Luis Fernando Duarte Manzanilla
Expediente 764/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Fernando Duarte Manzanilla
- Director del Registro Publico de la Propiedad Y del Comercio del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se tiene por recibido el oficio signado por el Titular de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, residente en la Ciudad de México, con anexo que acompaña; en atención a su contenido, agréguese únicamente como corresponda, toda vez que el veinte de septiembre del año actual, se dictó la sentencia en el presente juicio constitucional, misma que causó ejecutoria el once de los corrientes, ordenado su archivo. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el veinte de septiembre de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a las autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en este asunto, toda vez que se sobreseyó el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo número 764/2022-IV-A, promovido por ************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el catorce de marzo del año actual a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció LUIS FERNANDO DUARTE MANZANILLA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán; del representante legal de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y del Titular de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional TERCERO. Ampliación de demanda, por auto de diez de junio del año actual, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto de la autoridad Directora General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México, respecto a los actos, consistentes en la falta de emplazamiento a algún juicio promovido en su contra y todo lo actuado en el mismo, incluyendo los embargos de los inmuebles de su propiedad. CUARTO.- Posteriormente, tuvo lugar la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede, misma que había sido diferida en diversas ocasiones. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, una vez teniendo a la vista los informes justificados, la demanda de amparo y su ampliación, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar: La falta de emplazamiento al procedimiento de responsabilidad DGR/D/02/2018/R/13/114 y todo lo actuado en el mismo, incluyendo los embargos de los inmuebles de su propiedad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad (número de promoción 7119), Auditor Superior del Estado de Yucatán (número de promoción 8238), Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" en suplencia por ausencia del titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad número de promoción 8476), pues así lo reconocieron al rendir sus respectivos informes justificados. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). Misma determinación que se toma respecto de la autoridad Titular de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, con residencia en la Ciudad de México (número de promoción 18578), pues aun cuando negó su existencia, con posterioridad realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye, por lo que tal negativa se ve desvirtuada con las constancias que adjuntó a su informe de ley. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Marzo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Previo al análisis correspondiente, es necesario reseñar los antecedentes del acto reclamado, conforme a las constancias remitidas por el Titular de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, que adjuntó a su informe justificado [promoción 18578], a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte lo siguiente: 1.- La Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, emplazó al ahora quejoso al Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias DGR/D/02/2018/R/13/114, citándolo a la audiencia de Ley prevista en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, mediante la notificación del oficio citatorio número DGR/D/1528/2018 de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho. 2.- En dicho oficio emplazatorio, se le dieron a conocer los hechos y la conducta que se le imputaban, así como la normatividad infringida y el derecho a desvirtuar los mismos al poder realizar manifestaciones, ofrecer pruebas y formular alegatos. 3.- Con motivo de lo anterior, el quejoso LUIS FERNANDO DUARTE MANZANILLA compareció personalmente a la audiencia inicial, misma que se celebró el día siete de marzo y continuada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho; siendo que en la primera audiencia, el hoy quejoso señaló domicilio dentro de la Ciudad de México para oír y recibir notificaciones. 4.- Continuado que fue el procedimiento, se cerró instrucción el veinticinco de junio de dos mil dieciocho. 5.- El diecisiete de julio de dos mil dieciocho se dictó la resolución en el referido procedimiento de responsabilidad, determinando la responsabilidad resarcitoria del ahora amparista en $5´705,715.62 (cinco millones setecientos cinco mil setecientos quince pesos 62/100 moneda nacional). 6.- En consecuencia, derivado de la resolución anterior, se emitió el Pliego Definitivo de Responsabilidades (PDF) que contiene la resolución determinante número 074/2018. 7.- Posteriormente, el uno de agosto de dos mil dieciocho, personal de la autoridad responsable, se presentó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por el propio quejoso, el ubicado en Cecilio Robelo, retorno 12, número 32, colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900, Delegación Venustiano Carranza actualmente Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, con el fin de notificarle tanto la resolución de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, como el pliego de responsabilidad 074/2018 de treinta de julio de dos mil dieciocho, sin que se pudiera efectuar la notificación. 8.- Por tanto, se levantó una razón de "asunto no diligenciado", por lo que en misma fecha (treinta de julio de dos mil dieciocho) se emitió un acuerdo en el que se ordenó realizarle la notificación de dichos actos al quejoso a través de rotulón. 9.- Así, el dos de agosto de dos mil dieciocho, le fueron notificadas dichas actuaciones a la parte amparista a través de rotulón fijado en los estrados de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, con sustento en los artículos 305, 306, 307, 316, y 318 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia que rige el procedimiento de origen. 10.