Luis Fernando Muñoz Flores
Expediente 68/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California. Tijuana
- Luis Fernando Muñoz Flores
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, el cual contiene evidencia criptográfica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el plazo de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la responsable ofreciendo como prueba un disco versátil digital (DVD), relativo a la audiencia celebrada en el procedimiento penal de origen; probanza que adquiere el carácter de documental pública lato sensu, teniéndose por desahogada sin necesidad de una audiencia especial, misma que será tomada en consideración en su oportunidad; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, lo que se relacionará al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En consecuencia, resguárdese en la Secretaría de este Juzgado, el disco versátil digital que anexó la autoridad responsable en su informe justificado, a fin de evitar el daño de éstos por el manejo del expediente, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, mediante proveído de veinticinco de noviembre del año en curso se reservó de tener como terceros interesados a persona alguna, hasta en tanto obrara en autos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, lo cual acontece en el oficio de cuenta que en esta fecha se provee; por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 5°, fracción lll, inciso e), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a la representación social que tuvo intervención en el procedimiento penal del que deriva la materia de reclamo; por tanto, con base en el normativo 26, fracción ll, inciso e), de la propia ley, se ordena notificarle al agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de investigación con detenido, mediante oficio que se le envíe, anexándole fotocopia de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído; asimismo hágasele del conocimiento que la audiencia constitucional se celebrará a las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia XXVII.3o. J/3 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que a la letra dice: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." Asimismo, orienta lo antes expuesto la tesis XXVII.3o.88 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con el rubro: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE PRACTICARSE A LA INSTITUCIÓN QUE INTERVINO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO, NO SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LA PERSONA QUE OSTENTÓ DICHA CALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)."De la interpretación literal del artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se obtiene que la calidad de tercero interesado le corresponde a la institución del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento, siempre que no tenga el carácter de autoridad responsable. Lo anterior se relaciona con el artículo 128, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del que se deduce que la Representación Social debe actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a la Constitución, al propio código y a la demás legislación aplicable. Por su parte, de los artículos 2, 6, 7, 10, 73 y 87 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se advierte que esa autoridad es la encargada de la procuración de justicia en el Estado, y para el cumplimiento de sus funciones, se integra con diversas fiscalías especializadas, las cuales tienen, entre otras atribuciones, participar en las diversas etapas del procedimiento penal; en tanto que su personal puede ser objeto de una comisión, rotación, cambio de adscripción, suspensión temporal de sus labores, destitución o remoción de su cargo. En este contexto, el emplazamiento del Ministerio Público al juicio de amparo indirecto, en su calidad de tercero interesado, no señalado como autoridad responsable, debe practicarse a la institución que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, y no a la persona que ostentó dicha calidad, pues de lo contrario, se entorpecería el trámite del juicio de amparo, ya que no se notificaría a esa institución, sino a individuos que fungieron con ese carácter y que por alguna de las causas mencionadas, ya no ostentan el cargo respectivo, esto es, a una persona que ya no cuenta con la calidad de tercero interesado." Asimismo, del contenido del disco versátil digital que remite, y de conformidad con lo previsto en el artículo 5°, fracción lll, inciso b), de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de terceros interesados a las víctimas; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 inciso c) fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 9, 10, 12 fracciones IV, VI y XII, 14 y 124 fracciones I, VIII y IX, de la Ley General de Victimas; con un tanto del oficio que se atiende, fórmese cuaderno del sigilo por separado, a fin de proveer respecto a los datos personales referentes a la identidad de las víctimas directas del hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés agravado, así como todas aquellas cuestiones inherentes a su notificación. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la tesis XIX.1o.P.T.4 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con el rubro: "DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS DATOS PERSONALES. NO SÓLO ES INHERENTE A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN, TRATA DE PERSONAS, SECUESTRO O DELINCUENCIA ORGANIZADA, SINO QUE TAMBIÉN COMPRENDE A LOS OFENDIDOS DE DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA, POR LO QUE EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS. De la interpretación funcional del artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano Reformador de la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la identidad y datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata de personas, secuestro y delincuencia organizada, pues aunque hizo esa especificación por tratarse de ilícitos graves, añadió la posibilidad de que se preservaran también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a juicio de la autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente Permanente otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto similar de violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar fuera de esa protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se pone en riesgo la vida e integridad física y moral. Por lo que, con la finalidad de realizar la ponderación respectiva, es válido