Luis Omar Hernández López
Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Omar Hernández López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Asimismo, en atención al sentido de la determinación mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano.
- Principal
Por recibido, el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato por sus siglas ISAPEG; a través del cual, pretende informar la fecha y lugar en la que la menor de edad de identidad reservada, deberá acudir para la aplicación de la primera dosis de la vacuna de mérito (ya que no se cuenta con antecedentes de aplicación de la primera dosis). Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto once de agosto del año en curso, se decretó el sobreseimiento el presente juicio de amparo ante la omisión de la parte quejosa de cumplir con lo aquí requerido, por lo que se le tuvo por conforme con la omisión reclamada. Finalmente, se destaca que la misiva fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL."
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el dieciséis de junio de dos mil veintidós se requirió a la parte quejosa para que manifestara si la infante de iniciales M.J.H.G. (con trece años de edad) fue inmunizada en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas al grupo etario en que se encuentra. La anterior prevención se formuló por lo siguiente: En auto de dieciséis de junio pasado, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número 9170, con el que se tuvo al apoderado de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (ISAPEG) informando que la menor debía ser presentada el veintiuno del mismo mes y año a las instalaciones respectivas para efecto de lograr su primera inoculación. Lo anterior se ordenó hacer del conocimiento de la quejosa, lo que así se hizo vía mensajería telefónica whatsapp (foja 185) y vía el electrónica el veintiocho de julio siguiente. En dicho acuerdo se realizó el apercibimiento siguiente: ".Apercíbase al promovente de la demanda que transcurrida la fecha de señalada, cuenta con el plazo genérico de tres días para hacer del conocimiento de este Tribunal sobre el resultado de la cita. En caso de no hacer manifestación alguna se entenderá que hay desinterés para que el menor sea inoculado por la institución pública en mención y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables." En esas circunstancias, es decir, ante la falta de actuación y justificación por la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento hecho el dieciséis de junio de dos mil veintidós y se le tiene por desinteresada en que la infante sea inoculada por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veintisiete de enero pasado), el grupo etario para mayores de doce años al que pertenece la menor de edad aquí quejosa (nacida el nueve de diciembre de dos mil ocho -trece años al día de hoy-)era considerado en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada, pero con restricciones. En efecto, en su momento se invocó como hecho notorio para esta juzgadora que en la página de internet http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacuna-covid19- adolescentes/ se aprecia que el registro para los jóvenes de entre doce y diecisiete años (con dos opciones, la primera a quienes tengan 15 años cumplidos al 15 de enero de 2022 o más, y la segunda aquellos entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad), el cual inició a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.; empero, tal circunstancia no arrojó dato objetivo alguno que permitiera asegurar la fecha, lugar y modo en que la directa quejosa perteneciente a un grupo etario, será inoculada para así proteger su salud, pues el solo hecho de que existiera una página de registro para tal fin, no garantizaba su inoculación a la brevedad posible, al resultar incierta la temporalidad en la que, en su caso, se procederá a aplicar el biológico a los menores de edad que ahí se registren. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.J.H.G., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa era considerado como susceptible de ser vacunado, pero con las restricciones antes precisadas. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido completamente en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de dieciséis de junio de la presente anualidad, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular a la menor, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Finalmente resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada para esta data.