- Luego, mediante acta de comparecencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho LUIS FERNANDO DUARTE MANZANILLA compareció personalmente a las oficinas de la autoridad responsable, acto en el cual se le entregaron, entre otros documentos, un juego tanto de la resolución de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, como del pliego de responsabilidad 074/2018 de treinta de julio de dos mil dieciocho, ambos originales con firma autógrafa. PRIMERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de lo anterior se corrobora que el presente juicio de amparo es improcedente pues se actualiza el motivo de inejercibilidad previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De la intelección de los numerales antes indicados, se advierte que el juicio de amparo biinstancial es procedente cuando se promueve por personas extrañas al juicio, por lo que, de su interpretación en sentido contrario, es factible concluir que la causal de improcedencia ahí prevista se surte cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a éste. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que persona extraña en sentido estricto es aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, o la parte que, teniendo el carácter de parte en la controversia, no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, a quien se le denomina tercero extraño equiparado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 7/98, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así como, por las razones que la sustentan, la diversa jurisprudencia VII.2o.C. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, visible a página 1305, del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." En tales condiciones, cuando dentro del juicio de amparo la parte quejosa alega que se transgredió en su perjuicio el derecho de audiencia previa y las formalidades esenciales del procedimiento porque tiene un interés en el mismo porque, siendo parte, no se le emplazó al juicio natural o se hizo indebidamente, el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que de ser cierto, no tuvo oportunidad de hacer valer las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus derechos constitucionales, en virtud de que sin oírlo se substancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. En el caso concreto, en la demanda de amparo, el quejoso señaló que fue ilegalmente emplazado al procedimiento de origen, por lo que argumentó desconocer el procedimiento seguido en su contra, del cual derivó en el embargo de dos bienes inmuebles que defiende, por lo que se ostentó como tercero extraño por equiparación. Sin embargo, no se le puede atribuir tal carácter, porque como se aprecia de las constancias remitidas por las autoridades responsables, compareció al procedimiento administrativo de origen, ya que acudió a las audiencias relativas y le fue notificada la resolución final en la que se le fincó responsabilidad administrativa. En efecto, el quejoso LUIS FERNANDO DUARTE MANZANILLA compareció personalmente a la audiencia inicial, misma que se celebró el día siete de marzo y continuada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho; asimismo, compareció a notificarse el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho a las oficinas de la autoridad responsable, acto en el cual se le entregaron, un juego de la resolución de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, y del pliego de responsabilidad 074/2018 de treinta de julio de dos mil dieciocho. Por tanto, el quejoso sí fue parte del procedimiento administrativo de responsabilidad de origen, por lo que estuvo integrado a la Litis, por ende, estuvo en aptitud de interponer los recursos o medios de defensa legales dentro del procedimiento, en defensa de sus intereses, así como para alegar lo que a su derecho conviniera en sede ordinaria. De ahí que ahora, no puede acudir a la presente acción constitucional afirmando que se le dejó en estado de indefensión o que se transgreden en su perjuicio las formalidades del procedimiento, alegando que no fue emplazado o ilegalmente emplazado, pues, se insiste, compareció al procedimiento de origen y por ende no se le puede tener en este juicio con el carácter de tercero extraño. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, novena época, materia: Común, registro 189916, página 93, de la voz y contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Dicha comparecencia o apersonamiento al procedimiento de responsabilidad de origen, por sí misma, convalidó todos y cada uno de los vicios que, en su caso, se pudieren atribuir a la diligencia de emplazamiento, pues con ello se colma la finalidad esencial del llamamiento a la controversia, que es dar oportunidad al interesado de ser oído en defensa de sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, visible a página 323, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. CONVALIDACION POR COMPARECENCIA DEL DEMANDADO A JUICIO AL CONTESTAR LA DEMANDA. En el caso de que en la diligencia de emplazamiento se hayan dejado de observar algunas de las formalidades que establece la ley, pero el emplazado comparece a juicio y contesta la demanda, quedan subsanados los vicios del emplazamiento en virtud de que se cumple con finalidad esencial, o sea, darle oportunidad al demandado de ser oído en juicio." Sin que el quejoso objetara el contenido de los informes o las documentales que fueron remitidas por las autoridades responsables; al respecto, resulta aplicable, la tesis VII.2o.T.68 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, visible a página 2598, del siguiente rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. AL EXISTIR EN ÉSTE UNA ETAPA PROBATORIA, ES LA VÍA IDÓNEA PARA RECLAMAR TANTO EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO COMO LA FALSEDAD DE LA COMPARECENCIA DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL." En relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que basta que antes de que se dicte la sentencia, el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previsto en la ley para ejercer su derecho de audiencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, décima época, materia: Común, registro 2004274, página 729, de la voz y contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Asimismo, se advierte que en el caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame, al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los casos siguientes: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sin que alguna de las cuatro excepciones anteriores aplique en el presente caso, ya que el acto reclamado estriba en la falta de emplazamiento del quejoso al procedimiento de responsabilidad DGR/D/02/2018/R/13/114 y todo lo actuado en el mismo, incluyendo los embargos de los inmuebles de su propiedad; por lo que es