que los juzgadores, acorde con las máximas de la experiencia, tomen en cuenta el contexto social que rodea al hecho ilícito; y a efecto de sustentar sus determinaciones invoquen hechos notorios sin necesidad de prueba, siempre que éstos sean parte de un acontecer social en un tiempo y espacio determinados, debido a que aun cuando su conocimiento sea indirecto, deriva de la crítica colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles; circunstancia por la cual adquieren el carácter de ciertos. Así, conforme a tales hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el juzgador debe aplicar las "máximas de la experiencia" que se generan con un pensamiento inductivo de conductas sociales que se manifiestan regularmente y de las cuales se obtiene el conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en las entidades en que se vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre grupos del crimen organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de proteger la identidad de las víctimas del delito." En otro tenor, del contenido del disco versátil digital que remite se advierte que el presente asunto tiene relación con el diverso juicio de amparo 64/2019-A-2 de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se tienen a la vista los autos del juicio en comento, por ser un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogo el requerimiento formulado en proveído de seis de noviembre del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tienen únicamente como autoridades responsables y actos reclamados a las mismas, las que denominó como "1. JUEZ DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA", "2. EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" y "3. H. CONGRESO DE LA UNIÓN". Admisión de la demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda que promueve Luis Fernando Muñoz Flores, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo; corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, notificación que deberá efectuarse por oficio, conforme a lo establecido por el artículo 26, fracción II, inciso c) del referido ordenamiento legal, así como las subsecuentes notificaciones conducentes dirigidas a ésta en el presente expediente, lo anterior en razón de que en el presente asunto se señaló como acto reclamado una norma general. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclama; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se requiere al juez remita el índice cronológico de las intervenciones de las partes en copia autorizada, así como disco que contenga el audio y video del registro de la audiencia debidamente certificada y que sirvió de base para emitir el acto que se le atribuye; en el entendido de que en el informe de mérito, las responsables deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas documentales deben ser claras y nítidas en el caso de la audiencia respectiva, completas y en forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual, se estima que la ilegibilidad de las constancias o su falta de nitidez en el caso, equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Por ello, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio ubicado en este municipio, en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ministerio Público de la causa. Asimismo, se requiere al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, para que al momento de rendir el informe justificado que se solicita, comunique a este órgano jurisdiccional la denominación correcta del representante social que conoce de la causa penal 3094/2019, a nombre del quejoso Luis Fernando Muñoz Flores, bajo los apercibimientos señalados con antelación. Suspensión de procedimiento. Dada la naturaleza del acto de reclamo, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento del juez responsable que podrá continuar el procedimiento dentro de la causa penal 3094/2019, pero deberá suspenderlo antes de concluir la etapa intermedia, es decir, deberá de abstenerse de enviar el auto de apertura a juicio oral al tribunal competente; lo anterior, hasta que sea notificado de la ejecutoria que se dicte en el presente juicio. Ello se considera así, virtud de que el juicio oral, acorde con lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la etapa esencial del proceso, la cual se realiza sobre la base de la acusación y predominan los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración, contradicción y, principalmente, continuidad, de tal suerte que si se llegara a dar apertura a la etapa del juicio oral, éste no sería susceptible de suspenderse y culminaría con el dictado de una sentencia definitiva, hecho que produciría un cambio de situación jurídica que haría imposible emitir pronunciamiento alguno en el juicio de amparo en que se actúa, pues se afectaría la nueva situación jurídica, lo cual se trata de evitar de conformidad con el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, es decir, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión, así como al licenciado Gildardo Valenzuela Borbón, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.
- Principal
a las nueve horas del doce de noviembre de dos mil diecinueve, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa ni sus autorizados no comparecieron en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 68/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación, o bien, en el acto de notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Refiera la totalidad de las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo para la aprobación y promulgación del decreto por el cual se creó o reformó el artículo 9, fracción I, inciso d), en su texto vigente, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con última publicación el diecinueve de enero de dos mil dieciocho. 2. Precise el acto que reclama a las demás autoridades que señala como responsables, "Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Agencia Investigadora de Delitos con Detenidos de esta ciudad de Tijuana, Baja California", y del "Director del Centro de Reinserción Social La Mesa, Tijuana, Baja California (Cereso)". Lo requerido deberá ser subsanado directamente por el promovente, por ser un acto personalísimo y que únicamente a él le corresponde; con el apercibimiento que en caso de no desahogar la prevención dentro del plazo de cinco días hábiles, legalmente computado, se procederá al trámite del juicio de amparo, únicamente respecto de las diversas autoridades y actos reclamados.
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