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, la cual tuvo como efecto que las autoridades responsables, en sus respectivas atribuciones, realizaran las gestiones necesarias para lograr la eficaz inoculación de la menor quejosa con la vacuna Pfizer (aprobada por COFEPRIS), respecto del virus SARS-Covid19, a lo que ya obran diversas actuaciones de las autoridades tendientes a cumplir con la medida. Ahora, del propio estado de autos se desprende que en proveído de dieciséis de del año en curso se dio vista a la parte quejosa con copia del oficio registrado con el número 9170 y su anexo, por el cual el apoderado legal de la autoridad responsable Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", informó que en cumplimiento a la suspensión de plano, la menor de iniciales M.J.H.G., debería acudir a las nueve horas del veintiuno de junio de dos mil veintidós, a las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en vialidad interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Asimismo, en dicho auto se requirió a la parte promovente de la demanda de amparo para que, en el plazo genérico de tres días, hiciera del conocimiento de este juzgado sobre el resultado de la cita de referencia, esto bajo el apercibimiento que, en caso de no hacer manifestación alguna se entendería que hay desinterés para que la menor de edad sea inoculado por la institución pública en mención y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En ese sentido, ahí se ordenó a los actuarios de la adscripción para que notificara dicha determinación personalmente a la parte indicada, -corriéndose traslado con copia del oficio de mérito y su anexo- en el domicilio señalado para tal efecto, sin que a la fecha obre constancia de que se haya realizado dicha diligencia. En tal virtud, a fin de no violentar derechos de las partes, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que notifiquen de forma personal a la parte quejosa el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, en los términos descritos; ello con la finalidad de que estén es aptitud de cumplir con lo ahí requerido. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan para su verificativo las diez horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo anterior, se notifica a la parte quejosa el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, que a la letra dice: "Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, ISAPEG por sus siglas; con el cual informa que la menor de edad de iniciales M.J.H.G., deberá acudir a las nueve horas del día veintiuno de junio de dos mil veintidós, al Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, ubicado en vialidad interior, malvas 367, colonia Revolución, donde "se aplicara la primera dosis del biológico". Por tanto, se estima necesario hacer del conocimiento de la promovente del amparo lo señalado por la oficiante, por lo que deberá acudir a la cita en compañía de la menor referida, y exhibir los siguientes documentos: Comprobante donde se otorga la suspensión de plano por el juzgado. Acta de nacimiento de la menor. CURP de la menor. Comprobante de domicilio. Identificación oficial vigente de los padres. Original de valoración (en caso de haber sido valorada). Se requiere a la autoridad responsable para que, una vez que se lleve a cabo la vacunación de la menor, informe la fecha que se fije para la segunda aplicación del fármaco en comento. Sin perjuicio de la notificación personal -corriéndose traslado con copia del oficio de mérito- en el domicilio señalado para tal efecto, dada la urgencia del asunto y la premura con que fue remitida la información, se ordena al actuario de la adscripción que, en caso de que en la demanda se haya proporcionado un correo electrónico o número telefónico (whatsapp) para entablar comunicación, también lo haga por estos medios al promovente o a sus autorizados (deberá realizar todos los actos necesarios para que se practique con la mayor premura posible). Lo anterior, en el entendido de que deberá levantar constancia del resultado de la encomienda. No pasa inadvertido que mediante oficio registrado con el número 2478 -atendido por acuerdo de dos de marzo de los actuales-, el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, ISAPEG por sus siglas, informó que fijo las nueve horas del catorce de junio del presente año para la valoración en primer término de la menor; sin embargo, a la fecha no existen constancias que en esa fecha permita establecer que en esa data se inmunizo a la menor en tanto estamos en espera nos informe de ello. Sin perjuicio de ello, y debido a que en autos no obra constancia relativa a la inoculación de la menor de edad, requiérase también a la parte quejosa para que, manifieste si ya fue inmunizada en la jornada de vacunación COVID-19 relativa a los infantes mayores de 12 años y, de ser el caso, deberá adjuntar las constancias que avalen su dicho, o bien, que informen y acrediten la imposibilidad que tuvieron para ello. Apercíbasele que transcurrida la fecha de señalada, cuentan con el plazo genérico de tres días para hacer del conocimiento de este Juzgado sobre el resultado de la cita o, en su caso, respecto de lo precisado en el párrafo que precede. En caso de no hacer manifestación alguna se entenderá que hay desinterés para que la menor sea inoculada por la institución pública en mención y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Además de ello, se comisiona al actuario de la adscripción para que, vía correo electrónico, haga entrega de la misiva que derive de este auto al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG" para que una vez transcurrida la data que proporcionó, informe lo que haya acontecido. En el entendido de que, de no hacerlo, se podrá hacer acreedora a las sanciones precisadas en el auto en el que se concedió la suspensión de plano". Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa, en la secretaría de este Tribunal, copia del oficio registrado con el número 9170, signado por la autoridad responsable, y su anexo, a fin de que se impongan de su contenido.
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