Luis Eugenio Castañeda Salcedo

Expediente 208/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
208/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Eugenio Castañeda Salcedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2° de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyo´ en el presente juicio, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: 1. Del H. FISCAL TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION U.T.M.C. ZONA CENTRO DE LA FISCALIA REGIONAL TIJUANA, en su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, la omisión de dar respuesta en un breve término a mi petición realizada el día 3 de marzo del año 2021; respecto de la cual a la fecha sigue sin dar respuesta alguna. Asimismo, que de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende: -Copia certificada de la constancia de hechos de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se dio contestación a la petición de tres de marzo de la presente anualidad, efectuada por el aquí quejoso. Constancias con las cuales en veintinueve de abril de dos mil veintiuno se corrió traslado a la parte quejosa. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La omisión de dar contestación a la petición efectuada por el quejoso ante la responsable el tres de marzo de dos mil veintiuno. Acto que ha cesado sus efectos, toda vez que en ocho de marzo de la presente anualidad, la autoridad señalada como responsable emitió contestación a la petición efectuada por el quejoso el tres del mismo mes y año, contestación con la cual se corrió traslado al quejoso personalmente el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo promovida por el impetrante en veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Por lo tanto resulta inconcuso que, el acto reclamado por el quejoso consistente en la omisión de dar contestación a la petición de tres de marzo de dos mil veintiuno, ha cesado sus efectos, toda vez que: -En ocho de marzo de dos mil veintiuno se emitió contestación a la petición efectuada por el quejoso en tres del mismo mes y año, y; -En veintinueve de abril de dos mil veintiuno se corrió traslado al quejoso con la contestación emitida por la autoridad señalada como responsable. En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: Atento a lo anterior, quedan sin efecto las providencias decretadas; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el escrito presentado por el quejoso Luis Eugenio Castañeda Salcedo, mediante el cual pretende ampliar la demanda de amparo, y al efecto señala lo siguiente: "[.] II.- ACTO RECLAMADO: 1.- El acuerdo de fecha 8 de marzo de 2021 emitido por la H. Titular de la Unidad de Investigación UTMZ Zona Centro. 2.- El impedimento y/o obstaculización de accesar a la carpeta de investigación identificada como número de caso 0204-2021-06346 que a dicho en el informe justificado de la Autoridad Responsable se está integrando en contra del Suscrito, impidiendo mi ejercicio a la adecuada defensa contra actos que me están siendo imputados, es decir, la violación a mi derecho humano de ser informado sin demora de la imputación que se me hace, y la debida comunicación previa y detallada de la imputación al negarse la expedición de copias solicitadas para contar con una defensa adecuada. [.]" De lo anterior se advierte que el quejoso pretende señalar como nuevo acto reclamado el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad señalada como responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación UTMC, Zona Centro, con residencia en esta ciudad, relativo a la negativa de expedir copias simples de la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2121-6346. Ahora bien, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, la autoridad señalada como responsable al rendir el informe justificado manifestó lo siguiente: "[.] Toda vez que con fecha 03 de Marzo DEL 2021, se recibió en esta Unidad de tramitación Masiva de Causas, un escrito de promoción, signado por el quejoso en las que entre otras cosas solicita la Expedición de Copias Simples de todo lo actuado dentro de la Carpeta de Investigación con Número Único de Casó 0204-2121-6346, Instruida en contra del Quejoso, por el Delito de Robo Calificado a Casa Habitación y Allanamiento de Morada, la cual se encuentra en etapa de Investigación, por lo que dicha promoción una vez que se recibió, se le dio cumplimiento a lo solicitado, respetando los derechos del quejoso, así como atendiendo a lo establecido en el Artículo 8vo. Constitucional y 113, Fracción VIII, 216, 217 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y estando en tiempo se dio contestación a lo solicitado por el quejoso ya que en fecha 08 de Marzo del año en curso, dentro de la carpeta de investigación ya mencionada se levantó una constancia de hechos, donde se asentó los motivos y fundamento legal por los que por el momento no se le podían expedir copias simples de la referida carpeta [.]" De lo que se desprende que, en ocho de marzo de dos mil veintiuno la autoridad en cita determinó que, con fundamento en los artículos 113, Fracción VIII, 216, 217 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no ha lugar a expedir al quejoso las copias que solicita de la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2121-6346. Por lo tanto, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5 fracción I, de la Ley de Amparo, de cuya interpretación se advierte que, entre los principios fundamentales para la procedencia de la acción constitucional, se encuentra el de agravio personal y directo. Es decir, establecen que la demanda de amparo la puede promover la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que dicha afectación sea real y actual sobre la esfera jurídica de quien se dice agraviado; de esta manera el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades. El agravio a que se hizo mención debe ser actual; es decir, que la afectación se esté produciendo; personal, entendiendo como tal que afecta a quien solicita el amparo y no a otra persona; y directo, que la afectación que sufra el gobernado derive precisamente del acto reclamado por el que se promueve la demanda. Por tanto, se considera que, en el caso, el acto tildado de inconstitucional no puede ser analizado en el juicio de derechos humanos, en atención a que el quejoso carece de un interés jurídico para combatirlo ante esta instancia constitucional, pues de existir, dicho acto no causa alguna afectación real, actual y directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. En esa tesitura, resulta pertinente precisar que, el artículo 113, en su fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código." Mientras que el diverso artículo 218, del citado ordenamiento legal, establece: "[.] Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. [.]" En ese sentido, como lo indicó la autoridad responsable, el artículo 113, fracción VIII, en relación con el diverso 218, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los momentos procesales en los que se permitirá al imputado y a su defensor el acceso a los registros de investigación, así como la obtención de copias de los mismos, que en el primer caso será a partir del momento en que se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, así como antes de su primera comparecencia ante el Juez; y en el segundo caso, una vez convocados a audiencia inicial. Hipótesis que no se actualizan en el caso, en razón de que no se advierte que haya sido citado el impetrante a comparecer ante el Ministerio Público con la calidad de imputado, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, pues si bien tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, así como que ha presentado escritos y actuado motu proprio en la referida carpeta de investigación, lo cierto es, que no se encuentra en las hipótesis que refiere el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, de que el artículo 20, apartado b), fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el imputado y su defensa tendrán acceso a los registros de investigación, cuando el primero de encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele la declaración o entrevistarlo, sin embargo, el dispositivo en comento hace referencia al derecho que les asiste a "tener acceso", no así a la prerrogativa de "obtener copia" de la carpeta de investigación. En efecto, en el caso concreto el quejoso pretende señalar como nuevo acto reclamado el auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad señalada como responsable agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación UTMC, Zona Centro, con residencia en esta ciudad, relativo a la negativa de expedir copias simples de la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2121-6346. Sin embargo, esa negativa no le causa una afectación real y actual en su esfera jurídica, pues aun existiendo en su contra la integración de la carpeta respectiva, no le irroga perjuicio dado que su oportunidad de contradecir los datos de prueba que encuentren en la carpeta de investigación se presentará, en su caso, si el fiscal formula la imputación en su contra ante un Juez de control, en donde se le citara a la audiencia inicial, en la que previo a su comparecencia ante el juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar su defensa. Lo anterior, ya que en conformidad con el artículo 21 Constitucional y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 218, y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el sistema penal acusatorio, a cargo del Ministerio Público, tiene por objeto que éste reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; lo cual, por regla general está exento de cualquier acción tendente a paralizarlo, incluso el control constitucional, pues los actos en la referida fase no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender a su esfera jurídica, en la medida de que aquéllos son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Además, como se precisó en supra líneas, de considerar que los actos dictados durante la substanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber el Ministerio Público de recabar datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, el artículo 2181 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que en la investigación inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. Además, que el imputado y sus defensores podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. De ahí que sea incuestionable que, por el estado procesal de la carpeta de investigación, no es susceptible de combatirse, a través del juicio de amparo, los actos que reclama el impetrante de amparo, aun cuando pudiera alegarse que con ellos se trastoca el derecho fundamental de defensa adecuada, dado que ese derecho podrá ejercerse una vez que se actualice alguna de los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales en comento. En la inteligencia que, es facultad del Ministerio Público determinar si resulta necesario para la integración de la carpeta de investigación respectiva, contar con la declaración o entrevista del imputado como dato de prueba, siendo que únicamente en ese supuesto, es que solicitará su comparecencia a la misma, al no ser obligatorio la obtención de su declaración en dicha indagatoria. De ahí que, el derecho de defensa no se encuentra trasgredido puesto que dicho derecho, se insiste, podrá ejercerse una vez que se actualice, en su persona, alguna de las hipótesis establecidas en el citado numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que como se ha dejado establecido, derivan de lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional. Es decir, de conformidad con los citados artículos constitucional y legal, el imputado y su defensa tendrán acceso a los registros de investigación cuando se encuentre detenido; se reciba su declaración ante el juez de control; o entrevista realizada ante la representación social en la fase de investigación inicial; o en el caso de ser citado para comparecer como imputado a declarar por parte del Ministerio Público, ya que a partir de cualquiera de esos supuestos no podrán mantenerse en reserva los registros de la carpeta de investigación, precisamente, para no afectar su derecho de defensa. Asimismo, es de destacarse que el numeral 219 del código adjetivo nacional penal invocado, dispone que una vez convocados a la audiencia inicial el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar su defensa. Igualmente, de conformidad con el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aun después de la vinculación a proceso, ello, con el objeto de evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos. En esa tesitura, cuando esté en cualquiera de esos casos, el quejoso tendría derecho a preparar su defensa, o en su caso, podría acudir ante el juez de control si el Ministerio Público le negara el acceso a la carpeta de investigación. Máxime que, conforme al nuevo sistema penal acusatorio, los actos del Ministerio Público en la investigación inicial como en la complementaria, tienden a ser revisados o controlados primeramente por los jueces penales y los actos o determinaciones de estos últimos son objeto de análisis constitucional a través del juicio de amparo, de ser procedente el mismo. Lo cual es acorde con los principios constitucionales y legales del nuevo sistema penal acusatorio, principios que deben ser considerados por los jueces constitucionales al resolver sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto. De ahí que el aquí quejoso carece de interés jurídico para instar la acción constitucional, ya que el acto reclamado no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control y, en su caso, se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. En efecto, los actos reclamados no irrogan una afectación real y actual en la esfera jurídica de los peticionarios de amparo, de ahí que se arribe a la conclusión en el sentido de que no tienen interés jurídico para reclamar por esta vía los actos emanados de alguna carpeta de investigación, pues como se precisó con antelación, basta la lectura del escrito de demanda para tener conocimiento cuáles son los actos reclamados y advertir su naturaleza, por lo que, con independencia de que se sustancie el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 994, tomo I, Décima Época, octubre dos mil diecinueve, de texto y rubro siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación al artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo por notoria improcedencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el oficio que remite la autoridad señalada como responsable, en atención al contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con lo anterior dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Con el contenido del informe que se atiende y las constancias que se anexan, córrase traslado a la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, y toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, se difiere anticipadamente dicha audiencia y se fijan las diez horas con veinte minutos del veinte de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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