Luis Fernando Rodriguez Flores
Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/04/2022
Partes del expediente
- Luis Fernando Rodriguez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Luis Fernando Rodríguez Flores, señaló como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de dictar y notificar resolución mediante la cual admita o deseche pruebas y señale fecha para el desahogo de las mismas dentro de los diez días posteriores. Asimismo, del estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de uno de abril del año en curso, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de las actuaciones que integran el expediente laboral 4571/2020-4B, de las cuales se advierte lo siguiente: El siete de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable tuvo por recibida la demanda laboral promovida por Luis Fernando Rodríguez Flores, en contra de Clave Manufacturing de California, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y de quien resultara responsable de la fuente de trabajo, misma que fue radicada con el número 4571/2020-4B, por lo que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la cual, entre otros temas, se señalaron las doce horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a las partes ofreciendo medios probatorios y como lo solicitaron, se les concedió el término de tres días para que formularan sus respectivas objeciones, por lo que se reservó proveer respecto la admisión de las pruebas hasta en tanto se agotara dicha fase. El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió un acuerdo en el que determinó lo relativo a la admisión y calificación de las pruebas ofrecidas por las partes y señaló las nueve horas, nueve horas con treinta minutos, diez horas, diez horas con treinta minutos, once horas y once horas con treinta minutos, del diecinueve de abril de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de pruebas. Dicha determinación se hizo del conocimiento a la parte actora el once de febrero de dos mil veintidós, y a la demanda el catorce de febrero siguiente, como se desprende de las cédulas de notificación respectivas. Las referidas documentales, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2261 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que, como se precisó, la omisión reclamada a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de dictar y notificar resolución mediante la cual admita o deseche pruebas y señale fecha para el desahogo de las mismas, cesó; ya que de la relación de actuaciones del juicio laboral de origen, se obtiene que la autoridad responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictó un auto por el cual, entre otros temas, admitió las pruebas ofrecidas por las partes, y señaló fecha para el desahogo de las mismas, además la hizo del conocimiento de la parte quejosa el doce de febrero de dos mil veintidós; lo que además aconteció, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diez de enero de dos mil veintidós). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, derivada de la contradicción de tesis 164/2008-SS, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del tres de diciembre del dos mil ocho, que, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (once horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las once horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a uno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable; en atención a éste, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la documental consistente en copia certificada de las actuaciones que integran el expediente laboral 4571/2020, sin perjuicio de relacionarlas en audiencia constitucional. Ahora bien, a fin de tener un mejor manejo del expediente en que se actúa, con las constancias remitidas por la autoridad responsable se ordena la apertura de un tomo de pruebas. Notifíquese.Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en la omisión de dictar y notificar el proveído mediante el cual se admitan o desechen pruebas, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de pruebas en el expediente laboral 4571/2020-4B. Sin embargo, la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado remitió copia certificada de las constancias que integran el diverso expediente 4751/2020-4A. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computados, remita copia certificada, legible y completa de la totalidad de las constancias que integran el expediente 4571/2020-4B, lo anterior, toda vez que son necesarias para resolver el presente juicio de garantías. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, mediante oficio devuélvase a la autoridad responsable las copias certificadas relativas al diverso expediente 4751/2020-4A, en virtud que éstas no guardan relación alguna con los actos reclamados en esta instancia constitucional. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las trece horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
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