claro que no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; ni se impugna una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; ni se trata de actos originados en el ámbito agrario a que alude la excepción citada; y tampoco se trata alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales ya fue realizada la relatoría correspondiente, en lo que interesa, se observa que el quejoso compareció personalmente a la audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad, misma que se celebró el día siete de marzo y continuada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Asimismo, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho se dictó la resolución en el referido procedimiento de responsabilidad, determinando la responsabilidad resarcitoria del ahora amparista en $5´705,715.62 (cinco millones setecientos cinco mil setecientos quince pesos 62/100 moneda nacional), y se emitió el Pliego Definitivo de Responsabilidades (PDF) que contiene la resolución determinante número 074/2018. Luego, se advierte que mediante acta de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho LUIS FERNANDO DUARTE MANZANILLA compareció personalmente a las oficinas de la autoridad responsable, y se le entregaron, entre otros documentos, un juego tanto de la resolución de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, como del pliego de responsabilidad 074/2018 de treinta de julio de dos mil dieciocho, ambos originales con firma autógrafa. Así, de las actuaciones del sumario de origen, se abstrae que el citado justiciable, contrario a lo señalado en la demanda de amparo, sí tuvo conocimiento del procedimiento de responsabilidad incoado en su contra, pues consta que se le realizaron diversas notificaciones e incluso acudió en forma personal ante la autoridad responsable. En efecto, si se toma en consideración que el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho el amparista compareció personalmente a las oficinas de la autoridad responsable, y se le entregó copia certificada de la resolución de diecisiete de julio de dos mil dieciocho y del pliego de responsabilidad 074/2018 de treinta de julio de dos mil dieciocho, al menos desde ese momento tuvo conocimiento real y completo del procedimiento instaurado en su contra. Así, de lo anteriormente expuesto, partiendo de la data mencionada, resulta indudable que el término de quince días a que se refiere el transcrito numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso para cuando promovió el quejoso su demanda, la cual fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el once de marzo de dos mil veintidós, según se desprende de la boleta de registro correspondiente. Ciertamente, válidamente se concluye que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea al haber fenecido con exceso el plazo que la ley le concedía al quejoso para tal efecto, y como consecuencia de ello, los actos reclamados se encuentran tácitamente consentidos para los efectos del juicio constitucional, lo que genera se actualice la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis de jurisprudencia visible con el número 556, en la página 370, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquel en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Y la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 71, Volúmenes 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con Registro 232213, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan 'que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día', como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Sobre la base de las anteriores consideraciones, es que se encuentra acreditado el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN Por lo tanto, al quedar de manifiesto que se actualizan en la especie las anunciadas causas de improcedencia en estudio, en razón de que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio de origen y atento a la extemporaneidad en la presentación de la demanda, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que resulte viable estudiar las diversas causales de improcedencia que invocan las autoridades responsables, pues al resultar fundada la aquí analizada, es innecesario atender aquellas, pues no cambiaría el sentido del presente fallo. Cabe precisar, que el sobreseimiento aquí decretado se hace extensivo respecto a los embargos contenidos en las inscripciones registrales que también se reclaman en esta vía, (las cuales se observa, están vinculadas a la resolución determinante número 074/2018); pues al sobreseerse como ha quedado señalado en párrafos precedentes, también debe fallarse en el mismo sentido respecto de dichos embargos inscritos, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la falta del llamamiento al procedimiento de responsabilidad de origen. Sustenta la anterior, la tesis de jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Finalmente, se precisa que atendiendo al sentido de esta resolución, es innecesario el análisis de los conceptos de violación, lo cual impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con la jurisprudencia J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o., Visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por LUIS FERNANDO DUARTE MANZANILLA, en contra de los actos que reclama del Titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán; de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; y del Titular de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, con sede en la Ciudad de México, por los motivos y razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y del estado de autos, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Titular de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación con sede en la Ciudad de México como se aprecia en proveído de diecisiete de los corrientes. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan como nueva fecha y hora las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 54/2000, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, en el IUS Intranet, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese y cúmplase.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Luis Fernando Alcocer Cantillo1381/2018
- Luis Fernando Castillo Suaste812/2022
- Luis Fernando Chan Canseco1565/2021
- Luis Fernando Chim Canché1487/2019
- Luis Fernando de Jesús Pino Barrera2178/2022
- Luis Fernando de Jesús Pino Barrera1733/2022
- Luis Fernando Medina Chan683/2019
- Luis Fernando Meza Mondragon568/2018
- Luis Fernando Nadal Alcocer831/2019
- Luis Fernando Pino Macari1044/2018
- Luis Fernando Pino Macari1047/2018
- Luis Fernando Quintal Peña2197/2022