuenta, en virtud de lo que a continuación se expone. El artículo 113 de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie, el quejoso se duele de la resolución emitida el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno por el juez Menor Mixto de Acámbaro, Guanajuato, en el expediente C0016/2019 - controvertido en el cual el promovente funge como parte actora- que resolvió el recurso de revocación interpuesto por Salvador Olvera Jaime en contra del auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en este último proveído se acordó de manera favorable la petición del actor de nombrar un perito valuador. ??? Además, el quejoso señaló que esto aconteció en etapa de ejecución de sentencia, específicamente, en la etapa de remate. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado -que el quejoso expone bajo protesta de decir verdad- emergen los siguientes datos relevantes del caso: 1. Que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. 2. Que por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se acordó de manera favorable, la petición del quejoso, en el sentido de que nombró como perito valuador de su parte al ingeniero ***, con la finalidad de que haga el avalúo respecto al bien embargado en el juicio; además, se requirió al experto para que aceptara y protestara el cargo, así como para que, una vez hecho lo anterior, emitiera su dictamen dentro de término de diez días. De igual manera, se requirió al demandado para que señalara perito de su parte, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, el juzgado lo designaría en rebeldía. 3. En contra de esa determinación, el demandado interpuso recurso de revocación. 4. Dicho medio de impugnación se resolvió el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de revocar el auto recurrido para dejarlo sin efectos y se precisó lo siguiente: ".Es cierto que en el proveído del 14 catorce de Mayo de 2019 dos mil diecinueve, que ordenó requerir de pago al demandado por la cantidad de $ 90,000.00 noventa mil pesos, se previno a las partes para que una vez trabado el embargo, nombrara cada uno perito valuador y entre ambos perito tercero en discordia, con apercibimiento que los nombramientos que dejaren de hacer, serán hechos por el Tribunal en su rebeldía y quedará a cargo de las partes cubrir los honorarios que se originen, auto que tiene firmeza procesal al no haber sido recurrido en forma alguna por las partes, luego entonces, el nombramiento de perito que unilateralmente hizo el actor en la promoción presentada el 18 dieciocho de Febrero próximo pasado, al que le recayó el acuerdo del 22 veintidós siguiente, no se ajustó a los términos del auto inicial, partiendo del principio que el juez no puede revocar sus propias determinaciones. En consecuencia, es procedente dejar sin efectos el proveído del 22 veintidós de Febrero hogaño, ya que de confirmarlo, se estaría revocando aquella parte del auto inicial que previno a las partes para que en los tres días siguientes nombrara cada uno perito valuador, lo que no hizo ninguno de los contendientes, en esa virtud, al dejar sin efectos el auto impugnado, la aceptación y protesta de perito que hizo José Luis Piña García, que obra a fojas 220, corre la misma suerte; de igual manera, desglósese del expediente el avalúo que consta a fojas 222 a 225 y hacer entrega de los mismos a José Luis Piña García, dejando en autos copias autorizadas de los mismos y razón de recibo." Esta es la determinación que constituye el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio constitucional. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el??????????amparo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, aunado a que pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, en donde podrán reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En tal virtud, se estima que el acto reclamado no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en ella no ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de bien alguno, ni su entrega. Lo anterior, porque como se indicó en párrafos que preceden el acto reclamado lo constituye la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el juez responsable que revocó el auto de veintidós de febrero de esta anualidad, en el cual, entre otras cosas, se acordó favorablemente el nombramiento del perito valuador propuesto por el ahora quejoso. Lo cual aconteció en el procedimiento de remate, de lo que se obtiene que se reclaman cuestiones procesales inmersas en la etapa de ejecución de sentencia, mas no así, acto alguno que ponga fin a dicha etapa. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, que determina que el amparo indirecto procede solo en contra de la última resolución dictada en los procedimientos de remate, la que consiste en aquella que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión del bien raíz rematado, lo que en el caso no ha sucedido. Es aplicable al particular, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), con registro 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia.

  3. Principal

    Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo formulada por *, en contra de actos del juez Menor Mixto en Acámbaro, Guanajuato. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 225/2021-7. Prevención de demanda. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones III y V, en relación con el diverso 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: 1. Precise la calidad con la que acude al presente juicio, es decir, si es por propio derecho o en representación de diversa persona pues en su demanda de amparo precisa de manera textual: "I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: C. *****, por medio del suscrito, señalando para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos por medios electrónicos." "De igual forma al no ser legalmente emplazado mi poderdante ahora quejoso." Redacción que no permite apreciar con claridad la calidad con la que comparece. En el entendido de que si comparece en representación de diversa persona deberá acreditar dicho carácter con documento idóneo. 2. Aclare el acto que reclama en la presente instancia, pues por un lado refiere que es: "La sentencia interlocutoria de fecha 19 de marzo de 2021 notificada en fecha 22 de marzo del mismo año que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el tercero interesado en contra del auto de fecha 22 de febrero de 2021." Pero por otro hace manifestaciones en torno al emplazamiento: "De igual forma al no ser legalmente emplazado mi poderdante ahora quejoso se viola en su prejuicio la GARANTÍA DE AUDIENCIA ya que no fue oído ni vencido en juicio dejándolo en completo estado de indefensión, por tanto, todo lo actuado en el multicitado probable juicio se deberá decretar nulo." 3. Señale en qué etapa procesal se encuentra el juicio de que deriva el acto reclamado, debiendo ser especifico sobre si ya se dictó sentencia. 4. Asimismo, deberá manifestar que desconoce el domicilio de la persona a la que le recae el carácter de tercero interesado bajo protesta de decir verdad. Los anteriores datos requeridos resultan necesarios para analizar la procedencia de su ocurso constitucional y el accionante de la tutela federal es omiso en manifestarlo en su capítulo de antecedentes. En el entendido de que la prevención deberá ser desahogada por la parte promovente del amparo, toda vez que los hechos relacionados forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Máxime que de tenerse conocimiento de actos realizados en la tramitación del presente juicio constitucional que puedan resultar constitutivos de alguno de los delitos previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la invocada ley, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal, a fin de que los investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRÁMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGÚN DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA" Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para traslado a las partes en la proporción a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo1. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Por cuanto al autorizado que refiere, se les tiene únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad 1 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, novena época, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario "*"; en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. Consecuentemente, el analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Sin que pueda tenerse como sitio para notificaciones el diverso buzón electrónico que señala, con número de suscriptor 2239, toda vez que el Sistema del Poder Judicial de la Federación se rige por nombres de usuarios y no por número de suscriptores. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. ????? En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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