Luis Gerardo Torres Laguna

Expediente 799/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
799/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Torres Laguna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2° de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó al amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio, ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es depurable y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio artículo décimo octavo de dicho acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos que estimen pertinentes, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Finalmente, devuélvanse a la autoridad Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, las constancias que envió, consistentes en copias certificadas de la causa penal ********************de su índice, al considerarse que no es necesaria su retención. Notifíquese.

  2. Principal

    Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 799/2020, promovido por Luis Gerardo Torres Laguna, respecto del actos reclamados a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Luis Gerardo Torres Laguna, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por los razonamientos indicados en el considerando sexto de este fallo. Tercero. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta que remite la Coordinadora del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que designa como asesores jurídicos del quejoso Luis Gerardo Torres Laguna a Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina y a diversos profesionistas para oír y recibir toda clase de notificaciones; asimismo, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Plaza Mundo Divertido Vía Rápida Poniente, José Fimbres Moreno Locales 41 y 43, Fraccionamiento San José, con residencia en esta ciudad. En atención a lo expuesto, con fundamento en los artículos 1 y 14 constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los asesores jurídicos antes mencionados, para que, vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal a los asesores citados el contenido del presente proveído, y les corra traslado con la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, en el domicilio precisado con anterioridad. Finalmente, toda vez que el quejoso Luis Gerardo Torres Laguna, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto elabore, que le dio lectura íntegra al presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese; personalmente al quejoso y a sus asesores jurídicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de doce de marzo último se requirió de nueva cuenta al Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, a fin de que designe un defensor público al quejoso ********************. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con treinta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, para la celebración. Por otra parte, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Notifíquese; personalmente al quejoso.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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